En las primeras páginas de su monumental novela 'Verdes Valles, Colinas Rojas', Ramiro Pinilla describe la heroica tarea de proselitismo de los primeros socialistas en 1890 en las minas vizcainas. Confieso que me emocionaron aquellos pasajes de Facundo Perezagua y sus amigos, reclamando justicia contra los capataces, la burguesía de Bilbao y la guardia civil, mientras curas y autóctonos les desprecian por 'maketos'. La referencia a tan conocidos episodios no pretende volver a aquellos extremos en blanco y negro de nuestra historia reciente, sino justamente lo contrario, porque su lectura, en estos tiempos de fractura y enfrentamiento social, me provocó una reflexión sobre el papel político de quienes hemos tenido el honor de suceder a aquellos héroes de la revolución social, a aquellos valientes de la justicia y la dignidad humana.
Más allá de los profundos antagonismos de aquellos tiempos, los socialistas vascos siempre hemos querido construir un solo país, una sola comunidad, un solo pueblo de ciudadanos libres, iguales y plurales. Conocedores de nuestra diversidad identitaria y de las dificultades de alcanzar consensos internos entre una población crecientemente multicultural, el socialismo vasco siempre fue la clave de bóveda de nuestra arquitectura política autonómica. Lo fue en tiempos de la República con Indalecio Prieto como máximo artífice del primer estatuto. Lo fuimos, sosteniendo al Gobierno vasco en el exilio durante la dictadura y dando paso al primer lehendakari en la preautonomía con nuestro inolvidable Ramón Rubial. Lo fuimos en la configuración constitucional del Título VIII y en la aprobación del Estatuto de Gernika. Lo fuimos desarrollando y protagonizando el actual autogobierno, tanto desde el Gobierno de España, como desde el Gobierno vasco, en las coaliciones de 1985 a 1998.
Nunca hemos querido ni apoyado las dos comunidades. Pero nadie ha hecho más para su reaparición que los nacionalistas de uno y otro signo, especialmente a partir de 1998, cuando pusieron fin a los gobiernos de pluralidad y a la unidad democrática vasca contra ETA y dieron por muerto el Estatuto, iniciando el camino del soberanismo-autodeterminación y del Estado libre asociado.
El plan Guevara -'Bases para la actualización y reforma del Estatuto'- surge en este contexto como alternativa antagónica al Plan Ibarretxe, pero también como expresión de una actitud constructiva y de diálogo en la búsqueda del consenso perdido. Desde luego -no queremos engañar- este proyecto resulta diametralmente opuesto, en sus principios, métodos y objetivos al plan del lehendakari. Si él da por muerto el Estatuto, nosotros lo consolidamos actualizándolo. Si su fundamento legitimador son los supuestos derechos de un viejo pueblo y sus ancestros, nosotros afirmamos la Euskadi política surgida del pacto ciudadano estatutario y constitucional. Frente a esa concepción soberanista y primigenia del pasado, de lo étnico y cultural, nosotros proclamamos un orden jurídico basado en la ciudadanía, en la Ley y en el Estado. Si su reforma es anticonstitucional porque altera el título primero, la nuestra no sólo respeta las reglas de reforma estatutaria, sino que se ajusta a los preceptos constitucionales en todos sus títulos. Donde se pretende la creación de un nuevo ente político llamado Estado libre asociado, nosotros reiteramos nuestro autogobierno profundo, pero en España y en Europa. Frente a un referéndum unilateral, que se pretende coaccionador de la voluntad legislativa de las Cortes, nosotros proponemos un refrendo popular que ratifique, después de su aprobación, el nuevo texto. Incluso diré más. Si el lehendakari pretende, en el fondo, un acuerdo político con la violencia, ofreciendo un proyecto semejante al de la izquierda abertzale, en nuestra propuesta queda claro que casi mil víctimas inocentes nos exigen respeto a su memoria y que la acción política sea y esté libre de la presión mafiosa del terror.
El plan Guevara es pues una oferta alternativa al plan Ibarretxe y no ha nacido para ser confundida ni negociada con él. Nace con la vocación de derrotar electoralmente al plan Ibarretxe y su presentación como oferta política del PSE-EE reclama que sea debatida y votada en las urnas el próximo año.
Pero, a su vez, expresa una vocación irrenunciable de consenso, porque todo su fundamento político es precisamente recuperar las líneas gruesas de una comunidad vertebrada en la que sea posible la convivencia en la pluralidad, sin imposiciones de unos sobre otros. Por eso recuperamos el Estatuto de Gernika como único espacio de encuentro, reivindicamos sus enormes frutos y aciertos y proponemos su adaptación y mejora.
Para ello se concretan nuestras soluciones a los temas pendientes de transferencia, especialmente en el área sociolaboral o en la investigación, proponiendo una solución concreta y razonable a la Seguridad Social, a las políticas activas y pasivas de empleo y a las facultades de ejecución laboral. También se proponen reflexiones necesarias a la experiencia autonómica de los últimos veinticinco años respecto a las leyes de bases y su expansión limitadora del principio 'pro-autonomía' que inspira nuestra Constitución y se plantean ampliaciones del autogobierno en relación con la UE o con la Administración de Justicia o con nuevos títulos competenciales, en el marco de la Constitución.
Una reforma estatutaria que han abordado ya en Cataluña y que están elaborando en Galicia, Andalucía, Valencia, etcétera y que seguramente acabará afectando a todas las comunidades autónomas. Una reforma que se enmarca en un proceso de ajustes en nuestra política territorial, que incluye la revisión acotada de la Constitución y una profunda transformación de la cámara territorial, el Senado, llamado a jugar un importantísimo papel en la articulación de las comunidades autónomas en el proceso legislativo español y en la defensa de las singularidades autonómicas.
Ese proceso de reformas lo está encabezando el presidente Zapatero, que ha propuesto a las fuerzas políticas y a las comunidades autónomas superar la etapa de incomunicación y tensiones territoriales del último gobierno del PP e iniciar una nueva etapa de diálogo institucional, reformas consensuadas de los estatutos y nuevos instrumentos de cooperación federal, como han sido la Conferencia de Presidentes y la participación de las comunidades autónomas en las cumbres internacionales con otros países.
De manera que la propuesta Guevara -un borrador que el PSE-EE debe mejorar en su presentación como oferta electoral- reforma el Estatuto con pleno respeto a la Constitución, se plantea como la alternativa autonomista al independentismo a plazos del plan Ibarretxe y busca su aceptación en sectores electorales que reclaman un avance en la política autonómica.
He escuchado y leído, con asombro, comentarios del PP sobre esta propuesta que nada tienen que ver con su contenido. Pero al margen del clima preelectoral que lo explica casi todo, ¿se han preguntado los dirigentes del PP vasco si este plan puede ser eficaz para evitar que el nacionalismo saque mayoría absoluta en las próximas elecciones? Suponiendo que la coalición nacionalista no obtenga 38 diputados, ¿se han preguntado si este plan podría ser una buena base de política autonómica para un gobierno constitucionalista en Euskadi? ¿O es que pretenden gobernar Euskadi, como lo hacía Aznar?
La propuesta de reforma estatutaria del PSE-EE no es nacionalista, ofende hasta tener que decirlo. Es autonomista, es más Estatuto y mejor autogobierno y propone a los vascos un camino estable y seguro de convivencia en el único marco que garantiza la pluralidad y la igualdad de nuestros derechos ciudadanos. Denominaciones simbólicas aparte, más o menos acertadas, lo admito, nadie puede ni debe, honestamente, confundir la esencia ni la naturaleza de esta propuesta, que afirma algo reconocido por todos como es considerar a Euskadi una nacionalidad y a su sociedad una comunidad integrada por ciudadanos libres e iguales, plurales en sus sentimientos de pertenencia y necesitada, sobre todo, de marcos políticos consensuados para vivir en paz y libertad. Que ya es hora.
El Correo, 26/12/2004