La reforma constitucional debe ser puntual, limitada y pactada, permitiendo así decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales e igualdad.
Es absolutamente injusta la descalificación política de nuestra Constitución en base al porcentaje electoral que la apoyó en el País Vasco en 1978. Se suele argumentar que obtuvo tan solo un 30,8% de síes sobre el total del censo. Y es verdad. Pero también lo es que la abstención fue muy elevada (solo participó un 44,7% del censo) y que el 69,1% de las personas que emitieron su voto la respaldaron. Y digo que es injusto, primero, porque las reglas son las reglas y el cómputo era nacional y no local o regional. De la misma manera que en Reino Unido nadie cuestiona el resultado favorable al ‘Brexit’, aunque en Escocia y en Irlanda del Norte el voto fuera mayoritario contra él. De la misma manera que nadie cuestiona la legitimidad democrática del presidente de Estados Unidos, aunque el porcentaje de participación electoral en su elección ronde el 50%. Y es bueno recordar que el 6 de diciembre de 1978 el 87,9% de los españoles votó sí a la Constitución. Segundo, porque la abstención no equivale a rechazo, y en aquel referéndum, en el País Vasco, los votos afirmativos fueron el tripe que los negativos (497.295 frente a 163.191). La abstención no deslegitima ni legal ni políticamente aquel texto porque, si se hubiese pretendido esa deslegitimación política, el PNV, principal impulsor de esa abstención, habría recomendado el voto negativo. Y no lo hizo.
No lo hizo porque sabía que aquella Constitución devolvería al País Vasco tres instituciones fundamentales: la autonomía, el Concierto y los derechos históricos. No lo hizo porque sabía que allí había instrumentos para desarrollar un autogobierno como nunca tuvimos y que el marco de libertades y democracia que se configuraban en España era homologable al de las mejores constituciones del mundo. No lo hizo por ese calculado juego a la ambigüedad que con tanta habilidad practica el PNV.
De hecho, sus previsiones resultaron plenamente cumplidas. Ha gobernado el país durante cuarenta años desde las instituciones surgidas y creadas por la Constitución. Hemos construido un nivel de autonomía financiera, competencial y política como nunca tuvo el País Vasco (cualquier comparación con épocas históricas pasadas pone en evidencia la simplicidad de las instituciones forales del Viejo Régimen) y como pocas regiones autónomas tienen en el mundo (cualquier comparación con los cantones suizos, los länders alemanes o avanzados modelos de descentralización territorial, deja al País Vasco en los primeros lugares del ranking del autogobierno). Hemos convivido en un marco de libertades, en una democracia pluralista, en un Estado de Derecho, en un modelo social de mercado, en un sistema de protección a las minorías y de bienestar social que jamás conoció España ni, por supuesto, tampoco el País Vasco.
Me entristece, por eso, asistir de nuevo a ese discurso destructivo de nuestros nacionalistas sobre este periodo histórico pasado, empeñados en negar las virtudes de nuestro marco constitucional y estatutario. Es totalmente injusto e incoherente con la realidad que disfrutamos.
Es absolutamente cínico apelar a la Carta Magna para las reivindicaciones competenciales y descalificar al mismo tiempo la Constitución. O reclamar una nueva amparándose en la potencialidad de los derechos históricos que garantiza, precisamente, la actual.
Es bastante paradójico escuchar a la izquierda abertzale sus críticas a una Constitución que, en su momento, sus amigos combatieron a sangre y fuego. Ojalá las hubieran hecho en 1978 en lugar de matar a casi cien personas cada uno de aquellos años en su fanático combate a la democracia española y al autogobierno vasco. Yo recuerdo muy bien la soledad de socialistas y comunistas (PSE y PCE) defendiendo la Constitución en las calles vascas. En fin, por la paz, un Ave María. Es infantil y propio de novatos irresponsables defender un nuevo periodo constituyente para hacer una Constitución nueva en la España de hoy. Una Constitución es un marco de convivencia, un ordenamiento básico sobre los parámetros de la alternancia democrática, un consenso básico sobre las reglas del juego. Reclama un acuerdo con casi todos. También con las derechas políticas, también con los monárquicos, con los nacionalismos, con las izquierdas, con la laicidad, con nuevas exigencias sociales y medioambientales, con la igualdad en todas sus expresiones, con las libertades, con Europa, con la economía globalizada... ¿Alguien cree conveniente un periodo constituyente poniendo patas arriba un marco que, con todos las imperfecciones, ha sido válido para todas las opciones ideológicas y ha permitido desarrollar los mejores cuarenta años de nuestra historia contemporánea? ¿Alguien cree posible un consenso sobre todas esas cuestiones en el fragmentado sistema político español de hoy?
Yo creo en la reforma constitucional precisamente porque defiendo la Constitución de 1978. Es una reforma puntual, limitada y pactada, y defiendo que sea refrendada por el pueblo español, permitiendo así, decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales, igualdad... Pero reclamo un proceso legal y lógico: primero un acuerdo político amplio y luego la consulta popular sobre ese texto seguido de elecciones generales. Ese es el camino. Eso es jugar limpio.
Yo creo en la reforma constitucional precisamente porque defiendo la Constitución de 1978. Es una reforma puntual, limitada y pactada, y defiendo que sea refrendada por el pueblo español, permitiendo así, decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales, igualdad... Pero reclamo un proceso legal y lógico: primero un acuerdo político amplio y luego la consulta popular sobre ese texto seguido de elecciones generales. Ese es el camino. Eso es jugar limpio.
Publicado en El Correo, 6/12/2018