23 de febrero de 2016

Intervenciones comisión AFCO. 22-23 de febrero 2016.


22/02/2016 Audiencia conjunta de las Comisiones LIBE y AFCO sobre el respeto de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho: la función del poder judicial.

   



23/02/2016 Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa.


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Referéndums peligrosos.

En los próximos meses, dos países europeos votarán en referéndum dos decisiones que tienen en jaque a la Unión Europea (UE). Los holandeses van a las urnas el próximo 6 de abril para votar si aceptan o no el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania. El referéndum no es vinculante, aunque todos sabemos la relatividad de esa condición, porque nadie hace lo contrario a lo que vota el pueblo, y es consecuencia de una iniciativa popular que logró reunir 446.000 firmas, superando así las 300.000 necesarias que establece la legislación holandesa para pedir la convocatoria de un plebiscito. El Reino Unido votará el próximo 23 de junio quedarse en una UE reformada o marcharse de ella, después de que el pasado fin de semana los otros 27 Estados miembros hayan tenido que aceptar la singularidad británica en una Europa menos integrada y menos solidaria. En este caso, se trata de una promesa electoral de Cameron, presionado por las corrientes antieuropeas del UKIP y de parte de su propio partido, que volverá a someter al pueblo británico (que ya votó en 1974) a este dilema sobre el ser o no ser europeo de los británicos. 

Las consecuencias de estas convocatorias y de sus resultados no son menores para la Unión, en un momento en el que todo el mundo considera que nos estamos jugando el futuro, amenazados como estamos, por una multicrisis cuyo epicentro vuelve a ser el nacionalismo retrógrado e insolidario que tantos daños provocó a Europa. «En Holanda ganará el ‘sí’ al tratado», nos dijo su primer ministro. Mark Rutte, en Estrasburgo cuando presentó el programa de su presidencia europea para este semestre. Pero, ¿cómo olvidar que la Constitución europea encalló en aquel referéndum holandés de 2005? La campaña por el referéndum contra Ucrania fue lanzada por el blog Geenstijl, el centro de estudios Forum voor Democratie (Foro para la Democracia) y la asociación Bugercomite UE (comité ciudadanos) a principios de septiembre. La iniciativa Geenpeil se opone a la expansión de la UE y asegura que el tratado de asociación con Ucrania dañará al sistema democrático holandés. 

La tragedia del avión de Malaysia Airlines, derribado en Ucrania con 193 pasajeros holandeses, pesará como una losa en el electorado y mi pregunta es: ¿por qué lo que han decidido 27 de los 28 países, quedaría bloqueado si los electores de un país de 16 millones de habitantes votan ‘no’? Desgraciadamente, la soberanía de la ciudadanía europea es inferior a la soberanía originaria de cada país. Algo parecido estableció el Tribunal Constitucional alemán cuando sometió a la ratificación del Parlamento alemán las decisiones económicas del Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros). 
En Ucrania hemos tenido una guerra a las puertas de Europa. El acuerdo de asociación acerca a Europa ese importante país, después de una serie de negociaciones dificilísimas con la Rusia de Putin, en la que las sanciones comerciales han tenido su efecto. Ofrecer un horizonte europeo a los deseos mayoritarios de los ucranianos es una obligación política y moral de la UE. Pues bien, después de toda esta ingente cantidad de esfuerzos políticos, negociaciones, sanciones (guerras incluidas en el Este de Ucrania), llegamos a un final y la Unión acuerda la asociación de Ucrania a Europa. Y ahora, ¿un referéndum nacional puede echarlo todo por la borda? ¿Es lógico? 
Con el referéndum británico sucede algo parecido. Cameron nos pide unas reformas de la Unión en el sentido contrario a lo que muchos queremos: más integración, más ciudadanía, más gobernanza económica, más coordinación fiscal... Más Europa en definitiva. Pues bien, supuestamente negociamos en contra de todo esto porque sabemos que el Reino Unido es fundamental en la Unión. Que sin el Reino Unido Europa pierde densidad económica, peso político, influencia geoestratégica... y muchas cosas más. 

El acuerdo del Consejo Europeo del 18 de febrero produce una sensación contradictoria. No nos gusta su contenido, pero era imprescindible para que gane el ‘sí’ en el referéndum. No nos gusta que el Reino Unido pueda limitar el número de trabajadores europeos que pueden acceder a su mercado laboral (vulneración clara del principio de libre circulación) y no nos gustan las limitaciones de sus ayudas sociales a los trabajadores no británicos (vulneración clara del principio de igualdad de los ciudadanos europeos). El resto es más simbólico y en parte retórico, aunque en la mala dirección, de más Estados y menos Europa. El problema es que son concesiones a una opinión pública movida por sentimientos antieuropeos muy primarios, que muy probablemente seguimos alimentando y que pueden acabar dando la victoria al ‘no’ a Europa, produciendo así un daño enorme e irreparable, primero, a los propios británicos ,y después, a toda Europa. 

Estas son mis dudas sobre la frecuente tentación de acudir a la consulta directa a los ciudadanos y la fuerza expansiva que está adquiriendo en el debate político el llamado derecho a decidirlo todo, con que la política democrática acaba trasladando al electorado respuestas binarias (‘sí’ o ‘no’) a problemas muy complejos. De hecho, volviendo al tema, los dirigentes de Holanda y Reino Unido, las fuerzas económicas, los medios y el establishment de ambos países creen que el ‘no’ a Europa sería catastrófico, pero quizás no puedan contra una corriente antieuropea que amenaza el futuro de una Unión supranacional modélica en plena globalización económica, financiera y comercial. Porque la verdadera amenaza del Brexit no es solo la marcha del Reino Unido. Es la puerta que dejan abierta a daneses, polacos… 
¿Qué nos falta? Sin duda un ‘demos’ europeo. Una narrativa de paz, progreso y libertad como la que durante la segunda mitad del pasado siglo empujó la construcción europea. Pero no solo. Lo que nos falta, además, es encontrar respuestas concretas y solidarias a nuestras crisis de hoy: la inmigración, el terrorismo, el empleo, la economía competitiva y la cohesión social. Nos faltan liderazgos europeos y cambios en la política económica, pero sobre todo vencer esta corriente de fondo suicida que se llama populismo nacionalista.

Publicado en el Correo, 23/02/2016

21 de febrero de 2016

Compliance: blá, blá blá

Siempre hemos dicho que la Responsabilidad Social de las empresas apela a un espacio social, laboral, medioambiental, ético en sentido amplio, superior al legal, es decir, relativo a un comportamiento en todos esos planos, tendente a la excelencia en sus relaciones con todos sus s​takeholders.​Ese “camino de perfección” es un proceso, con múltiples y sucesivas metas que van definiendo las responsabilidades “sostenibles” de la empresa en sus múltiples campos de actividad.

Desgraciadamente, hemos asistido a demasiados malos ejemplos de muchas compañías con actuaciones muy elogiables en el campo de las necesidades sociales, que convivían con prácticas laborales o medioambientales al borde de la legalidad o, abiertamente censurables. En particular, y después de los escándalos L​uksLeaks,​la ingeniería fiscal agresiva de las grandes compañías internacionales, especialmente las relacionadas con la economía digital, aunque no solo, ha venido defraudando a las Haciendas públicas de manera sistemática y reiterada, hasta el punto de reducir su tipo fiscal en sociedades a cifras ridículas. El hecho de que estas prácticas de algunas grandes ¿y prestigiosas? firmas y marcas comerciales se hayan producido simultáneamente a su marketing social o sostenible, está produciendo un daño enorme a la credibilidad de la RSE. Una vez más tenemos que repetir: “No me digas qué haces con tus beneficios. Dime cómo los obtienes”. El capítulo de la fiscalidad responsable ha entrado así en el corazón de los mínimos legales sobre los que construir una política honesta de RSE.

En la misma línea quiero denunciar una perniciosa reforma de nuestro código penal que entró en vigor en julio del año pasado, introduciendo una serie de mecanismos dirigidos a reducir o a excluir directamente la Responsabilidad Penal de las empresas.

En efecto, el código Penal introdujo en 2010, por primera vez en nuestro ordenamiento punitivo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la medida respondió esencialmente a criterios político­criminales vinculados al fenómeno de la denominada criminalidad empresarial.

Esta novedad supuso una ruptura radical con el modelo anteriormente imperante en Derecho Penal español, fundado en el principio “s​ocietas delinquere non potes”.​El legislador español optó en este punto por el sistema claramente predominante en el Derecho comparado y en las referencias a los instrumentos jurídicos internacionales, que demandaban una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, es trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos...)

Unos años más tarde, el gobierno del PP, ha reformado aquellas disposiciones y el Código Penal reformado, que entró en vigor el 1o de julio de 2015, establece un procedimiento de exculpación a la Responsabilidad Penal de las empresas, si éstas establecen planes de prevención que acrediten la voluntad de la dirección de las empresas de evitar las conductas penales. Estas medidas de “compliance” son, en definitiva, planes organizativos de actuación interna que se elaboran por bufetes jurídicos y que formalmente se introducen en el funcionamiento de las empresas con el único objeto de blindar a todos los directivos y a las compañías mismas de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir.

La nueva regulación siguiendo lo afirmado por el Consejo de Estado concede un margen de impunidad a las empresas y demás personas jurídicas “excesivamente amplio”, trasladando literalmente el sistema italiano que, exime de responsabilidad a las personas jurídicas que implanten los M​odelli di Organizzazione, gestione e controlo de modo efectivo; y en cuyo seno esté operativos O​rganismi di Vigilanza independientes de la administración de la empresa y con capacidad de vigilancia sobre ella.

Este cambio legislativo está suponiendo la misma r​evolución en la estructura interna de las empresas que supuso en Italia, pues tras su introducción las empresas están dotadas de los medios necesarios para poder ejercer una adecuada defensa en el caso de una imputación por delito.

La consecuencia de esta reforma pretende en definitiva, liberar a las empresas de una legislación estricta y exigente en el ámbito de su actuación hacia los otros, ofreciendo, eso sí, un nuevo negocio a los bufetes de abogados que se están hinchando a hacer planes de “compliance”.

¿Es éste el mejor camino para extender la cultura de la Responsabilidad Social de las compañías? Una cosa es aceptar la voluntariedad de esta cultura empresarial y otra, que los mínimos legales sobre los que ésta se constituye, se vayan devaluando progresivamente. Así, NO.

Publicado en Diario Responsable, 21/02/2016