Transparencia y refuerzo de los derechos de los accionistas

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de julio de 2015 en primera lectura la Directiva sobre gobernanza corporativa y compromiso a largo plazo de los accionistas, cuyo ponente ha sido el eurodiputado socialista Sergio Cofferati.

Este informe, al que sin duda aguarda todavía una dura negociación con el Consejo de la Unión Europea, supone un avance muy importante de varios frentes relacionados con el buen gobierno corporativo y la transparencia, incluyendo la fiscal. En este sentido, cabe destacar en primer lugar la inclusión de la obligación de elaborar informes contables y financieros país por país, lo que permitirá que accionistas y ciudadanos puedan conocer donde facturan las grandes empresas multinacionales y donde liquidan sus impuestos. La aprobación en comisión de esta medida motivó que los grupos de la derecha europea (populares, conservadores y una parte de los liberales) forzaran una inédita votación en pleno, que no ha impedido por otro lado el mantenimiento de la misma en el texto. También se recoge la obligación de transparencia por parte de la empresa cotizada respecto de las resoluciones fiscales (conocidos como tax rulings) de las que sea beneficiaria.

Más allá de estos logros, sin duda importante en el marco de la lucha por transparencia fiscal y la erradicación de laelusión, la Directiva en su versión del Parlamento exige también que sean conocidos los accionistas de las empresas cotizadas, además de incorporar incentivos para que los inversores y fondos mantengan una presencia a largo plazo en las compañías, de modo que no sean los movimientos de capital de carácter especulativo los que definan el desempeño de la mercantil y en consecuencia la remuneración de los directivos. Estos incentivos, que tienen que ser desarrollados por los Estados miembros, consistirán en derechos de voto adicionales, descuentos fiscales, así como pagos en acciones y dividendos extra, denominados “de lealtad”.

En este sentido, se refuerzan los derechos de los accionistas, el buen gobierno corporativo y el interés público en general al establecer que dichas remuneraciones tienen que ser aprobadas en junta de accionistas, con base a los resultados a largo plazo de la empresa. Asimismo, se incluye otro elemento de transparencia, relevante desde el punto de vista de la RSE (Responsabilidad Social de la Empresa), cual es la publicación de la ratio entre la remuneración de los directivos y el sueldo medio del empleado.

En conjunto, este paquete de medidas constituye un importante cambio de paradigma en la concepción del legislador europeo sobre las grandes empresas multinacionales y cotizadas. La crisis financiera y económica iniciada en el verano de 2007 ha puesto de relieve que los comportamientos cortoplacistas, así como las simples malas prácticas empresariales, han derivado en una asunción excesiva de riesgos que ha puesto en jaque al conjunto de la economía. Al mismo tiempo, las remuneraciones excesivas e injustificadas han dado cobertura a estilos de vida desmesurados por parte de unos pocos privilegiados, además de dar carta de naturaleza a una creciente y preocupante desigualdad del ingreso y de la riqueza.

La filosofía que inspira esta Directiva es clara. Estas empresas tienen una obligación de transparencia, en primer lugar con sus accionistas, pero también como la ciudadanía, pues de su conducta pueden derivarse externalidades negativas para toda la sociedad. En consecuencia, es preciso alinear correctamente los incentivos de accionistas y directores para limitar las pulsiones especulativas y el riesgo excesivo, finalidad a la que responde el texto aprobado. El Parlamento Europeo y la sociedad civil europea deberán ahora mantenerse firmes en la negociación con el Consejo, de lo contrario, al igual que en la novela “El viejo y el mar”, de Ernest Hemingway, cuando el pescado llegue a puerto, solo quedarán de él las espinas.

Publicado en Diario Responsable 

Un nuevo tiempo.

Puede sostenerse un proceso independentista para Cataluña con 1,9 millones de votos sobre una población de más de 7 millones y sobre un censo electoral de 5,5 millones de votantes? ¿Puede llevarse a cabo una ruptura unilateral de este calado con un apoyo social que no llega al 50% de los censados en el apogeo de su clímax? Porque, conviene recordarlo, en el famoso referéndum de noviembre de 2014, fueron 1,7 millones los que avalaron el sí a la independencia. Ninguna comunidad nacional en el mundo se ha convertido en Estado en estas condiciones. Ni siquiera por acuerdo interno e internacional. Si Cataluña se lanza a un proceso unilateral de separación de España sobre las bases democráticas y sociales del pasado domingo, el fracaso está asegurado. Ningún organismo internacional dará legitimidad democrática a ese intento. No solo porque España vetaría cualquier reconocimiento, sino porque en la comunidad internacional se considera que no hay base democrática para ese proyecto. Y, créanme, esa es la opinión hoy en Europa. 

Digámoslo claramente. Tan evidente es que el proceso independentista hacia la República Catalana está bloqueado, como que España tiene la imperiosa necesidad de ofrecer a Cataluña una negociación de su status jurídico, político y económico en el Estado constitucional. Son verdad ambas cosas y por eso la puerta que se ha abierto este domingo en Cataluña es hacia un nuevo camino con parada en las elecciones generales de diciembre cuyo desenlace ya podemos predecir. Ni PP ni PSOE, ganadores seguros, uno u otro, tendrán mayoría de gobierno y una nueva etapa política se inaugurará en el país, con pactos transversales, que reclamarán probablemente una reforma constitucional consensuada, no solo entre varios partidos, sino también en el seno de la España autonómica territorial. 

Que nadie me entienda mal. Los consensos políticos no equivalen a gobiernos de coalición. Se trata de un nuevo tiempo en el que deberemos ser capaces de recuperar el espíritu del pacto, en parte impulsado por la necesidad pero, más todavía, exigido por la ciudadanía y los medios de comunicación, que interpretarán el resultado electoral como un mandato popular ineludible. 

La tarea será ingente, pero formidable en cuanto a retos y objetivos. Se trata de darle al pacto de convivencia constitucional de 1978 un nuevo horizonte generacional. No se trata de demoler el edificio agrietado, sino de reformular algunas de las vigas que lo sustentan: incorporar a la Constitución la Unión Europea como marco jurídico y político superior de un modelo federal; los nuevos derechos sociales de un Estado del Bienestar moderno; una actualización de derechos, deberes y libertades en el siglo XXI… y, por supuesto, el pacto territorial. Porque la singularidad catalana o vasca reclamará su actualización constitucional, pero exigirá por ello la aceptación del resto de las comunidades, lo que, a priori, no resulta cosa sencilla. 

Lo que parece evidente es que permanecer impasible como si nada ocurriera ya no va a ser posible. Ni siquiera para Rajoy si ganara las elecciones generales, porque la llamada ‘línea dura’ ha sido también derrotada en Cataluña (el PP ha perdido casi la mitad de sus diputados) y amenazar con la ley o con sanciones, o con el Tribunal Constitucional, puede ser, por el contrario, la espoleta de una mayoría independentista que hoy no existe en Cataluña. Nunca sabremos si la pasividad de Rajoy ha sido también causa del crecimiento nacionalista en Cataluña estos años. Pero es fácil prever el riesgo de una crecida imparable del independentismo si el Gobierno de España respondiera con la misma estrategia a la situación política que ha surgido el domingo pasado en Cataluña, endurecida quizás con sanciones institucionales. 

Para el nuevo tiempo que viene, bueno será que todos extraigamos las lecciones adecuadas de lo ocurrido el domingo en Cataluña. El sistema político español también, porque una lectura inteligente nos obliga a interpretar que la insuficiencia del ‘sí’ el 27-S es una inmensa mayoría que demanda mucho más que el simple ‘no’. Hace años que sostengo que la gran mayoría catalana es aquella que reclama una renovación de su estatus en España. A esa mayoría hay que darle respuestas y propuestas y hacerla más mayoría todavía con un nuevo acuerdo. 

A su vez, también será preciso que los protagonistas del proceso independentista se quiten la venda de su insuficiente victoria y hagan una lectura sosegada de sus resultados. Empezando por reconocer que han ganado las autonómicas pero han perdido el plebiscito que ellos mismos propusieron. Siguiendo por reconocer también que CDC y Esquerra han obtenido juntos 9 diputados menos que los que sumaron hace tres años. Siguiendo por asumir que necesitan sumar a las CUP para tener un gobierno… ¿estable? ¿Cabe alguna estabilidad con una fuerza que proclama la desobediencia civil, el anticapitalismo fuera del euro y las asambleas como base democrática? ¿Puede Convergència y su burgués electorado compartir proyecto con ellos? 

La trayectoria de Mas ha sido extraordinaria. Rompe la sólida alianza de Convergència con Unió arruinando a esta última, expulsando del sistema político catalán al nacionalismo moderado. Entrega su partido a Esquerra y a un conjunto de movimientos sociales de muy variada composición ideológica y de difícil ubicación política. Arrastra a Cataluña a una aventura independentista sin horizonte. Fractura al pueblo catalán al 50% y lo enfrenta a España quizás irreversiblemente. Yo no sé si será elegido presidente de la para estos próximos años pero, francamente, si lo es en estas circunstancias, con esos apoyos y empeñado en sus derrotados propósitos, perderemos todos.

Publicado en El Correo, 30/09/2015

¡Bravo, Santos!

Sé muy bien lo que es llegar a la paz después de décadas de terrorismo. Sé lo que se siente. Sé lo que se sufrió. Gran parte de mi vida ha estado marcada por esa tragedia y por la épica de esa lucha. No olvidaré el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el abandono definitivo de la violencia. Ojalá que el 23 de marzo de 2016 sea el día clave para la paz definitiva en Colombia.

Por eso, el anuncio de La Habana del 23 de septiembre merece un ¡bravo! para todos. Para el Gobierno, inteligente y atrevido, que se metió en el túnel de la negociación sin ver la luz y hoy aparece al otro lado de la montaña y despliega la bandera blanca de la paz. Para los que durante años y años, casi una vida entera, creyeron que el uso de la violencia era legítimo y útil, y hoy cambian armas por votos y abrazan la democracia. Pero sobre todo, para el pueblo colombiano que tanto sufrió, que vivió esta tragedia de muerte y dolor durante sesenta años, la mayoría de ellos sin esperanza. A ese pueblo dolorido y esperanzado hoy, nuestra felicitación más emocionada.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzaron hace ahora tres años. Ha sido un camino arduo y no exento de escollos, como no podía ser menos en un país fracturado, donde el conflicto ha dejado miles de víctimas mortales, y son millones quienes lo han sufrido de un modo u otro. Hasta ahora, se habían firmado pactos parciales -sobre reforma rural integral, participación política y apertura democrática, y lucha contra el narcotráfico-, se habían declarado varias treguas -con algunos incidentes que añadieron tensión al proceso- y se había ido progresando con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, empezando por Cuba. Y también, es preciso decirlo, con el rechazo de la parte de la oposición encabezada por el expresidente Uribe.

Lo que acaba de acordarse en La Habana tiene, no obstante, una importancia singular, tanto simbólica como práctica, porque se trataba del elemento más espinoso: la llamada "justicia transicional".

Es necesario que la oposición política ayude al Gobierno. Utilizar este tema como arma partidista sería irresponsable y desleal con el pais

El concepto comprende la reparación a las víctimas y también el establecimiento de un sistema equilibrado que evite la impunidad, castigando los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y otros delitos graves, y que al mismo tiempo facilite la amnistía más amplia posible por delitos políticos. No será fácil compensar suficientemente a quienes han sufrido la violencia, restituir sus tierras a los desplazados, facilitar el retorno de los exiliados; hacer todo lo posible por lograrlo de la mejor forma posible es de justicia, aunque requerirá tiempo, voluntad y no poco dinero. Tampoco será fácil que una parte de la población colombiana acepte ver reintegrados a la vida civil, e incluso a la política, a antiguos guerrilleros; sin embargo, es el precio a pagar por la paz. Como dijo el Presidente Santos, "nadie negocia para acabar entre rejas".

Para lograr ese difícil equilibrio, Colombia había decidido ya poner en marcha un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Dentro de ese marco, uno de los puntos más importantes del acuerdo alcanzado esta semana es la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá competencia sobre todos aquellos que hayan participado en el conflicto de manera directa o indirecta, incluyendo no sólo a las FARC, sino también -y esto es importante- a los agentes del Estado. El procedimiento concreto para cada uno de los delitos es complejo, y está vinculado a la voluntad de colaborar con la justicia, reconociendo responsabilidades y mostrando disponibilidad para reparar a las víctimas. Quedan, desde luego, ciertos elementos por concretar, algunos de ellos importantes, pero se ha fijado un periodo de seis meses para resolverlos. Las partes se han dado un plazo para la firma definitiva de la paz, que debe producirse no más tarde del 23 de marzo de 2016.

En realidad, ese momento, que podría entenderse como un final, será sólo un principio. Tocará entonces reconstruir la convivencia. En estas encrucijadas históricas resulta clave que los negociadores hagan gala de un pragmatismo con altura de miras, que combine hábilmente la ambición en los objetivos y el sentido de la realidad en la manera de lograrlos. Y además, tienen que ser capaces de explicar a su pueblo que ese y no otro es el camino, que requerirá generosidad y paciencia, que la justicia completa es inalcanzable a corto plazo, pero que sin paz no puede haber justicia alguna. Nadie debe caer en el error de pensar que la paz es ya un hecho descontado, porque un proceso como este siempre tiene sus fragilidades. Son muchas las heridas. Y tampoco conviene creer que la paz por sí sola resolverá todos los problemas, creando en Colombia una especie de Arcadia feliz de la noche a la mañana. Nada de eso. La paz es la primera puerta que hay que franquear para construir un país normal, una democracia sin el peso del conflicto a sus espaldas, donde sea posible afrontar los problemas desde esa normalidad democrática que sólo puede existir si no hay violencia. La paz no lo resuelve todo, pero sin ella no hay modo de resolver nada.

Los meses próximos serán decisivos. Primero, habrá que implementar el reciente acuerdo de La Habana. Esta es la próxima y última ronda de negociaciones pendientes, que debe acabar antes de la primavera. Sería bueno que en un proceso paralelo y similar, la segunda gran guerrilla, el ELN, se sumara a la paz final.

Para todos estos meses hace falta que la oposición política en Colombia ayude al Gobierno. Utilizar este tema como arma partidista sería irresponsable y desleal con Colombia. Pueden y deben debatirse los términos de la paz. Es necesario compartir con los partidos el protagonismo de la paz. Pero nadie puede torpedear el final de la violencia por intereses partidistas, aunque haya desacuerdos puntuales. Colombia va a necesitar un liderazgo institucional muy grande para transitar desde más de medio siglo de conflicto a una paz duradera y a una democracia integradora de los violentos. Eso requiere generosidad, altura de miras, sentido de Estado. En definitiva, grandeza política, algo tan difícil de encontrar y tan necesario de tener.