Los Balcanes y Europa.

Hace diez años la guerra llegó otra vez a Europa. Cuando creíamos que nuestra capacidad de soportar el horror del odio fraticida y la crueldad humana habían sido saturadas en la II Guerra Mundial con el nazismo, de nuevo al final del siglo XX, casi cincuenta años después, todos pudimos contemplar la guerra civil en la ex Yugoslavia de todos contra todos. Croatas contra serbios, bosnios entre sí, serbios contra albanokosovares en fin, una locura de etnias exacerbadas matándose entre sí, después de haber convivido, mal que bien, todo hay que decirlo, durante siglos. El colmo que provocó la intervención internacional fue un genocidio televisado, la expulsión a golpe de bombas y tanques de la población albanesa de Kosovo.

La OTAN bombardeó Belgrado parando la masacre kosovar y EE UU impuso en Dayton un difícil equilibrio entre las tres comunidades étnicas de Bosnia. Antes ya se habían independizado los croatas y los eslovenos. Luego lo han hecho o lo están haciendo los macedonios y los montenegrinos. ¿Qué pasará con Kosovo?

Sin embargo, a los quince años de que comenzara el desastre, la paz parece que ha vuelto a los Balcanes, aunque la cantidad y la gravedad de los problemas políticos subsistan. Occidente ha impuesto la paz en el corazón de Europa y Europa está comprometida en la solución de este puzzle multiétnico y pluriconfesional, políticamente muy inestable todavía. Con todo, acabaron los tiros y las bombas. Hay elecciones, como las hubo hace poco en Bosnia o en Montenegro y en Serbia y cuando la paz y la democracia se asientan, todo es posible.

Esto es, en definitiva, lo que en términos modernos, especialmente desde el atentado del 11-S en Nueva York, se llama 'extender la democracia', sólo que, tan encomiable como necesaria misión, puede abordarse de dos maneras muy distintas: 'imponiendo la democracia' con la guerra preventiva, como en Irak, o arbitrando soluciones a los conflictos y comprometiéndose con esos pueblos en su acceso a la democracia. Esto es lo que hizo en los Balcanes la comunidad internacional, especialmente la UE y esto es lo que toca seguir haciendo.

Ocurre sin embargo que esta tarea coincide con una crisis de crecimiento de Europa. Efectivamente, una de las claves del debate europeo actual es decidir entre dos orientaciones contradictorias. Ambas responden a un mismo eslogan: 'Más Europa'. Pero, en el fondo, son casi antagónicas. Más Europa es seguir ampliando la unión política europea a una serie de países surgidos de la desarticulación de la vieja Unión Soviética hasta llegar a Turquía. Más Europa significaba también, hace sólo unos años, la intensificación de los vínculos políticos y económicos de la Unión, reforzando las instituciones democráticas, haciendo más eficientes los instrumentos de Gobierno de la Comisión. En definitiva, esta otra concepción de 'más Europa' significaba, y sigue significando, ceder más soberanía nacional de los viejos Estados europeos a una unión supranacional que, en su desarrollo final, se aproximaría a una gran federación de Estados unidos de Europa.

El fracaso de la Constitución europea, especialmente en Francia y Holanda, generó una paralización real, cuando no un fuerte retroceso, en este último camino. Sin perjuicio de las numerosas y variadas razones que explicaron el rotundo no de las ciudadanías de dos países fundadores de la Unión, una de ellas destacó como argumento incontestable. Muchos se quejan, en la vieja Europa fundadora, de la inusitada velocidad con la que se estaba ampliando Europa, hasta unos horizontes desconocidos e ilimitados. Veinticinco países hoy, veintisiete mañana, en 2007, con Rumania y Bulgaria, treinta y tantos con los Balcanes, quizás Turquía.

Es comprensible este miedo. Ya tenemos suficientes incertidumbres en nuestro entorno social y político como para incorporar a nuestras realidades una heterogeneidad enorme y extraña, que dificulta notablemente las convergencias de nuestras políticas fiscales, sociolaborales, mercantiles, etcétera. O lo que es peor, ya es bastante difícil la gobernanza europea, como para que estos nuevos países nos incorporen toda su extrema complejidad derivada de su trágico pasado, ya sea por la influencia comunista de más de medio siglo, ya sea por las fracturas étnicas, religiosas y políticas que atraviesan esos pueblos y los odios recíprocos que han provocado entre ellos las guerras recientes. La inmigración procedente de esos países, la delincuencia organizada que se instaura en regimenes políticos de transición a la democracia y la exportación de bandas de delincuentes que atacan nuestras propiedades y perturban nuestra seguridad constituye el complemento ideal para hacer más masivos nuestros miedos y más firmes estos rechazos.

Pero dar la espalda a estos pueblos es como cerrar los ojos y negar la luz. Múltiples razones explican el compromiso europeo con este avispero. La primera y más importante: sin Europa, estos países no tienen futuro alguno. Su referencia económica, monetaria y de mercado es Europa y sólo Europa. Su estabilidad política sólo será posible en el marco institucional de la UE. Sus democracias y sus instituciones, propias de Estados de Derecho, sólo son realizables en el contexto de las grandes instituciones y principios políticos europeos: Consejo de Europa, convenciones de Derechos Humanos, constituciones democráticas, etcétera. Pero, junto a las convicciones democráticas y de solidaridad que inspiran estos argumentos, no son despreciables las razones pragmáticas. No podemos sostener a nuestro lado países rotos, con una extrema conflictividad interna que acabarán trasladándonos sus tensiones o peor aún, que contaminen nuestros mercados y nuestras realidades sociales con las excrecencias de regímenes corruptos o autoritarios, en forma de terrorismo, crimen organizado, mafias internacionales, etcétera.

Por eso mi convicción es clara. Debemos hacer Europa con ellos. Serbia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Albania, quizás Kosovo, todo lo que se llama Balcanes occidentales son viejos pueblos de Europa a los que debemos ayudar hoy e integrar mañana. De lo contrario volverá a ocurrir con ellos aquello que dejara dicho el sabio Churchill: «Los Balcanes producen más historia de la que pueden consumir».

El Correo, 15/10/2006.

Memoria, justicia y convivencia.

¿Es posible o no que la sociedad española de hoy ajuste deudas con su historia sin romper por ello las bases de su convivencia actual y los principios de reconciliación y perdón que presidieron la transición a la democracia a finales de los setenta? Ésta es para mí la cuestión nuclear del debate producido sobre la mal llamada "Memoria Histórica". La abrumadora presencia de la Guerra Civil y de la represión franquista en la memoria de la sociedad española de hoy tiende a despertar las pasiones de las dos Españas machadianas con demasiada frecuencia. La guerra de esquelas de la guerra, publicadas este verano, es una buena muestra de las peligrosas derivas que puede tener este asunto si no lo enfocamos con prudencia y consenso.

Comencemos pues por responder al primer interrogante: ¿hay deudas pendientes? Y aunque las hubiere, ¿debemos abrir la caja de Pandora de tan delicados y apasionados recuerdos? No son pocos ni despreciables los argumentos que recomiendan cubrir estas cuestiones bajo un discreto manto, destacando como único recuerdo histórico el punto y aparte que acordamos en los pactos de la transición. Pero no es menos cierto que han pasado treinta años desde entonces y que todavía golpean a las puertas de nuestras instituciones reivindicaciones justas y razonables. Primero, porque, sin cuestionar la generosidad que impregnó la transición política, la democracia de los ochenta y de los noventa confundió en exceso perdón con olvido, y aunque sucesivos gobiernos democráticos establecieron medidas para restañar las heridas del bando republicano, lo cierto es que millones de españoles, perdedores y sufridores de la contienda y de la represión posterior, lloraron en silencio su imborrable recuerdo, tras el telón de una convivencia reconciliada, a la que perturbaba su simple presencia. Y segundo, porque quedan pendientes muchas causas de justicia para quienes defendieron el Gobierno legítimo del 36. Desde la identificación y localización de fosas comunes a la exhumación de sus restos. Desde la apertura total de archivos para la investigación y la documentación particular hasta el reconocimiento de las enormes injusticias cometidas en juicios sumarios. Incluso golpea también nuestra conciencia democrática, la ausencia de indemnización alguna para quienes encontraron la muerte en los años del tardofranquismo, ejercitando derechos que luego reconoció nuestra Constitución (como por ejemplo los seis obreros muertos por la policía en Vitoria y Basauri en 1976).

La segunda cuestión es capital: ¿cómo debemos abordar este tema de nuestra agenda política y hasta dónde será posible atender estas reivindicaciones? El Gobierno ha decidido hacerlo mediante un proyecto de ley que, intencionadamente, rechaza implantar una determinada "memoria histórica colectiva", que no corresponde a norma alguna y encarga al legislador la protección del derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática. En ese propósito el anteproyecto busca un equilibrio difícil y polémico. Si se declara "el derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar", ¿deben incluirse todos los que sufrieron condenas, sanciones o cualquier forma de violencia por razones políticas? Si tal reconocimiento se refiere a la represión franquista, es obvio que afecta sólo a quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936 y pretendieron después de la guerra el restablecimiento en España de un régimen democrático. Pero si ese derecho se quiere extender a la Guerra Civil -y en mi opinión así debe ser- resulta obligado reconocerlo también a quienes sufrieron esas mismas circunstancias en el otro bando. ¿Es eso una injusta equidistancia? Más bien creo que sólo así respondemos al espíritu de reconciliación pactada en el que se fundó nuestra transición democrática.

Una reflexión semejante surge de otro de los aspectos polémicos de esta ley. ¿Debemos anular cuantas resoluciones judiciales fueron dictadas en aplicación de legislaciones y de tribunales de excepción? Admito que sería de justicia. Pero, ¿podemos hacerlo sin cuestionar todo el entramado de seguridad jurídica de 40 años de franquismo? ¿Cómo se revisan individualmente miles de sumarios sobre hechos acaecidos en tiempos tan lejanos? Conozco la existencia de opiniones jurídicas fundadas en esa dirección, pero yo creo que eso no es posible a la luz de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, y en todo caso creo que antes de abrir la vía jurídica para la revisión de miles de esos casos nos lo deberíamos pensar serenamente. ¿Qué consecuencias tendrían las anulaciones? ¿Quién impediría que muchos reclamaran conocimiento de los juzgadores y quizás responsabilidades? Yo creo que el legislador español de 2006 tiene derecho a examinar esta cuestión también desde un punto de vista de oportunidad política, y aquí vuelvo a esgrimir ese patrimonio común que es el espíritu de reencuentro y de concordia de la transición.

La ley pretende la justicia compensando a las víctimas de la guerra y de la represión de un régimen cruel que duró 40 años. ¿Lo consigue? Abiertamente no. Reconocerlo con humildad es necesario, porque esas víctimas merecen el respeto de la verdad. Pero, ¿alguien cree posible hacer justicia plena con las enormes e inmensas consecuencias de aquella tragedia? La ley llega adonde es posible llegar sin menoscabar las bases de nuestra convivencia y ajusta las últimas deudas con nuestra historia sin reabrir la herida que atravesó las entrañas de nuestro pueblo.

La ley es perfectible. Abriremos una ponencia parlamentaria para escuchar. Negociaremos enmiendas y buscaremos el consenso con todos los grupos. Por cierto, última cuestión: ¿será posible un acuerdo también con el PP en este tema? Lo deseamos. Pero les escucho decir, con demasiada frecuencia, que esto es pasado y ya está pagado. Quizás se opongan a la totalidad de la ley acusando al Gobierno y a su presidente de "radicalidad guerracivilista". Me pregunto por qué no es posible una recuperación consensuada de nuestro pasado. ¿No equivale esto a identificarse con una de las dos partes de nuestra historia incivil?

La reconciliación de la transición no nos obliga al olvido. La memoria sin ira, sin afanes vengativos no abre, sino cierra las heridas de la historia. La recuperación personal de nuestra memoria histórica familiar y la compensación consensuada de nuestras deudas con la historia, nos hace más fuertes en los fundamentos de nuestra convivencia.

El País, 14/10/2006

Crímenes Farmacéuticos

En ‘El jardinero fiel’, John le Carré nos describe una trama criminal contra la esposa de un diplomático británico en Kenia, cuando está a punto de descubrir las peligrosas experimentaciones de una industria farmacéutica con seres humanos en África. En sus novelas, este autor inglés acostumbra a situar su genial intriga en un contexto de realidad contrastada. Así lo hizo, por ejemplo, cuando en ‘Nuestro Juego’, nos describió con lúcida anticipación el desastre que se cernía sobre las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, superado después por la brutal tragedia chechena.

Pues bien, las denuncias contra las industrias farmacéuticas del planeta deberían motivar alguna reflexión política más de fondo, si no fuera por el ejército de ‘lobbies’ que influyen en todo el mundo para que no se produzca. Los neoliberales, y los fundamentalistas del mercado en general, se oponen hasta la exageración a cualquier intervención del Estado en el libre juego de la oferta y la demanda. En los últimos años, la presencia pública en la actividad económica se ha reducido a aquellos servicios que no interesan al mercado y cuando se trata de servicios básicos para la comunidad (energía, telecomunicaciones, servicios financieros, etcétera) el Estado se limita a intervenir mediante órganos reguladores que tratan de asegurar el interés general, dejando a las empresas privadas la propiedad y la gestión de esos servicios.

Me pregunto a menudo por qué las industrias farmacéuticas están libres de intervención pública y por qué los intereses lucrativos y mercantiles de esas poderosas corporaciones se anteponen e imponen a los intereses generales de la ciudadanía, tratándose, como se trata, de una materia fundamental en el derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida.

En 2001, el grupo de Médicos sin Fronteras (MSF) para el estudio de las enfermedades olvidadas, publicó un informe titulado ‘Desequilibrio fatal’ que impactó a la opinión pública. El informe concluyó que las enfermedades que afectan principalmente a los pobres no tienen demasiadas opciones terapéuticas disponibles y casi no se investigan, a pesar de que afecten de forma grave o mortal a millones de personas y sean potencialmente curables. Las enfermedades que afectan principalmente a los pobres se investigan poco y las enfermedades que afectan sólo a los pobres no se investigan nada. Algunas de estas últimas no tienen opción terapéutica alguna, como la fase crónica de la enfermedad de Chagas, una infección que afecta a millones de personas en Latinoamérica. El título del informe, ‘Desequilibrio fatal’, se refiere al hecho de que sólo el 10% de la investigación sanitaria mundial (la de las compañías farmacéuticas más la de todos los gobiernos y universidades del mundo) está dedicada a enfermedades que afectan al 90% de los enfermos del mundo y el 90% de los recursos sanitarios están dedicados a investigar las enfermedades que afectan sólo al 10% de los enfermos (los del Primer Mundo). Este dato se conoce como ‘desequilibrio 10/90′. Según el mismo informe de MSF, en 2001 la mayor parte de los esfuerzos financieros e intelectuales de la investigación sanitaria de todo el mundo fueron destinados a investigar la impotencia, la obesidad y el insomnio.

El caso de los medicamentos anti-sida en África es otro buen ejemplo de lo que denunciamos. Según informes de la ONU del año 2003, más de 30 millones de personas están infectadas con el VIH en el África subsahariana. En el estado de Botswana, por ejemplo, el 40% de las mujeres están infectadas por VIH, y en el de Lesotho lo está un tercio del total de la población. Por falta de medicamentos antirretrovirales, tres millones de africanos mueren todos los años de sida.

Para el tratamiento de esta inmensa población enferma, es fundamental la industria india de genéricos, que aprovechando determinadas brechas legislativas de la internacionalización de patentes ha venido desarrollando una industria de fabricación de medicamentos genéricos que abaratan a la décima parte sus costes. Pues bien, las multinacionales farmacéuticas han presionado a los países occidentales para reforzar internacionalmente las patentes y a través de diversos acuerdos OMC han conseguido eludir la competencia de los genéricos, de manera que todos los medicamentos creados a partir de 1995 estarán protegidos por las patentes respectivas, con lo que su precio puede encarecerse sin límite, al no tener competencia libre de genéricos.

Teresa Forcades i Vila, una monja benedictina doctora en medicina, ha publicado un pormenorizado estudio de estas denuncias en el nº 141 de los cuadernos de ‘cristianisme i justicia’, el Centro de Estudios de la Compañía de Jesús en Cataluña. El documento es escalofriante, poniendo ante nuestros ojos una situación impropia de una sociedad civilizada.

Se han publicado recientemente varios e importantes informes sobre estas cuestiones. Uno de ellos -ya citado- ‘Desequilibrio fatal’, de Médicos sin Fronteras, y otro surgido como consecuencia de un análisis realizado por una comisión de expertos del Parlamento Inglés (2005). El diagnóstico y las propuestas de medidas planteadas en todos ellos abordan las cuestiones citadas y muchas más. En general se estima que la influencia de la industria farmacéutica sobre las agencias reguladoras públicas es exagerada y perturba la independencia de la intervención pública, en EEUU y en todo el mundo. Se considera igualmente que las compañías farmacéuticas tienen demasiada influencia en la educación médica de la ciudadanía y la agresividad de su marketing contribuye a que se receten y administren medicamentos de forma inadecuada. Se alerta sobre las nuevas técnicas publicitarias de la industria farmacéutica para vender medicamentos inventando enfermedades. Se insiste en la necesidad de que las patentes y otros derechos de monopolio se compatibilicen con la necesidad de atender las enfermedades de los pobres del mundo. Para ello se propone que los gobiernos exijan que los medicamentos sean accesibles y asequibles a los países pobres como condición del dinero público invertido en la investigación o bien que se potencie la producción de esos medicamentos en los países pobres o bien que un organismo internacional -¿La OMS o Naciones Unidas?- elaboren un plan para que las enfermedades olvidadas, como las llama Médicos sin Fronteras, puedan dejar de serlo de verdad. Igualmente se propone a los gobiernos financiar los estudios de alternativas terapéuticas no farmacológicas que la industria farmacéutica ignora porque no le son rentables.

Los informes citados, recomiendan un catálogo enorme de medidas, imposible de resumir aquí. Pero una característica es común a todas ellas: la necesidad de intervención política es un mercado esencial para un derecho -nunca mejor dicho- vital.

El Correo, 17/09/2006