A menudo, la fuerza del presente, la impetuosa presión de los acontecimientos (Afganistán, pandemia, precio de la energía...) ocupan de tal manera la información y la conversación pública que postergan al olvido los grandes desafíos que atraviesan nuestro futuro. El comienzo del nuevo curso político parece ocasión propicia para su recordatorio.
España tiene un serio problema con sus cuentas públicas, agravado estos dos últimos años con el gasto publico contra las crisis de la covid. Una deuda pública acumulada del 125% de nuestro PIB es soportable en periodos de bajísimos intereses, pero limita extraordinariamente nuestros márgenes macroeconómicos en los mercados y en el gasto. Nuestro Presupuesto arrastra un déficit público constante, cercano al 3%, que no solo incrementa cada año nuestra deuda sino, lo que es peor, nos impide afrontar políticas públicas necesarias.
La sanidad pública no necesita más aplausos, sino un incremento de un punto de PIB. Nuestros sanitarios cobran poco y miles de médicos y enfermeras emigran al resto de Europa en busca de mejores salarios. Nuestro sistema universitario necesita una inyección económica semejante y nuestros esfuerzos en I+D+I son insuficientes para los tiempos de transformación tecnológica que vivimos. Nuestro sistema de pensiones arrastra un déficit de casi dos puntos de PIB (20.000 millones de euros cada año) y aunque lo sufraguemos con ingresos públicos, nuestro margen para afrontar el envejecimiento demográfico y los cuidados de la población mayor es mínimo. La única forma de abordar estos problemas pasa por una reforma fiscal que nos permita recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB sobre los ingresos actuales, pero es una misión difícil e imposible en el corto plazo.
El otro gran problema del país es político y se deriva de la inestabilidad que arrastramos desde que el sistema político español implosionó (2014-2015) y se hizo multipartidista. A su vez, muchas de nuestras instituciones básicas reclaman urgentes e importantes reformas. Desde la Casa Real a la investidura del presidente del Gobierno. Desde el Consejo General del Poder Judicial al Tribunal de Cuentas. Reformas necesarias en un edificio constitucional que sufre envejecimiento y fatiga de materiales.
En el mismo plano, la política nacional está caminando peligrosamente hacia la polarización más extrema. No es posible pactar nada, ni siquiera afrontar juntos retos comunes o cuestiones de Estado que siempre estuvieron fuera de la contienda partidista o ideológica. El rescate de Afganistán es el último y buen ejemplo de lo que digo. Las consecuencias de esta situación son graves. Nos impiden jugar un rol internacional más relevante en diferentes escenarios (Europa, América Latina, entre otros); nos dividen en materias identitarias (memoria histórica, simbología nacional...) y nos condenan a estrategias electorales enfrentadas (izquierdas más nacionalistas versus PP más Vox) y a gobiernos consecuentes.
La política territorial no es solo Cataluña, con ser el tema catalán el más grave. Hay que añadir la pretensión nacionalista vasca del nuevo estatus y su abierta inconstitucionalidad. Hay que pensar en el resto del país y recordar que el modelo de financiación autonómica nos convoca a un puzle de peligrosas consecuencias para el papel equilibrador del Estado, en un país con enormes diferencias de costa a interior y de ciudades a pueblos, además de las ya conocidas entre comunidades autónomas ricas y pobres.
Por último, el empleo. España no ha bajado de los dos millones de parados ni en sus mejores momentos económicos (2007). Hoy tenemos 3,5 millones, casi el 40% de nuestros jóvenes en paro y una tasa de temporalidad que ronda el 30% de nuestra población laboral. Es un cuadro horrible. El debate no es el Salario Mínimo, con ser importante su mejora. La gran cuestión es un pacto social laboral entre sindicatos y patronal sobre un marco laboral flexible y moderno que amortigüe está anomalía de nuestro país en Europa. El gran reto es sostener una economía en crecimiento que reduzca estas cifras espantosas y que está también en el epicentro de algunos de los problemas que manifiesta nuestra juventud estos días.
La verdadera política será poner de acuerdo a nuestro marco institucional (ciudades, comunidades autónomas y Gobierno central) y a nuestro entramado económico (empresas, centros de I+D...) para gestionar eficazmente los fondos del Next Generation. Esta extraordinaria ayuda europea pondrá a prueba nuestra capacidad para aprovechar ese maná (envidiado por tantos países latinoamericanos) que representa un ingreso en nuestras arcas públicas de entre diez y doce puntos del PIB (140.000 millones en tres años) para modernizar, digitalizar y hacer sostenible nuestro aparato productivo.
¡Ojalá que esta corriente de fondo inspire y oriente nuestra política!
Publicado en El Correo, 4/09/2021