Un impuesto mínimo en sociedades.

La idea no es nueva, pero ha cobrado fuerza porque la Secretaria del Tesoro Janet Yellen acaba de sugerirla, anunciando que la propondrá al G-20 «…y trabajar con otros países para acabar con las presiones de la competencia fiscal y la erosión de la base fiscal en las empresas». Los EEUU plantearán esta idea también al FMI y al Banco mundial.

Hace ya algunos años que se están comprobando varias cosas preocupantes:

• Las empresas buscan jurisdicciones con baja fiscalidad para instalar sus sedes centrales y concentran artificiosamente sus ingresos en esas sedes, negociando con esos países una fiscalidad mínima , cercana a cero en algunos casos (Luxemburgo, Irlanda, etc).

• Crece la ingeniería fiscal que aprovecha la globalización y permite bases del impuesto de sociedades muy bajas mediante la interacción de las disposiciones fiscales nacionales y la red de Convenios fiscales entre estados y con empresas (tax Rullings).

• Los tipos fiscales de Sociedades han ido reduciéndose en todo el mundo en los últimos años por las crisis económicas y por la expansión ideológica del axioma neoliberal de la reducción de las tasas fiscales como motor económico.

• La economía digital ha acentuado estas tendencias por la dificultad de las Haciendas nacionales para calcular los beneficios nacionales y recaudar de empresas globalizadas en la red.

La consecuencia de todo ello es que el ingreso fiscal por sociedades se ha reducido, de media, a la mitad en los últimos diez años en casi todo el mundo. Que las empresas multinacionales pagan mucho menos que el resto de las empresas nacionales y que muchas tecnológicas no pagan nada o muy poco.

Los esfuerzos para armonizar la base del impuesto (BEPS) se han encontrado con enormes dificultades técnicas en el seno de OCDE y con la feroz oposición de la anterior administración norteamericana. De ahí surgió la idea de establecer un tipo mínimo del impuesto, para evitar que la Planificación Fiscal Abusiva vacíe este ingreso, y son varios los países europeos que tratan de establecerlo en sus leyes fiscales, España entre ellos.

El cambio copernicano de la Administración Biden es esperanzador, porque nada era posible con la oposición USA, y todo será posible con ellos. La Sra. Yellen afirmó que era necesario terminar con la carrera a la baja de este impuesto en los últimos 30 años y evitar que las grandes empresas busquen jurisdicciones con baja fiscalidad o nula cooperación. Mucho más, añado, en tiempos en los que la ciudadanía reclama servicios públicos de calidad (sanitarios , especialmente) y esfuerzos internacionales contra los riesgos de otras pandemias en un ecosistema amenazado.

Publicado en Foro de Foros.

II Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social.

Del 14 al 16 de abril está teniendo lugar el II Congreso de Responsabilidad Social en Iberoamericana, EncontraRSE. 

El Congreso está organizado por Empresability, Movimiento iberoamericano de Responsabilidad Social, que nació en 2020 para “reforzar el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.

Conferencia inaugural:

 

Un debate limitado pero necesario.

De cara a la Conferencia sobre el futuro de Europa, sería buena idea que el Parlamento vasco lidere el conjunto de iniciativas a remitir a Bruselas.

Las tres instituciones europeas, Parlamento, Comisión y Consejo, lanzaron el pasado 10 de marzo la Declaración que convoca la Conferencia sobre el futuro de Europa. Tan pretencioso título responde a la voluntad de ofrecer a la sociedad civil europea la oportunidad de debatir y proponer ideas sobre el futuro de nuestra Unión.

La idea surgió a finales de la anterior legislatura (2019) después de las crisis sucesivas que atravesaron Europa entre 2008 y 2018, al comprobarse que al gunas reformas estructurales eran necesarias en la arquitectura y en el funcionamiento de la Unión y que el dinamismo económico y tecnológico del mundo re clamaba una Eu ropa más cohesionada y fuerte. El Brexit aceleró estas sensaciones al liberar a Europa de un socio que siempre impidió o limitó los movimientos federalistas o unionistas del resto.

Pero hay una cierta con fusión entre título y realidad. Podría pensarse que se trata de un debate tan abierto y permisivo como para que los ciudadanos se conviertan en una especie de asamblea constituyente, con derecho a proponer una re novación de nuestros instrumentos constitucionales (los Tratados que con figuran nuestro ordenamiento jurídico) y definir así un futuro alternativo a nuestra Unión. Para nada.

El Consejo, es decir, el órgano que representa los intereses de los 27 Estados miembros, y la Comisión, el Gobierno de la Unión, han dejado claro que la Conferencia puede discutir sobre todo, pero que la materialización de las ideas o propuestas de la conferencia les corresponde a ellas. El Parlamento es más receptivo, pero, muy probable mente, la conferencia será un marco muy abierto a la discusión y al debate y mucho menos a la implementación de sus conclusiones.

Las resistencias internas, para una profundización federalista, siguen muy presentes. 

El documento que presentaron los países más escépticos (Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Finlandia) trataba de limitar la reflexión y la participación ciudadana a los grandes retos de la Unión (liderazgo climático, transición digital, migraciones, seguridad...), pero excluía intencionadamente las reformas institucionales internas. En la misma línea de suspicacia sobre la potencialidad de la Conferencia, el Consejo se ha negado a aceptar la presidencia del Parlamento Europeo y ha impuesto un triunvirato de presidencia para evitar las pulsiones reformistas-federalistas del candidato original del Parlamento, el liberal belga Guy Verhofs tadt.

La conferencia está concebida como una oportunidad de participación ciudadana, y como instrumento de fortalecimiento democrático europeísta. Pero su razón de ser era más debatir sobre las reformas internas que reclama nuestro entramado constitucional que sobre los grandes temas políticos de su gestión, sin excluir estos. La unanimidad limitada impide incluso las decisiones en política exterior y en materias económicas y fiscales; La Comisión ha perdido autonomía e iniciativa frente al Consejo; el Parlamento tiene todavía demasiadas limitaciones de intervención en el proceso decisorio legislativo; la financiación de la Unión debe adaptarse a nuevos ingresos propios y a las consecuencias del Plan de Recuperación económica; la Unión Monetaria tiene que dar nuevos pasos en su arquitectura y en su gobernanza y así podríamos seguir con otros importantes temas internos de su funcionamiento.

No obstante, y a pesar de estas y otras limitaciones procedimentales y de fondo, la Conferencia es una buena, oportuna y necesaria iniciativa. Ofrece a la sociedad civil europea una plataforma inédita para que hablemos de Europa, reflexionemos sobre retos e instrumentos y propongamos reformas o al ter-nativas al estado actual de la Unión.

Es una oportunidad democrática y europeísta por que facilita la participación ciudadana, más allá de las elecciones, y fortalece el debate sobre la Unión supranacional que es tamos construyendo desde hace más de setenta años. Servirá para enriquecer nuestro debate político frente a los populismos, tan frecuentes como simples, y forzosamente nos conducirá a la complejidad de los temas a los que nos enfrentamos, en un siglo de disrupciones mucho más trascendentales que otros vierteaguas de nuestra historia .

Hay que ordenar ese debate. Universidades, ‘think tanks’, líderes de opinión, ONGs, movimientos sociales, sindicatos y un largo etcétera, están llamados a participar. Se me ocurren muchas sugerencias para que el País Vasco tenga una participación amplia en este foro. Me consta que ya hay en movimiento algunas iniciativas, pero una buena idea sería que el Parlamento vasco lidere el conjunto de iniciativas y ordene las propuestas para su remisión a Bruselas.

Naturalmente, eludiendo cualquier pretensión de monopolizar o instrumentar la participación ciudadana.

Publicado en El Correo, 11/04/2021