Colombia, un año después: ¿dónde estamos?

Se acaba de cumplir un año de la aprobación de los acuerdos de paz en Colombia y la paz avanza afortunadamente. Pero hay también una serie de problemas que nos obligan a mantenernos alerta.

Entre los elementos positivos destaca en primer lugar el hecho mismo de la aprobación de los acuerdos de paz. Tras el negativo resultado del referéndum del 2 de octubre del 2016 pocos hubieran creído que en un tiempo récord sería posible concitar la voluntad política suficiente para modificar los acuerdos incorporando algunas de las exigencias de los partidarios del No, y aprobarlos el 1.° de diciembre de ese mismo año. Al día siguiente del referéndum de octubre, muchos analistas vaticinaron un estancamiento de difícil solución, o dieron por muerto el proceso: es un alivio comprobar que esos negros pronósticos no se han verificado y que, de hecho, los acuerdos están siendo implementados, aunque con dificultades.

Otro elemento positivo en el plano práctico es la desmovilización y desarme de las Farc, que han culminado su reconversión en partido político. Este proceso ha llevado incluso a la UE a sacar a las Farc de su lista de organizaciones terroristas. Por último, hay que congratularse de que la otra guerrilla aún activa en Colombia, el Eln, haya empezado conversaciones con el Gobierno y declarado un alto el fuego que en principio se prolongará hasta enero del 2018, si bien sería deseable que continuase más allá de esa fecha.

No obstante, pese a todos estos indudables avances, persisten los motivos de preocupación en tres esferas principales: la primera resulta especialmente preocupante por sus repercusiones y porque, si no se ataja cuanto antes, puede dar lugar a una situación endémica de difícil corrección. Y es que cuando un Estado está ausente de una parte de su territorio, en el vacío que se produce proliferan mafias y grupos violentos, que acaparan recursos y ponen a la población a su merced. Hemos visto esta evolución en otros lugares. En Colombia, esos espacios de los que las Farc se han ido pero en los que el Estado aún no está presente, están siendo ocupados por el narco, con el apoyo de mafias. El resultado es un aumento de la violencia y de las violaciones de derechos humanos en estos territorios a lo largo del último año. Los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes comunales o simplemente agricultores, están alarmando al mundo entero.

Esta situación está ligada al auge de los cultivos de coca que se ha producido en ciertas zonas, y que el Gobierno colombiano tenía el propósito de erradicar progresivamente mediante la sustitución por otros cultivos. Su objetivo era llegar al 2018 con una tasa de sustitución del 50 por ciento. Sin embargo, hasta el momento, se han erradicado menos del 5 por ciento de las plantaciones a través de este mecanismo. El problema de emplear una estrategia “dura” en lo relativo a los cultivos de coca es que deja a los campesinos entre la espada del narco y la pared de la coerción gubernamental, en zonas donde el Estado no cuenta con la presencia ni los medios necesarios para respaldarles ni defenderles.

El segundo bloque de problemas es el económico, que afecta a todos los niveles, incluida la lucha contra el tráfico de drogas. Las necesidades de inversión pública son enormes. Simplemente para hacer caminos de acceso a las zonas más recónditas del territorio. Pero sobre todo para compensar a los casi nueve millones de víctimas del conflicto, especialmente a los desplazados y a las víctimas directas de la violencia.

La reincorporación de la guerrilla a la sociedad civil es otro de los aspectos que avanza con dificultad. En principio, los miembros de las Farc desmovilizados fueron concentrados en centros, en donde estaba previsto que recibieran adiestramiento en habilidades básicas para la vida civil y formación profesional de algún tipo, con el fin de ayudarles a encontrar un empleo. Estas expectativas no se han cubierto en la medida deseada, y la falta de fondos es una de las causas.

Para superar todos estos problemas es crucial la aportación financiera de la UE y del resto de actores internacionales que están apoyando el proceso. Aunque el Fondo Fiduciario europeo es una aportación importante, hará falta más ayuda internacional.

La última gran dificultad estriba en el ambiente político reinante en Colombia. El uribismo ha logrado dividir por la mitad al país y crear una fuerte corriente de opinión contraria al proceso de paz. Asimismo ha conseguido hacer saltar por los aires a la coalición de fuerzas que apoyaba los acuerdos, de modo que todas ellas concurrirán por separado en los comicios del 2018: recordemos que en marzo hay elecciones parlamentarias y en mayo, presidenciales.

Esa serie de comicios pueden ralentizar el proceso de paz y en algún caso incluso cuestionarlo. Si antes de las elecciones presidenciales del 2018 no se ha logrado poner en marcha las principales instituciones de la justicia transicional, no habrá garantías ciertas de la continuidad del proceso de paz. Y en este campo es donde más dificultades de comprensión social ofrece el proceso. Muchos colombianos que viven en las grandes ciudades se resisten al perdón. Pero la paz exige una justicia generosa, y este proceso se basa más en la reinserción social que en la justicia vengativa.

La paz en Colombia depende, desde luego, de los colombianos, pero no solo. Europa debe seguir ayudando; la comunidad internacional, especialmente EE. UU., también. De todos nosotros depende que el fin de las guerrillas en Latinoamérica sea una realidad y que la política y la democracia en paz sean el único marco para superar diferencias y lograr progreso y justicia.


RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

Eurodiputado. Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat)

 Publicado para eltiempo.com

Felicitación Eurodiputados Socialistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué hacer contra la evasión fiscal.

¿Qué hacer, que diría Lenin, frente al gigantesco montaje que la internacionalización financiera está construyendo para evadir o eludir los impuestos? No es una pregunta retórica. Es la urgente demanda que nos plantea una alarma social, cargada de indignación, ante la sucesión de informaciones que no hacen sino confirmar la sospecha que la mayoría ciudadana ya intuía respecto a la vieja ambición humana de no pagar al Estado lo que éste reclame para organizar una vida en sociedad regida por la justicia y la dignidad humanas.

LuxLeaks, Panama papers, Paradise papers, son las informaciones que un consorcio de periodistas independientes han ido revelando después de años de investigación y buceo en despachos de abogados, gestores de fondos, bancos y países de todo el mundo. Sobre esa ingente cantidad de información el Parlamento Europeo ha realizado un trabajo extraordinario, para obtener una serie de conclusiones y recomendaciones que se ofrecen a la política internacional a modo de hoja de ruta que deberíamos seguir para combatir esas prácticas, a los agentes que las realizan y a los países que las amparan o facilitan.

Se tratará, como diría Mao, de una 'larga marcha' porque la mayoría de las medidas de ese combate tienen dimensión internacional y existen muy poderosas fuerzas en contra y muy variadas razones en muchos países para frenarlas o impedirlas.

De hecho, una de las primeras medidas que se proponen en el informe que el Parlamento aprobó el pasado 13 de diciembre en el Pleno de Estrasburgo, es solicitar a Naciones Unidas la convocatoria de una cumbre con este tema principal. Junto a esto, casi 200 medidas más configuran las recomendaciones que deberíamos implementar para combatir la evasión (delictiva casi siempre) y la elusión (legal a veces, aunque inmoral la mayoría). Un apretado resumen de todas ellas podría esquematizarse en los siguientes puntos:

1º. La elaboración de una lista internacional de paraísos fiscales, lo que requiere una definición universal del concepto. La UE ha hecho la suya. No es perfecta, pero es una lista de 17 paraísos y 47 en riesgo de serlo.

2º. El establecimiento de un conjunto de sanciones a esos países y a quienes operan en ellos, incluidos bancos, empresas, fondos de inversión, gestores, bufetes, intermediarios en general.

3º. La obligación para las empresas transnacionales de incluir en su informe anual o balance financiero, sus pagos fiscales “país por país”.

4º. El establecimiento de una nueva fórmula del Impuesto de Sociedades para los gigantes digitales a quienes se debe aplicar un pequeño porcentaje sobre su facturación en cada país (para evitar que concentren sus resultados finales en países sin fiscalidad o de tipo cero).

5º. La unificación de las bases del Impuesto de Sociedades para evitar la distorsión del tipo y la elusión a los países en base a la optimización desgravatoria: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

6º. Una nueva regulación sancionadora para todos los intermediarios (desde despachos de abogados a consultoras) si resultan responsables en el asesoramiento o ejecución de evasión fiscal o blanqueo de dinero.

7º. Una mayor transparencia a notarios, registradores, bancos, etc, sobre los propietarios y beneficiarios de operaciones financieras, incluyendo la conexión de los registros mercantiles y la creación de nuevos registros públicos internacionales.

8º. La protección de los denunciantes ('whistle blowers') y del periodismo de investigación.

9º. La mejora de los sistemas de persecución del IVA transfronterizo a través de la cooperación de las Administraciones Tributarias.

10º. Poner fin a la regla de la unanimidad en el Consejo para que un solo país no pueda vetar las medidas que la UE debe adoptar en materia fiscal.

Hay muchas más cosas por hacer. Se me ocurre por ejemplo seguir reivindicando la tasa a las transacciones financieras, que, además de recaudar fondos públicos, ofrecerá una transparencia y una información fiscal preciosas. Lo que importa es empezar y seguir presionando en esta 'larga marcha', bajo el paraguas argumental de que cada euro que se evade, es un euro robado al trabajador, a los desempleados, a los mayores, a los enfermos, a la educación… al Estado del Bienestar en definitiva.

Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, miembro de la Comisión de Investigación Fiscal.
Publicado en El Confidencial, 20/12/2017

Enseñanzas catalanas para los vascos.

"Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad."

 De todo lo que está ocurriendo en Cataluña el nacionalismo vasco y los vascos en general deberíamos extraer enseñanzas políticas imprescindibles. La primera y más importante: la independencia, esa especie de ensoñación ‘naïve’ que nos proponen los nacionalistas, es además de imposible, enormemente costosa y dañina para quien la persigue. El cúmulo de falsas promesas que los gestores del procés habían propagado durante años ha sido diluido como el azúcar en agua por una realidad aplastante cuando han intentado materializar su proyecto.

La respuesta de los mercados ha sido tan rápida como elocuente. Las inversiones se paralizan, los pedidos se reducen hasta el 30%, ya sea en las ventas como en las reservas hoteleras. Cerca de 3.000 empresas se han ido de Cataluña. Y nadie sabe si volverán. Los daños económicos son de tal dimensión que tardarán tiempo en recuperarse de esta aventura. Por su parte, Europa ha dicho No a estos procesos y a estas pretensiones. Nadie quiere aquí nuevos Estados separados de los actuales Estados miembros. La oposición europea a los nacionalismos va a crecer inexorablemente.

Segunda enseñanza. Quienes han dirigido todo este proceso, desde hace ya varios años, son movimientos sociales surgidos de asociaciones cívicas o culturales del nacionalismo, que han impuesto la estrategia y las movilizaciones, los objetivos y programas al conjunto de los partidos nacionalistas. Es más, estos han sido en parte penetrados y absorbidos por una nueva clase dirigente surgida desde esos movimientos. Así, alegres y combativos, los catalanes se han lanzado a las movilizaciones y a los referendos hasta llegar al vacío del precipicio.

La antigua Convergencia es el mejor ejemplo de ese ‘dejarse llevar’ que ha transformado radicalmente un partido que fue mayoritario durante casi 40 años. El problema de esa dejación de funciones, de los líderes y de las estructuras partidarias es que los movimientos sociales o culturales, esa especie de revolución desde abajo, no asumen responsabilidades electorales, y no tienen ni filtros, ni contrapesos, ni las claves deliberativas de los partidos. Nadie había calculado las consecuencias legales, personales, económicas y políticas de la realización del referéndum contra toda la legalidad y de la declaración unilateral de la independencia a través de un proceso lleno de arbitrariedades parlamentarias, desobediencias al Tribunal Constitucional y graves vulneraciones al orden constitucional. Las rectificaciones posteriores son patéticas, ya sean ante el juez, ya sean en los nuevos programas políticos en los que se renuncia a la unilateralidad. ¿Ahora? ¿Y quién paga el daño causado?

Porque no es solo el daño económico y el desprestigio nacional que han provocado. Es también la fractura social que han generado y la decepción colectiva que arrastrará el nuevo pragmatismo en una ciudadanía engañada por mitos y mentiras por doquier. Me cuesta creer que las elecciones del 21-D no pongan a esta gente en su lugar.

Tercera enseñanza y no menos importante. La aventura independentista acaba en la pérdida del Gobierno autonómico. El 155 se ha aplicado y el autogobierno y la gestión pública de la Administración en Cataluña no se han alterado. Es verdad que al 155 le acompañó una inteligente convocatoria electoral, pero no es despreciable constatar la normalidad con que el Gobierno del Estado ha asumido la gestión de la autonomía de Cataluña. De manera que el precedente sirve de lección a futuro. Nos guste o no, un mecanismo constitucional que muchos creyeron políticamente inaplicable forma parte ya de nuestra realidad.

Por último, la experiencia vivida en Cataluña ha perjudicado enormemente las propias reivindicaciones autonómicas y el futuro del modelo territorial se ha situado en un nuevo plano de debate en el que nuevas y poderosas fuerzas antinacionalistas son también parte del nuevo reequilibrio. Es el caso del constitucionalismo catalán, que reclamará, con todo derecho, su peso electoral y su capacidad de movilización para exigir que se le tenga en cuenta en el futuro acuerdo Cataluña-España y en el ejercicio autonómico de muchas de las competencias autonómicas, hasta hoy ejercidas en clave nacionalista. El procés ha activado el unionismo y eso ya no hay quien lo pare. Dos Cataluñas viven juntas. Y antes de dar nuevos pasos tendrán que entenderse dentro. Pero además el nacionalismo catalán no está evaluando todavía el daño que se ha hecho a sí mismo al tirar por la borda el nivel de confianza mutua que se necesita para avanzar en cualquier nueva esfera de poder autonómico. Vista la experiencia, y visto el comportamiento de su policía, ¿sería razonable transferir la Justicia, o la Hacienda que recauda los impuestos? ¿No estará en el cálculo político de los interlocutores del Estado, que esos nuevos poderes, se utilizarían para otro procés? Es evidente que se han dado un tiro en el pie y que tendrán que pasar muchos años para recuperar un clima que permita negociar el autogobierno con la confianza que la deslealtad de hoy ha destruido.

Hay que aprender de lo ocurrido en Cataluña y en particular, el nacionalismo vasco de PNV y EHBildu deberían evitarnos algunas herramientas perversas y objetivos inconvenientes. Me refiero, desde luego a la autodeterminación y a la independencia respectivamente. Nunca estaremos mejor que como estamos. Y espero que Podemos reflexione sobre su ubicación nacionalista en ambos temas.

 

Publicado en El Correo, 17/12/2017

Intervenciones en el Pleno 13/12/2017

Prohibición a escala de la Unión de símbolos y eslóganes nazis y fascistas (debate)

 

 

Derecho de investigación del Parlamento Europeo (debate).

 

 

Aprobado en el PE el informe de la Comisión sobre PanamaLeaks

Aprobado en el Parlamento Europeo el informe de la Comisión sobre Paraísos Fiscales, que contiene recomendaciones para la Comunidad Internacional, Ramón Jáuregui y Juan Fernando López Aguilar, que han formado parte de esta comisión, explican en las propuestas socialistas para luchar desde la UE contra los paraísos fiscales.

Tras 18 meses de investigación, nuestro relato sobre los Panama Papers.

 

El Parlamento Europeo da luz verde a la segunda fase de negociación del Brexit.

Nota de Prensa, 13/12/2017


Ramón Jáuregui: "Hemos salvado los derechos de 4.5 millones de ciudadanos y ciudadanas de por vida"

Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, ha calificado de satisfactorio el acuerdo alcanzado sobre el Brexit a comienzos de este mes, "las tres grandes materias sobre las que he hemos negociado se han resuelto favorablemente, por lo que podemos pasar a la segunda fase", ha explicado, señalando que "la única interpretación posible es en beneficio de la plenitud de los derechos de la ciudadanía".

En el debate que ha tenido lugar hoy en la Eurocámara -en vísperas a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE- sobre el proceso de salida de Reino Unido de la UE con el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, Jáuregui ha manifestado que "la principal y mejor noticia de los acuerdos previos es que los europeos en Reino Unido y los británicos en la UE conservarán, toda su vida, los derechos que tenían como europeos antes del Brexit"

Esta condición se aplicará a todos los europeos que residan en el Reino Unido y a los británicos que residan en Europa antes del 29 de marzo de 2019; y será la Corte de Justicia europea quien resuelva los conflictos que puedan surgir en el futuro sobre esta materia. Y esta, ha recordado Ramón Jáuregui, "fue la condición que Europa estableció para pasar a la segunda fase de negociaciones, junto a la de preservar los acuerdos de paz en la frontera de Irlanda y la factura de la salida".

El Parlamento tiene que dar su visto bueno al acuerdo de separación, que debe estar listo en marzo de 2019.

 

 

Via: SOCIALISTAS PARLAMENTO EUROPEO

Obligando a las empresas a respetar los derechos humanos.

La historia reciente de las ETNs (empresas trasnacionales) muestra innumerables incidentes de abusos contra los derechos humanos como resultado de sus operaciones. Se sabe que estas empresas se han aprovechado de los marcos regulatorios débiles de los países en vías de desarrollo, de la corrupción o de su excesiva dependencia de los intereses corporativos

Esta realidad ha provocado una apremiante necesidad de fijar normas internacionales que sometan a esas grandes compañías a obligaciones en relación con los derechos humanos en esos países.

Se ha de remarcar, que a pesar de que se garantiza un extenso abanico de derechos dentro de los acuerdos comerciales y de los de inversión, sigue existiendo un importante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las ETNs. Sus obligaciones en materia de derechos humanos no son tan evidentes, por lo que garantizar su cumplimiento resulta más complejo. De acuerdo con el poder que ostentan las ETNs la probabilidad de que las legislaciones nacionales les impongan obligaciones en el ámbito de los derechos humanos y consigan que rindan cuentas cuando cometan violaciones, resulta en general poco realista.

Con el objetivo de abordar estas deficiencias, se estableció en 2015 un Grupo de Trabajo intergubernamental dentro del entorno de Naciones Unidas, cuya tarea principal era redactar un tratado vinculante en el ámbito de los derechos humanos y las empresas. La Unión Europea, por su parte, acabó involucrándose en las negociaciones, reiterando que el futuro tratado debería incorporar a todo el conjunto de las empresas, no solamente a las trasnacionales. El Parlamento Europeo se posicionó como defensor de esta iniciativa y animó al conjunto de la UE a adoptar una óptica constructiva y positiva al respecto.

Tras las 2 primeras sesiones de negociación del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición, y basándose en el documento Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas con Respecto a los Derechos Humanos algunas conclusiones son evidentes:

• Las empresas deben mostrar diligencia debida, haciendo frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades.
• Existe la necesidad de proporcionar un instrumento internacional jurídicamente vinculante y efectivo para las víctimas de los abusos cometidos por las ETNs y la EOs (otras empresas), ya que a menudo sufren dificultades a la hora de acceder a las vías de recurso.
• Asegurar el establecimiento de recurso, mediante la adscripción de un tribunal internacional con competencias penales y civiles que supervise las obligaciones de los Estados a la hora de proporcionar recursos, así como la configuración de un comité internacional que admita reclamaciones individuales o un mecanismo internacional de arbitraje.
• Fortalecer el reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, en lo referente a los derechos humanos.
• Es evidente la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos potenciando una mayor atención a los abusos sistémicos subyacentes de los mismos.

Al finalizar la tercera ronda de negociaciones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental y el conjunto de la sociedad civil pidieron la continuidad de la autonomía del proceso y la redacción de un proyecto de documento para 2018 que tuviera como puntos de referencia, entre otros:

 

1. El asegurar la responsabilidad civil, administrativa y penal de las ETNs y EOs en relación con las violaciones de derechos y abusos de derechos humanos.
2. Incluir mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación efectiva para esas violaciones o abusos a los derechos humanos cometidos por ETNs y EOs.
3. Incluir obligaciones preventivas a dichos impactos adversos a los derechos humanos.
4. Reafirmar que las obligaciones de los Estados en relación a la protección de los derechos humanos no terminan en sus fronteras territoriales.

La sociedad civil está dispuesta a contribuir activamente en el proceso y decidida a colaborar para avanzar hacia una cuarta sesión del Grupo de Trabajo en 2018. En cuanto a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas de todo el mundo, están a la espera de que El Tratado se haga realidad y que el curso de las negociaciones se lleve a cabo de una manera consultiva y transparente.

La gran pregunta es qué harán los países. ¿Habrá acuerdo en la Comunidad Internacional para dar este paso extraordinario en la defensa de la dignidad humana? No será fácil. Por eso hay que empujar.

 

Publicado en Diario Responsable, 12/12/2017

Intervención Sesión Plenaria 12/12/2017

Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.

Manuel Marín (1949-2017)

 

 

Aquella foto de Manolo dormido en una mesa de despacho con los pies apoyados en la ventana marcó la primera gran etapa vital de Manuel Marín. Las negociaciones de adhesión fueron eternas, complejas y difíciles y se trabajó duro los tres primeros años del gobierno socialista (1983-1986). Manolo fue hombre clave en aquel gran éxito político que fue la incorporación de España a Europa. Su educación en la Escuela Europea de Brujas le hizo europeo además de español y por eso fue un europeísta adelantado en nuestro país.

Más tarde fue Comisario y Vicepresidente de la UE durante la década de los noventa. Su gestión estuvo marcada por las políticas de empleo, el desarrollo de la cooperación europea con el mundo, la política internacional de la Unión y la expansión de los programas educativos comunes (Erasmus). En Europa se le reconoce como un gran europeísta, hombre serio, riguroso, trabajador y buena persona. Su contribución a la ciudadanía europea estuvo marcada por la creación del programa más exitoso y popular de la Unión: el intercambio de estudiantes universitarios. Casi 500.000 europeos estudiaron en otro país con la beca Erasmus.

Acabó su vida política en España como Presidente del Congreso de los Diputados. Allí manejó la tensión partidaria y el pluripartidismo con paciencia y diplomacia, poniendo a prueba su cabeza ordenada y un poco germánica para la flexibilidad que reclaman las tensiones partidarias.

En definitiva, una trayectoria limpia y honesta, lo que ya es mucho en los tiempos que corren. Un político respetado por todos y admirado por muchos, lo que es más todavía. Un socialista que se fue dejando un rastro de dignidad, coherencia y solvencia. Ojalá tengamos muchos como él.

 

Publicado en Letras Libres, 7/12/2017

Foto: Alfredo García Francés.

Concierto vasco, lealtad y solidaridad.

"Sería inteligente y justo que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos."

El debate sobre el sistema fiscal vasco se produce en el marco de dos parámetros fundamentales. El primero es el soporte constitucional que lo ampara. El segundo es la creciente animosidad económica que suscita. Respecto al primero hay que decir que las dos grandes fuerzas políticas del país, PSOE y PP, han venido mostrando a lo largo de casi cuarenta años de democracia un apoyo firme y sostenido al Concierto Económico vasco. Así ha venido ocurriendo, tanto en la regulación del Concierto mismo como en las negociaciones técnicas que definían el Cupo y en la coordinación fiscal de los impuestos y de las administraciones tributarias.

 Este apoyo político al Concierto no es solo obligado por el mandato constitucional. Me atrevo a pensar que la fundamentación política del Concierto vasco en el ‘establishment’ español es más profunda y responde a la convicción de que este singular marco de relación económica del País Vasco con el Estado es base incuestionable de su anclaje sociopolítico en España. Es más, todo el mundo sabe que cuestionarlo significaría una peligrosísima provocación de males mayores y todo el mundo acepta esa sabia regla de la política que exige no tomar decisiones que, por arreglar una parte, destruyen el todo.

Pero no es menos cierto que el otro parámetro de nuestro debate, el que se refiere a la crítica que suscita en el resto de comunidades autónomas, está creciendo por momentos. Por lo que yo sé, nadie cuestiona el Concierto, es decir, la recaudación fiscal autónoma de los impuestos, sino el cálculo del Cupo para pagar las cargas no asumidas, es decir, las competencias del Estado que este realiza con carácter exclusivo para el conjunto de España. La complejidad técnica de este cálculo genera debates muy primarios, manipulaciones mediáticas y políticas muy burdas. Este es para mí el terreno más peligroso para el futuro del Concierto. Por eso me permito hacer algunas recomendaciones.

La primera se refiere al uso que el País Vasco y Navarra hagamos de nuestra autonomía para fijar tipos e impuestos que puedan generar competencia fiscal con las regiones frontera o con el resto de España y Europa. Digámoslo con claridad: los márgenes para esa autonomía son cada vez menores y la armonización fiscal en toda Europa avanza inexorable. Hace solo unos meses, dirigí una carta al lehendakari y a la presidenta navarra anunciándoles una directiva de la Comisión Europea que pretende consolidar las bases del Impuesto de Sociedades en el conjunto de los 27 países de la Unión. Los escándalos fiscales de ‘Lux-Leaks’, es decir, la competencia desleal de Luxemburgo cerrando acuerdos con las compañías para que instalen allí sus sedes centrales, y los problemas de cobro del impuesto a las compañías tecnológicas y trasnacionales que han dado lugar a la Directiva (Country by Country) para asegurar el pago de los beneficios en cada país, son solo dos de los impulsos a esa armonización. Después llegaron ‘Panamá Papers’,‘Paradise Papers’, etc. en una alarma social cada vez más expansiva, reclamando a las administraciones normas comunes contra la evasión y la elusión fiscal. Esa lucha por la justicia fiscal nos obliga y nos limita cada vez más.
No olvidemos además que cuando hemos utilizado nuestra autonomía fiscal para competir con otros territorios hemos sido sancionados gravemente (vacaciones fiscales) y si lo hacemos en el futuro seremos denunciados –sin ninguna duda– ante la Comisión de la Competencia por «ayudas de Estado».

Mi segunda recomendación es que el País Vasco debe ser transparente y pedagógico en la utilización del Concierto. Los vascos no pagamos menos impuestos que el resto de españoles y eso no todo el mundo lo sabe. La reducción de un punto nominal en sociedades es una minucia que será compensada con menos deducciones y desgravaciones, por lo que las empresas en Euskadi pagarán probablemente un tipo real y medio superior al resto, pero esto tampoco se sabe. En todo caso, el anuncio a bombo y platillo de esa reducción en las mismas fechas en que se aprobaba el Cupo ha sido un error manifiesto de oportunidad.
El Gobierno vasco debiera dar más y mejores explicaciones sobre el Cupo que pagamos y la financiación per cápita que tenemos para nuestras competencias. La acusación que viene de otras comunidades, de expertos y de medios económicos, atribuye al País Vasco y Navarra una financiación casi un 50% superior a otras comunidades. Son cálculos interesados, inexactos y manipulados. Pero nuestra explicación brilla por su ausencia. El Concierto puede dar diferencias finales de financiación, porque su naturaleza y el riesgo de la recaudación propia conllevan también esa ventaja, pero nos corresponde ser más explícitos en nuestros números para amortiguar esa crítica.

Por último, y en relación con lo anterior, el Cupo debiera incluir más explícitamente nuestra contribución a la solidaridad interterritorial. Es cierto que algunas de las partidas de cálculo del Cupo ya lo hacen, por su propia naturaleza. Pero llegados a este estado de las cosas, sería inteligente –y justo– que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos. Como lo hace Europa con las regiones menos desarrolladas y como lo hizo España con Euskadi en la reconversión industrial o en la transformación urbana del Gran Bilbao.
Concierto, lealtad y solidaridad no debieran ser términos incompatibles. Mantener el Concierto es políticamente clave. Ser leales en su utilización con las regiones vecinas y con el conjunto de España y Europa es necesario. Ser solidarios con las comunidades más pobres es justo. Ese es el camino para evitar la simplificación y la demagogia contra una institución que forma parte sustancial de nuestro marco jurídico y político.


Publicado el 1/12/2017 en El correo.