El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, repite un par de ideas que yo mismo también considero claves para que un proceso como éste tenga éxito.
La primera de esas ideas es que, por desgracia, la justicia perfecta no permite la paz. Un acuerdo de paz como el que está consumando Colombia requiere que ambas partes cedan algo. Lógicamente, ni el Gobierno admitiría un acuerdo de paz sin entrega de armas por parte de la guerrilla, ni los guerrilleros estarían dispuestos a deponerlas a cambio de nada.
Es comprensible que una parte importante de la ciudadanía colombiana desee que quienes usaron la violencia durante décadas lo paguen caro. Sin embargo, el precio de lo que podríamos llamar una aplicación estricta de la justicia a los guerrilleros sería muy probablemente la continuación del conflicto. Como bien dice Santos, un momento histórico como el que está viviendo Colombia sólo puede afrontarse buscando el mejor equilibrio posible entre justicia y paz, para lo cual se requieren dosis elevadas de realismo.
La necesidad de hacer concesiones me lleva a la segunda de las ideas en las que insiste Santos: la generosidad de las víctimas. Dicho de otro modo, no hay paz si no perdonamos. En una entrevista al diario El País, el presidente colombiano encomiaba la actitud de las personas que más han sufrido a causa del conflicto y decía de ellas que, con su disposición a perdonar, han dado una gran lección de vida al país entero. Por el contrario, los sectores sociales más reacios a la firma del acuerdo de paz son aquellos que menos directamente han sentido en su vida las consecuencias del conflicto.
De hecho, el mapa del apoyo o el rechazo al acuerdo de paz tiene líneas sociológicas, incluso geográficas bastante nítidas. Por un lado encontramos a la clase media y alta de las zonas urbanas – las élites de las ciudades, como el propio Santos les llama- que desde hace años notan muy poco el impacto del conflicto; menos aún cuanto más acomodado es el barrio. Este conjunto de población es la más reacia a la firma del acuerdo, y la más proclive a votar NO en el referéndum del próximo 2 de octubre.
Por otra parte encontramos a la población rural y a las clases más populares, especialmente las que habitan en el campo, la selva o las zonas menos favorecidas de algunas ciudades. En esos territorios la presencia de las FARC ha sido -y en algunos casos, sigue siendo- evidente, y son sus pobladores quienes acumulan el mayor número de víctimas y estragos personales y materiales. Sin embargo, son precisamente esos sectores sociales y esas regiones geográficas quienes apoyan el acuerdo de paz de forma más decidida… Aunque ello suponga la aceptación de una justicia transicional que no les resarcirá completamente de sus pérdidas.
¿Cómo explicar que demuestren mayor generosidad quienes más legitimados están para pedir cuentas a los violentos? Probablemente la respuesta es tan sencilla como humana: las víctimas no quieren seguir sufriendo. No quieren otro año, u otra década más de guerra. Desean para ellos mismos y para sus hijos una Colombia en paz, y a cambio de la paz están dispuestos a tolerar una justicia imperfecta, menos completa de lo que ellos sin duda merecen.
A veces, lo mejor es enemigo de lo bueno, y lo perfectamente justo puede desembocar en la mayor de las injusticias. Y nada provoca tanta injusticia como la prolongación de una guerra.
Escrito para Fundación Euroamérica