Apunto de terminar sus trabajos, la ponencia creada para la actualización del autogobierno vasco y los partidos políticos que la crearon se enfrentan al momento decisorio: elaborar sus conclusiones sobre el Estatuto, evaluando sus logros, sus fallos, su desarrollo y el estado actual del autogobierno vasco y, sobre todo, «acordar las bases para su actualización desde el máximo consenso posible», como literalmente establecía el título que el Parlamento dio a esta ponencia cuando la creó.
Sobre el tapete y simplificando un poco, nuestro espectro político partidario y nuestra sociología política actual responden a tres posiciones:
a) Quienes están satisfechos con el modelo autonómico actual y no quieren modificarlo o, de hacerlo, lo harían en un sentido recentralizador.
b) Quienes nunca lo aceptaron y siempre o simplemente ahora desean un Estado independiente de España en Europa.
c) Quienes desean esta autonomía política y económica pero la quieren mayor, la quieren mejor y, sobre todo, la quieren actualizada a un tiempo nuevo y a un espacio geopolítico y económico muy distintos a los de 1980.
Como es hora de concretar y aún a riesgo de una cierta tosquedad argumental, creo que debemos dar por descartadas las dos primeras. La primera porque sería negar la evidencia de una modernización a todas luces necesaria. Por otra parte, la vuelta atrás del sistema autonómico no es posible política y administrativamente. Tampoco me parece una base de futuros consensos acentuar el carácter foralista de nuestro autogobierno debilitando al Gobierno, en beneficio de nuestras diputaciones. Estas son posiciones claramente minoritarias.
La segunda, la creación de un Estado vasco independiente de España en Europa es una opción imposible. Lamento ofender a quienes sueñan –nunca mejor dicho– con ese proyecto, pero ya es hora de decirnos algunas verdades. Resumiendo mucho: el proyecto nacionalista de Euskadi nación-Estado pretende la integración de siete territorios de los cuales tres son Francia y no dejarán de serlo nunca. El cuarto, Navarra, no quiere integrarse en Euskadi y en esas condiciones no hay densidad poblacional, geográfica ni económica para sustentar un Estado.
Además, la opción independentista supone una fractura social y territorial en el país de incalculables consecuencias. Álava y las tres capitales, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, son ciudades de una pluralidad identitaria, incompatible con un proyecto nacionalista que acabará pretendiendo la asimilación y homogeneización cultural e ideológica de sus ciudadanos. Por otra parte, las consecuencias económicas de la ruptura con España son incalculables e inasumibles para Euskadi, hasta el punto de que, bien puede afirmarse, que la independencia sería muchísimo más costosa para los ciudadanos que el Concierto Económico del que disfrutamos. Por último, Europa no aceptará nuevos Estados desgajados de los Estados miembros actuales porque eso descuartiza el proyecto europeo.
Explorar las posibilidades de la actualización del Estatuto es, por tanto, la vía política más lógica y acertada. El lehendakari le llama a esto «nuevo estatus». Podemos llamarlo así, si lo que hacemos es un nuevo Estatuto en el marco de una renovación constitucional que España abordará, seguro, en los próximos años, en la que el título VIII, reformado en clave federal, permitirá resolver muchos de los problemas existentes en el autogobierno vasco: clarificación y aumento competencial; reconocimiento de la bilateralidad; un nuevo Senado federal; una mayor participación en las tareas de gobernación del Estado; vías de acción exterior y europea; reforzamiento constitucional de algunos hechos diferenciales, etc.
A su vez, un nuevo estatuto deberá desarrollar y resolver mejor nuestra complejidad institucional interna en el marco de una competencia exclusiva en materia de organización territorial, así como abordar una nueva y amplia regulación de derechos y deberes de los vascos, nuestra organización de la Administración de Justicia, nuestra política lingüística y educativa, etc.
Hay un amplio capítulo de materias a discutir y mejorar sobre nuestro actual ‘estatus’ que nos permitirá actualizar al siglo XXI una herramienta tan positiva como la autonomía y un marco financiero tan generoso como el Concierto Económico. Pero más allá de esta relación de materias que justifican este intento, hay un objetivo político que me parece fundamental: incorporar a la izquierda abertzale al marco jurídico-político en el que vivimos, superando la fractura fatal de estos últimos cuarenta años. La renovación de nuestro Estatuto nos ofrece a todos una oportunidad única para este reencuentro que en términos políticos Euskadi necesita. Esto exigirá una delicada pero crucial exposición de motivos del nuevo Estatuto, verdadero portal de un nuevo tiempo. Muchos calificarán de utópico este objetivo, pero yo pienso que es realista intentarlo y posible conseguirlo.
Al finalizar mi exposición con estas ideas en la ponencia del Estatuto, un diputado me preguntó por qué me empeñaba en entenderme con los nacionalistas, atendiendo sus demandas aunque no fueran las mías. Mi respuesta política reivindicó lo mucho y bueno que trajeron aquellos gobiernos de coalición con Ardanza. Pero la respuesta, más personal, fue que vivimos con ellos y que mi idea de país no es aquel en el que unos se imponen a los otros, sino uno en el que cabemos todos y vivimos juntos.
Publicado en El Correo, 10 mayo 2015