La señal fundamental del cambio en la política económica de la UE que propusimos en nuestro programa electoral, fue la puesta en marcha de un plan de inversiones para Europa, complementando de este modo la orientación hacia las reformas estructurales, para así estimular la creación de empleo. No olvidemos que la brecha anual en la tasa de inversión ha sido estimada por el centro de estudios Bruegel de Bruselas en 280.000 millones de euros desde el principio de la crisis.
Posteriormente, la tercera pata del nuevo policy mix neokeynesiano, a añadir a los dos pilares relativos a la inversión y a las mejoras a largo plazo de la productividad más arriba citados, se completaría con la flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al acompasar el ritmo de reducción de los déficits públicos al de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Si se compara el crecimiento económico de la Unión Europea (UE) y de la eurozona, con el que se ha experimentado en los Estados Unidos en el período 2007-2014, veremos que el diferencial a favor de nuestros aliados al otro lado del Atlántico ha sido superior, de media, a un punto porcentual por año. Éstas son las consecuencias de primar el equilibrio presupuestario a corto plazo sobre la recuperación económica, en unos años en los que el consumo y la inversión privadas estaban deprimidos, y solamente los Estados podían apoyar el aumento de la producción de bienes y servicios y por tanto la creación de empleos.
Como remate de este nuevo enfoque de política macroeconómica, el BCE ha desarrollado una política monetaria expansiva, con un tipo de interés cercano al cero por ciento y el programa de compra masiva de títulos de deuda pública de los Estados miembros por valor aproximado de 1 billón de euros.
Programa de inversiones
Tomada la decisión sobre el lanzamiento del programa de inversiones, la dificultad residía en cómo poner en marcha el conocido como Plan Juncker, habida cuenta de que la Unión en este momento no puede emitir deuda pública ni, en principio, establecer impuestos europeos. Por tanto, y dado que el presupuesto comunitario es predominantemente de inversión, además de ser de apenas un 1 por ciento del PIB de la UE, lo lógico es que el plan se financiara con contribuciones de los Estados Miembros. De este modo, el programa de inversiones tendría una naturaleza claramente extrapresupuestaria y adicional.
Sin embargo, los Estados no se han mostrado dispuestos a poner más dinero, salvo para cofinanciar proyectos en sus propios países, lo que no es muy sorprendente si tenemos en cuenta que en 2013 por primera vez en la historia de la integración el Consejo Europeo acordó un presupuesto plurianual inferior, atención, en términos nominales, al del septenio precedente.
A falta de nuevos recursos presupuestarios o extrapresupuestarios, a la Comisión no le ha quedado más remedio que plantear un ingenioso esquema de ingeniería financiera, que consiste en crear un Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), dotado con 21.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones provienen de los beneficios del Banco Europeo de Inversiones (BEI), mientras que los restantes 16.000 millones se garantizan con cargo al presupuesto comunitario. De estos 16.000 millones, la Comisión en su propuesta de Reglamento propone que se desembolsen 8.000 millones, lo que requiere una reprogramación presupuestaria que afecta fundamentalmente a partidas de inversión como Horizonte 2020 y el Mecanismo Conectar Europa. Esta aportación es necesaria en opinión del ejecutivo comunitario para conferir suficiente credibilidad al FEIE, pues con estos 21.000 millones de euros de garantía se pretende captar 63.000 millones en los mercados financieros para financiar proyectos, los cuáles a su vez debieran atraer capital privado por valor de 252.000 millones de euros, que da un total de 315.000 millones de euros.
El Parlamento Europeo en cambio no está conforme con esta solución, al entender que se penaliza la inversión ya programada en los presupuestos comunitarios en sectores clave como la investigación, la innovación y el desarrollo, así como los transportes. La cámara propone como alternativa una garantía no desembolsada, pero que siempre puede ser ejecutada en caso necesario, con la posibilidad de desembolsar año a año la parte del presupuesto no utilizada.
Dicho esto, el FEIE, tal y como está planteado en la propuesta de la Comisión, es manifiestamente mejorable. A corto plazo, debemos priorizar una rápida aprobación del Reglamento, para que las inversiones puedan desplegarse lo antes posible. A medio plazo, es preciso revisar la configuración actual para hacerlo más sólido y efectivo. En particular, es conveniente derogar el artículo 17.2 del Reglamento 966/2012, el cual prohíbe endeudamientos con cargo al presupuesto comunitario, para orillar problemas legales futuros. Asimismo, debemos dotar al FEIE de personalidad jurídica y duración perpetua, de modo que pueda emitir títulos de deuda, además de operar indefinidamente. Por último, las aportaciones provenientes de los beneficios del BEI deben ser recurrentes, al tiempo que hay que contemplar la atribución al FEIE o al presupuesto comunitario de los beneficios anuales del Banco Central Europeo, aunque sea limitando su despliegue a la Eurozona.
Huelga decir lo importante que es este plan para un país como España, dada nuestra elevada tasa de desempleo, y en general para Europa, en la medida en que el FEIE pueda operar como una embrionaria política de inversión de carácter contra-cíclica. Por tanto, es imprescindible que las tres instituciones alcancen pronto un acuerdo equilibrado sobre la cuestión de la garantía
Publicado conjuntamente con Doménec Ruiz Devesa en Expansión, 23/05/2015