"La reforma estatutaria, que aconsejan los cambios habidos en nuestra sociedad, no es tarea fácil ni urgente. Y requerirá la recuperación de consensos internos"
A diferencia del proceso catalán, lleno de ruido y de rupturas y me temo que de frustraciones futuras, los partidos vascos decidieron constituir una ponencia sobre el futuro de la autonomía vasca, llamar a expertos, escuchar a todos y hablar entre ellos para escoger el mejor camino en la definición de nuestro marco jurídico y político para los próximos decenios.
A decir verdad, no es esta una urgencia social hoy en día. Todas las encuestas muestran que este tema ocupa los últimos lugares de las preocupaciones de los vascos. Pero no es menos cierto que dos partidos, actualmente mayoritarios, el PNV y Bildu, cuestionan el actual marco, los segundos abiertamente y los primeros hacia un ‘nuevo status’ cutos perfiles no están precisamente claros.
El principal mérito del proceso abierto en el Parlamento vasco es que se busca un nuevo consenso interno. Es decir, se ha renunciado a imponer un proyecto, aunque pudiera parecer mayoritario, a costa de una fractura social interna del país, y se demanda un nuevo esfuerzo de adaptación a las opciones ajenas en la búsqueda de un mínimo común, aceptable para todos.
La pregunta que debemos hacernos en ese razonamiento es: ¿cuáles debieran ser las reformas de nuestro Estatuto y cómo llevarlas a cabo? Para empezar, conviene recordar que el Estatuto de Gernika no se ha actualizado en sus 35 años de vida, a pesar de los enormes cambios producidos en este tiempo, en todos los órdenes. Es un texto breve, de pocos artículos, en los que nos limitamos a señalar las instituciones de la autonomía, competencias y poco más, sin olvidar la calculada ambigüedad de algunas de sus disposiciones, redactadas con clara intencionalidad de admitir interpretaciones diversas y que han dado lugar a una conflictividad jurídica y política, de todos conocida.
A su vez, la Constitución Española pide a gritos una reforma puntual pero importante, tanto de su Título VIII (el Estado de las Autonomías) como de otros importantes elementos de nuestras instituciones. En mi opinión, la reforma de la Constitución es también una demanda democrática y social. Es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos en la UE, ni había internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni había desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución Española tiene que adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática.
De una reforma constitucional que configure un verdadero Senado federal, un nuevo –y clarificador– reparto competencial, incluso un reconocimiento más explícito de los hechos diferenciales, se va a deducir la oportunidad y la necesidad de renovar nuestro Estatuto de Autonomía, que bien podría obtener avances significativos en temas como los siguientes:
1º) Una nueva y amplia regulación de derechos y deberes de los vascos que, en concordancia con los Derechos Fundamentales de la Constitución, establezca y regule una carta de relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos de la Comunidad.
2º) Una nueva definición competencial, con incorporación, en su caso, de nuevas competencias, así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones.
3º) La específica competencia exclusiva en materia de organización territorial del País Vasco y en su régimen administrativo local. Un nuevo estatuto vasco deberá definir su marco institucional para clarificar la distribución competencial interna entre territorios históricos y Comunidad, evitando duplicidades, reduciendo el entramado administrativo público y resolviendo las múltiples disfunciones en la gestión pública vasca.
4º) Una determinada organización territorial de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma y de las competencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como última instancia judicial.
5º) Una definición mejor de los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco y, una mayor flexibilidad de acción exterior de la Comunidad en los nuevos parámetros de la política supranacional.
6º) Garantizar la bilateralidad de las relaciones con el Gobierno del Estado en las materias propias, así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación (en el Senado principalmente).
El nuevo Estatuto deberá abordar además una importante exposición de motivos en la que cabe una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales y políticos de Euskadi. Y, por supuesto, un relato consensuado de nuestra historia reciente, que nos permita una descripción real y consensuada de la violencia sufrida y que nos proyecte a un futuro común en base a nuestros deberes para con las víctimas, a la memoria y a la verdad, a la paz para siempre y al pluralismo democrático de una convivencia renovada.
No es tarea fácil ni urgente. Estamos hablando de la próxima legislatura, unos años que coincidirán con cambios generacionales y del sistema de partidos y con un proceso de superación de las heridas que la violencia de cincuenta años nos ha dejado. Pero esa recuperación de consensos internos y de estabilidad institucional es condición necesaria para abordar los grandes retos socioeconómicos del país.
Publicado en El Correo.
