Nos quejamos, con razón, de la lejana y contradictoria Europa. Con frecuencia, la información que nos llega es tan compleja técnicamente que resulta incomprensible. En ocasiones las dificultades para construir los acuerdos son tan enormes, que perdemos la paciencia en su espera. La angustia que sufrimos estos últimos años en la gestión de la crisis económica, es la mejor prueba de todo ello. Pero, curiosamente, cuando se produce un avance, la prensa local calla y casi pasan desapercibidos avances democráticos notables. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la aprobación por parte de las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento) de las nuevas autoridades de supervisión en materia bancaria o, más recientemente, con la entrada en vigor de la ley reguladora de la Iniciativa Popular Europea.
Ha nacido un nuevo Derecho Europeo que refuerza la ciudadanía europea y mejora objetivamente la calidad de nuestra democracia supranacional. Efectivamente, el primero de abril de este año ha entrado en vigor el Reglamento de la UE nº 24/11, que regula la Iniciativa Ciudadana Europea.
Este derecho que consiste en la formalización de la Iniciativa Legislativa Popular (existente en sólo 12 de los 27 países de la Unión, incluido España), permite que un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros firmen una petición que inste a la Comisión Europea a presentar un proyecto de ley. El nuevo derecho refuerza el carácter ciudadano y europeísta de la Unión y ofrece una oportunidad estupenda para mejorar las difíciles relaciones entre ciudadanos-electores e instituciones europeas (más del 50% de abstenciones en las pasadas elecciones de junio de 2009) y la posibilidad de vertebrar objetivos ciudadanos supranacionales.
Lo cierto es que, con la crisis y la presión mediática que siguen ejerciendo lo local y lo inmediato, la entrada en vigor de esta ley y de esta importante herramienta democrática, ha tenido un bajísimo nivel informativo, a pesar de que no debiera resultar despreciable al debate político y público, la puesta en marcha del más reconocible instrumento de democracia directa -junto al referéndum- en la tantas veces inaprensible política europea.
Solo serán admisibles las iniciativas legislativas que no sean manifiestamente contrarias a los Tratados Europeos o a las competencias de la UE. Pero, fuera de esos límites, siete ciudadanos que residan al menos en siete Estados de la Unión podrán formar un comité organizador y registrar la iniciativa en la Comisión, informando de las organizaciones que apoyan la iniciativa y de las vías de financiación de ésta. Se ha renunciado a la exigencia de un número mínimo de firmas para registrar la iniciativa, haciendo así más fácil el inicio del procedimiento. No obstante, la Comisión tiene la facultad de notificar al Comité Promotor, si la iniciativa puede o no abordar la recogida de firmas, desechando aquellas propuestas que se opongan a los principios constitucionales europeos o, que, manifiestamente resulten competencias de los Estados.
A partir de ahí, harán falta más de un millón de firmas de ciudadanos de más de siete países y con un mínimo de firmas para cada país (en España son necesarias 37.500 como mínimo) y, una vez acreditados estos apoyos, el Parlamento deberá tramitar esa iniciativa, lo cual no quiere decir que sea aprobada, pero, en todo caso será debatida y matizada en su caso.
Y ya que hablamos de avances democráticos en Europa, dejemos señalado, a modo de tarea pendiente, la gran asignatura de forjar candidaturas europeas al próximo Parlamento, con candidatos a presidir la Comisión Europea, por familias políticas. Esta grave ausencia en las elecciones de 2009, nos llevó a votar listas nacionales sin candidaturas partidarias al gobierno de Europa.
Eso no debe ocurrir en 2014. Un o una candidato/a socialista debe ser el candidato/a de todos los socialistas europeos a presidir la Comisión. No importa su origen, ni su nacionalidad. Importará que sea europeo y socialista y le votaremos para eso, para hacer más Europa y más socialismo.
Este derecho que consiste en la formalización de la Iniciativa Legislativa Popular (existente en sólo 12 de los 27 países de la Unión, incluido España), permite que un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros firmen una petición que inste a la Comisión Europea a presentar un proyecto de ley. El nuevo derecho refuerza el carácter ciudadano y europeísta de la Unión y ofrece una oportunidad estupenda para mejorar las difíciles relaciones entre ciudadanos-electores e instituciones europeas (más del 50% de abstenciones en las pasadas elecciones de junio de 2009) y la posibilidad de vertebrar objetivos ciudadanos supranacionales.
Lo cierto es que, con la crisis y la presión mediática que siguen ejerciendo lo local y lo inmediato, la entrada en vigor de esta ley y de esta importante herramienta democrática, ha tenido un bajísimo nivel informativo, a pesar de que no debiera resultar despreciable al debate político y público, la puesta en marcha del más reconocible instrumento de democracia directa -junto al referéndum- en la tantas veces inaprensible política europea.
Solo serán admisibles las iniciativas legislativas que no sean manifiestamente contrarias a los Tratados Europeos o a las competencias de la UE. Pero, fuera de esos límites, siete ciudadanos que residan al menos en siete Estados de la Unión podrán formar un comité organizador y registrar la iniciativa en la Comisión, informando de las organizaciones que apoyan la iniciativa y de las vías de financiación de ésta. Se ha renunciado a la exigencia de un número mínimo de firmas para registrar la iniciativa, haciendo así más fácil el inicio del procedimiento. No obstante, la Comisión tiene la facultad de notificar al Comité Promotor, si la iniciativa puede o no abordar la recogida de firmas, desechando aquellas propuestas que se opongan a los principios constitucionales europeos o, que, manifiestamente resulten competencias de los Estados.
A partir de ahí, harán falta más de un millón de firmas de ciudadanos de más de siete países y con un mínimo de firmas para cada país (en España son necesarias 37.500 como mínimo) y, una vez acreditados estos apoyos, el Parlamento deberá tramitar esa iniciativa, lo cual no quiere decir que sea aprobada, pero, en todo caso será debatida y matizada en su caso.
Y ya que hablamos de avances democráticos en Europa, dejemos señalado, a modo de tarea pendiente, la gran asignatura de forjar candidaturas europeas al próximo Parlamento, con candidatos a presidir la Comisión Europea, por familias políticas. Esta grave ausencia en las elecciones de 2009, nos llevó a votar listas nacionales sin candidaturas partidarias al gobierno de Europa.
Eso no debe ocurrir en 2014. Un o una candidato/a socialista debe ser el candidato/a de todos los socialistas europeos a presidir la Comisión. No importa su origen, ni su nacionalidad. Importará que sea europeo y socialista y le votaremos para eso, para hacer más Europa y más socialismo.
Publicado en Sistema Digital.