PNDL.Comision Constitucional. Memoria Histórica.20/04/2012

Proposición no de ley sobre derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
(Presentado a  la Mesa del Congreso de los diputados a 20/04/2012)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"En 1978 quizá no era razonable (o simplemente era
imposible) desenterrar a  los muertos; en 2012 es un espanto que 

sigan enterrados..." (Javier Cercas)

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, entró en vigor hace algo más de 4 años. El grado de cumplimiento con los mandatos de desarrollo y aplicación de la norma a lo largo de la pasada legislatura, se puede calificar como muy alto.

En desarrollo y aplicación de la misma, se han venido dictando las correspondientes normas y adoptando una multitud de medidas. De esta manera:

- Casi 200.000 personas han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles exilados:

- se han realizado casi 6000 exhumaciones, en casi 300 fosas; en un trabajo que sigue abierto;

- más de 2.400 Niños de la Guerra han visto reconocida una prestación económica. En algunos casos, son pensiones que les han devuelto a la dignidad y a ia supervivencia.

- El Miniserio de Justicia ha publicado un Mapa de Fosas al que se han incorporado 2.318 lugares con sus respectivas historias documentales, que permiten identificar los restos de "los desaparecidos" en la represión franquista después de la guerra;

- 833 proyectos de asociaciones vinculados a Memoria Histórica han sido subvencionados con 25 millones de Euros desde 2006, para ayudar a la exhumación de restos, a la recuperación de documentos, para homenajear o rememorar hechos históricos de aquella época, etc

- se han reconocido más de 1.300 Declaraciones de reparación y reconocimiento personal expedidas por el Ministerio de Justicia, por padecer persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, entre los que destacan, como casos más conocidos, el de Lluis Companys y el de Miguel Hernández;

 

- más de 1.100 familiares de víctimas de la Guerra Civil han visto mejoradas las prestaciones de pensiones y asistencia médico-farmacéutica;

- 382 personas se han beneficiado de la exención en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a favor de quienes sufrieron privación de libertad, comoconsecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía;

- 104 personas han recibido indemnización por haber sido objeto de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social;

- casi 90 personas a las que se han concedido indemnizaciones por haber sufrido prisión tras la Guerra, que no pudieron acreditar esa actuación, con arreglo a la ley anterior;

- casi 50 indemnizaciones reconocidas a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa de la democracia en el tardofranquismo (1968 a 1977);

- 22 brigadistas internacionales, que dieron o arriesgaron su vida para hacer frente al fascismo, a los que se ha concedido la nacionalidad española...

 

Son datos suficientes que avalan una ley cuyo punto de mira prioritario han sido las víctimas.

 

demás se han retirado centenares de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado. Se ha creado el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca (RD 697/2007). Y el Ministerio de Cultura creó el Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados de Franquismo.

El Gobierno socialista trabajó en el desarrollo de esta ley hasta el final. De hecho en el último medio año se puso a disposición de los ciudadanos el Portal de la Memoria, fue  ublicado el Protocolo de Exhumación de Fosas. Orden PRE/2568/2011. de 26 de Septiembre y, en el último Consejo de Ministros, dentro del Decreto del Sistema Español de Archivos, se aprobó un procedimiento para el acceso a archivos, que incluye también los archivos históricos, lo que facilitará enormemente, el acceso a información y a acreditaciones de los penosos sucesos que tuvieron lugar en el  período posterior a la tragedia de la Guerra Civil.

 

El pasado día 27 de febrero, el Tribunal Supremo dictó la sentencia n° 101/2012 en la que se absuelve el Juez Baltasar Garzón en el asunto popularmente conocido como el de las Fosas del Franquismo. En esa sentencia, el Tribunal hace una serie de  consideraciones sustentando la absolución -en esencia- en la existencia de una causa justa, erróneamente enjuiciada. ¿Cuál es la causa justa que reiteradamente declara la sentencia? Que los familiares de los desaparecidos tienen todo el derecho a conocer la verdad y a recuperar los restos de sus seres queridos, fusilados y enterrados en fosas comunes, muchas veces en lugares desconocidos a los que no se ha podido acceder durante décadas.

Son destacables en este sentido y en esta importante Sentencia del Tribunal Supremo, los siguientes párrafos de sus fundamentos:

Fundamento de Derecho Primero.

Párrafo 5º:

"Más bien se pretendía, mediante la demanda de tutela judicial la satisfacción
del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció,
en la manera en que se han desarrollado estos denominados juicios de la verdad en otras latitudes. Esa pretensión de las víctimas, aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender esas legitimas pretensiones".

Párrafo 8º:  

"La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria.
Corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los  historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción..."

Fundamento de Derecho Cuarto.   

Párrafo 5º:

"Los testimonios oídos en el juicio oral narraron los sentimientos de los familiares de los desaparecidos, el silencio que imperaba en los familiares al no poder hablar sobre los hechos acaecidos, incluso de la vergüenza padecida y lo horrible de la comparación entre la suerte de unos fallecidos y la de otros".

Fundamento de Derecho Quinto.  

Párrafo 4º: 

"La Ley de amnistía, Ley 46/77 de 15 de octubre, ley aprobada por el primer Parlamento democrático, acabada la dictadura, lo fue por una amplísima mayoría, más del 90 por ciento de los Diputados. Desde la ley de amnistía y con apoyo en ella, el ordenamiento español se ha dotado de más de 20 disposiciones con rango de ley, Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, a través de los que se han acometido importantes reparaciones económicas y, de otro orden, a las víctimas de la guerra civil del bando republicano (restitución de  escalafones, reconocimientos económicos, restitución de bienes, concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados, etc,), tendentes a reparar materialmente los efectos de la guerra civil y del franquismo". 

A todo ello hay que añadir un hecho que también es citado por la Sentencia y corresponde a una iniciativa parlamentaria de esta Cámara que está en el origen de la política de  reparación de la Ley de Memoria de 2007. Efectivamente, como bien recuerda el párrafo 2º del fundamento de Derecho cuarto

"Es preciso exponer, siquiera sea sistemáticamente el presupuesto de hecho sobre el que actuó el magistrado imputado. Para un mejor examen haremos referencia al Informe General de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo de 28 de julio de 2006. La Comisión fue creada por Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre con el antecedente de la proposición no de ley aprobada por la unanimidad del Congreso de los Diputados que adoptó el siguiente pronunciamiento: "El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron victimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleven a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar...viejas heridas o remover rescoldos de la confrontación civil".

Pues bien, uno de los programas clave que el gobierno puso en marcha en desarrollo de la Ley de Memoria, antes citada, es el programa de subvenciones a proyectos de exhumación de fosas y de recuperación de memoria histórica que, en los últimos cinco años, ha destinado un promedio de cinco millones de Euros al año a organizaciones no gubernamentales que trabajan esta materia. Aproximadamente la mitad de esa  cifra se venía destinando anualmente a ayudar a las familias a las exhumaciones. 

Por otro lado, mediante Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, el Consejo de Ministros decidió, al aprobar la estructura orgánica clel Ministerio de Justicia, la supresión de la Oficina para las Victimas de la Guerra civil y la dictadura, que, desde 2008, se ha mostrado como un instrumento institucional fundamental para coordinar los trabajos que desde el Gobierno se han llevado a cabo en materia de aplicación de la Ley 52/2007 y, en especial, en materia de localización y exhumación de fosas.
Además, esta oficina está llamada a dar cumplimiento a dar disposición adicional tercera de la mencionada Ley, que establece como política pública la conservación y fomento de la memoria democrática. Resulta imprescindible su restitución o, en caso de decisión en contrario, articular un marco institucional suficiente para dar cumplimiento a esta norma legal.

Es por todo lo anterior que, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.
Proseguir con la aplicación, en todos sus puntos, de la Ley 52/2007. de 26 de diciembre, estableciendo la coordinación necesaria en el seno del gobierno para  mantener el diálogo y responder a las diferentes asociaciones relacionadas con este tema, desde una interlocución unificada.

2.
Mantener el programa de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales y Asociaciones de Memoria Histórica para apoyar los  proyectos destinados a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo, (Orden PRE/809/2011, de 4 de abril) y, en particular seguir ayudando a los familiares de víctimas de la guerra y de la represión franquista para facilitarles la localización y la exhumación de fosas, de acuerdo con el Protocolo de Exhumaciones aprobado por el Gobierno. Es un ejercicio de dignificación y de memoria que nos hace progresar moralmente como sociedad.

3.
Recuperar, en consecuencia, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, creada en 2008, con el objeto de coordinar e impulsar los trabajos de aplicación de la Ley 52/2007, en especial en materia de localización y exhumación de fosas y elaboración del mapa de fosas, e informar de todo ello a las víctimas o, establecer en su lugar, otro marco institucional adecuado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la citada Ley, en orden a dar impulso a las políticas públicas de conservación y fomento  de la memoria democrática".

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