El inicio de una nueva etapa.

Nombramiento en el Palacio de la Zarzuela. 21/10/2010

Entrega de la Cartera del Ministerio de Presidencia. 21/10/2010 

Llegada al Palacio de Moncloa, Primer Consejo de Ministros. 22/10/2010

Nuevo equipo en el Palacio de la Moncloa

Fotos: PSOE

Ministerio de la Presidencia

Mejora de la gobernanza económica y un marco de estabilidad en la UE, en particular en la zona del euro. 20/10/2010

Anuncio y Felicitación al nombramiento como Ministro de Presidencia de Ramón Jáuregui en la Eurocámara, a cargo de Schulz Martin. Estrasburgo, 20/10/10.

Entrevista Onda Vasca (19/10/2010)

Entrevista íntegra realizada hoy en Onda Vasca a Ramón Jáuregui, europarlamentario del PSOE

Zapatero avanza hacia una reforma de pensiones que usted también ha defendido y mientras, en Francia huelga general, precisamente por este asunto. Visto desde el plano de vista europeo y no solamente estatal sería hasta contradictorio que la izquierda le esté boicoteando a Sarkozy una reforma de pensiones y Zapatero la esté llevando a cabo en España.
Hombre eso forma parte un poco del juego político que realizan los partidos en según qué posición estén. Es verdad que no es muy coherente, la verdad.En Francia los socialistas consideran que la reforma implica una pérdida importante de derechos y aportan a la solución de la Seguridad Social francesa que ya tiene en este momento pérdidas importantes, a diferencia de la española, una fiscalidad complementaria. Yo creo que esto en tiempos de crisis fiscal no es fácil, sinceramente. De manera que también podríamos decir, al contrario que el PP en España, no va a ayudar al Gobierno socialista en España a la reforma de las pensiones, porque probablemente espera su derrota o espera que ese sea un tema de desgaste político. Bueno forma parte digamos del juego, de la dialéctica de poder y de oposición, pero sinceramente creo que son materias en las que un mayor consenso serían necesarias porque de verdad creo que estamos jugando con materias que resultan imprescindibles, el acuerdo y el consenso para una digamos mayor y mejor comprensión social.

Da la sensación de que se ha pasado de hacer lo que se quería a hacer lo que se debe. No sé si comparte usted esta visión, dice hay que hacer esto a pesar de que no nos guste.

Bueno vamos a ver, yo creo que hasta finales del año pasado el Gobierno español intentó que la salida de la crisis tuviera un componente social, es decir que no perjudicara particularmente a quienes más sufren la crisis, los parados, a gente que cobra poco, a las pensiones, etc. y se trató de mantener lo que llamaríamos el cielo de protección social que tenía nuestro país, ya sea en becas, en pensiones, en salarios, etc. A partir de este finales de este año pasado y comienzos de este los mercados, los que nos prestan dinero a todos los países se han puesto histéricos porque las deudas soberanas de los países han crecido mucho y porque los analistas de los mercados no veían posibilidades de recuperación temprana a la economía europea. Y esto ha provocado una auténtica, yo diría, exigencia colectiva a toda Europa, impuesta por Alemania fundamentalmente, para que produjéramos la reducción de nuestros déficits en poco tiempo. Esto nos ha obligado a todos puesto que la caída de los ingresos fiscales era muy, muy notable, en España no olvidemos cerca de un 25% de ingresos fiscales se han reducido como consecuencia del parón inmobiliario en todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y también Gobierno central ante la ausencia de esos ingresos y ante el aumento del gasto ha habido que hacer políticas de ajuste. Y es verdad, el Gobierno español está en este momento en esa política de ortodoxia que se nos ha planteado desde el punto de vista macroeconómico por la UE y por los países que también comparten moneda con nosotros, el primero Alemania, todos los demás también y por parte de los mercados a quienes no olvidemos salimos a reclamar cada mes en torno a 10.000 ó 12.000 millones de euros, porque no olvidemos que España tiene en este momento 600.000 millones de euros en deuda. Y claro ese 60% casi de deuda fiscal que está en los mercados se encarece y si tú no les das confianza no les das un horizonte de recuperación._Esta es la explicación. Y efectivamente hay que reconocer que en este caso los mercados son unos imponderables que condicionan la política.

Da la sensación de que están abriendo cada vez más brecha en lo que es la base de su electorado, la izquierda, y los gobernantes, se lo digo porque desde el exterior parece que a uno le monten una huelga general y la aguante, es un certificado de hacer bien las cosas. Pero esto aleja mucho del votante natural.

Sí, sí, yo creo que estamos sufriendo en este momento, probablemente inclusive, una falta de relato explicativo a nuestras bases sociológicas y electorales de las cosas que la política nos exige en estos momentos. Quizás yo diría más. Yo pienso que nuestro electorado está dispuesto a comprender las reformas y los esfuerzos si ve un horizonte de compensación o si al mismo tiempo observa que la política también se impone a los mercados, también interviene sobre ellos, evita que los especuladores no lo sean y no lo sigan siendo o corrige los comportamientos codiciosos que han provocado la crisis y que están en el corazón del fallo del sistema financiero mundial. Y esta segunda parte no la ven. Yo cuando voy por ahí y explico las cosas la gente entiende que tenemos que hacer reformas, la gente comprende que nuestro estado del bienestar tiene que ajustarse pero necesita un horizonte, una referencia de que la igualdad, la aspiración de equilibrio social e inclusive la recuperación del estado del bienestar como fórmula que le identifique a la izquierda y sobre todo las exigencias de la política sobre los mercados en el ámbito internacional quieren verlas. Y ésta es quizás la parte que nos falta. Yo sí reconozco esa parte pero probablemente estamos más necesitados de relato político y de política para también recuperar la confianza de nuestro electorado clásico.

Algunos dicen en realidad lo que le está pasando al PSE es algo de inconsistencia ideológica, que se hizo una renovación del partido, se llegó rápido al poder sin asentar aquello y ahora estamos pagando un poco las consecuencias y ni la vieja guardia ni la nueva empiezan a sentar las bases ideológicas del PSE.

Mi análisis es un poco digamos más crítico por otro lado. Yo creo que nosotros hemos hecho desde el comienzo de la crisis un giro demasiado brusco. A finales de este año pasado nos hemos convertido a la ortodoxia, por así decirlo, en enero, y no hemos trasladado digamos una convicción y una coherencia de relato político con lo que veníamos anunciando. Yo creo que tendríamos que haber explicado, miren lo hemos intentado durante dos años porque creíamos que teníamos margen económico para poder salir de la crisis, por así decirlo, con un contenido social y no ha sido posible, ahora tenemos que hacer estas cosas, queremos volver de nuevo a nuestra estrella polar, nuestro horizonte es recuperar nuestro sistema de protección social, nuestra búsqueda de justicia y de igualdad para las gentes está en el corazón de nuestra política, no podemos hacerlo exactamente ahora, pero necesitamos estas reformas para recuperar crecimiento. El crecimiento es condición necesaria para crear empleo, el empleo es condición necesaria para que haya una fiscalidad que permita un estado social y un estado de bienestar. Y en esa ecuación estamos y nuestra promesa es que lo vamos a hacer. Yo creo que al partido le está faltando digamos cohesión en torno a este discurso, convicción, movilización, portavoces que expliquen las cosas de esta manera que yo entiendo que es la única que puede percibir una comprensión ciudadana, no sólamente de nuestro electorado, insisto, sino también de ese espectro de centro que llamamos en el espectro sociológico de todos los países, cada vez más grande, esa gente que se considera de centro o centro-izquierda entre el 4 y el 8 de una valoración de 1 a 10 que es capaz de comprender este discurso, que es capaz de entender que efectivamente hay una lógica en lo que estamos haciendo. Si efectivamente ve coherencia, ve convicción y ve a un partido y a un gobierno volcados en esa explicación y no a veces en debates estériles e inoportunos, como por ejemplo quién sustituye a quien, etc., etc.

De momento Zapatero va a tener año y medio para poder explicarlo, gracias entre otras cosas al acuerdo PSOE-PNV. ¿Cómo lo ha visto desde ahí?

Yo lo he visto bien. Yo pienso que el PNV ha jugado muy bien sus oportunidades, sus cartas. El PNV se había convertido realmente en el único partido que estaba dispuesto a una negociación, puesto que todos los demás habían rechazado tal posibilidad, desde CiU a la izquierda, por así decirlo, el PP por supuesto había abandonado ya desde el comienzo de la legislatura su política de corresponsabilidad, excepto muy puntualmente en el sistema financiero y el PNV sabiendo que era el partido que daba la mayoría a Zapatero para unos presupuestos que eran vitales para la economía, imprescindibles para la estabilidad económica que España necesita y que también todo el mundo mira, porque los mercados también examinan la estabilidad política, pues ha planteado un conjunto de materias muy en su digamos perfil, muy propio de lo que es su identidad política, y las ha negociado bien. Yo pienso que el PNV en ese sentido merece felicitación por el trabajo que han hecho. No solamente porque han hecho una buena negociación sino también porque han asumido una responsabilidad extraordinariamente importante. Yo cuando he escuchado las palabras de los dirigentes del PNV valorando el acuerdo valoro especialmente su compromiso con la situación económica española, y eso merece un diez, sinceramente, porque muy pocos lo han querido hacer y sin embargo era muy importante no para Zapatero, de verdad. El problema de España es que si no tiene presupuestos entra en un proceso de inestabilidad económica brutal porque tendría que hacer unos presupuestos de recorte, de ajuste, que las exigencias que antes comentábamos nos imponen para reducir nuestro déficit y si ven, de pronto, que España no tiene presupuesto, que probablemente está condenada a un proceso de elecciones anticipadas, etc., etc. es que entramos en un año, digamos, de inestabilidad, con unas exigencias macroeconómicas muy grandes que al siguiente día empiezan por encarecer la deuda y que te meten medio punto de interés en una deuda que tú estás emitiendo cada mes y tienes que pagar unas cantidades enormes de dinero que no tenemos. Entonces yo por ese lado sinceramente creo, y perdonen la extensión, creo que el PNV no solamente ha jugado bien sus bazas, ha defendido muy bien su perfil identitario y además ha hecho una aportación de corresponsabilidad a la economía y a la política española dignos de agradecer.

Y qué tal se va a tragar el sapo Patxi López, en su opinión, porque se lo va a tener que tragar.

Pero lo está haciendo yo creo que también muy inteligentemente. Yo las cosas que le he oído al PSE, y a Patxi López, en concreto, son muy coherentes y también muy inteligentes en el sentido de decir que es bueno para el desarrollo del Estatuto, lo que es bueno para la estabilidad económica española y también para la estabilidad económica vasca, para el futuro económico de nuestra comunidad, pues yo lo agradezco, si además voy a ser el que va a protagonizar, el que voy a gestionar el incremento de autogobierno o unas determinadas inversiones en relación con la Y vasca, con los centros de investigación que han estado en el eje de la negociación, pues mil sobre hojuelas. Él reconoce que el PNV ha jugado su papel, los beneficios de esa negociación son para el País Vasco, yo soy el lehendakari, yo lo gestiono, todos contentos.

Ya sabe usted que dicen las malas lenguas que hizo algo así como de muñidor de un intento de PNV-PSOE por alcanzar un acuerdo en la primavera de 2009. Me acordé de usted el otro día al ver ahora este pacto PNV-PSOE.

Bueno yo no fuí de muñidor de nada, yo no oculto que recibí sugerencias más bien del entorno nacionalista, por la posibilidad de conocer si había efectivamente alguna alternativa al pacto PSE-PP que se estaba gestando y que luego fraguó. Sí, yo recibí sugerencias y hablé con gente, porque oye uno es del país y tiene amigos y tiene incluso un perfil que más o menos le identifican o le amarran a una determinada imagen. Pero eso no prosperó porque la estrategia del PSE era la que era, yo lo expliqué claramente y aquello pasó. Ahora no he estado en la materia para nada, sinceramente. Ahora estoy en Estrasburgo, no me ha correspondido y felicito a quienes han hecho el proceso de negociación pero ningún protagonismo por mi parte, sinceramente.

Qué le falta a la entrevista de Arnaldo Otegi para que se pueda decir la izquierda abertzale ya ha dado el paso que tenía que dar y por lo tanto se puede presentar porque en paralelo que estamos escuchando que les parece muy bien vemos que hay una reforma electoral tendente a endurecer todavía un poco más la aplicación de la ley de Partidos, en definitiva.

Le falta la seguridad de saber que ETA va a dejar. Yo creo que en dos palabras es esto. Dice mucho, dice muchas cosas, mide mucho sus palabras, inclusive sus silencios, porque hay preguntas sin respuestas, pero lo que se detecta es una doble convicción, la suya de la izquierda abertzale en general de que esto toca su fin pero la incapacidad, la falta de seguridad por saber si van a ser capaces de imponerle a ETA el fin de la violencia unilateral y sin condiciones. Yo creo que esta es digamos la laguna del proceso pero quizás es inevitable. También hay que reconocer que en la medida en que se trata de un proceso muy complejo pues puede uno ser comprensivo con esa ausencia. Pero si ud. me pregunta qué falta, exactamente eso.

Lo que pasa es que cuanto más claro sea ese discurso de la izquierda abertzale más dificultades van a tener ustedes para ir explicando las medidas excepcionales que se han ido desarrollando.

Es que las medidas no son tan excepcionales. Usted las califica de esa manera casi con un sentido peyorativo. Yo creo que es profundamente democrático no permitir que un partido fascista no participe en un sistema electoral como lo hacen los alemanes, por ejemplo. Y yo creo que con la misma legitimidad la arquitectura democrática de un país se fortalece cuando impide que un partido que ejerce la violencia o que está digamos connotado con la violencia en una estrategia común con la violencia no pueda participar del sistema. Esto ya lo dijo Estrasburgo. El asunto está acabado. Entonces qué nos falta, pues nos falta el convencimiento pleno a todos de que ETA lo deja y lo que está haciendo es medio dejarlo pero sin saber muy bien cómo va a acabar, porque de una parte no tenemos la convicción, ni la seguridad de que van a dejarlo y no olvidemos nuestras experiencias pasadas, que son muy negativas, siempre los hierros han acabado abortando muchísimos debates, no digo idénticos, pero relativamente parecidos. A este han acabado con un atentado y se acabó toda la película. Otra vez, diez, cuatro, cinco, siete años de vuelta a la historia, entonces esto sigue presente, lo mismo que, en mi opinión, una convicción de ese mundo de que el abandono no podrá ser nunca a cambio de nada y esta sí que me parece que es una cuestión esencial porque en su raíz, inclusive en la propia izquierda abertzale existe la convicción de que tiene que haber un proceso, entre comillas eufemismo que esconde cualquiera sabe qué, en el que digamos algún tipo de contraprestación la democracia tiene que hacer a cambio del abandono de la violencia. Y eso sinceramente ya pasó, eso ya se ha acabado, eso acabó en el 2007. Y yo creo que los tiempos son diferentes y por eso hay que mantener el sistema digamos democrático, no voy a decir represivo, sino democrático contra la prolongación de la violencia. Y por supuesto cuando ese estadio se supere y cambie por supuesto no habrá ninguna razón que sostenga una ley, por ejemplo, que impida a partidos, bueno la ley seguirá ahí pero si no hay violencia nadie será castigado.

Sr. Jáuregui, sabe que si se teclea en google su nombre y se le da noticias se sigue hablando de la posibilidad de que le nombren ministro.

Sí, sí, estoy al cabo de la calle, como usted imaginará esta semana en particular digamos las especulaciones continúan, pero son eso, especulaciones. Yo estoy ahora en Estrasburgo, trabajando en el Parlamento, ayer estuve hasta muy tarde reunido con la delegación del Parlamento europeo para México, estoy en otras cosas, sinceramente.

Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión

Intervención en Sesión Plenaria 18/10/2010.

«Creceremos a ritmos muy altos en 2013» Entrevista Diario de Burgos.

El cierre de la segunda Jornada de Economía Social y Empresas de inserción, impulsada por Caja de Burgos a través de su Foro Solidario, le correspondió ayer al jefe de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. La dilatada experiencia de Jáuregui en el mundo sindical, político y de gobierno le convierte en una voz que conviene escuchar, máxime cuando su nombre suena con fuerza para sustituir a Corbacho al frente del Ministerio de Trabajo. De eso, y de lo que de verdad importa, que es el empleo y el estado de bienestar, charlamos con él antes de tomar la palabra en Burgos.

Viene usted a hablar de inserción laboral en plena crisis. Más difícil, ni a propósito.

Bueno, yo les pedí una reflexión más amplia y que el debate sobre las empresas de inserción lo hagan los especialistas. Sí hablaré de una ecuación que nos permita hacer sostenible nuestro sistema de bienestar en época de crisis.

Crisis que, como tal, se vuelve a cebar con los más débiles. ¿Cómo hacerlo para evitar esta realidad? ¿Cuál es su ‘ecuación’?

Tenemos una población laboral muy grande pero con una baja cualificación laboral, con poca polivalencia. Son trabajadores especialistas en construcción, o con poca experiencia laboral, o que vienen del fracaso escolar. Ese colectivo tan grande necesita muchas políticas activas, mucha formación... Esa es la gran tarea del mundo de los desempleados. El evento de Burgos se centra en las personas que están en riesgo de exclusión y que tienen que hacer un itinerario más complejo todavía, por eso me atraía la invitación porque hablamos con personas que trabajan en la parte más difícil de la inserción laboral.

¿No cree que nos cuesta entender que las personas en riesgo de exclusión social ya no obedecen a los patrones o arquetipos clásicos, que hay muchas familias ‘normales’ que han pasado a estar en esta situación?

Sí. Si contamos el personal que ha trabajado en la construcción y no lo ha hecho en otros sitios y ya no puede encontrar trabajo, y añadimos el problema del fracaso escolar que lleva personas a la madurez sin experiencia laboral y sin formación, tenemos un colectivo que está a nuestro lado, que no están en la periferia social. Por eso la política de inserción es tan importante; implica el esfuerzo de cogerles de la mano, casi uno por uno, y orientarles en un itinerario que es complejo y caro. El problema final es que aunque hagas todo ese trabajo, si no hay una economía generadora de empleo en otros espacios, no habrá posibilidades de contratación. El reto es volver a crear una economía ‘macro’ que permita volver a generar empleo.

Se refiere nada menos que a una refundación de nuestro sistema económico...

Hombre, tampoco hay que exagerar. Digamos que hablo de retomar una senda de crecimiento, algo que probablemente alcanzaremos en el año 2012 y con ritmos muy altos en 2013. Y sé que decir esto puede parecer arriesgado, entre otras cosas porque probablemente no está en nuestra mano recuperar la economía de Europa y del mundo.

Me hablaba de hacer sostenible nuestro estado de bienestar y ahora el Gobierno nos plantea medidas traumáticas para poder garantizarlo. ¿Era demasiado frágil o la situación es verdaderamente extraordinaria?

Nuestro estado de bienestar ofrece síntomas de una cierta deficiencia y no podemos tocar las campanas con él. En las últimas décadas hemos hecho un modelo de seguridad social solvente, pero con una previsión preocupante a 20 años vista, y al mismo tiempo con muchas pensiones mínimas, unos 3,5 millones. Tenemos una sanidad espléndida, un sistema educativo relativamente bueno pero con el problema del fracaso escolar y un sistema de dependencia demasiado incipiente todavía. Sobre ese diagnóstico, que es el de nuestra realidad porque no podemos compararnos con Suecia, porque nosotros hemos nacido en este Estado hace 30 años, hay dos afirmaciones. La primera es que no es verdad que para ser competitivo un país deba desmontar su estado de bienestar, y la experiencia del Norte de Europa lo demuestra. Y la segunda es que, y también lo demuestra la experiencia, que si no se hacen reformas la sostenibilidad se acabará. Por tanto, España tiene una agenda de reformas muy importante que hacer. Es la agenda de los europeos; cuando miramos lo que pasa en otros países vemos que están abordando situaciones parecidas
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¿Y los problemas son?

El dinero y la búsqueda de una tasa de empleo que tienda al pleno empleo, eso es condición ineludible. El paro debe estar por debajo del 10%. Es la primera urgencia. Hay, además, una ventana de oportunidades con las reformas fiscales porque la fiscalidad debe replantearse. Los países más competitivos y con mejor modelo social tiene más presión fiscal. Los nuevos ingresos fiscales van desde la prolongación de las nucleares a los peajes de las autopistas y hasta la fiscalidad transnacional; son materias que están en la agenda reformista de la sostenibilidad del estado de bienestar.

Acaba usted de hablar con un periodista de Burgos sobre prolongar la vida de las nucleares, con la que está cayendo aquí con el cierre de Garoña...

Cuando lo he dicho me estaba dando cuenta, pero estaba pensando en Merkel, que lo ha decidido en Alemania pero les ha cobrado una pasta.

Lo de la fiscalidad le corresponderá a la señora Salgado, pero lo de buscar el pleno empleo podría corresponderle a usted en cuestión de horas...

(Ríe). No es el caso. No tengo respuesta para eso porque no hay ninguna noticia que dar y además si alguien tiene que darla es el presidente. No me afecta.

Hay quien considera que hace falta ser un lunático para levantar el dedo cuando se busca un ministro de Trabajo con la que está cayendo...

Yo desde luego no lo levanto. Que quede bien claro que tengo la mano en el bolsillo.

Huelgas chinas, ¿esperanza europea?

«La falta de libertad, la ausencia de sindicatos y la procedencia de un mundo rural miserable explicaban hasta ahora la resignación proletaria. Pero, de pronto, vientos de revuelta soplan en las zonas más desarrolladas de la industria china»

Cuánto tiempo pasará para que la gran fábrica del mundo en que se ha convertido China eleve sus salarios y mejore las condiciones laborales de sus trabajadores? Paradójicamente, ésa es una condición necesaria -aunque no suficiente- para que los europeos mejoremos nuestra competitividad internacional, porque mientras las diferencias de coste laborales sea tan abismales, nuestras empresas están obligadas a producir y a subcontratar en los grandes talleres chinos y otras empresas del Tercer Mundo. El férreo control económico del Gobierno chino ha mantenido contenidas las aspiraciones económicas de sus trabajadores en salarios mínimos próximos a los cien euros mensuales durante muchos años. La falta de libertad, la ausencia de sindicatos y la procedencia de un mundo rural miserable explicaban hasta ahora la resignación proletaria de los chinos. Pero, de pronto, vientos de revuelta han soplado en las zonas más desarrolladas de la industria china y una ola de huelgas ha sacudido a grandes compañías -casi todas extranjeras, por cierto- en demanda de más y mejores salarios. Fabricantes japoneses de coches, informáticos norteamericanos, electrónicas taiwanesas, telefónicas o cerveceras europeas se han visto enfrentados, por primera vez en su experiencia china, a unas reivindicaciones salariales desconocidas.

Peticiones de incremento salarial de hasta el 70% han venido acompañadas de huelgas masivas en las más grandes y más conocidas factorías de las zonas industriales chinas. Curiosamente, el movimiento huelguístico ha conseguido la mayoría de sus reivindicaciones, elevando el salario mínimo que fijan las autoridades provinciales y mejorando notablemente el salario en las grandes firmas en las que se han desarrollado las huelgas (valgan como ejemplo el 36% de incremento conseguido en Honda y el de más del 60% en las factorías del taiwanés Terry Gou).

¿Qué está pasando en China y en qué nos afecta? Una explicación sencilla nos la ofrece la semejanza de otros fenómenos similares. La concentración laboral en las grandes fábricas origina, de manera natural, una dialéctica de fuerza, tan vieja como el sindicalismo, que hace avanzar hacia el progreso y el trabajo digno las condiciones laborales de los trabajadores. En China, las concentraciones obreras son gigantescas (Foxconn -primer productor mundial de electrónica- tiene 450.000 obreros) y de manera natural han emergido líderes obreros muy jóvenes, capaces de informar a sus compañeros de las enormes diferencias de salarios con las fábricas y trabajadores de la misma empresa en Taiwán y de dirigirlos en su lucha reivindicativa. La otra gran razón que explica este fenómeno es que se trata de un proceso lógico de desarrollo de un país que avanza en su capacidad de consumo y necesita impulsar la capacidad de compra de sus masas trabajadoras. Algo que ya ocurrió en economías próximas, Corea, Taiwán, Indonesia, Singapur, etcétera, y que resulta consecuencia indudable de todo proceso de industrialización y desarrollo económico. Hay incluso quienes piensan que los planificadores económicos chinos han recomendado tolerar las huelgas y aceptar su triunfo y el alza de los salarios para calmar tensiones sociales, reducir las enormes desigualdades que está generando el 'comunismo capitalista' de China y conseguir de paso un estímulo interno a la demanda.

Por unas u otras razones, el avance social chino es buenísima noticia. Primero para ellos, porque los millones de chinos que trabajan en la industria (del mundo rural chino y de sus condiciones de vida, mejor no hablar) progresan en salarios, en renta, en capacidad de consumo y en calidad de vida. Para nosotros es también importante porque, reduciendo los diferenciales en los márgenes del coste laboral, se atenúa la tendencia a la devaluación laboral que sufre el mundo occidental. Es bueno también porque facilita la apertura de mercados internacionales y reduce las tentaciones proteccionistas en que se mueven muchos países del mundo como respuesta al 'dumping social'. Y es bueno, por último, porque abre un mercado potencial inmenso a la exportación de productos europeos.

Hay quien dice que nos hacemos ilusiones. Que el Gobierno chino ni devaluará el yuan, ni dejará subir los salarios hasta que no sea la primera potencia económica del mundo (¿antes de 2020?) y que, aunque eso ocurra en China, siempre habrá otros países que seguirán su senda: India, África… ofreciendo mano de obra barata. No lo creo. No es tan fácil porque, aunque es verdad que la tecnología puede llegar a cualquier rincón del mundo permitiendo producir con la misma maquinaria que en Occidente, la formación laboral, las condiciones jurídicas, políticas y sociales de los países y otras muchas exigencias del comercio no convergen tan fácilmente. En todo caso, eso no empaña la importancia interna y externa del avance salarial de la gran fábrica del mundo. Al fin y al cabo, hace tiempo que sabemos que no podemos competir con esos países en los empleos manuales y que nuestro futuro es el empleo del conocimiento, es decir, el empleo cualificado por las habilidades y los dominios manuales o por la formación que permite analizar, diagnosticar y resolver cualquier tipo de problema, lo que Robert Reich, antiguo ministro de Trabajo de Clinton, llamaba 'analistas simbólicos', o lo que Alwin Toffler llama 'trabajadores del conocimiento'. Y eso nos lleva al famoso cambio del modelo productivo en el que nos encontramos. Pero de eso hablaremos otro día.

El Correo, 14/10/2010

La ley extremeña de RSE

Sobre la voluntariedad de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) nadie duda. Sobre la conveniencia de estimular y favorecer la cultura de la sostenibilidad empresarial a través de políticas públicas, tampoco. O más bien, muy pocos. En esa difícil frontera entre la voluntariedad y el fomento venimos navegando desde hace varios años, aceptando siempre la naturaleza voluntaria de la RSE, la importancia de la unilateralidad en la incorporación de esa cultura superadora de los mínimos legales al diálogo con los grupos de interés (stakeholders), pero reivindicando, al mismo tiempo, la necesidad de la intervención pública en un buen número de asuntos relacionados con la RSE: la homologación de los métodos con los que se elaboran las memorias; la ordenación de las certificaciones sobre responsabilidad social sostenible; la difusión de las buenas prácticas; la objetivación de las ayudas y subvenciones públicas a las iniciativas de RSE para evitar la competencia desleal; la inclusión de criterios de RSE en los fondos de pensiones, y así podríamos seguir con un abanico grande de materias que configuran el amplio concepto del fomento.

Este debate ha tenido siempre un punto central: ¿es posible una Ley de Fomento de la RSE sin cuestionar la voluntariedad de esta cultura empresarial? O, dicho de otra manera: ¿es necesario legislar la RSE o resulta antagónico a la naturaleza privada de esta práctica de las empresas? Hasta el momento, la tesis antiley ha sido ampliamente mayoritaria, aunque ello no ha impedido actuaciones públicas de los Gobiernos casi siempre en consonancia con las empresas. Las intervenciones legislativas en toda Europa han sido puntuales o colaterales. Bien para establecer alguna medida de ayuda a la RSE en los contratos públicos (Francia y España, por ejemplo), bien para crear organismos de apoyo (Dinamarca, Reino Unido, España), bien para fijar un cuadro teórico y conceptual sobre la RSE (Libro Verde de la UE) y otros casos similares. Pero, de pronto, aparece una ley, mejor dicho, un proyecto de ley de responsabilidad social empresarial, que ha sido ya tomada en consideración por el Parlamento en Extremadura. Es decir, una ley reguladora de la RSE para las empresas extremeñas que trata de definir, ordenar y favorecer la RSE en una comunidad autónoma.

Si el debate sobre la legislación en RSE ya era polémico, que se trate de una ley autonómica abriendo el campo a 17 leyes, semejantes o no, eleva la discusión al terreno de las emociones (siempre presentes en el apasionado tema territorial de España). Alternativa Responsable se siente interpelada por esta iniciativa, y consideramos nuestro deber emitir una opinión al respecto, pero antes de pronunciarnos es preciso decir brevemente de qué trata esta ley.

El proyecto de ley extremeño, de 7 de septiembre de este año, tiene por objeto promover la RSE en la comunidad autónoma de Extremadura, y a tal efecto empieza por definir la RSE, estableciendo sus elementos configuradores en los diferentes planos de la empresa: ética y valores; recursos humanos; medio ambiente; relaciones sociales de la empresa y comunicación. La ley elabora después la manera en que las empresas pueden alcanzar la calificación de "empresa socialmente responsable" y los requisitos exigidos para ello en cuanto a información (balance social) y verificación, y establece a continuación los beneficios a que se hace acreedora la empresa que ostente esa calificación: subvenciones, beneficios fiscales y primas en la contratación pública fundamentalmente. La ley prevé medidas de fomento de la RSE a las pymes y fija un premio anual a las empresas extremeñas socialmente responsables. Crea también un consejo autonómico para el fomento de la RSE y establece un amplio capítulo de aplicación de la RSE en los poderes públicos extremeños, obligando a la Junta a someter ante la Asamblea anualmente su propia memoria.

Queremos hacer cuatro comentarios a esta iniciativa:

1. Una regulación como la que prevé este proyecto tiene un ámbito de aplicación local, limitado lógicamente al tejido empresarial de la comunidad autónoma de Extremadura. Desde un punto de vista competencial, nada impide a esa comunidad dictar su propia norma, en una materia que podríamos calificar como típica de "fomento"; es decir, como una materia que, al no estar definida específicamente ni en la Constitución ni en el estatuto, puede ser objeto de actuación tanto estatal como autonómico. En tal sentido, que las comunidades españolas realicen su propia política de RSE nos parece bueno, especialmente para las pymes. Adaptarse al tejido productivo del territorio, concertar esa política con el entramado empresarial local, acercarse a las pymes de la comunidad, en definitiva, fomentar la RSE más adecuada a la comunidad, explica y justifica que muchas de las comunidades autónomas españolas hayan elaborado planes específicos de RSE que resultan de todo punto elogiables. Desde el punto de vista sectorial, las razones locales redundan en el mismo sentido. Que Baleares enfoque la RSE hacia el sector turístico resulta tan lógico y tan razonable como que el País Vasco lo haga hacia la máquina-herramienta o la automoción, y que la comunidad extremeña lo fomente hacia el sector agroalimentario.

Sin embargo, advertimos que esta norma debería aplicarse solo a las empresas con domicilio social en Extremadura, quedando excluidas las empresas nacionales o internacionales que también operan en esa región. De no ser así, estaríamos exigiendo a estas empresas múltiples marcos regulatorios para la elaboración de memorias, para su verificación, para la búsqueda de diferentes certificaciones de RSE, etc.

2. La ley respeta escrupulosamente la voluntariedad. Nada en este proyecto permite decir que se impone a las empresas extremeñas ninguna conducta. Lo que se hace es primar a quienes se esfuercen en ese camino y obtengan la Certificación de Empresa Socialmente Responsable, después de las evaluaciones correspondientes. Frente a quienes estiman que estas ventajas son contrarias a la igualdad para competir, conviene recordar que a las autoridades públicas les compete favorecer actitudes en beneficio de la sociedad. Así se hace, por ejemplo, con las desgravaciones fiscales a la I+D+i, o con las cotizaciones sociales favorecidas por la reducción de la siniestralidad laboral. Con la misma lógica, puede y debe favorecerse a las empresas que realizan un esfuerzo hacia la excelencia, en su respuesta a sus diálogos con los grupos de interés, en el camino de mejora de su competitividad.

3. No obstante todo lo anterior, en materia de RSE, algunas cosas no corresponden a los niveles inferiores. El concepto de RSE, los elementos que la configuran, las memorias, la verificación -entre otras muchas cosas- son y corresponden a los ámbitos nacionales o, mejor aún, supranacionales. La normativa autonómica debiera adaptarse en estas materias a las normas internacionales o a la legislación estatal en su caso. Nos preocupa el riesgo de la territorialización formal de la RSE cuando ya tenemos instrumentos fiables y organismos nacionales que, entre otras cosas, buscan la comparabilidad nacional e internacional. Nos preocupa la proliferación de etiquetas privadas y certificaciones autonómicas de RSE.

4. Por último, no sabemos si esta iniciativa legislativa será seguida por otras. Si así fuera, podríamos encontrarnos ante una situación inconveniente. Múltiples normativas en una misma materia hacen costoso e incómodo el seguimiento o los esfuerzos de RSE a las empresas, especialmente a las que operan en varias comunidades. En tal caso, aconsejamos que el Consejo Estatal de la RSE emita una opinión al respecto, aconseje a las autoridades de las comunidades y, en su caso, proceda a la ordenación, coordinación y unificación de tales normativas, y trabaje para buscar marcos europeos y globales en esta materia. -

Esta tribuna la suscribe el grupo Alternativa Responsable, integrado por Juan José Almagro, Marta de la Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumà, Ramón Jáuregui, José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez e Isabel Roser.

Proyecto RETOS: Europa 2020, la estrategia para el gobierno inteligente de los territorios.

Hoy 8 de Octubre, la Diputación de Málaga ha celebrado un nuevo encuentro del proyecto por el empleo RETOS, centrado esta vez en la estrategia para el gobierno inteligente en los territorios ‘Europa 2020’ y en las nuevas herramientas para la creación de empleo.

En la inauguración del evento han intervenido el presidente de la institución provincial, Salvador Pendón, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia del Gobierno Andaluz, Antonio Ávila y del parlamentario europeo y experto en materia de Responsabilidad Social, Ramón Jáuregui, encargado éste último de llevar a cabo la conferencia inaugural titulada “Europa 2020: la nueva estrategia europea para la cohesión social y económica de sus territorios”, dando un papel primordial a las actuaciones relativas a RSE (Responsabilidad Social en las Empresas).

Ramón Jaúregui, afirmó que la provincia de Málaga siempre ha tenido una imagen para él de modernidad económica, destacando su dinamismo y potencialidad. Para el eurodiputado, experto en materia de Responsabilidad Social, la llamada estrategia ‘Europa 2020’ supone el horizonte para convertir este continente en un espacio de innovación y modernidad, donde hacer las empresas más competitivas y por supuesto “siempre responsables”.

 En este sentido Jaúregui apuntó que para ello Europa debe afrontar reformas en numerosos campos como la educación, la innovación, la energía, el empleo o los movimientos migratorios, entre otros aspectos. Asimismo el parlamentario europeo subrayó que “en el actual panorama de cambios vividos en la globalización económica, asistimos a una externalización productiva, así como numerosos cambios sociales y a una perplejidad ecológica.

En dicho contexto Jauregui afirmó que “las empresas en esa política de cambios son distintas y deben apostar por la Responsabilidad Social en sus actuaciones, pues para ser competitivo hay que ser responsable, si no la empresa se hundirá.”

El Proyecto RETOS.

El proyecto por el empleo RETOS se desarrolla a través del convenio firmado el 14 de mayo de 2009 por el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, y los presidentes de los Grupos de Desarrollo de la provincia, así como de las dos Mancomunidades de municipios de la Costa.

Dicho programa tiene la doble finalidad de fomentar la inserción sociolaboral de personas desempleadas de la provincia, así como consensuar con las entidades firmantes distintas medidas para el fomento y la mejora de la empleabilidad del territorio mediante el establecimiento de pactos comarcales por empleo. Asimismo el proyecto contempla una variada oferta formativa con la puesta en marcha de distintos módulos en cada uno de los territorios de la provincia, así como la concesión de diversas becas de formación para el alumnado participante.

En el proyecto, que supone una cifra de 1,8 millones de euros para la provincia, participan la institución provincial, el Ministerio de Política Territorial y el Fondo Social Europeo, así como los distintos Grupos de Acción Local y Desarrollo Rural de la provincia, y las dos Mancomunidades de la Costa del Sol. Las actuaciones de RETOS forman parte de los compromisos adquiridos con la CEM y los sindicatos mediante el Acuerdo de Responsabilidad Social por la Economía, la Innovación y el Empleo suscrito en febrero de 2009.

Fuente: Oficina de Comunicación de la Diputación de Málaga.

Web de RETOS.

Ocho precisiones a la huelga general.

Pasada la huelga del 29-S, algunas puntualizaciones son necesarias.

1. Como era previsible, la huelga ha sido más puntual que general. La fuerza de los sindicatos en los servicios públicos, transporte, medios de comunicación, grandes factorías, polígonos industriales, etc., ha trasladado la impresión de un éxito parcial en la convocatoria. Ello permite salvar las dudas movilizadoras de los sindicatos convocantes y mantener la fuerza deslegitimadora y de desgaste político que tienen estas convocatorias para los sindicatos en su dialéctica con empresarios y, sobre todo, para con los gobiernos. Pero la huelga no paralizó el aparato productivo. Su influencia real en la actividad económica del país no creo que pueda cifrarse más allá del 20%.

2. La huelga expresa un descontento social y los sindicatos son los encargados de hacerlo. Su convocatoria puede juzgarse con total libertad y su seguimiento es también una decisión libre que nada, ni nadie, debe cuestionar. Pero no conviene olvidar que la huelga forma parte de nuestro marco democrático, como un derecho individual que se ejerce colectivamente, que constituye el verdadero, y casi único, instrumento de los trabajadores para defender sus reivindicaciones y que ha sido el motor de avance y progreso desde hace ciento cincuenta años para conseguir la sociedad laboral que conocemos. Demonizar la huelga y los sindicatos es ir contra la naturaleza de las cosas y el progreso social.

3. ¿Era inevitable esta huelga? En mi opinión, la huelga materializa el fracaso previo en las mesas del diálogo social. Antes del verano del año anterior, hubo una ruptura que dejó en el tintero avances importantes, incluida la oferta gubernamental de una rebaja en cotizaciones sociales. A finales de la primavera de este año, el margen del acuerdo se había acabado y al Gobierno le tocaba arbitrar y decidir. Y lo hizo. Señales en contrario hubieran sido catastróficas en los delicados días de mayo. La pregunta, sin embargo, es otra: ¿cabe reconducir este desencuentro en el corto plazo?

Panorama poco optimista

4. Más allá de las buenas palabras y mejores intenciones, el clima creado con la huelga y las necesidades objetivas de las reformas pendientes, no hacen demasiado optimista el panorama. De una parte, porque la pretensión de rectificación planteada por los sindicatos resulta política y económicamente inviable, lo cual mantendrá un cierto clima de tensión por parte sindical, por lo menos hasta Navidad. De otra, porque las reformas pendientes me temo que tampoco son del gusto de los sindicatos y, por mucha fe que pongamos en la negociación, el acuerdo en pensiones, negociación colectiva, servicios de empleo y políticas activas, etc., no parece fácil (salvo en el desarrollo del llamado modelo austriaco).

5. El conjunto de normas laborales y de protección social que los sindicatos defienden está sometido a fortísimas presiones en un país con el 20% de paro (el 40% juvenil), alto déficit público cuestionado por los mercados, una demografía horrible y una competitividad insuficiente en la globalización. En esas circunstancias, las reformas –todas las reformas, desgraciadamente– acaban perjudicando el universo de derechos y seguridades adquiridas en otros tiempos. Los sindicatos, con toda lógica y legitimidad se oponen a esas devaluaciones de su statu quo y expresan, no sólo ayer, sino desde hace muchos años y en toda Europa, su fuerza organizativa y movilizadora contra estas reformas. Una situación que, personalmente, me produce mucha tristeza. Si tuviera que reflejarla en una imagen, la haría recordando a los esforzados deportistas de la soka-tira del País Vasco, deporte rural en el que un grupo de ‘forzudos’ tiran de una cuerda contra otros, hasta que uno de los equipos consigue arrastrar al otro al borde de la raya central. Sólo que, en mi imagen, los forzudos sindicatos son arrastrados no por otros hombres vestidos de frac y sombrero de copa –como se caricaturiza a los empresarios en los chistes–, sino por una locomotora enorme que simboliza a los mercados y a la globalización con sus caballos de Troya (flexibilidad, externalización productiva, e individualización de las relaciones laborales), que destruyen el viejo universo de la vieja sociedad laboral.

6. Es muy fácil dar consejos y muy difícil aplicarlos, pero, probablemente, sindicatos, gobiernos y empresarios tenemos que cambiar de deporte y jugar a otro juego. Yo creo que la tarea de salir de la crisis económica, crear empleo, reformar el Estado del Bienestar adaptándolo a nuestra demografía y a nuestras realidades, cambiar el modelo productivo, etc., etc., configuran una agenda tan enorme y tan difícil, que no podemos hacerla cada uno por su lado y, mucho menos, unos contra otros. Tampoco se puede hacer en poco tiempo, ni al final de una legislatura, pero muy probablemente estamos convocados a un replanteamiento del conjunto del marco laboral fruto de un diálogo social más amplio, más rico, que tenga más en cuenta la productividad por hora trabajada, con más contrapartidas para los antagonismos legítimos de sindicatos y empresarios.

Un diálogo que ponga sobre la mesa las nuevas realidades productivas que han transformado el concepto del trabajo y la manera en que se realiza (Internet, subcontratación, autónomos, flexibilidad, etc.). Un diálogo que tenga en cuenta las nuevas necesidades de una sociedad afectada por una alta población de desempleo, un elevado paro juvenil, la presencia de la mujer en el trabajo formal, la realidad de la inmigración, etc. Un diálogo que adapte la función sindical a la nueva economía y a la empresa pequeña, auténticos agujeros negros del sindicalismo hoy. Un diálogo sobre las nuevas exigencias laborales en el siglo XXI: conciliación personal y laboral, formación profesional, participación en beneficios y en capital, responsabilidad social, etc. En definitiva, me pregunto si no ha llegado ya la hora de renovar nuestro marco jurídico laboral para adaptarlo a todas esas nuevas realidades, después de treinta años de un Estatuto construido en los albores de la democracia española.

El ejemplo nórdico

7. De nuevo miramos al norte. Cuando yo era joven y necesitaba explicar mi modelo de país, como buen socialdemócrata en aquellos años, citaba a los países nórdicos. Allí había un círculo virtuoso entre presión fiscal, servicios públicos, productividad y empleo. La cohesión social de sociedades muy igualitarias se convertía en ventaja competitiva de países en los que el pacto social -sindicatos, empresas y gobierno- ha acabado por configurar una cierta cultura de país, una filosofía social, o mejor, una ingeniería de organización social. Esos países, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, han modernizado su modelo sin alterar sus bases. Pero han introducido reformas puntuales en casi todas sus estructuras: La fiscalidad, la gestión de los servicios públicos, la seguridad social, el mercado laboral, etc.

No es casualidad que la famosa flexiseguridad la inventaran los daneses, o que los finlandeses hayan creado un modelo educativo eficiente, o que los suecos sigan creciendo al 4,5% en plena crisis, manteniendo una presión fiscal cercana al 50% del PIB. ¿Alguien cree que los sindicatos han estado al margen de estas reformas? Pues eso, salvando las distancias, desgraciadamente para nosotros muy grandes, es lo que tenemos que hacer en la tarea histórica para este siglo XXI en España, que es dar paso a una economía competitiva incluyendo el famoso reto de cambiar nuestro modelo productivo.

8. En los días previos a la huelga se ha desatado una campaña de desprestigio sobre sindicatos y sindicalistas, injusta y peligrosa. Injusta, porque denigra una función difícil y necesaria. Los sindicatos han jugado un papel fundamental en la exitosa democracia española y en la transformación socioeconómica de estos últimos treinta años. Han sido organizaciones serias, vertebradoras, moderadas y realistas, y autores de consensos y acuerdos vitales para nuestra economía desconocidos en los países vecinos. Los sindicalistas –y en particular los liberados sindicales– realizan una función representativa para la defensa de los trabajadores, para la negociación colectiva y para la resolución de los problemas laborales, insustituible. Y también peligrosa, porque el ataque a estas instituciones puede deslizarse hacia el lado oscuro de un populismo que cuestiona principios democráticos de nuestra Constitución, además de favorecer, en el fondo, un asamblearismo descontrolado si desaparecen las organizaciones que vertebran y representan al mundo laboral.

Se pueden criticar excesos o conductas inapropiadas, pero sin cuestionar la función que realizan y el papel que representan en nuestro Estado Social de Derecho.

Expansión, 6/10/10

Nuevos Derechos Europeos.

La ciudadanía europea, concepto del que emanan los Derechos Individuales, cobró forma jurídica con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993. Fue uno de los pilares europeistas, junto a la solidaridad regional (Fondos estructurales) que defendió España en aquel importante Tratado. Con la ciudadanía nacieron los derechos europeos, si bien los de circulación y residencia, dentro del territorio de la Comunidad Europea ya estaban establecidos con anterioridad. Esta nueva ciudadanía, que es complementaria o adicional de la ciudadanía nacional, ha conseguido reforzar la identidad comunitaria que confiere nuevos derechos a los europeos: libre circulación y residencia en la Comunidad; sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas y municipales en el Estado de residencia; protección diplomática y consular; petición ante el Parlamento Europeo; y denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo.

Desde entonces, hemos asistido a la construcción y configuración de un sistema de protección de los derechos en la Unión Europea (UE) integrado por tres grandes instrumentos: La Carta de Derechos Fundamentales, el Tratado de Lisboa y, en un futuro cercano, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este sistema establece el marco de protección jurídica más avanzado del mundo y refuerza la credibilidad de la Unión frente a los terceros países, a los que, en sus relaciones bilaterales, exige el cumplimiento de los derechos humanos.

La Carta de los Derechos Fundamentales auspiciada en el Consejo Europeo de Colonia de 1999, redactada por una Convención y adoptada por primera vez en Niza en diciembre de 2000 como una declaración política, sin efecto jurídico obligatorio, ha sido revalorizada por el Tratado de Lisboa que, debido a la presión del Parlamento Europeo (PE), garantiza su aplicación, con carácter jurídicamente vinculante, y le reconoce el mismo valor jurídico que a los Tratados. Fue el Artículo 6 del Tratado de Lisboa el que elevó a esa categoría jurídica la Carta.

La Carta, reúne por primera vez en un único texto, un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales jurídicamente vinculantes, tanto para sus instituciones como para los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación europea. Se trata del texto más moderno y exigente en materia de Derechos Humanos, que, además, aborda cuestiones contemporáneas, tales como las normas bioéticas, la protección de datos personales, el desarrollo sostenible, así como, el derecho a una buena administración y consolida las medidas contra la discriminación por razón de sexo, raza y color. Además, contempla los derechos sociales en las empresas, como el derecho a la información y consulta de los trabajadores o el derecho de negociación y acción colectiva (huelga).

A su vez, El Tratado de Lisboa contiene progresos en materia de derechos fundamentales e introduce nuevos derechos para los ciudadanos europeos. El primero y más relevante, la Iniciativa Ciudadana Europea, que permitirá a los ciudadanos europeos dar su punto de vista sobre las cuestiones europeas. Este derecho que consiste en la formalización de la iniciativa legislativa popular (existente en sólo 12 de los 27 países de la Unión, incluido España), permite que un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros firmen una petición que inste a la Comisión Europea a presentar un proyecto de ley. El nuevo derecho refuerza el carácter ciudadano y europeísta de la Unión y ofrece una oportunidad estupenda para mejorar las difíciles relaciones entre ciudadanos-electores e instituciones europeas (más del 50% de abstenciones en las pasadas elecciones de junio de 2009) y la posibilidad de vertebrar objetivos ciudadanos supranacionales.

Como consecuencia de la labor de la Presidencia Española, la Comisión adelantó la presentación del Reglamento y se alcanzó un acuerdo político en el Consejo el pasado mes de junio. Actualmente, se está tramitando en el PE la propuesta legislativa y, aunque todavía deben resolverse cuestiones relacionadas con la admisibilidad de la iniciativa ciudadana, con toda probabilidad, se aprobará a finales de 2010 lo que permitirá su puesta en funcionamiento al cumplirse un año de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

La segunda innovación es la relativa a la aprobación por parte del PE, el único órgano comunitario elegido directa y democráticamente por los ciudadanos, de todos los acuerdos internacionales en las áreas sometidas al procedimiento legislativo ordinario. La Eurocámara utilizó, por primera vez, este nuevo derecho de veto el pasado mes de febrero al rechazar el acuerdo provisional para permitir el acceso de las autoridades estadounidenses a los datos proporcionados por el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (llamado acuerdo SWIFT), por considerar que no se daban las garantías suficientes de protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos de la UE.

La tercera novedad, es el refuerzo del control democrático y ciudadano a través de la participación de los parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones de la Unión mediante la vigilancia de la aplicación del principio de la subsidiariedad y el aumento de las funciones legislativas del PE.

El cuarto elemento derivado del Tratado de Lisboa, es la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que pone fin a una vieja aspiración del proyecto europeo. Con la adhesión, la UE se convertirá en un miembro más del Convenio, en virtud de la personalidad jurídica que le da el Tratado de Lisboa, y los ciudadanos europeos podrán disponer de un nuevo derecho, el de poder recurrir al Tribunal de Estrasburgo en defensa de cualquier violación de los Derechos Humanos recogidos en la Convención, si la UE o un Estado miembro en el desarrollo de un acto comunitario los ha violado. Así, la Unión contará no sólo con la protección interna de estos derechos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sino también con una instancia de protección externa de orden internacional.

La UE contará con una cierta participación en las instancias del CEDH a través de la presencia de un juez y la participación en las reuniones del Comité de Ministros relativas al control de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Comité Director para los Derechos Humanos.

La adhesión reforzará la credibilidad de la Unión frente a los países terceros, a los que en sus relaciones bilaterales pide constantemente que respeten el CEDH. También están sometidas al Tribunal de Estrasburgo las actuaciones de la UE con el exterior o sus fuerzas militares que podrán ser impugnadas ante dicho Tribunal por ciudadanos afganos o paquistaníes o de cualquier otro país que pudieran interpretar que la actuación de la UE está violando un derecho humano.

La Presidencia Española ha desarrollado una labor intensa e hizo de este dossier una de sus prioridades, lo que permitió que, el pasado mes de junio, el Consejo adoptase el mandato de negociación de la adhesión y que las negociaciones entre la Unión y el Consejo de Europa hayan comenzado en julio.

No obstante, y como he señalado en mi informe en el PE sobre los aspectos institucionales de la adhesión de la UE al CEDH, esta adhesión constituye un primer paso que debería ser completado con la incorporación de la Unión a, entre otros instrumentos, la Carta Social Europea, en coherencia con los avances consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales y en la legislación social de la Unión.

El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de derecho son uno de los objetivos generales de la política exterior y de seguridad común de la UE. En base a ello, la Unión desde 1995 incluye de forma sistemática en sus acuerdos de asociación con terceros países una cláusula democrática que tiene por objeto el condicionamiento de la ayuda de la UE al respeto efectivo de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. Esta cláusula es jurídicamente vinculante y, en consecuencia, prevé y establece sanciones que van desde la suspensión del Acuerdo hasta el embargo comercial.

Por último, cabe destacar que la articulación del respeto de los derechos humanos y sociales en las empresas, tanto en su actuación europea como mundial, está cobrando fuerza en una sociedad cada vez más globalizada. En paralelo al desarrollo de la política de responsabilidad social empresarial, estamos asistiendo al nacimiento de un marco conceptual para facilitar el debate sobre empresas y derechos humanos (Informe Ruggie del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas). Este informe propone tres principios básicos y complementarios: el deber del Estado de proteger frente a los abusos de derechos humanos de terceras partes, incluyendo a las empresas; la responsabilidad de éstas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de un acceso más efectivo a los remedios, que incluye los judiciales.

Todos estos elementos abren un espacio cada vez más amplio y exigente de lo que es una cultura expansiva y desarrollista de los derechos humanos en la sociedad en la que nos encontramos y constituyen un avance en el proceso de integración y consolidación de la Unión Europea e implican un paso más hacia su Unión política. Pero, además, configuran una sociedad más democrática, más justa y más igualitaria.

Revista Temas, Núm. 191 10/2010.