Ese es el título que el semanal "The Economist" da al proceso abierto en Europa en favor de una reforma de la regulación de las agencias de rating que conduzca a una mayor transparencia y responsabilidad de este tipo de empresas de servicios financieros. Las agencias de rating contribuyeron a alimentar el sistema de incentivos perversos que terminó desembocando en la mayor crisis económica desde la segunda guerra mundial. No fueron capaces de anticipar la crisis de las hipotecas subprime, ni evaluar el riesgo de los productos financieros estructurados, ni el colapso de Lehman Brothers.
Si, por el contrario, estas agencias se hubieran comportado de modo responsable, los intermediarios financieros que vendían los paquetes de productos financieros basura, no hubieran podido venderlos. Como consecuencia, los bancos de inversión no hubieran estado interesados en empaquetar esos productos - en su mayoría hipotecas basura- y por tanto los bancos comerciales no hubieran concedido hipotecas a aquellos que no podían pagarlas. Una de las razones de su comportamiento irresponsable se encuentra, como bien resumía José García Montalvo este fin de semana en El País en su modelo de negocio, según el cuál, estas agencias "cobran comisión de los emisores de los títulos, y no de los inversores, (lo que) generó una enorme inflación de calificaciones. Si un emisor no conseguía la calificación deseada, amenazaba con irse a otra agencia, lo que automáticamente le proporcionaba el rating anhelado."
El último capítulo de las agencias de rating ha venido definido por su papel en la crisis de la deuda soberana en la eurozona, poniendo de manifiesto el elevado impacto procíclico de sus calificaciones - algunos les han acusado de pirómanos, en periodos de crisis - entrando en confrontación con las posiciones de las principales instituciones financieras internacionales y europeas - hasta el punto de que el Banco Central Europeo decidiera prescindir de sus calificaciones en operaciones con deuda soberana - y planteando una reflexión sobre su papel en el interés económico general.
En respuesta a estas cuestiones, la Comisión Europea lanzó una propuesta de regulación de las agencias de calificación que se aprobó en Abril de 2009 y que entrará en funcionamiento a finales de este año. Esta regulación obliga a las agencias de calificación a registrarse para funcionar dentro de la UE, a informar sobre su metodología y modelos de evaluación internos y prohibe que las agencias de calificación ofrezcan al mismo tiempo servicios de consultoría (entrando en claro conflicto de interés).
Aunque estas iniciativas contribuían sin duda a aumentar la transparencia de estas agencias, el desarrollo de la crisis (y particularmente el rol de estas agencias en la crisis del euro) impulsó a los jefes de estado de la UE a proponer a la Comisión que realizara una serie de propuestas para reformar la directiva. Tras la visita al Parlamento del Comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, para exponer las líneas generales sobre las que trabaja la Comisión en esta materia, en un debate en la última sesión plenaria de Estrasburgo se confirmó un amplio consenso en enmendar las regulaciones existentes con los objetivos de (1) acabar con la presente situación de oligopolio - en un sector en el que 3 compañías: S&D, Moodys y Fitch, controlan abiertamente el mercado - (2) aumentar la transparencia y la supervisión con el objetivo de tener un mayor conocimiento de sus modelos de evaluación y su funcionamiento interno y, (3) estudiar la posibilidad de establecer una entidad independiente (pública) europea.
La razón por la que la Comisión va a enmendar la regulación propuesta en 2008 va en la línea de las propuestas del informe De Larosière, de otorgar a una de las tres nuevas agencias de supervisión propuestas en "el Paquete de Regulación Financiera" - cuya aprobación por el Parlamento Europeo es inminente - todos los poderes regulatorios directos sobre las agencias que actúen en la UE. En 2009 cuando se negoció la pasada regulación, todavía no existía una propuesta definida sobre "el Paquete de Supervisión" y el registro de las agencias debía hacerse a nivel nacional.
Todo apunta a que la agencia encargada de la supervisión será la ESMA, (Agencia Europea de Mercados y Valores) y sin duda contribuirá a regular mejor que los presentes legisladores nacionales, unos servicios que trabajan indistintamente de forma transnacional. El nuevo marco regulatorio europeo establecerá un único punto de contacto para agencias de rating registradas, que permitirá una mejor aplicación de las reglas y mayor eficiencia y transparencia debido a la simplificación de los procesos. Los poderes específicos que tendrá esta agencia serán:
-requerir información sobre las actividades y personas que trabajan en las agencias.
-examinar los datos procedimientos y registros sobre todo el material relevante (incluyendo llamadas de teléfono y transferencias de datos).
-pedir explicaciones a los responsables cuando sea necesario
-hacer inspecciones periódicas y aplicar sanciones si infringen las reglas
Antolín Sánchez Presedo, titular socialista español en la Comisión Económica del PE, declaró que "hoy se duda abiertamente si las agencias de calificación están en condiciones de realizar una valoración objetiva y responsable, en particular, del riesgo soberano". En efecto, las preguntas que se plantean tienen un carácter más profundo y afectan a su compatibilidad con los principios democráticos, porque inciden en los esfuerzos que los pensionistas, los trabajadores y la población vulnerable están realizando y que no quieren ver malogrados y pisoteados por la irresponsabilidad en el funcionamiento de los mercados.
Diario Responsable, 5/7/2010