Viene un cambio político importante en Euskadi. Esto parece evidente y predecible. No sabemos quién ganará las elecciones. No podemos saber qué gobierno se formará, ni cuáles serán las coaliciones políticas, ni quién será el lehendakari. Pero es prácticamente seguro que la política iniciada en 1998 con el Pacto de Estella y que ha protagonizado Ibarretxe con sus gobiernos nacionalistas toca a su fin. La coalición se ha roto y todos los sondeos aseguran que la suma de escaños nacionalistas no permitirá continuar con esa fórmula. Gobiernos transversales de amplios apoyos o gobiernos en minoría con apoyos externos parecen probables. En todo caso, una nueva etapa política parece abrirse paso, distinta a las tres anteriores. Recordemos: 1979-1987, gobiernos del PNV; 1987-1998, gobiernos de coalición PNV-PSE-EE. Y 1998-2008, gobiernos de coalición nacionalista. Siempre presididos por el PNV (Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe). Pero, cualquiera que sea la fórmula futura, la política vasca tendrá que abordar tres cuestiones principales.
Primera. La reformulación del marco jurídico-político vasco. El debate sobre nuestro marco político interno y sobre nuestra relación con España no ha dejado de atormentarnos. Aunque creímos encauzarlo con el Estatuto, treinta años después debemos reconocer que nuestro interminable debate identitario sigue siendo la piedra inamovible de nuestro camino político. Unos porque nunca lo aceptaron, y lo combatieron y lo combaten a sangre y fuego con la única violencia política residual del mundo. Otros porque lo apoyaron pero hoy se sienten defraudados o insatisfechos, lo mismo da, y quieren avanzar hacia un nuevo estatus soberanista o parecido. Otros, porque cansados del nacionalismo se niegan a mover un ápice su voluntad de consenso y rechazan nuevos avances de autogobierno o de concesión a la identidad nacionalista. Lo cierto es que, recordando a Imanol Zubero («Euskadi es un país por construir, no por descubrir»), tenemos al país lleno de abertzales frente a españolistas, o al revés, y vacío de vascos. Parafraseando a Joaquín Sabina, somos cada vez más tú y cada vez más yo, sin rastro de nosotros.
¿Tiene salida esta diabólica situación configurada por un país en el que un 35% desea ser un país independiente, un 50% no tiene ningún deseo, o muy poco, de independencia, y un 15% o no se decanta o se muestra indiferente? Pues ésta debería ser una de las lecciones que deberíamos aprender: No hay una solución satisfactoria para todos y la única solución pasa por aceptar que no hay soluciones únicas o mágicas, y por asumir que todas las opciones deben ser posibles y realizables, aunque, eso sí, sin violencia, con reglas y en democracia.
¿Qué cabe hacer ahora? Encontrar un nuevo consenso sobre nuestro marco estatuario, reformulándolo, adaptándolo a las nuevas realidades (Europa, euro, inmigración, Concierto Económico en la armonización fiscal europea, nuevas competencias, territorialización judicial, etcétera). Abordar esta reforma es la oportunidad que debemos darnos para pacificar el debate, reafirmando la validez del consenso existente, perfeccionándolo sin romperlo y sin que tampoco nadie tenga que renunciar a sus aspiraciones políticas o a sus premisas doctrinales. Hace tiempo que debiéramos saber que Euskadi se configurará en el siglo XXI conforme evolucionen sus mayorías políticas. Una reformulación de nuestro Estatuto es un paso de confirmación de nuestro autogobierno que debiera comprometer a todo el arco parlamentario vasco y que quizás, si sonara la flauta de la racionalidad y de la democracia en el espacio del nacionalismo independentista, pudiera ser la oportunidad de su incorporación a la vida política vasca. Me dirán que soy un ingenuo y me temo que tienen razón, pero ¿acaso no nos corresponde a los políticos y a la política proponer caminos de solución a los problemas? Al fin y al cabo, sigue siendo verdad -y en política más- aquello que decía Marcel Proust de que el presente no es el único estado posible de las cosas.
Segunda. Recuperar un marco de unidad democrática frente a la violencia. No se trataría de reproducir fórmulas del pasado, inaplicables hoy. El Pacto de Ajuria Enea jugó un papel fundamental en los años noventa pero su tiempo pasó. El nuevo contexto del fin de la violencia nos exige incorporar todo lo sucedido desde 1998 (Pacto de Estella-Lizarra), extraer conclusiones de lo ocurrido y de la realidad actual y aceptando la existencia de diferencias políticas -me temo que insalvables todavía-, abordar un diálogo interpartidario para establecer un espacio común al Gobierno vasco y a su lehendakari con los líderes políticos vascos. Ese pacto de mínimos debería incluir en primer lugar un diálogo personal que se ha perdido desde hace diez años. Es posible también la formulación de una estrategia unitaria de deslegitimación social al terrorismo; una gestión común de las crisis que provocan los atentados terroristas; una aproximación común a víctimas y a perseguidos por la violencia; una estrategia consensuada para defender los objetivos agredidos por la violencia: Alta velocidad ferroviaria, impuesto terrorista, etcétera. Es decir, se trata de desarrollar algunos planos de acuerdo político en la lucha contra el terrorismo por encima de algunas diferencias puntuales que no parecen resolubles en el corto plazo (ilegalización, política penitenciaria, etcétera), mientras se construye un escenario consensuado sobre la forma y las circunstancias en las que debemos trabajar para facilitar el abandono de la violencia, es decir, para conseguir que un día triunfe en ese mundo el desistimiento hacia la continuidad de las armas.
Tercera. Abordar un plan económico frente a la crisis. Estamos viviendo una situación inédita de acumulación de crisis financiera y económica, que nos afecta gravemente. Euskadi sigue siendo un país con fuerza económica, con capacidad humana, con infraestructura productiva, con potencia competitiva en casi todo lo que hacemos. Pero lo que viene es largo y profundo y los riesgos en muchos sectores (automoción, electrodomésticos, talleres de manufactura metálica, construcción, pequeño comercio, etcétera) son importantes. ¿Qué puede y qué debe hacer el nuevo Gobierno vasco? En primer lugar puede revisar su política presupuestaria para eliminar gastos superfluos, en una vuelta de tuerca a la austeridad pública. Ese análisis debe ir acompañado de un estudio sobre las políticas contra la crisis que ha puesto en marcha el Gobierno vasco para elegir las mejores en función de su eficacia. También debemos revisar los márgenes económicos del endeudamiento para nuestra comunidad, para acompañar las medidas financieras del Gobierno central con ayudas y políticas sectoriales para las empresas vascas de sectores en crisis. Una especie de nuevo plan de relanzamiento industrial unido a las apuestas de más largo plazo a favor de la I+D+i y de la educación. El Ejecutivo vasco puede elaborar también con las diputaciones un plan de pequeñas obras municipales y de ayuda a la rehabilitación de viviendas, para absorber el paro en estos sectores. Todo esto puede hacerse amparado en un gran pacto con empresarios y sindicatos vascos. La imagen de un país vertebrado, que dialoga y que acuerda entre agentes sociales, empresarios y gobierno, da mucha confianza, y no olvidemos que ésa es la palabra mágica en esta crisis económica y la actitud socioeconómica que más necesitamos frente a ella.
El Correo, 25/01/2009