El PNV y el Estatuto

Que a estas alturas de la película democrática haya que discutir sobre quién defiende más y mejor el Estatuto de Gernika, si el PNV o el PSE, me parece un juego superfluo y anacrónico. Hace ya mucho tiempo que el PNV lo abandonó como marco jurídico-político en el que situar su proyecto político. Exactamente hace ahora diez años, cuando suscribió un pacto de 'acumulación de fuerzas nacionalistas' con EA, Ezker batua, Batasuna y la propia ETA, en defensa de la autodeterminación para la independencia. Desde entonces, el PNV hace un doble juego tan conocido como cínico. Usa el marco estatutario y sus instituciones para mantenerse en el poder, pero trabaja exclusivamente en la gestación política de un nuevo marco que nada tiene que ver con la autonomía. El Estado libre asociado y la consulta para el derecho a decidir, son los dos grandes emblemas de ese giro político. ¿A qué viene pues enarbolar el Estatuto como bandera en manos de quienes ya hace años que lo abandonaron?.

Es superfluo también discutir con el PNV del lehendakari si una determinada competencia pendiente de transferencia lo está por culpa del Gobierno central, del PSE o de la ministra tal o cual. Hace años que dejaron de reivindicarlas, salvo para alimentar la tesis victimista. Para ello, bastaba con ponerse en la posición más maximalista y hacer imposible la negociación para poder seguir acusando al Gobierno de España de incumplir el Estatuto y hacer así visible la llamada decepción estatutaria, teoría que el PNV lleva desarrollando desde mediados de los noventa como coartada a su abandono estatutario. Por esto resulta falto de toda credibilidad el intento del señor Anasagasti por acusar al PSE de incumplir el Estatuto a través de un artículo publicado en este diario (18-7-2008) plagado de anécdotas personales, tan del gusto del senador nacionalista.
Estaríamos dispuestos a debatir sobre incumplimientos estatutarios, si nuestros interlocutores aceptaran el marco que establece el Estatuto y su desarrollo y las reglas del juego de su reforma en su caso. Pero con quienes desprecian lo uno y lo otro, el marco y las reglas, no tenemos nada que discutir. De quienes se desmarcan de los compromisos que ese mismo Estatuto establece, no aceptamos exigencias. De quienes utilizan el Estatuto no como un espacio de consenso y convivencia, sino como arma arrojadiza contra todos los demás, no aceptamos reproches.
Si no fuera así, podríamos entablar una discusión constructiva y matizar o revocar algunas afirmaciones que el discurso nacionalista ha venido haciendo estos últimos diez años. Podríamos estar dispuestos incluso a reconocer la dificultad de materializar algunos traspasos en base a la doble y antagónica interpretación que suscitan algunos textos estatutarios. Podemos admitir igualmente que, en ocasiones, los gobiernos del Estado han aprobado leyes de bases invadiendo parte del contenido de desarrollo previsto para las autonomías. Reconocemos -¿qué hay de malo en ello?- que las circunstancias políticas han favorecido unas veces y perjudicado en otras la negociación y el desarrollo estatutario. Pero todo ello no son sino detalles de lo esencial, esto es, el abandono del PNV de la vía estatutaria y su opción independentista, más o menos disfrazada por eufemismos como el soberanismo, el Estado libre asociado, etcétera, y más o menos reivindicada según convenga al oportunismo de cada momento. La cuestión importante no es saber qué propuesta estatutaria puede hacerse para resolver algunos traspasos complejos, sino el hecho de que al PNV ya no le interesan esos traspasos porque ha decidido abandonar la vía estatutaria y pretende llevar al País Vasco a un proceso independentista a plazos, de la mano de una mayoría nacionalista que está intentando fraguar junto a la izquierda abertzale y la sopa de letras nacionalistas afín (EA, EB y Aralar).
En este viejo debate sobre el Estatuto hay dos cosas que los ciudadanos deben saber. Primera: el Estatuto de Gernika ha dado a Euskadi un autogobierno como el que jamás tuvo en su historia y mayor que el de cualquier nación sin Estado de los regímenes federales o confederales del planeta. No hay un modelo de autonomía en el mundo que pueda compararse con el autogobierno político, cultural y económico-financiero del País Vasco. Por eso, la llamada 'decepción estatutaria de los nacionalistas' es un camelo, dicho sea con todos los respetos. Si a los nacionalistas de finales de los setenta les hubieran dicho lo que sería la Euskadi de veinte años después, no se lo habrían creído. Segundo: los problemas que ha sufrido el Estatuto y su desarrollo y los que todavía no se han resuelto, son naturales como la vida misma. Forma parte de la lógica de las cosas y de un proceso político tan complejo como el que hemos realizado estos últimos treinta años. La tensión y la negociación, los desacuerdos y las soluciones, las presiones y las coyunturas, los éxitos y los fracasos, forman parte de un balance construido a golpe de política pura. Es consustancial a los modelos federales la gestión continuada de conflictos de intereses entre poderes territoriales.
Anécdotas subjetivas y por ello sesgadas y parciales, todos podríamos contar muchas. Durante los gobiernos de coalición PNV-PSE (PSOE), fueron innumerables las veces que hicimos fuerza en los gobiernos de Felipe González para obtener resultados ventajosos: el desarrollo de la Ertzantza con un modelo financiero envidiable, por ejemplo. La transferencia de Osakidetza, con un volumen de inversiones anejas extraordinario, o las grandes infraestructuras del Gran Bilbao (puerto y aeropuerto), o la ayuda a la reconversión industrial. Parece mentira que sigamos oyendo este quejido victimista cuando en todas las comunidades autónomas de España están envidiando la financiación vasca, un 40% superior a la de las demás.
¿Quedan temas pendientes? Sí, y no es difícil comprenderlo dada la naturaleza de algunas materias. La I+D+i, por ejemplo, trasciende la dimensión nacional de los Estados. La eficiencia de esas políticas y la intercomunicación del conocimiento aconsejan una planificación supranacional. La Seguridad Social ha reducido el concepto de 'régimen económico' con la informatización centralizada, y las prisiones, mientras tengamos ETA, tienen una problemática añadida bien fácil de comprender. No quiere eso decir que esas materias no tengan contenido competencial, pero sí que necesitan una adaptación a las nuevas realidades, algo por cierto muy común y normal en los regímenes federales.
Una reforma del Estatuto sería, en mi opinión, algo muy conveniente. Al igual que lo ha hecho Cataluña o Andalucía, Euskadi podría dar un importante salto en su autogobierno. No olvidemos que el Estatuto de Gernika es un texto muy básico, casi primitivo democráticamente hablando, elaborado antes y al margen de acontecimientos que han cambiado mucho nuestro horizonte político. La Unión Europea, la inmigración, la I+D+i, el Estado del Bienestar, etcétera. Una reforma estatutaria como la que defiende el PSE-EE (PSOE) permitiría grandes avances: 1) Una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos de Euskadi. 2) Una amplia regulación de derechos y libertades, así como deberes de los ciudadanos para con los poderes públicos de Euskadi y una nueva definición de objetivos y principios rectores en las políticas públicas. 3) La mejora del autogobierno con nuevas competencias, así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones. 4) Una organización de la administración de la justicia y del Poder Judicial con una base más autonómica y más eficiente. 5) Una nueva regulación de la participación en los asuntos de la Unión Europea, así como nuevas facultades de acción exterior. 6) Un nuevo modelo de mayor cooperación y participación en las tareas de la administración del Estado a través del reconocimiento de la bilateralidad.

La pregunta es: ¿Quiere el PNV esta reforma? La otra gran pregunta es: ¿Entenderá alguna vez la izquierda abertzale que una reforma como ésta será su gran oportunidad para integrarse a la democracia plenamente? Esto es lo que el PSE-EE (PSOE) defiende y pretende, y esto es lo que haremos si gobernamos en Euskadi el año que viene.

El Correo, 25/07/2008

Funerales y laicidad

El empeño de un periódico madrileño por titular en primera tres días seguidos sobre la supresión o no de los mal llamados funerales de Estado en el documento sobre laicidad del congreso del PSOE, me ha suscitado la oportunidad de una reflexión algo más amplia sobre laicidad y símbolos religiosos en los actos públicos de la oficialidad española.

Empezaré por lamentar que, una vez más, los titulares periodísticos eleven a categoría la anécdota y acaben reduciendo un interesante y profundo documento elaborado por el partido del Gobierno sobre un tema sensible y poliédrico, a una frívola y simplificada decisión que, además, no nos corresponde. Porque, efectivamente, la naturaleza, religiosa o no, de los actos fúnebres, corresponde a la familia del fallecido. La asistencia de representantes públicos no convierte a los funerales en 'funerales del Estado'. Y por último, hay muchos actos de despedida a los muertos que son de naturaleza laica y que se complementan frecuentemente con los actos religiosos de forma natural: capilla ardiente y funeral, por ejemplo, sin que nadie adopte una radical e innecesaria decisión para elegir artificiosamente entre unos y otros.

Les contaré a qué viene todo esto. En la resolución que los socialistas aprobamos sobre laicidad, en el 37 congreso, se hacía un largo exordio sobre la necesidad de avanzar en una mayor cultura laica en nuestro país. En un párrafo en el que se describían los retos y reformas que debemos incorporar a nuestras instituciones y costumbres, para avanzar en ese principio y a título de ejemplo se citaban los funerales de Estado. Primer titular: 'Se suprimirán los funerales de Estado'. El día que se votó este texto y a sugerencia de varios congresistas, eliminamos esa cita porque lo importante era la idea y el ejemplo - los funerales de Estado- era innecesario y además inoportuno. Segundo titular: 'Marcha atrás en la supresión de los funerales de Estado'. Días después, descubierta la supuesta intervención de Rodríguez Zapatero en el asunto, se volvía a la primera y a cuatro columnas: 'Zapatero frenó el plan del PSOE de suprimir los funerales de Estado'.

Durante el congreso y en mi calidad de ponente informé a la prensa de que se había decidido eliminar esa referencia porque es la familia quien decide y porque en la liturgia, civil o laica, no hay una ceremonia comparable a la religiosa para despedir a los muertos. Por este último razonamiento he recibido críticas encendidas que acepto con deportividad pero que no comparto. He asistido a centenares de funerales religiosos con las víctimas de ETA. En alguna ocasión y por deseo de la familia, la inhumación se ha producido sin acto religioso y la tristeza de la despedida ha sido gélida. Los socialistas de Eibar acostumbran a enterrar a los afiliados del partido en una ceremonia laica que celebraban (ignoro si lo siguen haciendo) en las escaleras del cementerio eibarrés. Arriba, en el rellano de la última escalera, en la puerta de entrada al cementerio, se colocaba 'el cura laico', nuestro querido Benigno Bascarán en su día. Desde allí hacía un discurso sobre la vida del compañero fallecido. Elogiaba sus virtudes, repasaba sus momentos vitales, contaba alguna anécdota y poco más. Con todo, había una liturgia laica, aunque fría y poco propicia al duelo, al acompañamiento familiar y al protocolo de la condolencia.

No es casualidad que sean los funerales los actos religiosos menos asaltados por la competencia de la laicidad. Véase las bodas. Hace veinte años el 90% de las bodas eran religiosas. Hoy hay más ceremonias civiles laicas que religiosas. Poco a poco se ha construido una liturgia laica en la que intervienen padres o padrinos, el oficiante hace un discurso sobre el contrato del matrimonio, se leen poemas, los niños acompañan con alguna cosa escrita en su inocente lenguaje y en fin, música clásica debidamente elegida o alguna intervención coral, hacen el resto. Curiosamente, estos elementos laicos empiezan a incorporarse a los funerales religiosos con intervenciones de familiares o amigos al final de la misa o durante ella, haciendo al funeral difícilmente sustituible en este doloroso acto.

Pero, más allá de esta anecdótica cuestión, lo importante es reconocer la necesidad de avanzar en la laicidad constitucional, concepto que podríamos resumir en cuatro principios: libertad religiosa y de conciencia; igualdad de trato y no discriminación del Estado; separación entre Estado y cualquier confesión religiosa y la cooperación con las confesiones religiosas teniendo en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos.

Mi admirado J.M. Ruiz Soroa escribió no hace mucho un argumentado reproche contra una intervención parlamentaria mía en la que negaba la necesidad de una ley para prohibir la presencia del crucifijo en ceremonias públicas. También aquí acepto la crítica y la lógica de que los poderes públicos generen conductas laicas, aunque discrepe sobre la oportunidad de hacerlo mediante leyes prohibicionistas. Mi posición era y es que la laicidad es una cultura que debe ir siendo implantada conforme la ciudadanía la comprende y la asume. No ha hecho falta una ley para quitar los crucifijos de juzgados y escuelas y sin embargo en la mayoría de los lugares públicos ya no hay simbología religiosa. Dicho lo cual, admito que tenemos todavía mucho camino por recorrer.

En primer lugar, la necesidad de construir y educar a las generaciones jóvenes en una ética pública cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales y la declaración universal de los derechos humanos. Aquí destaca la importancia de Educación para la ciudadanía. Segundo, el desafío de crear una cultura pública laica y prácticas de ciudadanía basadas en la tolerancia activa y la deliberación, sin exclusiones ni pretensiones impositivas. Tercero, la consolidación de unas relaciones de cooperación apropiadas, caracterizadas por la igualdad y no discriminación con las diferentes confesiones religiosas. En cuarto lugar, la igualdad ante el estado de ciudadanos y asociaciones cuya libertad religiosa y de conciencia se expresa en orientaciones laicas, no específicamente religiosas. En último término, la desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las instituciones públicas, y la eliminación progresiva de símbolos religiosos en los edificios y actos públicos. Todo ello de acuerdo al sentir general de la ciudadanía, pues no es nuestro propósito actuar por imperativo legal sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española. Por todo ello, sí hemos adoptado la decisión de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) y abordar en ella estas medidas. El mandato constitucional de aconfesionalidad así lo exige. Pero hacerlo con prudencia y acompañando a la sociedad en una cultura tolerante de la laicidad, es lo más inteligente en un país cuya memoria histórica algo nos enseña sobre esta delicada cuestión.

El Correo,20/07/2008

¿Para cuando un índice de malas prácticas en RSE?

Hasta ahora, en la experiencia española y en la de casi todo el mundo, la evaluación de la RSE se hace sobre índices y reportes que destacan las prácticas positivas de las empresas. Las instituciones premian las mejores prácticas en inserción de la discapacidad, conciliación laboral y personal, etc. Los índices bursátiles de sostenibilidad elaboran listados con las empresas que cumplen determinadas condiciones. Los observatorios y auditores otorgan rankings de transparencia, etc. Pero son muy raros los informes críticos con las malas prácticas o con las actuaciones contrarias a la sostenibilidad de las empresas. ¿Para cuándo un índice serio de empresas no sostenibles o de prácticas empresariales censurables?

Por supuesto debe ser un índice serio y riguroso. El daño que se puede producir con una información falsa o no contrastada suficientemente, con una acusación infundada o frívola, o con exigencias impropias o imposibles, puede ser mayúsculo. Pero hecha con solvencia, la denuncia de malas prácticas o de actuaciones empresariales contrarias a Derechos Humanos o a las leyes o a la ecología, puede y debe ser un formidable estímulo a la expansión de la RSE. Dos ONGs suizas conceden los “premios” Mirada Crítica (Public Eye Awards), para denunciar las actuaciones empresariales más irresponsables del año. ¿Para cuándo una iniciativa semejante?

No estamos cuestionando la propaganda social y la búsqueda de rentabilidad económica en la RSE. La necesidad de rentabilidad económica y corporativa como contrapartida a la política de RSE están fuera de toda duda. Es más, urge que las buenas prácticas de RSE rindan resultados económicos para justificar las inversiones y costes de estrategia empresarial hacia la excelencia en sostenibilidad.

Pero las políticas de marketing social que pretenden diluir en la propaganda de una determinada acción social, prácticas sociolaborales o medioambientales incompatibles con la sostenibilidad entendida ésta en sentido amplio, deben ser denunciadas como el peor remedo de la RSE. Lo mismo, o peor todavía, podría decirse de las estrategias de reputación corporativa manifiestamente engañosas sobre valores o características sostenibles de la actividad y productos de una empresa, que no corresponden para nada con la realidad.

Diario Responsable, 17/07/2008