Escenarios para una batalla

Bien podría decirse que la presencia de Batasuna o de su representación política en las elecciones del 27 de mayo está adquiriendo las características de una verdadera batalla jurídica y política. En algunos aspectos y quizás para algunos, es más importante incluso el desenlace de ese reto que los resultados electorales mismos.

Los dirigentes de la ilegalizada e inexistente Batasuna guardan celosamente sus armas para intentar sorprender o evitar las acciones legales del Estado contra su presencia electoral. El PP, a su vez, extrema sus exigencias pretendiendo poner al descubierto una supuesta complicidad del Gobierno con la izquierda abertzale o quizás pretende también censurar al Ejecutivo sea cual sea el resultado de la batalla jurídica que se avecina. Me gustaría ofrecerles un análisis jurídico y otro político sobre ese escenario próximo.

A la luz de la legalidad y de la jurisprudencia existentes, debemos contemplar dos hipótesis. La primera alternativa sería crear una nueva marca electoral de la llamada izquierda abertzale, registrando para ello un nuevo partido político en la ventanilla del Ministerio de Interior. Tal operación les reporta la unificación de sus fuerzas en torno a una concreta opción política y les proporciona una plataforma desde la que operar políticamente en el futuro. Pero es más que probable que ese intento no prospere. En la medida en que la nueva organización política esté integrada por los dirigentes y la infraestructura humana de los partidos ilegalizados en marzo de 2003, por su connivencia con el terrorismo (Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), la impugnación de la Fiscalía o del abogado del Estado contra su simple autorización de registro o ante la Sala 61 del Tribunal Supremo, en aplicación de la Ley de Partidos, prosperará con toda seguridad y tal proyecto quedaría abortado antes de nacer. Naturalmente, siempre que dicha opción no vaya acompañada de una expresa renuncia a la violencia y condena de la misma, en cuyo caso su legalización sería obligada.

La segunda hipótesis, la más probable en los cálculos de los estrategas abertzales, es la creación de más de doscientas agrupaciones electorales en los municipios vascos y navarros con una denominación local y una raíz común (por ejemplo, 'Izquierda Abertzale de ', naturalmente en euskera), integradas por las personas que representan a ese sector social y a esa organización política. Pues bien, es ante esta segunda hipótesis ante la que resulta necesario afinar la aplicación legal y la jurisprudencia existente, así como los instrumentos del Estado frente a la vulneración de nuestras normas. Una vez conocidas esas agrupaciones y sus candidatos (a finales de abril), el Gobierno debe comprobar la existencia de indicios y pruebas que identifiquen dichas listas con las que en su día representaron a los partidos ilegalizados y comprobar con todo tipo de señales y referencias las conexiones con la organización, infraestructura y vida anterior de dichos partidos, o con sus expresiones actuales. En concreto, se tratará de comprobar, tal como establece el artículo 44 de la Ley de Partidos, «si esas agrupaciones de electores de hecho vienen a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido»

Los servicios jurídicos del Gobierno y de la Fiscalía examinarán esa información y en función de su entidad impugnarán un considerable número de esas agrupaciones electorales. Cuando la información obtenida no permita probar conexión alguna con los partidos ilegalizados, normalmente, no habrá impugnación, porque el de representación política es uno de los derechos constitucionales básicos de nuestro sistema democrático y sólo con pruebas evidentes puede justificarse la privación del derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos españoles. Tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional: «Trasladar las consecuencias de la disolución de un partido ( ) sin más, a las agrupaciones de electores supondría convertir la disolución de una persona jurídica en causa limitativa del ejercicio de un derecho fundamental por parte de personas físicas».

Conviene precisar además que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, del Tribunal Constitucional ha ido endureciendo e incorporando nuevos requisitos a la ilegalización encadenada o prolongada hasta el infinito de organizaciones políticas o agrupaciones electorales por el mero hecho de que presenten algún tipo de conexión personal, sea de la entidad que sea, con partidos ya ilegalizados. Se exige para ello la constatación de una «estrategia defraudadora», es decir, se precisa probar la constancia de la intención de defraudar y las pruebas de que esa intención se ha materializado y culminado en la formación de la candidatura enjuiciada.

Esa misma jurisprudencia ha establecido criterios restrictivos, a la hora de juzgar como relevantes o probatorios de sucesión al partido ilegalizado, una serie de elementos o referencias relacionadas con los avalistas de las candidaturas, o incluso el número de coincidencias personales con candidatos de los partidos ilegalizados.

Queda para el final la posibilidad de que utilicen las siglas EHAK, actualmente en el Parlamento vasco como depositarios de los votos de ese mundo, cuando se ilegalizó Aukera Guztiak en 2005. Si lo hacen con los hombres y mujeres de Batasuna contaminarán a ese partido y sería el argumento definitivo para instar la ilegalización del famoso PCTV. Si lo utilizan en algunos municipios con personas no vinculadas con Batasuna, la ilegalización seguiría siendo más difícil, teniendo en cuenta que se trata de un partido legalizado en su día (2001) y sobre el que la Fiscalía reitera la inexistencia de pruebas suficientes para instar su ilegalización. Recordando de nuevo la sentencia del Tribunal Constitucional, un partido (en este caso EHAK) no es responsable por la adhesión que le demuestren los votantes o responsables de otro ya ilegalizado, en tanto no existan conexiones estructurales y organizativas que permitan hablar de una trama defraudatoria entre ambos, suficientemente probadas.

¿Por qué digo todo esto? Porque sería bueno que no se hiciera demagogia con estos procesos y me temo, visto lo visto, que el PP no renunciará a criticar al Gobierno, a la Fiscalía, a los tribunales y a la jurisprudencia del mismísimo Tribunal Constitucional para alimentar la sospecha fantasmagórica de la cesión y de la negociación.

Y esto me lleva a la posición política que nos anima. El Gobierno ha anunciado que la Ley de Partidos no se va a cambiar y que la exigirá de la A a la Z a quien concurra a las elecciones. Esta posición la han anunciado en sede parlamentaria y en mil sitios más el presidente, el ministro de Interior y el de Justicia, entre otros. El Gobierno ha dicho también que prefiere o desea la incorporación de la izquierda abertzale a las instituciones, porque la participación política y la democracia misma es el único destino de su causa. Pero añade que eso sólo será posible si se aparta de ETA y rechaza y condena la violencia. De manera que la política del Gobierno está clara. La bomba de Barajas rompió casi cuatro años sin violencia y con ETA activa no hay proceso, no hay diálogo y no hay participación institucional. Más allá de especulaciones y agresivas campañas de la oposición, ésta es la realidad y espero que los hechos me den la razón.

El Correo, 23/03/2007

El incierto destino de una iniciativa justa.

Sobre el mal llamado Proyecto de Ley de Memoria Histórica, se ha dicho de todo y casi todo malo. A la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero le han salido críticos por todos lados y en todos los planos. A la derecha le parece la última y definitiva muestra del sectarismo guerracivilista del Presidente, empeñado en volar los cimientos de la concordia política pactada en la transición española. Ha sido, según dicen, la gota que desborda el vaso de su irresponsabilidad política, al romper el espíritu de los pactos constitucionales. A la izquierda de IU y Esquerra Republicana les parece una ley insuficiente y los adjetivos con que la han recibido, han llegado al insulto: cobardía, inmoralidad, etc. Los nacionalistas catalanes y vascos han rechazado los extremos de PP e IU-Esquerra y han votado en contra de la devolución del Proyecto de Ley, pero han advertido de las importantes reformas que deberá incorporar en su tramitación para que puedan aprobarla.

De manera que, no hay otro remedio que reconocerlo, el comienzo de esta Ley no ha sido precisamente pacífico. Incluso, en los ambientes jurídicos la polémica es intensa, porque la petición de anular las condenas del franquismo ha abierto una viva y compleja discusión sobre si tal cosa es posible a la luz de nuestra Constitución, Ley de amnistía y sentencias del Tribunal Constitucional que niegan la aplicación retroactiva de sus principios y normas. Para acabar de describir el panorama, los rasgos de estas fracturas políticas y jurídicas están teniendo una plasmación social bastante peligrosa. Los medios de comunicación españoles se han alineado con las dos posiciones y en particular la derecha mediática ha hecho de este asunto bandera de sus críticas más aceradas al Gobierno. La guerra de las esquelas que se ha venido produciendo desde el verano pasado, es buena muestra de este pasado tumultuoso y apasionado que nos divide y nos amenaza.

Soy consciente de que explicar y razonar las posiciones del Gobierno, en este medio, no es cosa fácil. Seguramente quienes me lean, estarán posicionados en una exigencia terminante de Memoria, Verdad y Justicia y no comprenderán nada bien argumentos relativizadores de estos valores que muchos creen absolutos. Con todo, lo intentaré.

Empezaré por transmitir un doble sentimiento. Soy hijo de republicanos represaliados. En la intimidad de la sobremesa de una familia numerosa y pobre, de un barrio obrero de San Sebastián, se ha llorado durante años las enormes secuelas de aquella guerra y de la represión de los vencedores sobre los vencidos. Ninguno de mis diez hermanos olvidamos aquellas sesiones de recuerdo histórico y de aprendizaje político, por otra parte frecuentes en miles de hogares vascos y de toda España. Cuarenta años después de aquellas imágenes, el mundo que me rodea está igualmente compuesto por milicianos, viejos republicanos, herederos de la represión que reclaman sus deudas con nuestra historia.

Pero junto a ellos, se agolpan razonamientos derivados de una vida cruzada por otras experiencias y de mi trayectoria política de estos últimos años. Un deseo firme de no volver a las dos Españas machadianas que te hielan el corazón. Un reconocimiento de que durante la guerra, todos hicieron barbaridades y que sentimientos tan legítimos como los míos, anidaban en otras familias en dirección contraria. Una inequívoca convicción de no querer romper las bases de nuestra transición democrática que nos permitieron alumbrar la España democrática y constitucional, que sorprendió y admiró al mundo entero. En definitiva, una sólida confianza en que nuestras decisiones de hoy, treinta años después de que acabara el franquismo y setenta años después de la guerra, debían situarse en el mismo consenso en que se fundamentó la transición y debía garantizar la misma convivencia reconciliada.


Sobre estas bases se sitúa el tema y sobre ellas me gustaría responder a tres cuestiones principales:

-¿Es necesario retomar la memoria de nuestra guerra y de la represión franquista?
-¿Cuáles son los objetivos de la Ley del Gobierno?
-¿Dónde radican las dificultades de aprobación de esta Ley?

¿ES NECESARIA ESTA LEY Y POR QUÉ?

Desde hace unos años, pero con particular intensidad a partir de la vuelta del PSOE al Gobierno de España se vienen produciendo una serie de movimientos reivindicativos en torno a la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista posterior. Se trata de cuestiones muy diversas que vienen coleando desde la recuperación de la democracia y que, a lo largo de estos casi treinta años, no han sido satisfechas o respondidas suficientemente. Familiares de fusilados en las cunetas, que quieren enterrarles con honor. Condenados por Consejos de Guerra que desean rehabilitarse de sentencias manifiestamente injustas. Organizaciones cívicas, como por ejemplo varias logias masónicas, que reclaman compensaciones a sus bienes incautados. Y así, mil deudas de aquella trágica historia que todavía levantan pasiones y que se sustentan en un hecho incontrovertible. Quienes perdieron la guerra fueron sometidos a una durísima represión hasta bien entrada la década de los cincuenta. Los historiadores cifraron en 50.000 los fusilados y en 270.000 los encarcelados o internados en campos de concentración, de los que cerca de 5.000, murieron.
Conviene añadir, para los desmemoriados, que no es esta la primera vez que la democracia toca el asunto. Sucesivos gobiernos de la democracia dictaron medidas de compensación muy importantes: indemnizaciones a los muertos y a los mutilados republicanos en la guerra; reconocimiento de grado a los militares republicanos profesionales; rehabilitación de funcionarios sancionados; indemnizaciones a los prisioneros republicanos después de la guerra; pensiones a exiliados y a los niños de la guerra, etc. En total, más de seiscientas mil familias del lado republicano han sido o están siendo indemnizadas. Pero, con todo, sigue habiendo muchos colectivos y personas particulares pendientes de compensaciones de justicia, y es en este contexto y con esas pretensiones, como se inicia este debate al comienzo de esta legislatura.
El 1 de junio de 2004, el Parlamento mandató al Gobierno a elaborar un informe sobre los aspectos pendientes en relación con las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. En septiembre de ese mismo año, el Gobierno creó una Comisión Interministerial para el estudio de estos temas y en octubre comenzó su trabajo. Fue un trabajo minucioso e ingente porque fueron muchas las asociaciones que comparecieron, muchas las consultas con expertos y con ministerios afectados y cientos de comunicaciones personales e institucionales.
La Ley surgió así para saldar deudas de nuestra historia que, como sociedad tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY?

Quienes durante la guerra civil y la dictadura, sufrieron condenas, sanciones, ejecuciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas ideológicas:
1. Reciben un reconocimiento moral general en el Artículo 1 de la Ley.
2. Además de ese reconocimiento general, las propias víctimas supervivientes o sus familiares podrán solicitar una reparación individualizada. Estas personas presentarán su petición a una Comisión Interministerial, creada al efecto, que se encargará de localizar los datos y documentos precisos para gestionar el expediente. La Comisión pasará el resultado de su trabajo a un Consejo, designado por el Parlamento, por mayoría de 3/5 y entre personas de reconocido prestigio, que será quien realice la declaración de reconocimiento que haya sido solicitada, la cual será publicada en el B.O.E.
3. Se establecen toda una serie de prestaciones económicas por cuantía aproximada de 20 millones de euros destinadas a quienes por no cumplir determinados requisitos, quedaron excluidos en su día de indemnizaciones como las contempladas en la Ley de Amnistía. Se amplían los supuestos contemplados en la normativa actual para que puedan obtener pensiones y ayudas pequeños colectivos y personas que habían quedado excluidas y se dejan exentas de IRPF las pensiones e indemnizaciones que se cobran por una sola vez y se compensan por los impuestos que hayan sido pagados por estos conceptos, hasta la fecha.
4. Se reconoce el derecho a una indemnización, por una sola vez, a personas fallecidas en defensa de la democracia entre enero de 1968 (fecha en la que entra en vigor la Ley de Víctimas del Terrorismo) y octubre de 1977 (en que lo hace la Ley de Amnistía). Esta medida pretende una compensación de 135.000€ a las víctimas mortales del llamado tardofranquismo, entre los que se encuentran, por ejemplo, los seis obreros muertos en Vitoria y Basauri en marzo de 1976.
5. Las Administraciones Públicas facilitarán a los familiares de víctimas que así lo soliciten las tareas de localización e identificación de restos. La exhumación de los mismos será, en todo caso, decisión de los familiares.
6. El Gobierno, en los monumentos, edificios y lugares de titularidad pública estatal, adoptará medidas para la retirada de placas, insignias o menciones referidas a la guerra civil, en las que sólo se rinda homenaje a una de las partes contendientes. Respecto al Valle de los Caídos, en ningún lugar del recinto se podrán llevar a cabo actos políticos ni de exaltación de la guerra civil y la dictadura.
7. Se establecerán planes plurianuales para ordenar, sistematizar, microfilmar y archivar la ingente cantidad de documentación que existe desperdigada por España. El archivo de Salamanca es el centro donde se reunirán todos los documentos de la época o sus copias.
8. Se otorga la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, sin necesidad de que tengan que renunciar a la suya de orígen.

¿DÓNDE RADICAN LAS DIFICULTADES DE APROBACIÓN DE ESTA LEY?

La primera y muy importante es la negativa radical del PP a tomar siquiera en consideración esta iniciativa. Este rechazo, ayudado por sus poderosos aliados mediáticos, encrespa el debate y limita los movimientos del Gobierno en un tema sensible. La búsqueda de acuerdos con la izquierda, se hace así, no sólo más difícil, sino en determinados aspectos imposible. Por el lado de Izquierda Unida, la cuestión fundamental es la anulación de los juicios franquistas. Aunque no se reconozca así expresamente, esta reivindicación va unida a una creciente demanda de enjuiciamiento al franquismo. Varias asociaciones de la memoria y Amnistía Internacional principalmente, vienen sosteniendo la necesidad de abrir una causa general contra los crímenes de la guerra y las violaciones de los Derechos Humanos de la represión franquista considerando que todos los delitos son imprescriptibles. En mi opinión, tal posibilidad debe ser enjuiciada por los tribunales, pero no debe contemplarse en una ley. Sin perjuicio de eliminar de ella, algunas referencias que los más críticos han interpretado como elementos de una Ley de punto final.

La pretensión de anulación general mediante Ley, de todos los juicios represivos del franquismo abre enormes dificultades jurídicas y políticas. Entre las primeras destaca, una reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que considera no constitucional la aplicación retroactiva de la Constitución Española, porque ello provocaría la vulneración del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y en especial del principio de la cosa juzgada. Una anulación general mediante Ley plantea también el problema de la concreción de qué sentencias concretas son las anuladas, es decir, las que se dictaron con base en qué leyes, en qué tribunales, etc. Con el problema consiguiente de delimitar y excluir otras que seguramente adolecían de los mismos problemas de falta de garantía procesal y de radical injusticia (por ejemplo las aplicadas contra la masonería, vagos y maleantes, etc.)

Se nos dice que la anulación no produciría efectos económicos, pero, ¿cómo se garantiza eso? Los herederos de quienes fueron condenados, y revocada ahora su sentencia, tendrán abierto el camino a la reclamación de daños al Estado Español de hoy, heredero y sucesor jurídico del anterior. Por último, la anulación de esas sentencias, por su radical injusticia, podría provocar una cascada de procesos contra antiguos responsables de aquellos tribunales y otros próceres de la dictadura franquista, en abierta contradicción con la reconciliación de la transición, en la que la Ley de Amnistía estableció, junto a la libertad de todos los detenidos políticos, la voluntad de pasar página y “renunciar a la persecución judicial de los servidores del régimen franquista”. Caballero Bonald, el escritor andaluz, dijo un día que “fue un error decretar una historia sin culpables”. Yo no lo comparto. Creo que la izquierda fue generosa en la transición, pero en su generosidad está la grandeza de su historia.

Se nos dice que esto no es justo. Que anteponemos criterios de oportunidad o de conveniencia política a la justicia de esta demanda. Es verdad. Pero la justicia no es un bien absoluto que se aplica de manera perfecta. Primero, porque la justicia plena es la justicia inmediata y no se pueden aplicar medidas de justicia de hoy, con parámetros de hoy a problemas de hace 70 años. Esa será siempre una justicia imperfecta, ¿creen ustedes posible aplicar justicia perfecta en Francia con sus responsabilidades en Argelia? ¿Creen que la asumiremos los europeos con la colonización y descolonización africana? ¿Creen que hubo justicia perfecta en Alemania con los crímenes del nazismo? Segundo, porque la justicia en estos casos, no se aplica en un terreno ideal, exento de contradicciones con otros bienes públicos valiosos. Me explico. El legislador tiene derecho a evaluar, desde criterios de conveniencia social, los efectos de sus disposiciones y es por eso que, en este caso, el Gobierno ha propuesto una declaración de reparación y reconocimiento personal sin poner en tela de juicio los principios de seguridad jurídica y de garantía de la cosa juzgada. Para elevar el rango de tal declaración ha previsto un procedimiento individual y una publicación en el B.O.E. con efectos declarativos, informativos y simbólicos de máxima rehabilitación.

Quedan otros muchos aspectos en la Ley que deben mejorar y que en las enmiendas de los grupos parlamentarios podremos abordar. Cuantía de las indemnizaciones previstas, colectivos específicos que merecen cita legal, una mayor colaboración de las Administraciones en la exhumación de restos, etc. Honradamente creo que en estos y otros aspectos, podemos y debemos ampliar la Ley.

Como se manifestó el pasado 4 de julio en el Parlamento Europeo, en un debate que condenó la dictadura franquista: “traer al presente nuestro pasado es un acto de voluntad que tiene que ver con el futuro que queremos construir”. Esta es la línea maestra que debemos seguir al encarar este espinoso asunto. Mirar al pasado de frente, con autocrítica, sin afanes vengativos, sin ira, ni odio, es una terapia imprescindible para los pueblos. También lo es, aplicar justicia, una justicia limitada, imperfecta, pero justicia al fin y al cabo, a nuestras deudas pendientes con quienes sufrieron la injusticia de la represión y los horrores de la guerra. Y todo ello debe hacerse sin alterar los fundamentos de nuestra convivencia democrática, que tiene en la reconciliación pactada su más admirable patrimonio ético y político y uno de sus principios constituyentes.

Termino con un matiz. Una cosa es intentar esa mirada reconciliada a nuestro pasado y otra, muy distinta, es tener que soportar las cada vez más frecuentes versiones revisionistas de nuestra guerra civil. Una cosa es aceptar la dosis de autocrítica y de reflexión que aquellos hechos nos merecen, con el valor y el coraje de quienes se sienten capaces de mirar al pasado desde la fuerza liberadora de la verdad y otra cosa es cuestionar la verdad. La verdad de los hechos no es cuestionable. En 1931, unas elecciones democráticas trajeron a España la II República. Seis años más tarde, un golpe militar contra la democracia instaurada en la República, provocó una guerra de tres años, la fractura de la sociedad española, un millón de muertos, una represión cruel a los vencidos y cuarenta años de dictadura y opresión a todo el pueblo español. Una vez más, afirmo que el conocimiento de los hechos y el reconocimiento del pasado, no ofende a nadie, hace grande la verdad. No abre heridas. No daña al pueblo, lo corrige, le ayuda a evitar repetir errores. Porque las heridas curan con la verdad y la justicia, no con el ocultamiento y el olvido.

En cualquier caso, es un ejercicio de responsabilidad cívica “para saber que somos porque fuimos” (Antonio Álvarez de la Rosa).

Impostura

Impostura: Imputación falsa y maliciosa. Fingimiento o engaño con apariencia de verdad. La campaña organizada por el PP en relación con el 'caso De Juana' me parece exactamente eso, una gigantesca impostura. La primera falsedad surge de quienes relacionan la condición carcelaria actual de este preso con los asesinatos por los que fue condenado a finales de los años ochenta. Una vez más tenemos que recordar que por aquellos hechos ya cumplió condena y se le aplicó la ley penitenciaria que le habría llevado a la libertad a mediados del año 2005. Por cierto, fue el Gobierno del PP el que le aplicó beneficios penitenciarios de reducción de condena de casi un año, por escribir un libro muchísimo más agresivo, filoterrorista y amenazante que los famosos artículos de 'Gara'. De manera que todo el griterío organizado en torno a la decisión adoptada por el Ministerio de Interior es pura utilización de los sentimientos repulsivos que genera este preso en la población, asociados a sus crímenes, por los que, conviene repetirlo, ya cumplió su condena.

Fue el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero el que instó a la Fiscalía a investigar si este preso había cometido algún delito por los citados artículos. No fue el PP el que tomó esta iniciativa, sino el Ministerio de Justicia del Gobierno socialista el que buscó en el Código Penal, por sus actos como preso, la prolongación de una condena cuya brevedad escandalizó a la ciudadanía. Por cierto, si en 2005 hubieran estado gobernando los que en su día le concedieron a De Juana beneficios penitenciarios por su apología terrorista en sus panfletos, es decir Rajoy, Acebes y compañía, quizás habría sido puesto en libertad sin más escándalo. Entre otras razones porque el PSOE en la oposición no habría actuado tan demagógica e irresponsablemente como lo está haciendo el PP con la política penitenciaria.

Y es aquí donde se añade la malicia a la falsedad. Porque se oculta intencionada y reiteradamente que De Juana está cumpliendo una condena de tres años, después de que el Tribunal Supremo redujera la pena que le había impuesto la Audiencia Nacional de 12 a 3 años de prisión. De los cuales había cumplido más de la mitad. Es decir, este preso estaba a punto de cumplir una pena leve (tres años) y no tenía pendiente ninguna por sus crímenes anteriores.

El argumento más sólido contra la decisión del Gobierno es que había un chantaje al Estado por la huelga de hambre y que se ha cedido ante él. ¿Cedió también a ese chantaje el Tribunal Supremo, adelantando la vista para dictar rápidamente su sentencia, ante el peligro de su vida y ante la hipótesis -luego verificada- de una absolución o de una importante reducción de la pena? ¿Cedió también el Supremo, es decir, el Poder Judicial español en su máxima expresión a ese chantaje, reduciendo la pena de doce a tres años? Nadie dijo nada entonces. Bueno, sí. La AVT convocó una manifestación, otra más, contra el Tribunal Supremo, a la que se sumó el PP, aunque a última hora cambiaron el motivo oficial de la convocatoria.

La imputación falsa y engañosa vuelve aquí porque la protesta se lanza contra el Gobierno que decide cambiar el grado de un preso condenado a una pena leve que en su última fase de cumplimiento corre el riesgo de morir. Es verdad que la causa de su posible muerte se la produce él mismo voluntariamente, pero corresponde a la responsabilidad del Estado evitarlo, y es así que la decisión del Gobierno se inscribe en una legalidad impecable e incuestionable. Los informes médicos advierten de la posibilidad cierta de un fatal desenlace o de lesiones irreversibles. La Junta de Tratamiento de la cárcel aconseja su pase a segundo grado y el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional lo confirma plenamente.

De Juana no ha sido puesto en libertad. Tampoco ha obtenido el tercer grado, ni mucho menos la libertad condicional. Ha sido trasladado al Hospital de San Sebastián y si recibe el alta médica seguirá cumpliendo su pena en su domicilio bajo control permanente. Nadie discute que la decisión es de plena legalidad, pero se reclama al Gobierno que no la hubiera tomado, es decir, que le hubiera seguido alimentando a la fuerza, asumiendo los graves riesgos antes citados. Y yo pregunto: ¿Puede un Gobierno decidir, como ha decidido éste, que esos riesgos son profundamente inconvenientes para el Estado? ¿Que resulta no sólo más humanitario sino mucho más inteligente evitar un desenlace fatal que iba a retrotraer la lucha contra la violencia a años ya superados? ¿Puede el Gobierno inscribir esta decisión en una elemental y compartida inteligencia política sobre la necesidad de evitar la realimentación del victimismo fanático de ese mundo? Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo, sobre un preso que, repito, estaba a punto de cumplir una pena leve, amparándose para ello en la misma legalidad que utilizaron siempre todos los gobiernos de España.

Es éste uno de los casos en los que un gobierno tiene que tomar decisiones eligiendo entre lo malo y lo peor, y además tiene que explicarlo para que lo entienda una ciudadanía sometida a una enorme tensión sentimental.

Pero, digámoslo claramente, es una tensión creada y alimentada por el primer partido de la oposición. El PP ha hecho del 'caso De Juana' un símbolo de su oposición al Gobierno socialista porque desde el principio de la legislatura había decidido acosar y derribar a Rodríguez Zapatero, en una estrategia que incluía la lucha antiterrorista. Por eso, el atentado de Barajas no fue respondido por una gran protesta unitaria contra ETA, sino por una manifestación contra el Gobierno. Algo que nunca había ocurrido antes. Por eso han mantenido, desde el inicio mismo de la legislatura, una persistente deslegitimación sobre la victoria electoral del PSOE del 14 de marzo. El 'queremos saber' sobre el 11-M que se hacía presente en muchas manifestaciones contra el Gobierno de víctimas del terrorismo y que más elocuentemente que nadie, recordaba hace sólo unos días Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno Aznar: «Tenemos derecho a saber qué grupo terrorista puso a Zapatero en La Moncloa».

Por eso han hecho de la política antiterrorista el eje de su oposición, utilizando a las víctimas y manipulando la política penitenciaria como nunca se había hecho en treinta años de democracia. Por eso enarbolan indignados la bandera de la dignidad del Estado contra el Gobierno, en el 'caso De Juana', coincidiendo con el aniversario del 11-M, para correr un tupido y cínico velo sobre las víctimas de aquella masacre que no interesan en esta representación. La imagen del ex presidente Aznar poniendo flores en la plaza de las víctimas de De Juana me parece una de las cosas más repugnantes y demagógicas que he visto en mi vida. ¿Por qué no las pone en Atocha? ¿Por qué no las puso cuando, siendo presidente, liberó a Esteban Nieto, por enfermedad terminal, el compañero terrorista de De Juana que puso la bomba en la plaza?

Es demasiada la rabia y la intolerancia que acumulan Aznar y los suyos como para creer en sus gestos y en sus manifestaciones. Sólo espero que el pueblo hable en las urnas y les diga ¿basta ya de mentiras e imposturas!

El Correo.15/03/2007

¿Dónde estamos?

Es bastante comprensible que una gran mayoría de los ciudadanos especialmente de los vascos– hayan caído en una profunda decepción, después de la bomba de Barajas.

La expectativa de la paz se había asentado tan viva e intensamente en los meses pasados, que la tentación pesimista, incluso la derrotista, aflora con inevitable fuerza en estos momentos. Más, si al atentado de la T-4 se añade el lamentable espectáculo partidario que acompaña a la política antiterrorista, tanto en el País Vasco como en toda España.

Pero los dirigentes políticos no podemos perder la perspectiva. El presidente del Gobierno no ha dejado de creer en el final de la violencia. Sostiene Zapatero, incluso estos mismos días, que la violencia de ETA toca a su fin y que está en su final “aunque dure todavía varios años”.

Yo creo que tiene razón, aunque no sé si lo diría tan abiertamente ocupando su lugar. En todo caso, le reconozco un enorme valor y convicción en su estrategia, porque, desde que llegó a La Moncloa, no ha dejado de soltar hilo de esa cometa. Como dice un amigo al que le gusta el rugby, Zapatero lanza la pelota y grita “patada a seguir”, marcando un camino y consolidando poco a poco un único destino a este barullo: el fin de la violencia.

¿Ha sido una estrategia fracasada? No lo creo. De todos los procesos semejantes, el Estado ha salido indemne y es a ETA y a su entorno a los que les corresponde gestionar las contradicciones de la frustración de la ruptura. Mirando en perspectiva, las treguas y las rupturas, desgastan mucho más a ETA que a la democracia. Nunca hemos cedido nada.

Y aunque, eventualmente, ellos se hayan reorganizado, el Estado ha acabado desarticulando sus ofensivas, como ocurrió después de la tregua de 1999. Es verdad que, en esta ocasión, no hemos salido indemnes del proceso. A diferencia de 1989 y de 1999, en esta ocasión, la unidad democrática después de la ruptura de la tregua ha saltado por los aires. Realmente no hubo unidad desde que Zapatero ganó las elecciones, pero el atentado de Barajas ha sido aprovechado por el PP y por ciertas organizaciones de víctimas para ahondar una fractura política, mediática y social de la democracia española, inédita en la larga lucha contra ETA.

Pero, una vez hecho este reconocimiento de daños, parece bastante evidente que no estamos como en enero de 2000, cuando ETA rompió la tregua de Lizarra y lanzó comandos a Sevilla, Barcelona, Madrid y País Vasco que acabaron asesinando a unas 50 personas en tres años. El atentado de Barajas responde a otra lógica, a otro momento y, sobre todo, ha provocado tal rechazo y desesperanza en su propio mundo (votantes, presos, y dirigentes de Batasuna), que bien haríamos en analizar con más inteligencia y serenidad todo lo que ocurre en él, en vez de pelearnos entre nosotros.

La demostración es la desesperada estrategia que ha desplegado Otegi para evitar que vuelva la violencia. Primero pidiendo a ETA (por primera vez en la historia) que mantenga el alto el fuego de marzo de 2006.

Después, presentando su propuesta política más pragmática (Nuevo Estatuto de Autonomía, incluyendo País Vasco y Navarra) y en una entrevista en la que, objetivamente, había elementos muy novedosos, respecto a la aceptación de la democracia y sus reglas, insistiendo en que quieren hacer política en términos democráticos y afirmando incluso: “queremos cambiar un tablero de confrontación por otro de seducción”.

Ciertamente persisten dudas más que razonables sobre estos propósitos, porque no podemos olvidar las lecciones que hemos obtenido del reciente proceso. La más importante, a mi juicio, es que ETA no acepta su disolución sino como consecuencia de una negociación política sobre sus contenidos clásicos: Navarra y Autodeterminación, aunque a estos objetivos, la fraseología nacionalista le haya inventado denominaciones eufemísticas muy peculiares: la unidad territorial y la capacidad de decisión.

La otra consecuencia ineludible de nuestro análisis debe ser, incuestionablemente, las condiciones del diálogo político. Porque ETA también ha confirmado que aunque traslade el diálogo a los partidos y renuncie a su protagonismo directo en él, “acompaña” ese diálogo con la amenaza de su vuelta al terror y con una violencia controlada (recuérdese la kale borroka de 1999 y 2006, más los anuncios y presagios de violencia producidos en este otoño pasado).

Sin embargo, a mi juicio, no es incompatible, como creo que pretende el presidente, dejar claro a ETA y a Batasuna que en estas condiciones no hay final dialogado ni nada que se le parezca y, al mismo tiempo, seguir ofreciéndoles la política y la democracia como único destino a su final. Pero tan enigmática ecuación requiere evitar dos tentaciones.

La primera viene protagonizada por el lendakari y algunos nacionalistas, empeñados en negociar una solución que ellos mismos reivindican (todo es bueno para el convento) y dispuestos a aceptar, con sospechosa tolerancia, la dialéctica de un diálogo con ETA-Batasuna, aunque vaya acompañado de una violencia que, naturalmente, sufren otros. La segunda es sobrevalorar las contradicciones internas de la izquierda abertzale y autoengañarnos con los cantos de sirena de algunos de sus dirigentes que, al final, siempre se pliegan a los que mandan los comandos.

Es demasiado evidente que, hasta ahora, en el puente de mando de todo el entramado ha estado y está ETA y que son demasiados los frenos y los miedos que impiden el giro definitivo e irreversible a la política de ese mundo. Con todo, hay espacio para una estrategia unitaria que combine la firmeza contra ETA y la defensa del Estado de Derecho, con una política que favorezca el fin de la violencia, y en ella sigue el Gobierno.

Por eso resultan tan injustas las palabras de Aznar contra Zapatero en el X aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez: “?mantener a prueba de bombas el proceso reafirmará en ETA la idea de que matar y negociar son dos ingredientes de la misma receta”. Es brutal como alegato partidista, aunque, si fuera cierto, tendría razón. Pero no lo es. Hemos decidido que se acabó y tenemos derecho a ser creídos.

¿Dónde quedan las mentiras de tantos portavoces del PP acusándonos de haber entregado Navarra y negociado la autodeterminación? ¿Alguien ha oído a Sanz o a Rajoy pedir disculpas de tantos excesos a la vista del comunicado de ETA que “explicaba” su bomba, acusando al Gobierno del PSOE de haber puesto siempre la Ley y la Constitución como límites al diálogo? El Estado es más fuerte y la democracia invencible. Lo hemos intentado con generosidad y con firmeza.

En los límites del Estado de Derecho y de la inteligencia política que reclaman estos asuntos. Ellos han roto por las razones que todos sabemos. Ahora toca demostrarles que se acabó. Que así no. Que podemos y sabemos aguantar cualquier pulso. Llevamos 850 muertos a nuestras espaldas como para asustarnos y ceder. Pero, una vez más, hay que hacerlo con inteligencia y, si fuera posible, con unidad.

Soy de los que creen firmemente que la democracia española ha derrotado a ETA y que ellos lo saben. Hasta el IRA los ha dejado solos, o peor, mal acompañados por un terrorismo yihadista que los desborda en el horror del terrorismo masivo. Su tiempo acabó y ahora debemos lograr su disolución en los límites de la justicia y la democracia, por supuesto, pero con la inteligencia de la política.