Sobre el mal llamado Proyecto de Ley de Memoria Histórica, se ha dicho de todo y casi todo malo. A la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero le han salido críticos por todos lados y en todos los planos. A la derecha le parece la última y definitiva muestra del sectarismo guerracivilista del Presidente, empeñado en volar los cimientos de la concordia política pactada en la transición española. Ha sido, según dicen, la gota que desborda el vaso de su irresponsabilidad política, al romper el espíritu de los pactos constitucionales. A la izquierda de IU y Esquerra Republicana les parece una ley insuficiente y los adjetivos con que la han recibido, han llegado al insulto: cobardía, inmoralidad, etc. Los nacionalistas catalanes y vascos han rechazado los extremos de PP e IU-Esquerra y han votado en contra de la devolución del Proyecto de Ley, pero han advertido de las importantes reformas que deberá incorporar en su tramitación para que puedan aprobarla.
De manera que, no hay otro remedio que reconocerlo, el comienzo de esta Ley no ha sido precisamente pacífico. Incluso, en los ambientes jurídicos la polémica es intensa, porque la petición de anular las condenas del franquismo ha abierto una viva y compleja discusión sobre si tal cosa es posible a la luz de nuestra Constitución, Ley de amnistía y sentencias del Tribunal Constitucional que niegan la aplicación retroactiva de sus principios y normas. Para acabar de describir el panorama, los rasgos de estas fracturas políticas y jurídicas están teniendo una plasmación social bastante peligrosa. Los medios de comunicación españoles se han alineado con las dos posiciones y en particular la derecha mediática ha hecho de este asunto bandera de sus críticas más aceradas al Gobierno. La guerra de las esquelas que se ha venido produciendo desde el verano pasado, es buena muestra de este pasado tumultuoso y apasionado que nos divide y nos amenaza.
Soy consciente de que explicar y razonar las posiciones del Gobierno, en este medio, no es cosa fácil. Seguramente quienes me lean, estarán posicionados en una exigencia terminante de Memoria, Verdad y Justicia y no comprenderán nada bien argumentos relativizadores de estos valores que muchos creen absolutos. Con todo, lo intentaré.
Empezaré por transmitir un doble sentimiento. Soy hijo de republicanos represaliados. En la intimidad de la sobremesa de una familia numerosa y pobre, de un barrio obrero de San Sebastián, se ha llorado durante años las enormes secuelas de aquella guerra y de la represión de los vencedores sobre los vencidos. Ninguno de mis diez hermanos olvidamos aquellas sesiones de recuerdo histórico y de aprendizaje político, por otra parte frecuentes en miles de hogares vascos y de toda España. Cuarenta años después de aquellas imágenes, el mundo que me rodea está igualmente compuesto por milicianos, viejos republicanos, herederos de la represión que reclaman sus deudas con nuestra historia.
Pero junto a ellos, se agolpan razonamientos derivados de una vida cruzada por otras experiencias y de mi trayectoria política de estos últimos años. Un deseo firme de no volver a las dos Españas machadianas que te hielan el corazón. Un reconocimiento de que durante la guerra, todos hicieron barbaridades y que sentimientos tan legítimos como los míos, anidaban en otras familias en dirección contraria. Una inequívoca convicción de no querer romper las bases de nuestra transición democrática que nos permitieron alumbrar la España democrática y constitucional, que sorprendió y admiró al mundo entero. En definitiva, una sólida confianza en que nuestras decisiones de hoy, treinta años después de que acabara el franquismo y setenta años después de la guerra, debían situarse en el mismo consenso en que se fundamentó la transición y debía garantizar la misma convivencia reconciliada.
Sobre estas bases se sitúa el tema y sobre ellas me gustaría responder a tres cuestiones principales:
-¿Es necesario retomar la memoria de nuestra guerra y de la represión franquista?
-¿Cuáles son los objetivos de la Ley del Gobierno?
-¿Dónde radican las dificultades de aprobación de esta Ley?
¿ES NECESARIA ESTA LEY Y POR QUÉ?
Desde hace unos años, pero con particular intensidad a partir de la vuelta del PSOE al Gobierno de España se vienen produciendo una serie de movimientos reivindicativos en torno a la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista posterior. Se trata de cuestiones muy diversas que vienen coleando desde la recuperación de la democracia y que, a lo largo de estos casi treinta años, no han sido satisfechas o respondidas suficientemente. Familiares de fusilados en las cunetas, que quieren enterrarles con honor. Condenados por Consejos de Guerra que desean rehabilitarse de sentencias manifiestamente injustas. Organizaciones cívicas, como por ejemplo varias logias masónicas, que reclaman compensaciones a sus bienes incautados. Y así, mil deudas de aquella trágica historia que todavía levantan pasiones y que se sustentan en un hecho incontrovertible. Quienes perdieron la guerra fueron sometidos a una durísima represión hasta bien entrada la década de los cincuenta. Los historiadores cifraron en 50.000 los fusilados y en 270.000 los encarcelados o internados en campos de concentración, de los que cerca de 5.000, murieron.
Conviene añadir, para los desmemoriados, que no es esta la primera vez que la democracia toca el asunto. Sucesivos gobiernos de la democracia dictaron medidas de compensación muy importantes: indemnizaciones a los muertos y a los mutilados republicanos en la guerra; reconocimiento de grado a los militares republicanos profesionales; rehabilitación de funcionarios sancionados; indemnizaciones a los prisioneros republicanos después de la guerra; pensiones a exiliados y a los niños de la guerra, etc. En total, más de seiscientas mil familias del lado republicano han sido o están siendo indemnizadas. Pero, con todo, sigue habiendo muchos colectivos y personas particulares pendientes de compensaciones de justicia, y es en este contexto y con esas pretensiones, como se inicia este debate al comienzo de esta legislatura.
El 1 de junio de 2004, el Parlamento mandató al Gobierno a elaborar un informe sobre los aspectos pendientes en relación con las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. En septiembre de ese mismo año, el Gobierno creó una Comisión Interministerial para el estudio de estos temas y en octubre comenzó su trabajo. Fue un trabajo minucioso e ingente porque fueron muchas las asociaciones que comparecieron, muchas las consultas con expertos y con ministerios afectados y cientos de comunicaciones personales e institucionales.
La Ley surgió así para saldar deudas de nuestra historia que, como sociedad tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual.
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY?
Quienes durante la guerra civil y la dictadura, sufrieron condenas, sanciones, ejecuciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas ideológicas:
1. Reciben un reconocimiento moral general en el Artículo 1 de la Ley.
2. Además de ese reconocimiento general, las propias víctimas supervivientes o sus familiares podrán solicitar una reparación individualizada. Estas personas presentarán su petición a una Comisión Interministerial, creada al efecto, que se encargará de localizar los datos y documentos precisos para gestionar el expediente. La Comisión pasará el resultado de su trabajo a un Consejo, designado por el Parlamento, por mayoría de 3/5 y entre personas de reconocido prestigio, que será quien realice la declaración de reconocimiento que haya sido solicitada, la cual será publicada en el B.O.E.
3. Se establecen toda una serie de prestaciones económicas por cuantía aproximada de 20 millones de euros destinadas a quienes por no cumplir determinados requisitos, quedaron excluidos en su día de indemnizaciones como las contempladas en la Ley de Amnistía. Se amplían los supuestos contemplados en la normativa actual para que puedan obtener pensiones y ayudas pequeños colectivos y personas que habían quedado excluidas y se dejan exentas de IRPF las pensiones e indemnizaciones que se cobran por una sola vez y se compensan por los impuestos que hayan sido pagados por estos conceptos, hasta la fecha.
4. Se reconoce el derecho a una indemnización, por una sola vez, a personas fallecidas en defensa de la democracia entre enero de 1968 (fecha en la que entra en vigor la Ley de Víctimas del Terrorismo) y octubre de 1977 (en que lo hace la Ley de Amnistía). Esta medida pretende una compensación de 135.000€ a las víctimas mortales del llamado tardofranquismo, entre los que se encuentran, por ejemplo, los seis obreros muertos en Vitoria y Basauri en marzo de 1976.
5. Las Administraciones Públicas facilitarán a los familiares de víctimas que así lo soliciten las tareas de localización e identificación de restos. La exhumación de los mismos será, en todo caso, decisión de los familiares.
6. El Gobierno, en los monumentos, edificios y lugares de titularidad pública estatal, adoptará medidas para la retirada de placas, insignias o menciones referidas a la guerra civil, en las que sólo se rinda homenaje a una de las partes contendientes. Respecto al Valle de los Caídos, en ningún lugar del recinto se podrán llevar a cabo actos políticos ni de exaltación de la guerra civil y la dictadura.
7. Se establecerán planes plurianuales para ordenar, sistematizar, microfilmar y archivar la ingente cantidad de documentación que existe desperdigada por España. El archivo de Salamanca es el centro donde se reunirán todos los documentos de la época o sus copias.
8. Se otorga la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, sin necesidad de que tengan que renunciar a la suya de orígen.
¿DÓNDE RADICAN LAS DIFICULTADES DE APROBACIÓN DE ESTA LEY?
La primera y muy importante es la negativa radical del PP a tomar siquiera en consideración esta iniciativa. Este rechazo, ayudado por sus poderosos aliados mediáticos, encrespa el debate y limita los movimientos del Gobierno en un tema sensible. La búsqueda de acuerdos con la izquierda, se hace así, no sólo más difícil, sino en determinados aspectos imposible. Por el lado de Izquierda Unida, la cuestión fundamental es la anulación de los juicios franquistas. Aunque no se reconozca así expresamente, esta reivindicación va unida a una creciente demanda de enjuiciamiento al franquismo. Varias asociaciones de la memoria y Amnistía Internacional principalmente, vienen sosteniendo la necesidad de abrir una causa general contra los crímenes de la guerra y las violaciones de los Derechos Humanos de la represión franquista considerando que todos los delitos son imprescriptibles. En mi opinión, tal posibilidad debe ser enjuiciada por los tribunales, pero no debe contemplarse en una ley. Sin perjuicio de eliminar de ella, algunas referencias que los más críticos han interpretado como elementos de una Ley de punto final.
De manera que, no hay otro remedio que reconocerlo, el comienzo de esta Ley no ha sido precisamente pacífico. Incluso, en los ambientes jurídicos la polémica es intensa, porque la petición de anular las condenas del franquismo ha abierto una viva y compleja discusión sobre si tal cosa es posible a la luz de nuestra Constitución, Ley de amnistía y sentencias del Tribunal Constitucional que niegan la aplicación retroactiva de sus principios y normas. Para acabar de describir el panorama, los rasgos de estas fracturas políticas y jurídicas están teniendo una plasmación social bastante peligrosa. Los medios de comunicación españoles se han alineado con las dos posiciones y en particular la derecha mediática ha hecho de este asunto bandera de sus críticas más aceradas al Gobierno. La guerra de las esquelas que se ha venido produciendo desde el verano pasado, es buena muestra de este pasado tumultuoso y apasionado que nos divide y nos amenaza.
Soy consciente de que explicar y razonar las posiciones del Gobierno, en este medio, no es cosa fácil. Seguramente quienes me lean, estarán posicionados en una exigencia terminante de Memoria, Verdad y Justicia y no comprenderán nada bien argumentos relativizadores de estos valores que muchos creen absolutos. Con todo, lo intentaré.
Empezaré por transmitir un doble sentimiento. Soy hijo de republicanos represaliados. En la intimidad de la sobremesa de una familia numerosa y pobre, de un barrio obrero de San Sebastián, se ha llorado durante años las enormes secuelas de aquella guerra y de la represión de los vencedores sobre los vencidos. Ninguno de mis diez hermanos olvidamos aquellas sesiones de recuerdo histórico y de aprendizaje político, por otra parte frecuentes en miles de hogares vascos y de toda España. Cuarenta años después de aquellas imágenes, el mundo que me rodea está igualmente compuesto por milicianos, viejos republicanos, herederos de la represión que reclaman sus deudas con nuestra historia.
Pero junto a ellos, se agolpan razonamientos derivados de una vida cruzada por otras experiencias y de mi trayectoria política de estos últimos años. Un deseo firme de no volver a las dos Españas machadianas que te hielan el corazón. Un reconocimiento de que durante la guerra, todos hicieron barbaridades y que sentimientos tan legítimos como los míos, anidaban en otras familias en dirección contraria. Una inequívoca convicción de no querer romper las bases de nuestra transición democrática que nos permitieron alumbrar la España democrática y constitucional, que sorprendió y admiró al mundo entero. En definitiva, una sólida confianza en que nuestras decisiones de hoy, treinta años después de que acabara el franquismo y setenta años después de la guerra, debían situarse en el mismo consenso en que se fundamentó la transición y debía garantizar la misma convivencia reconciliada.
Sobre estas bases se sitúa el tema y sobre ellas me gustaría responder a tres cuestiones principales:
-¿Es necesario retomar la memoria de nuestra guerra y de la represión franquista?
-¿Cuáles son los objetivos de la Ley del Gobierno?
-¿Dónde radican las dificultades de aprobación de esta Ley?
¿ES NECESARIA ESTA LEY Y POR QUÉ?
Desde hace unos años, pero con particular intensidad a partir de la vuelta del PSOE al Gobierno de España se vienen produciendo una serie de movimientos reivindicativos en torno a la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista posterior. Se trata de cuestiones muy diversas que vienen coleando desde la recuperación de la democracia y que, a lo largo de estos casi treinta años, no han sido satisfechas o respondidas suficientemente. Familiares de fusilados en las cunetas, que quieren enterrarles con honor. Condenados por Consejos de Guerra que desean rehabilitarse de sentencias manifiestamente injustas. Organizaciones cívicas, como por ejemplo varias logias masónicas, que reclaman compensaciones a sus bienes incautados. Y así, mil deudas de aquella trágica historia que todavía levantan pasiones y que se sustentan en un hecho incontrovertible. Quienes perdieron la guerra fueron sometidos a una durísima represión hasta bien entrada la década de los cincuenta. Los historiadores cifraron en 50.000 los fusilados y en 270.000 los encarcelados o internados en campos de concentración, de los que cerca de 5.000, murieron.
Conviene añadir, para los desmemoriados, que no es esta la primera vez que la democracia toca el asunto. Sucesivos gobiernos de la democracia dictaron medidas de compensación muy importantes: indemnizaciones a los muertos y a los mutilados republicanos en la guerra; reconocimiento de grado a los militares republicanos profesionales; rehabilitación de funcionarios sancionados; indemnizaciones a los prisioneros republicanos después de la guerra; pensiones a exiliados y a los niños de la guerra, etc. En total, más de seiscientas mil familias del lado republicano han sido o están siendo indemnizadas. Pero, con todo, sigue habiendo muchos colectivos y personas particulares pendientes de compensaciones de justicia, y es en este contexto y con esas pretensiones, como se inicia este debate al comienzo de esta legislatura.
El 1 de junio de 2004, el Parlamento mandató al Gobierno a elaborar un informe sobre los aspectos pendientes en relación con las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. En septiembre de ese mismo año, el Gobierno creó una Comisión Interministerial para el estudio de estos temas y en octubre comenzó su trabajo. Fue un trabajo minucioso e ingente porque fueron muchas las asociaciones que comparecieron, muchas las consultas con expertos y con ministerios afectados y cientos de comunicaciones personales e institucionales.
La Ley surgió así para saldar deudas de nuestra historia que, como sociedad tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual.
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY?
Quienes durante la guerra civil y la dictadura, sufrieron condenas, sanciones, ejecuciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas ideológicas:
1. Reciben un reconocimiento moral general en el Artículo 1 de la Ley.
2. Además de ese reconocimiento general, las propias víctimas supervivientes o sus familiares podrán solicitar una reparación individualizada. Estas personas presentarán su petición a una Comisión Interministerial, creada al efecto, que se encargará de localizar los datos y documentos precisos para gestionar el expediente. La Comisión pasará el resultado de su trabajo a un Consejo, designado por el Parlamento, por mayoría de 3/5 y entre personas de reconocido prestigio, que será quien realice la declaración de reconocimiento que haya sido solicitada, la cual será publicada en el B.O.E.
3. Se establecen toda una serie de prestaciones económicas por cuantía aproximada de 20 millones de euros destinadas a quienes por no cumplir determinados requisitos, quedaron excluidos en su día de indemnizaciones como las contempladas en la Ley de Amnistía. Se amplían los supuestos contemplados en la normativa actual para que puedan obtener pensiones y ayudas pequeños colectivos y personas que habían quedado excluidas y se dejan exentas de IRPF las pensiones e indemnizaciones que se cobran por una sola vez y se compensan por los impuestos que hayan sido pagados por estos conceptos, hasta la fecha.
4. Se reconoce el derecho a una indemnización, por una sola vez, a personas fallecidas en defensa de la democracia entre enero de 1968 (fecha en la que entra en vigor la Ley de Víctimas del Terrorismo) y octubre de 1977 (en que lo hace la Ley de Amnistía). Esta medida pretende una compensación de 135.000€ a las víctimas mortales del llamado tardofranquismo, entre los que se encuentran, por ejemplo, los seis obreros muertos en Vitoria y Basauri en marzo de 1976.
5. Las Administraciones Públicas facilitarán a los familiares de víctimas que así lo soliciten las tareas de localización e identificación de restos. La exhumación de los mismos será, en todo caso, decisión de los familiares.
6. El Gobierno, en los monumentos, edificios y lugares de titularidad pública estatal, adoptará medidas para la retirada de placas, insignias o menciones referidas a la guerra civil, en las que sólo se rinda homenaje a una de las partes contendientes. Respecto al Valle de los Caídos, en ningún lugar del recinto se podrán llevar a cabo actos políticos ni de exaltación de la guerra civil y la dictadura.
7. Se establecerán planes plurianuales para ordenar, sistematizar, microfilmar y archivar la ingente cantidad de documentación que existe desperdigada por España. El archivo de Salamanca es el centro donde se reunirán todos los documentos de la época o sus copias.
8. Se otorga la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, sin necesidad de que tengan que renunciar a la suya de orígen.
¿DÓNDE RADICAN LAS DIFICULTADES DE APROBACIÓN DE ESTA LEY?
La primera y muy importante es la negativa radical del PP a tomar siquiera en consideración esta iniciativa. Este rechazo, ayudado por sus poderosos aliados mediáticos, encrespa el debate y limita los movimientos del Gobierno en un tema sensible. La búsqueda de acuerdos con la izquierda, se hace así, no sólo más difícil, sino en determinados aspectos imposible. Por el lado de Izquierda Unida, la cuestión fundamental es la anulación de los juicios franquistas. Aunque no se reconozca así expresamente, esta reivindicación va unida a una creciente demanda de enjuiciamiento al franquismo. Varias asociaciones de la memoria y Amnistía Internacional principalmente, vienen sosteniendo la necesidad de abrir una causa general contra los crímenes de la guerra y las violaciones de los Derechos Humanos de la represión franquista considerando que todos los delitos son imprescriptibles. En mi opinión, tal posibilidad debe ser enjuiciada por los tribunales, pero no debe contemplarse en una ley. Sin perjuicio de eliminar de ella, algunas referencias que los más críticos han interpretado como elementos de una Ley de punto final.
La pretensión de anulación general mediante Ley, de todos los juicios represivos del franquismo abre enormes dificultades jurídicas y políticas. Entre las primeras destaca, una reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que considera no constitucional la aplicación retroactiva de la Constitución Española, porque ello provocaría la vulneración del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y en especial del principio de la cosa juzgada. Una anulación general mediante Ley plantea también el problema de la concreción de qué sentencias concretas son las anuladas, es decir, las que se dictaron con base en qué leyes, en qué tribunales, etc. Con el problema consiguiente de delimitar y excluir otras que seguramente adolecían de los mismos problemas de falta de garantía procesal y de radical injusticia (por ejemplo las aplicadas contra la masonería, vagos y maleantes, etc.)
Se nos dice que la anulación no produciría efectos económicos, pero, ¿cómo se garantiza eso? Los herederos de quienes fueron condenados, y revocada ahora su sentencia, tendrán abierto el camino a la reclamación de daños al Estado Español de hoy, heredero y sucesor jurídico del anterior. Por último, la anulación de esas sentencias, por su radical injusticia, podría provocar una cascada de procesos contra antiguos responsables de aquellos tribunales y otros próceres de la dictadura franquista, en abierta contradicción con la reconciliación de la transición, en la que la Ley de Amnistía estableció, junto a la libertad de todos los detenidos políticos, la voluntad de pasar página y “renunciar a la persecución judicial de los servidores del régimen franquista”. Caballero Bonald, el escritor andaluz, dijo un día que “fue un error decretar una historia sin culpables”. Yo no lo comparto. Creo que la izquierda fue generosa en la transición, pero en su generosidad está la grandeza de su historia.
Se nos dice que esto no es justo. Que anteponemos criterios de oportunidad o de conveniencia política a la justicia de esta demanda. Es verdad. Pero la justicia no es un bien absoluto que se aplica de manera perfecta. Primero, porque la justicia plena es la justicia inmediata y no se pueden aplicar medidas de justicia de hoy, con parámetros de hoy a problemas de hace 70 años. Esa será siempre una justicia imperfecta, ¿creen ustedes posible aplicar justicia perfecta en Francia con sus responsabilidades en Argelia? ¿Creen que la asumiremos los europeos con la colonización y descolonización africana? ¿Creen que hubo justicia perfecta en Alemania con los crímenes del nazismo? Segundo, porque la justicia en estos casos, no se aplica en un terreno ideal, exento de contradicciones con otros bienes públicos valiosos. Me explico. El legislador tiene derecho a evaluar, desde criterios de conveniencia social, los efectos de sus disposiciones y es por eso que, en este caso, el Gobierno ha propuesto una declaración de reparación y reconocimiento personal sin poner en tela de juicio los principios de seguridad jurídica y de garantía de la cosa juzgada. Para elevar el rango de tal declaración ha previsto un procedimiento individual y una publicación en el B.O.E. con efectos declarativos, informativos y simbólicos de máxima rehabilitación.
Quedan otros muchos aspectos en la Ley que deben mejorar y que en las enmiendas de los grupos parlamentarios podremos abordar. Cuantía de las indemnizaciones previstas, colectivos específicos que merecen cita legal, una mayor colaboración de las Administraciones en la exhumación de restos, etc. Honradamente creo que en estos y otros aspectos, podemos y debemos ampliar la Ley.
Como se manifestó el pasado 4 de julio en el Parlamento Europeo, en un debate que condenó la dictadura franquista: “traer al presente nuestro pasado es un acto de voluntad que tiene que ver con el futuro que queremos construir”. Esta es la línea maestra que debemos seguir al encarar este espinoso asunto. Mirar al pasado de frente, con autocrítica, sin afanes vengativos, sin ira, ni odio, es una terapia imprescindible para los pueblos. También lo es, aplicar justicia, una justicia limitada, imperfecta, pero justicia al fin y al cabo, a nuestras deudas pendientes con quienes sufrieron la injusticia de la represión y los horrores de la guerra. Y todo ello debe hacerse sin alterar los fundamentos de nuestra convivencia democrática, que tiene en la reconciliación pactada su más admirable patrimonio ético y político y uno de sus principios constituyentes.
Termino con un matiz. Una cosa es intentar esa mirada reconciliada a nuestro pasado y otra, muy distinta, es tener que soportar las cada vez más frecuentes versiones revisionistas de nuestra guerra civil. Una cosa es aceptar la dosis de autocrítica y de reflexión que aquellos hechos nos merecen, con el valor y el coraje de quienes se sienten capaces de mirar al pasado desde la fuerza liberadora de la verdad y otra cosa es cuestionar la verdad. La verdad de los hechos no es cuestionable. En 1931, unas elecciones democráticas trajeron a España la II República. Seis años más tarde, un golpe militar contra la democracia instaurada en la República, provocó una guerra de tres años, la fractura de la sociedad española, un millón de muertos, una represión cruel a los vencidos y cuarenta años de dictadura y opresión a todo el pueblo español. Una vez más, afirmo que el conocimiento de los hechos y el reconocimiento del pasado, no ofende a nadie, hace grande la verdad. No abre heridas. No daña al pueblo, lo corrige, le ayuda a evitar repetir errores. Porque las heridas curan con la verdad y la justicia, no con el ocultamiento y el olvido.
En cualquier caso, es un ejercicio de responsabilidad cívica “para saber que somos porque fuimos” (Antonio Álvarez de la Rosa).