Izquierda y populismo

La izquierda es popular por naturaleza. Pero la izquierda populista no es izquierda. Es populismo de izquierdas. El contenido principal de esa política es la retórica, la demagogia, el engaño masivo y 'de izquierdas' es adjetivo del sustantivo populismo. Viendo dos noticias de la Prensa estos días pasados, aclaramos con dos imágenes esta pequeña disquisición conceptual. En una de ellas, Chávez, el presidente venezolano, en el último mitin de su campaña para aprobar un referéndum que afortunadamente ha perdido, anunciaba a voz en grito la posible nacionalización de los dos grandes bancos españoles en su país, si el Rey no se disculpaba con él. El mismo día, Lula, presidente de Brasil, prometía a un millón de habitantes de la Favela de Río, la legalización de sus pobres propiedades y la inversión de 15.000 millones de euros para llevar agua y saneamiento y accesos a esas casas. Lula es de izquierdas y Chávez es un populista de izquierdas que lo único que sabe de tan noble término político es su ubicación física.

El incidente con el Rey de España sirvió a Chávez para hacer una demagógica e hipernacionalista campaña en su dudoso referéndum, democráticamente hablando. Pero, más allá de tan detestables recursos para el engaño y el nepotismo, la pregunta es: ¿qué está haciendo este hombre con su pueblo? ¿Cómo está aprovechando el precio del petróleo a cien dólares, para modernizar Venezuela y colocarla en la competitividad mundial? ¿En qué está invirtiendo un presupuesto público que se ha multiplicado por tres en pocos años, por la creciente entrada de petrodólares en las arcas públicas? Lamentablemente y a pesar del crecimiento de la economía venezolana, en gran parte impulsado por el incremento del consumo interior, derivado a su vez del precio del petróleo, todas estas preguntas y otras muchas tienen una misma respuesta: nada serio se está haciendo.

No quiero creer que el staff político del país está corrompido. Escucho a directivos de empresas que trabajan allí contar cosas demasiado graves y paso sobre ellas porque no tengo datos suficientes como para darles carta de naturaleza. Supongamos que no, que se trata de un país sin corrupción y analicemos ahora su política. No se conocen grandes apuestas de inversión pública por modernizar sus infraestructuras. No se están mejorando los sistemas educativos y universitarios para tener gente cualificada capaz de producir competitivamente en el mundo. No se atraen empresas y con ellas capitales y tecnologías con las que asentar un tejido productivo que genere empleo. No se plantean políticas de reforma fiscal para hacer que paguen quienes no lo hacen y que paguen más quienes más tienen. El petróleo sigue siendo el 80% de los ingresos públicos. No, nada de todo eso que es izquierda, se está haciendo. Quizás se reparten subsidios a los más pobres, que acaban produciendo un consumismo exagerado en la ciudad de Caracas donde se agotan los televisores de plasma y el whisky, pero, me pregunto ¿es eso socialismo? ¿Qué es la revolución bolivariana sino un nacionalismo barato y del pasado, basado como todos los nacionalismos, en la exaltación demagógica de virtudes colectivas y la culpabilización mentirosa de todos los males al enemigo exterior? Chávez reparte sus excedentes generosamente a Cuba, a Nicaragua y a Bolivia y busca así ejercer de gran líder revolucionario de lo que llama ampulosamente socialismo del sigo XXI. Es penoso que a eso se le llame izquierda.

Lula era un sindicalista y ganó el poder con su partido de izquierda -el partido de los trabajadores- en Brasil, hace ahora seis años. Brasil tiene enormes bolsas de pobreza a lo largo de un país inmenso y desigual. Pero Lula ha tenido muy claro, desde el primer día, que el futuro de su inmensa población (cerca de 190 millones de habitantes) pasa por cambiar el viejo modelo económico de Latinoamérica consistente en exportar al mundo materias primas e importar tanto o más de productos de consumo, empobreciendo así al país, al tiempo que expulsan los capitales hacia fondos financieros en países estables y negocios de inversión rentables. Lula está construyendo un país moderno, creando confianza en el sistema financiero nacional e internacional, atrayendo a capital y empresas multinacionales, al tiempo que asegura una macroeconomía saneada en crecimiento de PIB y empleo. Su prolongada apuesta por la suficiencia energética, ya sea con el bioetanol o con la búsqueda de petróleo y gas, ha sido recompensada además con el descubrimiento de una inmensa bolsa de hidrocarburos en el océano, a más de trescientos kilómetros de Sao Paulo, en la costa sur brasileña, a más de dos mil metros de profundidad, bautizada con el nombre de Tupí. No es de extrañar por ello que Lula, emocionado ante tal hallazgo, exclamara en la cumbre chilena de Latinoamérica del pasado noviembre en la que anunció tal descubrimiento: «este hallazgo prueba que Dios es brasileño».

Pero Lula está haciendo esta política pragmática con discreción y sentido del tiempo y del espacio en el que vive. Para empezar ha reforzado la democracia y sus reglas, huyendo de toda tentación de abuso y nepotismo del poder, cortando de raíz los escándalos de corrupción de su partido al comienzo de su mandato. Además ha aplicado con éxito programas de redistribución social muy notables: 'hambre-cero' o 'bolsa-escuela' y está reforzando su poderío militar, consciente del papel estratégico de su defensa y de sus funciones como árbitro internacional en el cono sur latinoamericano. Ha ganado limpiamente sus segundas elecciones democráticas y puede muy bien ganar las próximas, dando así continuidad a este ambicioso proyecto.

Ustedes perdonarán la referencia, pero a mí, Lula me recuerda mucho al Felipe González español de los ochenta. Aquél que tenía que consolidar la democracia después del golpe de Estado de Tejero, hacer la reconversión industrial, modernizar la economía del país, entrar en Europa y hacer las autonomías, entre otras muchas urgencias. Fue durísimo pero fueron aquellos años los que aseguraron el progreso de España con crecimientos del 6% del PIB cuando ingresamos en la UE en 1986. Nada de todo lo mucho y bueno que hemos hecho en los noventa y del espectacular progreso español desde hace más de diez años, habría sido posible si en aquellos decisivos años hubiéramos mirado hacia otro lado ante los problemas de la economía española y nos hubiéramos dejado deslizar por la tentadora y peligrosa rampa del populismo.

Yo creo que eso es política de izquierdas. Aceptar el libre mercado en el terreno económico es obligado porque no hay alternativa ideológica conocida al funcionamiento y al progreso económico en la globalización. Lo que hemos conocido como modelo de nacionalización y planificación estatal, ha fracasado como es bien sabido. La izquierda necesita una economía en crecimiento y pleno empleo para hacer posible su proyecto redistribuidor de justicia e igualdad de oportunidades. Algunos desprecian la tarea transformadora del modelo socialdemócrata de redistribución, pero no se han conocido sociedades más justas en libertad, más iguales en oportunidades y más protegidas contra la exclusión. Basta salir de Europa para verlo y sufrirlo.

Volviendo al principio. Latinoamérica es un enorme continente, desde Río Bravo hasta Bariloche, lleno de necesidades y de oportunidades. Con unas poblaciones castigadas por el fracaso de la política y de sus políticos a lo largo de decenios. Más de doscientos millones de personas con pobreza extrema, enormes desigualdades sociales, casi ochenta millones de seres sin servicio de agua corriente. Pero al mismo tiempo unas generaciones de gente joven, preparada y con ganas de trabajar y salir adelante. La pregunta es con qué política, con qué modelo económico, con qué líderes. Lula es la esperanza de una izquierda que ha ganado la mayoría democrática de esos países. Lula es la izquierda posible. Lo otro, es verborrea demagógica. Es populismo y mentira.

Administraciones Responsables

No es casualidad que nuestro país esté a la cabeza de Europa y del mundo en experiencias, iniciativas y cultura empresarial sostenible. Las políticas de impulso a la RSE surgidas de las Comunidades Autónomas, del diálogo social entre los sindicatos y empresarios, del foro de expertos del Ministerio de Trabajo y el libro blanco del Congreso de los diputados son, en gran parte, los causantes de la rápida e intensa expansión de esta cultura empresarial en nuestro país. Ha habido un impulso político amplio y no partidista, un discurso moderno y consensuado, una moderación inteligente y todo ello ha ido generando una enorme aceptación de las exigencias de la Responsabilidad Social corporativa como una consecuencia ineludible de la competitividad en el mercado global del siglo XXI.

Sin embargo, no se puede reclamar desde el Gobierno que las empresas se comprometan con la RSE mientras las administraciones públicas y las empresas públicas miran para otro lado. “Predicar y no dar trigo”, parafraseando el viejo refrán, está muy mal. La pregunta que procede, por ello, es: ¿Han estado las Administraciones y las empresas públicas a la altura de estos avances? Ni sí, ni no. Lo han estado algunas iniciativas y prácticas importantes y otras muchas entidades públicas siguen sin enterarse de esta importantísima reflexión. Destaquemos las primeras y dejemos a las segundas en evidencia por su mera ausencia.

Se están implantando buenas prácticas en la gestión de lo público en la Administración Central. Varias Comunidades y Ayuntamientos y desde luego, en el Ministerio de Medio Ambiente, que vienen valorando en cláusulas sociales y en criterios medioambientales las prácticas de las empresas en RSE y primándolas en las adjudicaciones públicas. La nueva Ley de Contratos del Estado incorpora también esta filosofía. El Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha el plan “Concilia”, favorecedor de la conciliación personal y laboral. Grandes empresas públicas como ADIF, RENFE, Puertos del Estado, etc., están incorporando la RSE a sus órganos directivos. Algunas empresas de la SEPI se están aproximando a esta idea, todavía en fase divulgativa interna. La Universidad de Santiago elabora, desde hace algunos años, una buena memoria de RSE y el hospital público de Granada hace lo mismo en el sector sanitario público.

Como verán, faltan muchas corporaciones públicas. Quizás por ello sea bueno recordar los compromisos que incorpora el programa electoral del PSOE en esta materia.

-Las Administraciones Públicas presentarán una Memoria Anual de RSE, donde se establecerán pautas y recomendaciones de sostenibilidad y responsabilidad para el sector público.

-Potenciar el Punto Nacional de Contacto (PNC), para que desempeñe eficazmente la función de difundir las Líneas de la OCDE entre el tejido empresarial español, proporcionando un foro de discusión y de conciliación a la aplicación de dichas Líneas Directrices.

-Integrar los enfoques de RSE y de los principios del desarrollo sostenible en los sistemas de gestión pública. Se establecerán requisitos en términos de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público, en la ejecución de los contratos con la Administración.

PNV, anatomía de una crisis

Ibarretxe ha resuelto la crisis interna del PNV empujando su péndulo patriótico hacia las tesis de Lizarra y del Estado Libre Asociado. Su pretensión de negociar la autodeterminación hoy y la territorialidad mañana, a través de sendas consultas y referendos en 2008 y 2010, representa una formulación aún más acabada y extrema que el proyecto de reforma del Estatuto rechazado por las Cortes en febrero de 2005. Como es sabido, esto ha arrastrado a Imaz a su retirada política personal para evitar una ruptura de su partido.

¿Por qué ha perdido Imaz con el discurso de renovación del nacionalismo al siglo XXI, de pacto autonomista y de construcción plural de Euskadi? ¿Qué y quiénes están llevando al PNV a la senda de la nación étnica, hecha por y para los nacionalistas, en el horizonte de la independencia y pendiente in aetérnum de una imposible integración territorial con Navarra e Iparralde?

Interesa, y mucho, conocer las razones de un giro tan preocupante como arriesgado del nacionalismo democrático vasco, y se me ocurren tres importantes:

1. La decepción estatutaria. He escuchado miles de veces a mis interlocutores nacionalistas quejarse del desarrollo del Estatuto de Gernika. Desde la LOAPA a las Leyes de Bases, desde las materias todavía no transferidas a las limitaciones del “café para todos”. Siempre he pensado que, más allá de razones puntuales para esas quejas, el argumento es bastante oportunista y se esgrime para justificar una agenda reivindicativa que el nacionalismo, de manera consustancial a su ideario, necesita mantener en permanente agitación. La importancia y la entidad del autogobierno vasco es incuestionable, cualquiera que sea el plano en el que se le mida: respecto al pasado, respecto a otras autonomías, respecto a los modelos federales o confederales más avanzados. Y si se le añaden las inconfesables ventajas del sistema económico que disfrutamos, los motivos para la queja son más bien retóricos, o en todo caso menores. Con todo, con razón o sin ella, es lo cierto que el PNV, prácticamente desde que llegó Ibarretxe, ha abandonado la negociación estatutaria y se han concentrado en la búsqueda de un nuevo modelo de relación con España, mucho más parecido a la confederación que al modelo autonómico de nuestra Constitución.

2. La asunción de la autodeterminación. A pesar de que la autodeterminación no ha sido un postulado teórico ni ideológico del PNV -fue expresamente rechazado por sus representantes en el periodo constituyente y preautonómico-, el Partido Nacionalista incorpora esta idea a su doctrina a mediados de los años noventa y la implementa en el Pacto de Estella. En 1990 se produjo una sonora votación en el Parlamento Vasco en la que el PNV, empujado por EA, se sumó a la reivindicación de este supuesto derecho, junto a Euskadiko Ezkerra, aunque lo hiciera aludiendo a su consideración “meramente doctrinal” e interpretándolo como un “ejercicio democrático dinámico” y no centrado en una consulta. Lo cierto es que quince años más tarde, el PNV ha entrado de lleno en esa interpretación casi descolonizadora con que se argumenta el derecho y su ejercicio, en gran parte por el fuerte impacto de emulación que ha provocado en todos los nacionalismos sin Estado, la emergencia como naciones plenas y soberanas de casi quince nuevos Estados en el continenteeuropeo desde la caída del Muro. Es más, cabe decir que se han sumado a esta interpretación todos los partidos nacionalistas, incluida IU del País Vasco, aunque lo hagan bajo el eufemismo del “derecho a decidir”. Es esto tan evidente, que ETA se ha visto suplantada en esta reivindicación y necesita aferrarse a la unidad territorial (otro eufemismo que en este caso expresa la integración de Navarra en Euskadi) como última bandera que la diferencia del elenco nacionalista.

El PNV decidió ya hace tiempo incorporar a su ideario este objetivo porque quiere liderar la familia nacionalista. Una familia demasiado dividida, en cuatro y hasta cinco opciones políticas y entre las cuales, la disputa electoral sigue atravesada por el “quién es más nacionalista”. El PNV parece decidido a conservar su hegemonía en esta clave, y ha formalizado así su abandono estatutario y su propuesta soberanista.

3. Una nueva estrategia para el final de la violencia. A finales de los noventa, el PNV inició una nueva estrategia en relación con ETA. Se pasó de Ajuria Enea a Lizarra para ofrecer a ETA la gestión de sus reivindicaciones desde la política, con base en la “acumulación de fuerzas nacionalistas” y a cambio del abandono de la violencia. Lizarra fracasó, pero Ibarretxe sigue, erre que erre, con el mismo esquema. Su propuesta de septiembre de 2007 sigue pretendiendo, en el fondo y en la forma, hacer inútil la violencia porque sus objetivos son alcanzables mediante la mayoría nacionalista del Parlamento Vasco. Obsérvese que el lehendakari, en el “cuarto paso” de su última propuesta, establece que, antes del referéndum resolutivo de 2010, todas las fuerzas políticas vascas tienen que alcanzar un “acuerdo de normalización política sobre el derecho a decidir del pueblo vasco, las relaciones de territorialidad (sic) y por supuesto… otras cuestiones”. Es decir, autodeterminación y Navarra en el corazón del tortuoso camino que nos propone.

De manera que este PNV que dirigen Ibarretxe, Egibar, Gerenabarrena y otros, ha decidido pilotar el fin de ETA desde la gestión de sus reivindicaciones, basándose en las mayorías nacionalistas, por reducidas que éstas sean. Su cálculo es doble. Al PNV le permite conservar el poder y liderar el conjunto del movimiento nacionalista vasco que fundó Sabino, y al País Vasco le proporciona un banderín de enganche, “el derecho a decidir”, para una sociedad sin ETA, en la que sea posible algún día una expresión mayoritaria a favor de la independencia. De ahí la calculada estrategia de reivindicar un derecho cuyo ejercicio se traslada al momento que más convenga para mantener la llama nacionalista encendida y para alcanzar una voluntad identitaria de la comunidad vasca, hoy inexistente.

El nacionalismo vasco diseña así una salida de la violencia en clave de más nacionalismo que evite precisamente, la tesis contraria, es decir, el desinfle nacionalista de la sociedad vasca, liberada de la coacción terrorista.

A esta breve anatomía del giro nacionalista se le pueden añadir elementos personales y argumentos complementarios que no puedo desarrollar aquí, pero el núcleo de lo que pasa en el razonamiento nacionalista del conflicto vasco es éste. Caben muchas respuestas, diferentes estrategias y formas de dilucidar estas pulsiones, pero todas ellas nos conducen a un mismo escenario: las elecciones. Son los ciudadanos los que pueden y deben evaluar este giro radical.

Me consta que medio PNV no comparte los enormes riesgos de esta estrategia. Un 40% del electorado del PNV fluctúa con su voto hacia PSE y PP entre elecciones autonómicas y generales y viceversa. Las encuestas sobre sentimientos identitarios de los vascos no han variado en Euskadi desde 1980 y, por cierto, una gran mayoría de votantes del PNV se sienten tan vascos como españoles. ¿Qué tenemos que hacer? Ganarle las elecciones a este PNV. Y afirmo: ahora es más posible que nunca, si lo hacemos bien.

El País, 19/11/07

Tres buenas medidas

Una empresa multinacional española de matriz vasca, Iberdrola, y sus sindicatos han adoptado dos medidas que merecen elogio público. La primera y más importante, a mi juicio, ha sido implantar la jornada de trabajo continuada, de 7.30 a 15.30, para los 9.000 empleados del grupo en España. Desconozco los términos exactos del convenio colectivo que introduce esta medida y las contrapartidas laborales que la acompañan, algo consustancial, por otra parte, a toda negociación sindical. Pero, más allá de otras valoraciones internas del convenio, el hecho de que una de las grandes compañías españolas cierre a las tres y media y permita así a sus empleados disponer de la tarde para su uso personal me parece una decisión extraordinariamente positiva en muchos aspectos.

En primer lugar, porque la jornada continuada constituye la principal medida para fomentar la conciliación personal de vida y trabajo. Junto a la flexibilidad de 24 minutos para la entrada y salida -algo corta en mi opinión-, la jornada continuada es el gran instrumento que permite a los empleados atender sus aspiraciones individuales de vida personal y familiar. Es un clamor social que el cuidado y la atención a nuestros hijos se ha reducido y deteriorado desde que la mujer trabaja en el mercado (siempre ha trabajado fuera de él, ¿y mucho!) y desde que las jornadas laborales se han extendido como un nuevo 'tsunami' maldito. En las grandes ciudades, cientos de miles de matrimonios y parejas jóvenes, obligados a vivir fuera de la ciudad por el precio de la vivienda, pasan fuera de casa doce o catorce horas y llegan al hogar rendidos y con los niños dormidos.

De manera que llegar a casa a las cinco de la tarde, recoger a los niños, vivir con ellos, ayudarles y educarles, hacer compras, estudiar, divertirse, etcétera, es algo que muy pocos pueden hacer en este país, asaltado últimamente por una especie de estajanovismo laboral y sometido a una competitividad feroz en todo y para casi todo. Por eso, tiene más mérito la medida adoptada, en un contexto de prolongación generalizada de las jornadas laborales, una fiebre que se contagia desde las auditorías a los gabinetes de abogados, desde los bancos a las empresas de publicidad o a los despachos de arquitectura. La jornada de ocho horas, cinco días, parece ya cosa del pasado.

La medida ayuda además a modificar nuestros hábitos laborales en lo que a horarios se refiere. Desde hace muchos años, diversos expertos -incluso algún programa electoral ya caducado- vienen preconizando la necesidad de adaptar nuestro horario laboral a la jornada europea: de ocho o nueve de la mañana a cuatro o cinco de la tarde. A las seis no trabaja nadie en Europa. Numerosos estudios han razonado la enorme improductividad española de esas tres horas que transcurren entre las dos y las cinco, en las que nuestras oficinas almuerzan exageradamente o sestean, obligándonos a prolongar nuestro trabajo hasta las ocho o las nueve de la noche. Cuando una empresa tan importante adopta la jornada continuada, está impactando en miles de clientes y proveedores que deberán adaptarse y aprender, ¿ojalá!, de tan saludable como productivo horario de trabajo.

Por último, la medida es positiva porque se inscribe en un conjunto de mejoras, para la conciliación personal de trabajo y familia, también incorporadas al convenio colectivo que comentamos. Así, el derecho a la reducción de jornada por guarda legal de un menor se amplía hasta los 10 años desde los ocho actuales. Además, se aumenta a tres años el periodo máximo de excedencia por cuidado de familiares con reserva de puesto y se reconoce el derecho a percibir el 100% del salario fijo durante la suspensión del contrato por paternidad. Otra medida importante es que la madre o el padre que lo deseen podrán acogerse a la jornada reducida de cinco horas, sin reducción de salario, hasta que el hijo cumpla un año.

Otro de los acuerdos en la buena dirección y que merece destacarse también procede del convenio colectivo que han firmado trabajadores y empresa. Se trata de la posibilidad de adquirir acciones -hasta 12.000 euros- con una parte de la retribución ligada a resultados. Esta medida destaca en un doble aspecto: porque incorpora la participación de los trabajadores al capital de la empresa, objetivo moderno y vanguardista de un sindicalismo del siglo XXI, y porque lo hace sin establecer categorías internas, es decir, extendiendo tal posibilidad al conjunto de la plantilla y no sólo a los empleados del 'staff' directivo. Las viejas reivindicaciones del Derecho del Trabajo: seguridad laboral, no movilidad funcional o geográfica, condiciones garantistas del empleo y de su ejercicio, son cuestionadas cada día por la enorme flexibilidad y fluidez de la prestación laboral. El trabajo del siglo XXI es tan flexible como los mercados, tan fluido como la sociedad, como diría Zygmunt Bauman. La agenda sindical tiene que modernizarse y adaptarse a nuevas banderas y reivindicaciones, consecuentes con las nuevas características sociales: la formación profesional continua, ejercida como un derecho personal a desarrollar el currículum individual que aumenta la empleabilidad de los trabajadores; la conciliación personal y familiar del trabajo o la participación en beneficios y capital de la empresa son tres de esas nuevas y vanguardistas banderas que enriquecen la vieja relación capital-trabajo. Pues bien, esta empresa y su representación sindical han dado un importante paso en esta última materia, no sólo estableciendo una sugerente fórmula de salarios -muy parcialmente- ligada a resultados, sino generalizando la compra de acciones de la empresa a toda la plantilla con esos salarios.

Por último, Iberdrola ha sacado a Bolsa 'Renovables', una división de la empresa dedicada a la producción de energía eléctrica con fuentes renovables: aire, sol, etcétera. Sin duda habrá importantes razones financieras y de otro tipo para segregar el negocio energético en el plano de la producción eléctrica y hacerlo además creando una empresa específica que aglutine toda la producción 'verde'. Pero lo que interesa destacar aquí es que se trata de una oferta al mercado financiero con carácter netamente ecológico. Es decir, se ofrece al inversor -y no olvidemos que en España hay más de diez millones de españoles que se mueven en los mercados financieros, aunque lo hagan indirectamente- una oportunidad de adjetivar sus inversiones con el componente ecológico, y discriminar así otras inversiones en empresas o en proyectos que no tienen ese carácter.

España es uno de los países en los que la inversión socialmente responsable (ISR) tiene menos éxito. Sólo un 0,4% de los fondos de inversión financiera que se mueven en los mercados de valores tienen carácter ético-solidario-ecológico o responsable. Y no creo que sea porque los españoles seamos menos solidarios ni menos ecologistas que los británicos, por ejemplo, cuya cifra de inversión responsable es del 25%. Lo que ocurre es que la oferta de ISR en nuestro país es poco conocida y las entidades que gestionan nuestros ahorros no nos ofrecen productos con estas características. Pues bien, la oferta de inversión 'verde' de esta empresa favorecerá esta toma de conciencia. Por cierto que lo que verdaderamente va a revolucionar el mercado de valores español es la salida a Bolsa del 10% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que el año que viene será de 60.000 millones de euros. Es decir, que 6.000 millones de ese fondo, el 10% -un billón de las antiguas pesetas- saldrán al mercado libre, pero ¿ojo! sus gestores vendrán obligados por ley a invertirlos en Fondos Socialmente Responsables. Espero que esta medida arrastre verdaderamente a gran parte del ahorro del país a esa cultura de la Inversión Socialmente Responsable.

Tres medidas progresistas y vanguardistas adoptadas por los sindicatos y una empresa que merecen elogio público, porque van en buena dirección. ( El Correo, 18/11/2007)

Razones ocultas.

Está probado que el lehendakari y su partido han faltado a la palabra dada. La famosa consulta se anunció condicionada a dos exigencias democráticas previas: la ausencia de violencia y el acuerdo político sobre el que se solicitaría la aprobación o ratificación del electorado vasco. Presionado por sus socios o por sus propios cálculos y obsesiones, el lehendakari ha prescindido absolutamente de estos mínimos democráticos y se ha pasado por el arco del triunfo sus propios compromisos, que figuraban en el acuerdo de coalición del tripartito y en el discurso de investidura en los siguientes términos: «Es, por tanto, una legislatura para el diálogo y la negociación. Una legislatura para el acuerdo. Y, también, una legislatura para decidir. ( ) Para llevar a cabo este compromiso, el Gobierno vasco solicitará al Parlamento vasco autorización para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado (acuerdo de coalición PNV-EA-IU 2005)». En términos casi idénticos se pronunció solemnemente el lehendakari en su discurso de investidura en junio de 2005: «A este respecto, deseo manifestar formalmente en esta Cámara mi compromiso como lehendakari de que si alcanzamos un acuerdo para la normalización política y la convivencia, solicitaré autorización al Parlamento vasco para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado».

¿Qué ha llevado al lehendakari a este incumplimiento? ¿Cuáles son las razones últimas y ocultas que explican este zapatazo al tablero de la política vasca que ha hecho saltar por los aires nada menos que al líder de su partido? Más allá de las explicaciones oficiales y de la retórica argumental esgrimida por el lehendakari y sus seguidores, presumo que hay un verdadero juego de intereses personales y partidistas en esta iniciativa. De entrada, el lehendakari quiere recuperar el protagonismo que no ha tenido en el proceso de paz. Conviene recordar que este arrinconamiento del lehendakari lo establecieron ETA y Batasuna y que, por el contrario, el PSE-EE y el Gobierno de España le han tenido siempre como interlocutor necesario a lo largo de estos años. Pero ha llevado mal su ausencia del núcleo del proceso y en cuanto éste ha sido aniquilado por ETA, ha saltado a la arena con inusitada precipitación y sobre todo con enorme desacierto.

Su propuesta ha caído en un campo minado por las bombas de ETA y la represión policial, judicial y política al entramado de la banda. Es una iniciativa, por ello, inoportuna, pero además inútil y equivocada. Se dice, «no podemos esperar a que ETA abandone la violencia, ETA no puede marcar la agenda de la política vasca. Tenemos que tomar la iniciativa». De acuerdo. Pero ¿qué iniciativa? ¿La que pretende hacer inútil la violencia de ETA a cambio de asumir la defensa y negociación política de sus objetivos? Igual que en Lizarra. ¿No habría sido más razonable, después de lo visto y vivido en este frustrado proceso, decir a ETA que, mientras no abandone la violencia, los nacionalistas renuncian a defender sus postulados? ¿No es hora ya de decir alto y claro desde las formaciones nacionalistas que sólo cuando callen las armas para siempre será el momento de debatir y negociar el marco político que reclaman? Esa iniciativa sí ayudaría -en mi opinión- a la paz. La del lehendakari le puede perjudicar gravemente porque puede acabar siendo utilizada por el victimismo etarra como argumento retroalimentador de su violencia.

En segundo lugar, el lehendakari ha resuelto el duelo personal con Imaz imponiéndose como candidato del PNV en las próximas elecciones. Para nadie es un secreto que la gravedad de las diferencias políticas entre ambos ha llevado a muchos a reclamar otro liderazgo institucional y era relativamente frecuente oír el deseo de que Ibarretxe agotara su mandato con esta legislatura. Con su iniciativa del 28 de septiembre, el lehendakari ha marcado la agenda de la política vasca para el próximo año y ha establecido -ordeno y mando- quién la va a protagonizar. De paso ha abortado de raíz cualquier especulación sobre su retirada, colocándose como candidato obligado de unas elecciones diseñadas en sus contenidos y desenlace con un año de antelación.

Junto a ése, el otro gran objetivo de su plan es presentarse a esas elecciones adelantadas al otoño de 2008, como Cristo entre dos ladrones: ETA, que no cesa en la violencia, y el Gobierno de España, que no le permite llevar a cabo su consulta al pueblo. Ubicado en ese cómodo espacio de las mejores intenciones, apelando a una especie de derecho prepolítico e incuestionable a que los vascos decidan por sí solos y transmitiendo a los ciudadanos una confianza sobrenatural en su fórmula taumatúrgica para resolver no sólo el terrorismo sino el mismísimo conflicto vasco, Ibarretxe pretende ganar las elecciones que perdió hace dos años, en mayo de 2005. Su propósito electoral es tan evidente como inconfesable y por eso debe ser denunciado. Ganar las elecciones y repetir el tripartito con EA e IU para seguir en el poder es el verdadero propósito de ese consejo político tan peculiar que integran Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo, y para ello quieren pescar en los caladeros de los partidos frontera (izquierda abertzale y PSE) obligados a colocarse en los extremos del escenario por la hábil operación a la que asistimos.

Ibarretxe sabe de sobra que a ETA le importa un pito su consulta y que estamos precisamente al comienzo de una nueva etapa de terror, iniciada con el cese del alto el fuego de junio de este año, y constatada por los atentados y extorsiones que padecemos. Sabe también que previsiblemente la ofensiva terrorista se prolongará, y que transcurrirán algunos años hasta que podamos intentar de nuevo su disolución. Sabe, por último, que los planes de ETA y Batasuna no van a estallar por las contradicciones en las que quiere situarles el lehendakari con su consulta y con su reivindicación autodeterminista. Ellos ya han demostrado que tienen su propia agenda, su propia dialéctica con el Gobierno de España y que resuelven sus tensiones internas dándole unos votos favorables para hacer viable la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco y reservando otros para sus reivindicaciones clásicas a favor de territorialidad, independencia, exigencias legales, etcétera. De manera que sabe muy bien el lehendakari que una de las condiciones que se autoimpuso para la consulta no se va a cumplir. No va a haber ausencia de violencia.

Tampoco va a haber acuerdo político previo. No lo hay en Euskadi, entre las fuerzas políticas vascas, más divididas que nunca, que ya es decir. No lo va a haber con el Gobierno de España porque no lo hay en Euskadi y porque no conozco ningún país que incluya en su ordenamiento jurídico los mecanismos de su partición. No lo puede haber sobre su viejo plan, el que fue rechazado por las Cortes porque su rechazo parlamentario lo anuló legalmente y porque fue derrotado después en las urnas en mayo de 2005. Y si lo que pretende es una negociación con el Gobierno de una especie de pacto político sobre la autodeterminación, tal cosa no cabe por esos cauces extraparlamentarios. Y, además, no tiene apoyo político para ello, porque no hay un mandato expreso, con una propuesta concreta del Parlamento vasco para esa negociación.

Pero, en fin, el lehendakari sabe todo esto y mucho más. Va a tener al país un año sumido en una especie de confusión inenarrable. En una división política y social creciente. En una inestabilidad profundamente inconveniente para la economía, para nuestra imagen exterior; paralizando grandes proyectos y decisiones que determinan el futuro. Va a ser mucho peor que un año perdido. Tenía razón Patxi López al reclamar elecciones autonómicas ya. Personalmente creo que lo mejor sería hacerlas en marzo de 2008 junto a las generales y salir con ellas de este atolladero absurdo y sectario.
(El Correo, 22/10/2007) 

Resistir.

Del atentado de ayer de Bilbao, sólo cabe hacer una interpretación política: ETA quiere situarnos de nuevo en el viejo círculo de la tragedia terrorista. Su mensaje el 7 de junio, cuando declaró el cese del alto el fuego, fue determinante y sus acciones posteriores, concluyentes. Si no hubiera sido por la eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado francés y español, podríamos haber tenido ya seis atentados con bombas, todos ellos de gravedad incuestionable. Lograron hacerlo en Durango y en Zarautz, y ayer en Bilbao. No cabe especular sobre las intenciones de ETA. Sus actos y sus palabras son los atentados terroristas y probablemente nos llevan a un periodo prolongado en el que la tragedia de la muerte y del terror rondará nuestras vidas.

Se especula, sin embargo, sobre la dimensión de sus atentados, ¿quieren matar? ¿Seleccionarán a sus víctimas entre los representantes políticos? ¿Lo han querido hacer con Gabriel Ginés, intentando matarle a él o al concejal del PSE al que protegía? Yo tengo pocas dudas sobre este enésimo debate que algunos bienintencionados sostienen respecto a los límites personales que ETA podría haberse trazado para este nuevo periodo. Clara y rotundamente afirmo que ETA quiere provocar la muerte de sus enemigos sean estos policías, políticos, empresarios, jueces, periodistas

Seguramente nos encaminamos a una estrategia terrorista más limitada por las dificultades operativas por las que atraviesa la banda, pero no por sus intenciones. Quiero creer también que ETA evitará atentados masivos pero no eludirá la agresión directa utilizando los medios con menos riesgos para sus comandos. A ETA le basta con mantener un nivel de acciones terroristas que le permita levantar acta de su existencia y de su permanencia. «Son la expresión del conflicto», les gusta decir a ellos, «el tumor maligno de nuestro cuerpo social», me gusta decir a mí. De manera que, nada nuevo bajo el sol. Ahora toca mantenerse firmes, reclamar unidad democrática y lealtad institucional, al PP y al Gobierno vasco, respectivamente. Y aplicar la ley bajo el principio democrático de que la represión del entramado de la violencia incluye sus estructuras políticas porque hace ya algún tiempo que dijimos que con violencia no cabe la política en nuestra democracia.

Por cierto, acertamos entonces y acertaremos ahora. (El Correo, 10/10/2007)

La historia interminable.

Como en el título de la novela de Michael Ende, las tensiones patrióticas del péndulo nacionalista son interminables. El debate entre pragmáticos y patrióticos, entre autonomistas e independentistas del PNV sigue tan presente como hace cien años, y acaba de proporcionarnos otro de sus más sonoros episodios. El anuncio de retirada política de Josu Jon Imaz ha sido la implosión de ese viejo debate en el seno del centenario partido vasco. El autor alemán de aquella famosa novela de fantasía de los ochenta decía que «un mundo no habitable por los niños tampoco puede serlo por los adultos». Podríamos aplicarla la idea, parafraseándola, a uno de los fundamentos del discurso de Imaz: Una Euskadi no habitable por quienes no se sienten nacionalistas no puede serlo para los nacionalistas.

Estoy persuadido de que la naturaleza y la intensidad del debate político en el seno del PNV es esencial, es decir, que pertenece a la esencia y a los fundamentos de ese partido y supera en dimensión y contenidos a la escisión de 1986. En aquella ocasión había un debate sobre la organización interna del país (Territorios Históricos vs. Gobierno vasco) y un conflicto personal entre el presidente de EBB y el lehendakari, derivados de una discusión sobre las funciones y el papel del partido y del Gobierno. En esta ocasión, el debate es mucho más ideológico, afecta a la idea misma de país, a la manera de construirlo, a la estrategia concreta de salida a la violencia, al proyecto que el PNV ofrece para el siglo XXI y a las relaciones con el marco español y europeo en el que se inserta ese proyecto.

Imaz se va, precisamente porque el síndrome de la escisión con EA pesa demasiado en su partido y en su propia conciencia. Se va porque ha perdido. Porque no ha conseguido arrastrar a la mayoría de sus afiliados a sus tesis. Porque los suyos, los más próximos, los que le apoyaban, han preferido pactar una ponencia ambigua, un paraguas que vale para todo, según vengan los tiempos, para la lluvia y para el sol. Se va porque el lehendakari, desde mayo de 2001, es una figura intocable en el PNV a pesar de su desgraciada y radicalizada deriva política. Se va porque, desde dentro, lo han machacado con desprecio y con insultos, aunque quizás también porque ha sido demasiado atrevido, demasiado valiente en plantear sus postulados de la manera en que lo ha hecho (abriendo el debate más a la opinión pública que al interior de su partido) y por la enorme sacudida intelectual que proponía a una militancia acostumbrada al poder y perezosa para los cambios. Se va porque, desgraciadamente, los rescoldos de Lizarra, el señuelo de la unidad nacionalista que absorbe el espacio de la izquierda abertzale y salta al soberanismo para hacer un Estado libre asociado, o lo que sea, late con más fuerza en el corazón de los batzokis cuando parte de sus dirigentes y su propio Gobierno les embarcan en la aventura de la autodeterminación rupturista.

Se va, no sabemos si para siempre, a pesar de que sus postulados eran genuinamente nacionalistas. Es más, sostengo que los tres grandes perfiles del discurso de Imaz son los que se corresponden con la tradición más asentada y más fructífera de la política del PNV.

El primero es el reconocimiento de la pluralidad identitaria vasca. Efectivamente, su proyecto político descansaba sobre este pilar democrático de importancia fundamental en el mosaico identitario vasco. El reconocimiento de la pluralidad vasca y su plasmación en una política del nacionalismo moderada y pactista fue una de las grandes conquistas de la coalición PNV-PSE de finales de los ochenta, hasta 1998 (vísperas de Lizarra). Curiosamente fue Arzalluz el que en su famoso discurso del Arriaga pronunció el contundente «vascos somos todos». Aunque fue José Antonio Ardanza quien más extensamente reivindicó la pluralidad, no como un límite a las pretensiones nacionalistas sino como una inapreciable riqueza de la comunidad vasca. Imaz ha sido, pues, congruente con aquella doctrina y ha mostrado una convicción profunda en ese principio, al establecer su estrategia sobre la base de 'no imponer' el país nacionalista a quienes no lo son.

El segundo de sus grandes postulados es el pacto con el Gobierno de España. Es verdad que la formulación 'no impedir' esconde una pretensión jurídicamente discutible porque se fundamenta en un cierto soberanismo de Euskadi como origen y destino de su propia decisión, privando al proceso legislativo en las Cortes de la legitimación del todo (el conjunto de España) para establecer el marco político de una parte (la Comunidad Autónoma Vasca). Pero quiero entender que no impedir después de no imponer implica pactar, y que la concreción práctica de su proyecto se basa en la negociación aquí y allí de una reforma consensuada entre todos.

¿Y no es eso lo que ha hecho el PNV durante estos últimos treinta años? Sostengo que la política pactista es la política del PNV y que el rupturismo soberanista de Ibarretxe es lo más contrario y anómalo de la trayectoria política de ese partido. ¿Quién negoció el Estatuto, aquí y allí a finales de los setenta? ¿Y el Concierto Económico? ¿Y la Ertzaintza y las competencias? ¿No es acaso el PNV el partido que gobierna el País Vasco desde hace treinta años a partir de un marco jurídico pactado, aceptado y legitimado por la sociedad vasca y en permanente negociación con el Estado sobre el día a día de su desarrollo?

Por último, Imaz ha acuñado en una frase feliz otro de los grandes parámetros que definen su discurso: «Primero la paz y luego la política». Mejor aún, ha aplicado personalmente ese principio a lo largo de todo el proceso de búsqueda de la paz de estos últimos años, con firmeza y lealtad. Y sostengo, igualmente, que ése ha sido también uno de los postulados básicos del nacionalismo democrático. El rechazo a la violencia del PNV no es discutible, aunque sí lo sean sus diferentes actitudes y estrategias a lo largo de estos años. Pero Imaz retomó con el documento de octubre de 2005 una estrategia infinitamente más próxima a Ajuria Enea que a Lizarra, y al hacerlo recuperó un discurso y unos principios que han guiado al nacionalismo vasco durante una docena de años en los que se asentó la derrota política de ETA y su ulterior declive operativo.

La historia interminable empezó con el propio Sabino Arana que se volvió federalista al final de su vida y continúa hoy con Josu Jon Imaz que se va. Pero, en fin, esta página de esta historia interminable se está escribiendo todavía. No podemos predecir aún los efectos que producirán estos acontecimientos y aunque internamente se haya pactado un acuerdo estratégico y orgánico, las fuerzas que mueven el péndulo siguen empujando para ubicarlos en distintos gradientes del arco patriótico. Ninguno de nosotros es ajeno a esa pulsión. Por acción, por omisión o por las consecuencias que produce para todos, lo que ocurre en ese debate nos afecta.

En abril de 2001 Imaz escribió un artículo a modo de carta abierta 'A un amigo socialista', contestando a otro mío titulado 'A un amigo nacionalista'. Recuerdo muy bien su cordial y razonado argumentario explicando la política del PNV en aquellos momentos de profundo desencuentro y abierto enfrentamiento entre nacionalistas y socialistas. Éstas eran sus últimas palabras: «( ) porque este país lo tenemos que construir los que estamos en el desencuentro. Si no, no habrá país. Un abrazo y hasta siempre». Lo mismo te digo.  (El Correo, 23/09/2007)

Ridículo y peligroso

No es una cuestión menor. Algunos considerarán que se trata solo de un conflicto jurídico-institucional entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado. Una cuestión competencial más, entre las muchas que genera nuestro complejo modelo autonómico. Y en origen, así es, pero es también algo más. Me refiero a la decisión del Gobierno vasco de requerir al Gobierno de España para que derogue y por tanto anule el protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias creada por el Real Decreto 399/2007 de 23 de marzo, con el fin de asegurar la atención a las grandes catástrofes previamente declaradas 'de interés nacional', anunciando al mismo tiempo su intención de recurrirlo al Tribunal Constitucional. Como se sabe, el real decreto citado incluye entre las misiones de las Fuerzas Armadas el deber de «preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas», pero también lo hace «conforme a lo establecido en la legislación vigente» y «junto con ( ) las demás administraciones públicas», entre las que, lógicamente, tienen un papel preferente las comunidades autónomas. En esta dirección, el propio protocolo contempla las medidas de cooperación entre administraciones públicas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las mismas ante estas eventualidades.

Todo el mundo sabe que esta decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero es consecuencia de la insuficiencia o la ineficacia y la descoordinación observadas en la atención de catástrofes naturales y graves siniestros por los servicios de protección civil de las comunidades autónomas. Muchas veces estos servicios son insuficientes o incapaces de atender las dimensiones del problema y otras resulta imposible obtener la cooperación de los servicios de las comunidades vecinas ante el temor de situaciones semejantes (incendios del verano, por ejemplo). Era y es un clamor que cuando las dimensiones de la catástrofe supera los limites de una comunidad y alcanza a dos o a tres (una nevada que corta la comunicación entre ciudades, por ejemplo), las autoridades respectivas acaban responsabilizando al vecino de las descoordinaciones que se originan en su atención. Vienen a mi memoria los incendios de Guadalajara del año pasado, los incendios recientes de Andalucía, Canarias o Galicia o la nevada en la carretera de Madrid a Valencia, de hace unos años, por citar sólo algunos casos en los que estos problemas se han producido.

Jurídicamente puede ser que el razonamiento del Gobierno vasco sea correcto. Pero políticamente me parece ridículo y peligroso. En el reparto competencial establecido en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía, se contempla, efectivamente, que la protección civil es un competencia exclusiva de la comunidad autónoma (naturalmente cuando la catástrofe se circunscribe al territorio de la comunidad). Pero se me ocurren tres argumentos políticos con los que reclamar un poco de cordura en este asunto.

La intervención de la UME, que así se llama la Unidad Militar de Emergencia creada en el Ejército español, sólo se producirá en casos muy especiales y graves, en los que razones de interés nacional aconsejen al Gobierno de España tomar esa decisión. Estamos pues hablando de supuestos de rarísima aplicación, de manera que la competencia general de la protección civil de la comunidad autónoma no queda alterada o vulnerada en la generalidad de los supuestos producidos. Además, según ha declarado públicamente el jefe de la UME a los medios de comunicación, en el 99% de los casos la unidad sólo actuará a petición de las comunidades autónomas.

En segundo lugar, estamos, no haría falta decirlo, en un mundo con riesgos crecientes: terrorismo sin fronteras físicas ni morales para producir grandes daños a poblaciones masivas; instalaciones nucleares o químicas o biológicas peligrosísimas; cambios climáticos con efectos todavía desconocidos, etcétera. Todos los gobiernos del mundo están fortaleciendo los servicios de protección civil ante catástrofes masivas (como fueron las inundaciones de Nueva Orleans o las de Inglaterra este mismo año). ¿Debía crear el Gobierno de España una fuerza preparada técnicamente para estos eventos? Evidentemente, sí ¿Debía regular el Gobierno su protocolo de actuación? Naturalmente.

Se alega un rígido esquema de reparto competencial pero se omite una visión dinámica de las normas y de los sistemas territoriales compuestos, imprescindibles para una aplicación lógica y razonable de nuestro modelo autonómico. Cuando se reclaman mayores cotas autonómicas o aplicaciones descentralizadoras de las políticas públicas estatales, delegaciones competenciales del Estado a través del 150.2 de la Constitución, etcétera, se debe ser consecuente con la doble dirección en que deben inscribirse esas reformas. Dicho de otro modo, un estado federal, como lo es el Estado autonómico español, debe ser flexible y admitir correcciones y reformas en las competencias y en el ejercicio de las políticas públicas tanto hacia las comunidades autónomas como hacia el Gobierno central. A ese espíritu responden las reformas introducidas recientemente en el modelo federal Alemán y son frecuentes en el funcionamiento de la organización territorial de EE UU (la centralización de la lucha contra la droga adoptada en Norteamérica hace ya bastantes años es un buen ejemplo). Cuando iniciamos la negociación del Estatuto de Cataluña en las Cortes, en la primavera de 2006, hice un discurso en este sentido, a propósito de la protección civil precisamente, ante la delegación catalana del Parlament. Recuerdo las caras de sorpresa de mis interlocutores y las vagas excusas esgrimidas para abordar una reforma en tal sentido. Pues bien, este real decreto se inscribe en esta inteligente y respetuosa flexibilidad competencial que necesita nuestro modelo territorial en un tema tan importante como éste.

Por último, un argumento de inexcusable realismo. Me refiero a hechos tan reales como que ya los hemos vivido. En agosto de 1983 el Nervión se desbordó e inundó gran parte de su cuenca y el Gran Bilbao. Murieron cerca de cincuenta personas y los daños materiales fueron incalculables. Todos los recordamos. Pero ¿recuerdan qué servicios públicos intervinieron? Todos, naturalmente, incluidos policías, guardias civiles y el ejército, que salvaron vidas y haciendas, entregando las suyas.

Quiero equivocarme, pero intuyo un gesto político contra el Gobierno de España y el Ejército español en este recurso y me parece, lo repito, ridículo y peligroso, además de injusto. Pongamos que ese recurso prospera. Pongamos que la unidad militar creada para grandes catástrofes no puede intervenir en Euskadi. ¿A quien pedimos ayuda si nos desbordan los daños? ¿Porqué una fuerza de cuatro mil hombres, dotada técnicamente y preparada para afrontar estos problemas y otros que quizás no conocemos ni intuimos, no va a estar a nuestra disposición? El Teniente General Fulgencio Coll, jefe de la Unidad Militar de Emergencias recién creada, declaraba poco después de sus primeras intervenciones en los incendios de Córdoba y Canarias de este verano: «les he dicho a los responsables autonómicos que no venimos a competir con ellos, sino a ayudarles cuando nos llamen». Pues eso. (El Correo, 9/9/2007)

El piso de nuestros padres

Qué hacen nuestros mayores para subsistir con pensiones insuficientes? Malvivir. Así, sin matices. Con frecuencia olvidamos que en España, cerca de nueve millones de hogares perciben como única o básica renta una pensión, vamos a llamarla exigua. Nuestro sistema de seguridad social es deudor de unos años con cotizaciones muy bajas y de una creciente prolongación de la esperanza de vida, lo que genera millones de hogares con pensiones muy bajas para el nivel de vida de nuestros días. Añádanse las viudas, reminiscencia de una sociedad con las mujeres trabajando en el hogar, que deja a las más de dos millones de pensionistas por viudedad con el 50% de la pensión de su cónyuge fallecido.

Es ésta una buena ocasión para llamar la atención sobre la cuantía de nuestras pensiones. Empecemos recordando que más de quinientas mil personas perciben una pensión no contributiva (porque no cotizaron en su vida laboral) de aproximadamente 400 euros. Sigamos con las pensiones mínimas, así llamadas porque son complementadas por el sistema de la seguridad social hasta un mínimo de supervivencia. Son casi un millón de jubilados con una pensión que oscila entre los 450 y los 600 euros. Casi cuatrocientos mil pensionistas por incapacidad permanente cobrando entre 450 y 900 euros. Casi setecientos cincuenta mil viudas cobrando entre 450 y 500 euros. Esto es, más de dos millones de personas con pensiones mínimas en el entorno de los 600 euros. Para terminar, el resto de los pensionistas, es decir, los que cobran su pensión en función de sus cotizaciones, sin complemento alguno. Son seis millones largos de hogares en los que la pensión media no llega a 800 euros.

Todos somos conscientes de esta situación porque nuestras familias están llenas de parientes muy cercanos que están viviendo con muchísimas dificultades y un nivel de renuncias injustas para con una vida de trabajo como la que ha soportado la generación de la posguerra española. Pero es que, además de injusta, esta vida empobrecida es impropia de quienes poseen un amplio patrimonio en su vivienda que ha sido labrado con su esfuerzo y sacrificio de ahorro a lo largo de su vida activa. En la cultura de nuestros mayores parece haberse instalado la obligación de trasladar la vivienda de los padres en herencia a los hijos como la última y generosa muestra de su responsabilidad para con ellos.

Ante esta situación, se están extendiendo dos instrumentos financieros que ayudan a estas familias a rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda. El uno es la venta del inmueble con derecho a usufructo hasta el fallecimiento del vendedor. Es frecuente ver ya, en los anuncios de venta de viviendas, agencias especializadas en valorarlos en función de la edad del vendedor-usufructuario. Es un contrato con riesgos, demasiado aleatorio y con pérdida de valor del inmueble para el propietario, aunque lo rentabilice en sus últimos años de vida.

El otro es la hipoteca inversa. Como se sabe, la hipoteca inversa es aquella que permite hacer líquido el patrimonio inmobiliario de las personas mayores y de las afectadas por dependencia severa o gran dependencia, desde el derecho del titular a vivir en su vivienda hasta su fallecimiento, percibiendo una renta previamente establecida y permitiendo a los herederos del prestatario la recuperación de la propiedad mediante el abono al banco del préstamo realizado o recibir la cuantía restante sobre el precio de la vivienda, si esa fuera su opción.

Esta figura lleva muchos años funcionando en el mundo anglosajón; muy especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el primero, este producto se denomina 'Lifetime mortgage' y comenzó a utilizarse, aproximadamente en 1965. En este país el límite mínimo de edad es de 60 años. Los últimos datos facilitados por el 'Council of Mortgage Lenders' cifran en unas 30.000 las hipotecas inversas suscritas en un año. En Estados Unidos la hipoteca inversa se conoce comúnmente como 'Reverse mortgage' y comenzó a desarrollarse algo más tardíamente que en Gran Bretaña, concretamente a finales de los años 80. En el país norteamericano el límite de edad es algo mayor que en Gran Bretaña (y menor que en España), estableciéndose el límite mínimo en 62 años. Según datos gubernamentales, el pasado año se contrataron más de 40.000 hipotecas inversas.

Me sorprende que este instrumento financiero tenga todavía tan poco uso en nuestro país, a pesar de que se dan claras circunstancias para su utilización, principalmente el progresivo envejecimiento de nuestra población y, tal como se decía, el gran número de pensionistas con pensiones muy bajas. El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en una disposición adicional ha regulado la llamada hipoteca inversa.

Para empezar, conviene decir que sólo pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años y los afectados por dependencia severa o gran dependencia. Lo que la ley pretende es establecer garantías que protejan a este tipo de personas frente a los abusos o engaños, que de todo hay, producidos en una contratación compleja y sensible como ésta. Para ello establece que estas hipotecas sólo las pueden conceder las cajas, bancos y entidades aseguradoras autorizadas a operar en España; que el Ministerio de Hacienda establecerá el régimen de transparencia y comercialización de estas hipotecas; que las entidades que hagan estos préstamos deben otorgar a los solicitantes un asesoramiento independiente y que la deuda sólo será exigible por el acreedor (no por otros) y sólo cuando fallezca el beneficiario.

Por último, la ley prevé un abaratamiento sensible de estos préstamos, estableciendo que el acreedor no puede exigir compensación alguna por la cancelación, que los documentos notariales estarán exentos de la cuota gradual y que el cálculo de los honorarios notariales y registrales se hará aplicando los aranceles correspondientes a los 'documentos sin cuantía', estando exentos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

La hipoteca inversa permite que los herederos del titular del préstamo puedan recuperar la vivienda en el momento del fallecimiento abonando al banco todo lo que éste haya desembolsado, y si deciden no hacerlo podrán recibir la cuantía que le restara por percibir al propietario de la vivienda, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación. En el primer caso, hay que tener en cuenta que muy probablemente la vivienda se habrá revalorizado, con lo que el propietario habrá podido disfrutar en vida de una parte (o de todos) de sus ahorros mejorando considerablemente su bienestar, pero permitiendo también dejar cierto legado a sus herederos.

¿Cuál es la relación entre la hipoteca inversa y la dependencia? Tenemos dos millones de octogenarios en España y la Ley de Dependencia ha establecido un derecho de las personas dependientes (sin autonomía personal) que se financia por copago, es decir, que junto a la pensión o servicios públicos, el dependiente aportará una parte de los servicios que mejorarán su calidad de vida. Hacer líquido el valor de la vivienda a través de las hipotecas inversas ayudará a satisfacer el incremento de rentas durante los últimos años de la vida para cada vez más personas en situaciones de dependencia severa o gran dependencia, sin perjuicio, naturalmente, de que esos derechos estén garantizados para quienes no posean dichas rentas. En definitiva, la posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, debe contribuir a hacer más estable el ciclo vital y vivir el final de la vida con mayor bienestar.

El Correo, 21/07/2007

Hablemos de salarios

En uno de los chistes de Forges de estos últimos días, un señor que lee una noticia económica de un periódico, se dirige a dos jóvenes diciéndoles: "¡Falsos: con 23.000 euros de renta per cápita y haciéndose pasar por mileuristas!". Es una de las paradojas de nuestra realidad sociolaboral. Una renta per cápita que alcanza la media europea, pero unos salarios que pierden poder adquisitivo. "La paradoja es que el sueldo real medio baja, pero todos ganan", decía Fernández Ordóñez aludiendo a algo incuestionable como es la mejora que experimentan amas de casa y jóvenes que se incorporan al mercado laboral y pasan de ganar cero euros a mileuristas o los inmigrantes que ganan el triple que en su país, aunque unos y otros reducen el salario real medio de los españoles un 4% en los últimos diez años, según ha señalado la OCDE.

Hablemos de salarios y hablemos de paradojas. ¿O deberíamos llamarlas injusticias? Nuestra boyante economía está produciendo algunos efectos contradictorios. El primero es la creciente dualización del mercado laboral. El importantísimo crecimiento del empleo en esta última década (ocho millones de empleos nuevos desde 1994, de los cuales cuatro son mujeres) ha generado una nueva "clase laboral" integrada por los trabajadores menos cualificados en los sectores económicos que más han crecido estos años: construcción, servicios, pequeño comercio, agroalimentario, etc. Junto a los inmigrantes, ese amplio colectivo laboral, está situado en niveles salariales bajísimos, separándose crecientemente de los trabajadores del conocimiento, como llama Alvin Toffler a los licenciados y trabajadores intelectuales en general.

Se consideran bajos salarios los que no alcanzan el 60% del salario medio del país. Pues bien, hoy y aquí esa cifra son 730 euros y aproximadamente dos millones y medio de nuestros trabajadores, el 12% de nuestra población ocupada, están por debajo de ese umbral. Es por eso que hasta Forges se equivoca en su denuncia llamando mileuristas a esos jóvenes ya que muchísimos de ellos no llegan a esa cifra extraordinaria. Se calcula que el 70% de los nuevos empleos de estos últimos años, son inferiores al salario promedio. Los bajos salarios no son sólo consecuencia de la baja cualificación profesional. Van también asociados a la población laboral precaria (más del 30%) y joven (seis de cada diez jóvenes son eventuales, el doble que la media de la OCDE). La precariedad impone menores niveles salariales, menor protección social y nula capacidad de denuncia a la vulneración de los derechos laborales mínimos.

Otra gran brecha salarial se está produciendo en el abanico salarial de las empresas. Ejecutivos, directivos y consejeros de las grandes compañías han multiplicado sus salarios abriendo este abanico hasta cifras inéditas. Hace veinte años un abanico de uno a diez o a veinte era relativamente normal. Hoy, sin embargo, es frecuente que los máximos directivos cobren hasta cien o doscientas veces más que el salario más bajo de la empresa. Y si añadimos salarios en especie, pólizas de seguro, fondos de pensiones y similares, ese abanico puede llegar a ser de uno a mil. Sólo el año pasado las retribuciones de los consejeros de las empresas cotizadas crecieron un 28% y la de los directivos, un 20%. Cuando se publicó hace unos meses la retribución del presidente de uno de los dos grandes bancos españoles (9'78 millones de euros, unas 500 veces el sueldo medio español, más 10 millones anuales para su fondo de pensiones) respondí a una pregunta de un periodista afirmando que tales cantidades rozaban el límite de lo moralmente aceptable. Más allá de valoraciones morales, Peter Drucker decía que un directivo que cobra veinte veces más que el trabajador de más baja categoría, sobrevalora su contribución al éxito de la empresa en oposición a la labor del más humilde de sus empleados.

Por último, interesa destacar la progresiva reducción del peso de los salarios en la renta nacional. Es un fenómeno bastante generalizado en Europa, como consecuencia de las políticas de moderación salarial y altos crecimientos de los beneficios empresariales. En España se calcula que el peso de los salarios sobre la renta total ha descendido del 54'9% en 2000 al 52'75% en 2005. Pero además debe recordarse que el peso de los salarios en Europa ronda el 64% del total de la renta, es decir, diez puntos más que en España. Por cierto, también la UE ha visto descender esa cifra estos últimos años desde el 68% al 64% citado. Dice la CEOE que los salarios no han disminuido poder adquisitivo estos últimos diez años si computamos el salario por hora trabajada. Pero aunque ese parámetro equipare IPC y evolución salarial, no ocurre así con la evolución de los beneficios, que entre 1999 y 2006 han tenido un crecimiento neto del 73% más del doble de la media de la UE (33%) y el dividendo repartido se ha incrementado en un 47%.

Hablemos de salarios y pasemos ahora de las musas al teatro. ¿Qué hacemos? Una primera medida debe ser el incremento progresivo del SMI. Este Gobierno tomó dos decisiones importantes. Desindiciar el SMI de toda una serie de referencias extrasalariales: pensiones, vivienda, becas, etc., y subirlo a 600 euros. Habrá que asumir, que el empleo de baja cualificación es más dependiente de esta medida gubernamental que de la negociación colectiva y por tanto habrá que incluir en él una mayor población laboral. Acercar el SMI al 60% de la media salarial española debe ser el objetivo de la próxima legislatura, es decir, 750 euros al mes. A su vez la negociación colectiva debe plantearse el objetivo de los 1.000 euros como salario mínimo en todos los sectores de actividad.

Sería también muy recomendable una congelación de los salarios directivos y una rebaja de los ingresos de consejeros y altos ejecutivos en general. Las autoridades económicas y los expertos de todo tipo y condición, no dejan de reiterar la necesidad de moderar los aumentos salariales y ajustarlos a los incrementos de productividad. No puedo estar más de acuerdo con esta recomendación, pero ¿no deberían ser los máximos directivos de las compañías quienes dieran ese ejemplo en vez de hacer todo lo contrario?

Por último, ¿para cuándo la progresiva participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas? En los tiempos de la flexibilidad laboral y de la moderación salarial, una nueva bandera de los trabajadores deberá ser la participación progresiva en los resultados económicos de las empresas. Una vez más, esa participación no puede corresponder sólo a los ejecutivos de las empresas. Hay que generalizarla y democratizarla en beneficio de todos.

El relato

No hay proyecto político que pueda ser percibido por una mayoría de ciudadanos sin un relato que lo describa, que lo sitúe en un tiempo concreto, en un universo conocido y lo haga así accesible y comprensible. No hay política sin una crónica de los hechos que la construyen, sin una memoria que sistematiza e informa los acontecimientos y, sobre todo, los explica en un contexto de circunstancias y razones. A los gobiernos los juzga una opinión pública que acaba seleccionando unos determinados hechos -desgraciadamente muy pocos- que, aislados entre sí, pueden resultar inexplicables o hasta contradictorios. Pero si se inscriben en una narración coherente, articulada, armoniosa para con un proyecto o programa o ideario, entonces sí, entonces configuran un relato político que se percibe como una obra global, como un proyecto ideológico, al margen, naturalmente, de su mayor o menor aceptación ciudadana.

Una mirada a nuestro reciente pasado nos permite identificar claramente el relato de finales de los setenta, cuyos perfiles fueron, inequívocamente, los que describieron la arquitectura democrática de nuestra Transición. Desde el pacto reconciliatorio después de la dictadura, hasta la Constitución. Desde los Pactos de La Moncloa para salvar la economía, hasta los nuevos estatutos de autonomía que iniciaban la andadura de la España autonómica. Tampoco es difícil identificar el relato de los gobiernos de Felipe González. La consolidación democrática después del golpe del 81, la valiente y costosa reconversión industrial que inició la modernización de un obsoleto aparato productivo, la incorporación a la UE en 1986 y la formalización legal y económica de un Estado del Bienestar sustentado en la universalización de la sanidad y la educación y en la consolidación del sistema de Seguridad Social. También los ocho años de gobierno del PP puedan describirse -bajo esta visión intencionadamente constructiva- desde el prisma del éxito económico de nuestro país. El crecimiento sostenido de nuestra economía y la reducción del desempleo, la entrada en el euro y el saneamiento de las cuentas públicas permitieron aquel famoso «España va bien» que gustaba decir al presidente Aznar.

Comprendo que muchos pensarán que tales relatos son una simplificación exagerada de tiempos muchísimo más prolijos y complejos, pero para eso ya están los libros de Historia o la memoria de ustedes. Porque lo que motiva tan exhaustiva referencia al pasado y al relato político como concepto es que me gustaría trasladarles en estas pocas líneas el relato político de este Gobierno. Ah, pero ¿hay relato?, se preguntarán muchos. ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuáles sus características? Quizás aquí radique uno de los principales defectos de estos primeros años del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Porque, aunque es verdad que son necesarios los años para que se asienten los perfiles del relato, como ocurrió, por ejemplo, con los gobiernos de Felipe González, porque sólo a finales de los ochenta cuajó su idea modernizadora y europeísta de España, en esta ocasión se echa en falta un discurso contextualizador y motivador de sus iniciativas y de sus decisiones más importantes. Sin él, no hay relato, no hay memoria colectiva de sus logros.

Sin duda, dos de los grandes parámetros del relato de este Gobierno vienen marcados por dos temas poliédricos y polémicos, como son la política autonómica y la búsqueda del final de ETA. Son dos temas inacabados desde nuestra transición democrática y me temo que no estamos todavía en condiciones de evaluar plenamente su gestión, porque sobre ambos penden incógnitas y decisiones que todavía no se han producido. La brevedad de estas líneas no me permite un análisis más profundo de dos cuestiones que han sido y son ampliamente tratadas y sobre las que el lector tiene opinión formada. Me limitaré a recordar que los desastres anunciados por la oposición ('España se rompe y España se rinde') han quedado reducidos a meros anuncios, tan catastrofistas como infundados. Me interesa más destacar un gran número de iniciativas, significativas en sí mismas pero devaluadas por la ausencia de un eje ideológico que las vertebre en un discurso político del Gobierno y del partido que lo sustenta.

Y, sin embargo, hay argumentos para construir el relato. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la actitud política a favor del diálogo. Ya sea con los presidentes de las comunidades autónomas, con los sindicatos, con los empresarios, con la Iglesia y hasta con los manifestantes. O la propuesta de Alianza de Civilizaciones y el discurso de la solidaridad con el subdesarrollo, especialmente volcado a la cooperación, hasta el punto de denominar así a nuestro tradicional Ministerio de Asuntos Exteriores. O el mensaje de rabioso europeísmo, cargado de ambición y compromiso, con una convocatoria de referéndum constitucional, tan atrevida como frustrada luego por los fracasos francés y holandés. O las muestras evidentes de un compromiso feminista, volcado en la igualdad de géneros y en la lucha contra la violencia machista. O quizás el más importante: la retirada de las tropas de Irak para cumplir un mandato electoral y hacer útil el voto ciudadano. Iniciativas todas ellas muy estimables, aunque desprovistas de una percha ideológica común.

Otro de sus parámetros es el éxito económico y la política social. Zapatero (y Solbes, todo hay que decirlo) han roto el mito de que la derecha gobierna mejor la economía y que la izquierda sólo sabe repartir (y mal, añaden los más conspicuos antisocialistas). Más allá de la influencia de las políticas públicas en la marcha de la economía real, todos los cuadros comparativos que se quieran hacer con los mejores años de los gobiernos anteriores muestran que el crecimiento es mejor, con más creación de empleo y menos temporalidad, con mejoras, todavía incipientes, en la productividad y con unas cuentas públicas realmente envidiables. Con este cuadro macroeconómico tan favorable, los presupuestos públicos están mostrando una orientación social incuestionable: mejora de la financiación de la sanidad pública, establecimiento de un nuevo servicio público universal para las personas dependientes, mejora de un 25% a los tres millones de pensiones mínimas, elevación a 600 euros del salario mínimo y otras muchas políticas sociales en vivienda, becas educativas, etcétera.

Por último, otro gran pilar de ese relato es la extensión de derechos de ciudadanía. Realmente aquí pueden englobarse un buen número de reformas legales de singular y notable importancia, que afectan a millones de españoles y que configuran una concepción moderna y liberal de nuestra sociedad. Se ha reformado el divorcio para hacerlo más ágil y sin causa. Se ha regulado el matrimonio de los homosexuales. Se ha ampliado la condición de españoles a los nietos de nuestros viejos emigrantes. Se ha regularizado a los inmigrantes por su condición laboral. Se ha establecido un nuevo derecho a nuestros mayores dependientes y a quienes carecen de autonomía personal. Se ha avanzado notablemente en los derechos de las mujeres a través de la Ley de Igualdad (derechos de participación política y de carrera profesional especialmente). Se han establecido nuevos derechos para los trabajadores autónomos y se ha fijado un marco de protección cuasilaboral para los autónomos dependientes (autónomos que trabajan mayoritariamente para una sola empresa). Así podríamos seguir. Nuevos derechos para los consumidores, para los investigadores, para los mayores que suscriben una 'hipoteca inversa', etcétera. No ha habido en los treinta años de democracia española un periodo tan fecundo de leyes y con tan profundo sentido social.

Hay, pues, una política de fondo en todas esas acciones. Hay una búsqueda de justicia y de progreso en esas iniciativas. Hay una gestión honrada de la confianza popular y una aspiración expresa de pacto con una ciudadanía en gran parte nueva, como consecuencia de los grandes cambios sociológicos y económicos del cambio de siglo. Quizás debiéramos concluir diciendo que el perfil más acusado de este Gobierno sea precisamente eso que el propio Zapatero llamó «socialismo de los ciudadanos» y que definió en su día como una «profundización de la democracia».

2/07/2007

La Responsabilidad Social: una nueva dimensión de las empresas.

Ya nadie discute que las empresas deben ser socialmente responsables. Las teorías neoliberales que excluyen esta dimensión empresarial han quedado superadas por la realidad. Hasta la compañía más orgullosa de sus componentes antisociales, volcada al beneficio y a la pelea feroz por los costes, como Wal-Mart, ha aprendido la lección.

Hoy lo que se discute es el contenido de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE),su traslación a los proveedores –cada vez más numerosos en la economía de la externalización–,la forma de reporte o de información transparente y veraz de la triple memoria de las compañías, los sistemas de verificación de esa información,etcétera. Hoy se discute cuál debe ser el papel de las políticas públicas para el fomento de esta nueva cultura empresarial. Hoy se discute cómo se multiplica la eficacia de la acción social empresarial en países en desarrollo, a través de nuevas alianzas públicoprivadas de las empresas, las ONG y los gobiernos locales.

Hoy se discute sobre las exigencias internas y externas de la RSE, concebida como una línea estratégica de la empresa.

La RSE ha venido para quedarse. Obedece a poderosas y sólidas razones que impulsan una renovación conceptual profunda del ser de la empresa en la nueva sociedad, de sus funciones y de sus responsabilidades para con ella.

Nadie pretende que sustituyan al Estado, pero tampoco aceptamos que el libre mercado y la competencia sean las únicas fuerzas que modelen la sociedad resultante. Queremos que la empresa contribuya a un modelo de desarrollo y crecimiento sostenibles y por eso queremos que cumpla un papel de creciente responsabilidad en el hábitat social,laboral y medioambiental generado por sus actividades.

Revista:RSC de LibertySeguros

Lecciones para todos

Decía Camus que «la paz es la única causa por la que merece la pena morir». Es un buen preámbulo para explicar, en términos generales, la iniciativa del presidente Zapatero en torno al fracasado proceso de paz. ¿Se equivocó al iniciarlo? ¿Lo ha conducido con acierto? ¿Morirá (políticamente se entiende) en ese intento, por esa causa? Me gustaría ofrecerles una reflexión crítica sobre lo ocurrido evitando en lo posible el natural sesgo partidario en el análisis.

Estamos recibiendo visiones antagónicas del proceso, casi todas simplificadas y maniqueas. Una de ellas es la que parte de 2004 con una ETA cuasiderrotada que emerge ahora, tres años después, rearmada y fortalecida por el oxígeno recibido de un proceso lleno de concesiones y errores del Gobierno. Es muy fácil desbaratarla. Ni estaban derrotados a comienzos de 2004, ni ahora son más fuertes. Vuelven al terror, sí, pero seamos prudentes y desde una mirada serena, con perspectiva histórica, coincidiremos en la lenta agonía de su existencia. Tampoco cabe una lectura triunfalista que destaca los cuatro años transcurridos con 'sólo' dos muertos y exagera la importancia de las disidencias internas de la izquierda abertzale o de la propia ETA. En mi opinión, nuestro análisis después de la batalla debe hacerse constatando avances y retrocesos, cambios a mejor y otros no tanto y sobre todo extrayendo lecciones que todos, repito todos, debemos extraer de lo acontecido.

Decía el presidente del Gobierno en el Comité Federal del PSOE del sábado pasado que había puesto «montañas de esfuerzo personal en este intento». Me consta. Se ha dedicado en cuerpo y alma y ha sufrido una notable decepción. La primera, el 30 de diciembre, pocas horas después de su optimista anuncio para 2007. Quizás por ello, quien antes que nadie ha aprendido una buena lección sea precisamente Zapatero, y ésta es la de conocer mejor a esta gente de ETA y Batasuna. A lo largo de estos años me ha sorprendido el tesón con el que el presidente sostenía el proceso. Es más, he admirado la intención con la que insuflaba confianza en la paz y la valentía de sus mensajes hacia el entorno violento. ¿Le han engañado? No lo creo, pero hoy los conoce mejor que ayer, sin duda. Primera lección.

En la misma línea, procede reflexionar sobre un objetivo que ha estado siempre en las estrategias de la paz: conseguir que Batasuna arrastre a ETA hacia la política. Convencidos de que los dirigentes de la izquierda abertzale quieren que esto acabe, hemos dedicado ingentes esfuerzos a 'convencerles' de su papel mediador y protagonista en la solución. Pero, una vez más -y son innumerables-, se ha puesto de manifiesto con claridad meridiana que es ETA la que manda, y que utiliza a Batasuna como simple recadista de sus decisiones. Mirando hacia atrás, resultan patéticas las imágenes de Anoeta 2004, el ramo de olivo, las dos mesas y toda la liturgia legitimadora desplegada por los ingeniosos dirigentes de Batasuna durante estos años. ETA se ha cargado toda su alambicada arquitectura sobre las mesas negociadoras, toda su calculada ambigüedad semántica de la violencia, todas sus pretensiones políticas personales y colectivas. ETA manda y al final, como siempre, las pistolas imponen su lenguaje. ¿Qué hacer, pues, con Batasuna y la izquierda abertzale, si de nada sirven los diálogos y las conversaciones con sus dirigentes? Es más, si ni siquiera ayudan a la paz, ¿quedan todavía dudas sobre su ilegalización, mientras sus jefes nos matan a los demás?

La tercera lección es de democracia básica. Es el alfa y omega del fin de la violencia. ETA y la izquierda abertzale, incluidos sus votantes, no han aprendido que sus objetivos políticos sólo serán posibles en paz y en libertad y que la democracia no pagará precios políticos a su chantaje. Ni con Navarra, ni con la autodeterminación, ni con nada. La irrupción de ETA en el diálogo del año 2006 ha sido evidente y abrupta. Evidente porque de nuevo son sus planteamientos maximalistas ya conocidos los que rompen el proceso, y abrupta porque, presos de su lógica militarista, colocan la bomba en Barajas para «avanzar en su negociación».

Dos son las lecciones que cabe extraer de estos hechos: la primera es que la tregua se la cargan cuando les interesa, otorgando un carácter táctico a sus promesas de cese de la violencia, aunque se llame 'alto el fuego permanente' y arruinando, espero que para siempre, sus treguas como condición del diálogo. La segunda es que éste, el diálogo, sigue anclado en unas pretensiones ilegítimas, por antidemocráticas y por ilegales. Con ellos no cabe más diálogo que el dirigido a resolver las circunstancias humanas y operativas de la disolución de la banda, tal como ha quedado dicho desde Ajuria Enea en 1988 y tal como ha quedado demostrado también, en este proceso, roto precisamente por eso.

De todo ello se desprende lo que para mí es materia principal de un nuevo pacto de todas las fuerzas democráticas contra ETA. Además de los principios de actuación suprapartidaria (una de las cosas que no ha sido cumplida en esta ocasión y de las más graves en estos años), además de los instrumentos de lucha contra la banda y de los mensajes unitarios que ese tipo de pactos trasladan a la sociedad y a los violentos, el próximo pacto debe clarificar las condiciones, del cuándo, el para qué y los límites del diálogo con ETA, a efectos de su disolución.

Por último y aunque soy consciente de que faltan todavía lecturas que nos enseña este pasado, resulta obligado reflexionar sobre la manera en que se ha desarrollado este proceso. Honradamente, no ha podido ser peor. La durísima oposición que ha hecho el PP al Gobierno, en mi opinión, no es admisible. No hay justificación alguna. Ha podido haber errores en la gestión del proceso para con el PP. ¿Lo fue la aprobación de la resolución parlamentaria de mayo de 2005 sin su consenso? ¿Lo pudo ser el anuncio de la reunión PSE-Batasuna en pleno debate del Estado de la Nación de 2006, cuando se había pactado no polemizar sobre el proceso? Quizás las relaciones personales del presidente y Rajoy reclamaban alguna mediación. Pero nada de todo eso y mil agravios más merecía una oposición política tan brutal, manipuladora y desleal como la que ha hecho el PP al Gobierno y a su presidente. Me pregunto, sin embargo, si visto lo visto, un Gobierno de España puede iniciar una andadura tan compleja y delicada como ésta, sin el concurso de su principal oposición. La pregunta es peligrosa porque, de responderla negativamente, estaremos otorgando un derecho de veto a la oposición en un tema fundamental de la política nacional, para la que el Gobierno está legitimado y democráticamente mandatado con el apoyo de la mayoría gubernamental.

Todo ello me lleva a recomendar una doble fase en la recuperación del consenso antiterrorista. Por ser pragmático, creo que debemos acordar hoy un pacto de unidad frente a ETA que nos permita responder unidos a sus atentados, que traslade un mensaje unívoco de la democracia vasca y española a los ciudadanos en términos de confianza institucional y que a su vez responda a su probable ofensiva con un claro y rotundo: 'Perded toda esperanza'.

Más tarde, quizás después de las elecciones, debemos recomponer la estrategia para vencer definitivamente a ETA y acordar entre todos los partidos, puntos y problemas más delicados que atañen al diálogo sobre su disolución. Pero para eso falta un tiempo. (El Correo, 14/06/2007)

El pacto de Imaz

Acostumbrados a todo y aburridos, todo hay que decirlo, de iniciativas y propuestas, acuerdos y desacuerdos en el tema eterno de la lucha contra el terrorismo, hemos dejado pasar con sorprendente desatención una propuesta interesante, que merece más comentarios. El presidente del PNV estuvo en Madrid en un desayuno periodístico hace unos días y, a partir de sus malos presagios sobre un atentado terrorista, recomendó la unidad de los partidos democráticos para afrontarlo. Imaz concretó posteriormente algunas bases de ese posible acuerdo y aunque no formalizó su propuesta, mantiene ostensiblemente una función mediadora para facilitarla y hacerla posible.

La propuesta no tiene novedades políticas. La novedad es quién la propone y las razones en que la sustenta. Que su contenido no sea novedoso se explica en la imposibilidad material de encontrar nuevos elementos de conexión partidaria en este tema. Desde Ajuria Enea y el Pacto por las Libertades, está todo inventado. La ilegitimidad absoluta de la violencia, los principios democráticos en que se basa la lucha contra ETA, los instrumentos para combatirla, la importancia moral, social y política de las víctimas, etcétera, todo ha sido ya ampliamente discutido y por supuesto redactado y suscrito. De manera que, naturalmente, Imaz no ha aportado nada nuevo en su propuesta de pacto, salvo su deseo de que tal pacto se formalice, dando por supuesto que el PNV estaría en él.

No deja de ser llamativo que sea el PNV quien reclame un pacto contra ETA, que lo haga llamando a él al PSOE y al PP, y que lo haga ofreciéndose como el único puente de mediación entre ambos partidos. Y lo que sobrepasa la sorpresa hacia el campo de lo inexplicable es la fría acogida que tal actitud ha provocado en PP y Gobierno/PSOE. Sólo puede argumentarse que el tiempo electoral, en plena campaña, no es propicio para estos propósitos y que cabe esperar una recuperación de la idea a partir del 27-M. Quizás por ello el Gobierno se ha limitado a manifestar su simpatía por la idea, ha recordado que la intentó en enero después del atentado de Barajas y ha añadido que probablemente formará parte de la agenda de la reunión que Zapatero y Rajoy tienen prevista para junio, después del 27 de mayo. Estoy seguro de que así será, aunque mantengo mis serias dudas sobre la posibilidad del acuerdo, conocidas las diferencias estratégicas entre Gobierno y PP para acabar con la violencia.

Y, sin embargo, la búsqueda de un mínimo común denominador contra ETA, aunque sea sólo para los próximos doce meses que nos quedan hasta que se forme el próximo Gobierno de la IX Legislatura española, está cargada de sentido común. En primer lugar para que ETA obtenga una respuesta democrática unitaria a sus acciones, sean éstas las cartas de extorsión terrorista, una campaña de verano con bombas en localidades turísticas o la reanudación de atentados contra personas. Dicho de otro modo, que los analistas de ETA no encuentren entre los motivos para sus atentados provocar la división y la fractura en el sistema partidario y en la sociedad española producida después del 30 de diciembre pasado. Porque supongo que nadie dudará a estas alturas que a ETA le conviene una política española desunida y debilitada por la controversia partidaria que puedan producir sus acciones.

En segundo lugar porque un pacto de mínimos ahora debería añadir a la respuesta unitaria dos ideas que me parecen fundamentales en estos momentos: la reafirmación de todos los partidos democráticos en no dialogar y en no negociar sobre el futuro político del País Vasco hasta que la violencia no haya desaparecido definitivamente, y la aplicación real del principio de no participación política del entorno de ETA, es decir, Batasuna, hasta que no desaparezca la violencia. Es verdad que sobre este último aspecto arrastramos un considerable desacuerdo por ambos lados, es decir, por quienes piensan -el PP- que una parte de ese entorno ya está presente, en las listas de ANV no impugnadas, y por quienes creen que todo él debe estar en las instituciones (EA-Aralar, IU y PNV sólo en parte). No se me ocurre mejor fórmula para superar este punto que dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y aceptar la situación de hecho producida por la acción del Gobierno y de la Fiscalía.

Por último, ese pacto transitorio, si fuera posible, pondría las bases de negociación de un nuevo acuerdo que la democracia necesita en la próxima legislatura para abordar el fin de la violencia, fase en la que sin duda estamos y que tendría como punto central el acuerdo entre los partidos para determinar cuándo es posible un diálogo final para la disolución de la banda y sobre qué bases, condiciones o límites debe abordarse. No es difícil aventurar que el próximo Gobierno de España deberá iniciar su andadura recomponiendo la división creada en esta materia estos años, herederos, no lo olvidemos, de dos grandes pactos ya periclitados: Ajuria Enea (1988) y contra el terrorismo (2001).

¿Qué ha motivado al PNV a ejercer este novedoso papel mediador entre los partidos estatales en la búsqueda de un pacto antiterrorista? Para empezar me gustaría destacar la enorme significación política de la iniciativa, dada la controvertida y variable estrategia por la paz de la formación jeltzale. Que el partido que suscribió el Pacto de Lizarra hace unos años haga ahora esta propuesta, me reconocerán hasta los más conspicuos y obstinados detractores del PNV, es como pasar de la noche al día. ¿Que hay un cálculo partidario electoral en la forma y el tiempo? Todos hacemos todo en esa clave, pero no creo que quepa una explicación tan simple, entre otras cosas porque no están claras las ganancias en ese terreno para el PNV en este contexto (anulación de listas de Batasuna y disputa nacionalista por el voto radical) y, sobre todo, si reconocemos que esa iniciativa ahonda seriamente la división interna del PNV en esta cuestión.

Más bien creo que la propuesta de Imaz responde a tres impulsos consistentes. El primero se deriva de la firmeza de sus principios democráticos. La oferta del presidente del EBB es clara: «Rechaza negociar el futuro político de Euskadi con ETA y sólo admite el diálogo con la banda terrorista tras el cese definitivo de la violencia, circunstancia que no ocurre hoy en día». La contundencia de la cita habla por sí sola y complementa aquella otra tan acertada como oportuna, «primero la paz y luego la política». El segundo es el fruto de la experiencia. De dos procesos tan diferentes como Lizarra y el del año pasado, el PNV no puede extraer otra conclusión que la desconfianza y el descrédito de su interlocución con ETA-Batasuna. En el primero la banda le engañó. En el segundo Batasuna le decepcionó. Por eso, lo dijo también Imaz, «que no nos mareen», refiriéndose a los cantos de sirena, mezclados con las consabidas amenazas, que les dirigen los portavoces radicales, a los que exigen autonomía política y rechazo a la violencia. Y el tercero es el más destacable políticamente, porque representa el giro copernicano del PNV en este asunto, al pasar del pacto de mayoría nacionalista que se impone a los no nacionalistas, en Lizarra, al compromiso con el pacto de pluralidad vasca y al entendimiento político previo y constante con el Gobierno del Estado en el camino hacia la paz. En este sentido, siempre he pensado que uno de los logros de este proceso que hemos vivido es la creciente empatía personal y entendimiento político que ha surgido entre el líder del PNV y el presidente del Gobierno.

De manera que volvamos al principio. La idea o propuesta, o lo que sea que ha hecho Imaz, de reconstruir un pacto antiterrorista entre los partidos, especialmente dirigida a PSOE y PP, para sacar del debate partidista la política antiterrorista ante el riesgo de acciones de ETA, no es para nada despreciable. Es más, creo que corresponde al presidente del Gobierno volver a proponérselo al líder de la oposición, después del 27-M. Es difícil, lo sé, pero ya lo dijo Voltaire: 'Les grandes choses sont souvent plus faciles qu'on ne pense'.

RSE: Balance y perspectivas

Hace ahora cinco años (en mayo de 2002) que presenté en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley regulando la RSE en España. Era plenamente consciente que el proyecto no tenía posibilidad alguna de prosperar, no sólo porque el PP tenía entonces mayoría absoluta y no iba a asumir un proyecto de la oposición, sino también porque el proyecto era, por decirlo suavemente, manifiestamente mejorable. Estábamos al comienzo de un tema del que sólo conocíamos rasgos muy básicos: el Libro Verde de la UE del verano de 2001 y algunas tímidas experiencias empresariales.

Pero sigo sintiéndome orgulloso de aquella iniciativa que fue como lanzar una piedra al estanque de las aguas tranquilas en las que se movían las relaciones entre empresa y sociedad. Siempre dije que la proposición de ley era provocadora y pretendía suscitar el tema en el debate público y agitar aquellas aguas en las que se dilucidaban intereses sociales muy importantes.

Han pasado cinco años y el debate sobre la RSE no ha parado de crecer en cantidad y calidad. No sólo el debate. Afortunadamente, el conjunto de iniciativas, experiencias y actividades en este campo abarca ya todos los planos de reflexión y de acción: el propio de las empresas, el universitario, el mediático, el político, el sociológico. La RSE afecta a todo y a todos y España es un buen ejemplo de este 'boom' extraordinario. Cerca de un centenar de libros, decenas de nuevas cátedras universitarias, centenares de tesis doctorales, cursos postgrado en casi todas las universidades y escuelas de negocios e innumerables jornadas de estudio, son una buena muestra de la inversión en RSE que está realizando la universidad española.

¿Qué decir de las empresas? Hace cinco años, este tema era inexistente en la práctica empresarial. Hoy la triple memoria se ha extendido a casi todas las empresas que cotizan en Bolsa, se han creado numerosas agrupaciones empresariales que pilotan las prácticas de RSE y no hay empresa renombrada del país que no hay creado un poderoso equipo interior de RSE. Numerosas consultoras, fundaciones y organizaciones técnicas están desarrollando una importante labor en el asesoramiento y en la puesta en marcha de prácticas de RSE.

La fuerza de la RSE en los medios de comunicación no es menor. La prensa económica dedica espacios crecientes a esta información y se han creado numerosas revistas especializadas que hacen un seguimiento muy pormenorizado de las numerosas informaciones que genera este tema. Muestra de ello, son las agencias de prensa y los servicios virtuales de Internet que nos transmiten diariamente miles de noticias de todo el mundo relacionadas con la RSE.

En el campo institucional, la actividad no ha sido menor. El Libro Blanco del Congreso de los Diputados, presentado en diciembre de 2006, ha sido quizás la iniciativa más importante pero, en pocos meses, se publicará el Informe de los Expertos, que dirige el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El diálogo social de CEOE con CCOO y UGT establecerá pronto sus recomendaciones al Gobierno y numerosas Comunidades Autónomas están realizando ya interesantes políticas de fomento a las prácticas de RSE, bien a través de estímulos a la contratación de compras públicas o a la adjudicación de obras y servicios, bien con herramientas de aplicación de la RSE a las pymes, bien con políticas de formación y fomento.

El propio Gobierno del Estado está realizando gestos de referencia RSE a los mercados, cargados de interés: el 'Plan Concilia' de las Administraciones Públicas, las cláusulas sociales y medioambientales en la Ley de Contratos del Estado o próximamente, la naturaleza de Inversión Socialmente Responsable de los Fondos de Reserva de la Seguridad Social en el mercado financiero, son una buena muestra de este compromiso.

No nos hacemos ilusiones. Sabemos que estamos empezando y que el camino de la RSE será largo y las coyunturas económicas depresivas pueden provocar dientes de sierra en esta curva hacia la excelencia sostenible. Sabemos que sigue habiendo mucha confusión conceptual y que demasiadas empresas confunden la RSE con la acción social de la empresa y lo que es peor, que muchas empresas creen que el departamento de RSE es una unidad de marketing social o de divulgación corporativa.

Sabemos que hay problemas con la homologación y la unificación de sistemas de reporte y de verificación de la RSE y que una peligrosa profusión de etiquetas sociales y medioambientales se mueven en los círculos mediáticos, diluyendo o confundiendo a los consumidores e inversionistas sobre la verdadera responsabilidad social de las empresas. Sabemos que el gran reto de la RSE es que se instale en las pymes y que para ello, en la economía de la externalización, es imprescindible que las grandes la demanden a sus proveedores. Sabemos que el futuro de la RSE dependerá, en todo caso, de una sociedad civil vertebrada y articulada por numerosas organizaciones que eduquen, informen y organicen a los ciudadanos consumidores e inversores para que demanden responsabilidad social a las marcas y a las empresas que inciden en nuestras vidas.

Será largo pero estamos avanzando. Quizás la más importante decisión pendiente en el ámbito político sea la creación de un 'Consejo multi-stakeholders' a escala nacional que sirva de observatorio y de asesoramiento a las políticas de RSE y al desarrollo empresarial de esta práctica voluntaria en el tejido empresarial español. Si el diálogo social lo aconseja y el foro de expertos lo recomienda, podría ser el último acto de este Gobierno en esta legislatura, algo que tampoco resulta aventurado porque el PSOE lo incluyó en su programa electoral.

También será interesante ver las iniciativas y organigramas de los gobiernos autonómicos que surjan de estas elecciones pasadas el 27 de mayo. El grado de desarrollo de las políticas autonómicas en RSE permitirían a varias Comunidades Autónomas oficializar algún organismo o estructura administrativa encargada de la gestión de la RSE, preferentemente con carácter transversal.

Por último, en el terreno político y aunque todavía es pronto, resultará de interés observar los programas políticos de los partidos que hemos confeccionado y suscrito el Libro Blanco del Congreso de los Diputados, para ver hasta qué punto somos coherentes con las recomendaciones aprobadas entre todos por unanimidad.

Pero, paralelamente, la sociedad, la universidad, las ONG, los sindicatos, los consumidores, los ecologistas, los expertos e investigadores, pero sobre todo las empresas seguirán trabajando la RSE. Como dijera el poeta, seguirán "haciendo camino al andar".

El Correo, 25/04/2007