El Proyecto de Zapatero

Quizás uno de los errores más graves de Rajoy y del PP en su estrategia de oposición a Zapatero sea el de despreciar las capacidades políticas del Presidente. Los expertos que asesoran al PP tratan de acuñar la imagen de un líder elegido provisionalmente y por los pelos (en plena crisis del PSOE en el año 2000), ganador inesperado y en su opinión circunstancial de las elecciones de Marzo de 2004 (por el atentado del 11-M) y aliado en su gobernación a unos socios imposibles (IU y Esquerra). A esa imagen de inestabilidad institucional y personal se le van añadiendo perfiles despectivos según convenga. Inexperiencia a veces, inconsistencia otras, debilidad siempre frente a los nacionalistas y comunistas que le apoyan. Con esas pócimas, los alquimistas del PP quieren extender la imagen de que quien nos gobierna es un irresponsable y un osado.

Este calculo despectivo hacia Zapatero está en la base de una estrategia que ha sido, desde el primer día, profundamente desestabilizadora para la política española. El objetivo de la oposición del PP ha sido y es estrellar al Presidente contra sus proyectos y hacerle fracasar en su gestión. Todo lo contrario de lo que hizo Zapatero cuando era jefe de la oposición entre 2000 y 2004, que se empeñó en trasladar la imagen de un líder responsable (recuérdese su propuesta de firmar el Pacto Antiterrorista) y de aparecer como una oposición útil (recuérdese la insistencia en el talante y en el espíritu constructivo).

Rajoy, influenciado por Aznar y la vieja guardia de su partido, ha optado por una oposición radical que se endurece a medida que avanza la legislatura. Zapatero, que confiaba en Rajoy, en su actitud personal y en las virtudes centristas del consenso, ha acabado por creer que la legislatura está perdida para el consenso y que sólo los resultados electorales harán posible otro escenario. La tensión acumulada en el debate estatutario catalán y en el que circunda la cuestión del final de la violencia en el País Vasco, es buena muestra de este clima político, tan alejado del consenso entre los dos partidos, como necesitado de él.

La oposición del PP es desesperada y en parte angustiosa. Pende sobre ella la espada de Damocles de una derrota electoral que arrastraría a toda la cúpula del partido que la está protagonizando. Han lanzado todas las naves de su flota a la batalla de la desestabilización y del acoso y derribo de Rodríguez Zapatero, minusvalorando su entidad personal y su proyecto. Y al hacerlo están quemando sus naves.

Contra lo que se empeñan en creer algunos, los parámetros del proyecto Zapatero para la España de principios de siglo, son muy sólidos, extraordinariamente importantes y profundamente reformistas. No despreciar las capacidades del adversario es una regla política elemental y el PP se equivoca al cuestionar la firmeza de las ideas del Presidente y la ambición de su proyecto político para España.

Pueden resumirse en cuatro sus grandes proyectos:

PRIMERO: LAS REFORMAS AUTONÓMICAS

Zapatero inició su legislatura recibiendo a los presidentes autonómicos en la Moncloa, enviando a su Ministro de Administraciones Públicas a visitar todas las comunidades, convocando dos conferencias de Presidentes, desatascando una espesa conflictividad judicial entre el Estado y las CC. AA ante el Tribunal Constitucional y resolviendo las últimas transferencias pendientes del desarrollo autonómico.

Anunció que apoyaría una fase de reforma de los Estatutos de Autonomía si éstas se producían por consenso y en la Constitución. Rechazó el Plan Ibarretxe en las Cortes, precisamente porque le faltaba lo uno y lo otro y avaló la toma en consideración de las reformas valenciana y catalana.

Pero no es sólo eso. Las reformas estatutarias, justificadas por múltiples razones que se derivan de la importancia de los cambios producidos en veinticinco años largos de vida democrática española, son además de una necesidad técnica, política y económica, una oportunidad para consolidar el modelo territorial y para seguir avanzando en ese proyecto histórico de una España que integra a sus nacionalismos. Aquí se puede discrepar, lo admito, sobre el sentido histórico, ventajas y riesgos de este nuevo pacto con el nacionalismo catalán, pero conviene recordar a los que ven el caos territorial por doquier, que la política del palo antinacionalista practicado con tosca persistencia en los cuatro años de mayoría absoluta del PP, se saldó con una amplia derrota del PP en Cataluña y País Vasco y con un extraordinario crecimiento del nacionalismo independentista.

Zapatero está fraguando un pacto que actualiza el acuerdo constitucional de 1978, que consolida el modelo autonómico de nuestro título VIII y que proyecta en términos generacionales (veinte o treinta años) el encaje de los nacionalismos en una España plural, integradora de su diversidad identitaria. Hay quien ve en los pactos con nuestros nacionalismos el preámbulo de una fractura inevitable, sin comprender que a los nacionalistas los retroalimenta la exclusión y el enfrentamiento esencialista. Algunos, por el contrario, creemos que estos pactos, el constituyente del 78, los pactos autonómicos de los noventa y este nuevo acuerdo de impulso y actualización autonómica, integran y vertebran España y muy probablemente irán diluyendo las ansias más extremistas de los nacionalismos más irredentos.

SEGUNDO: LA PAZ

Con la legislatura de Zapatero se ha iniciado una esperanzadora etapa hacia el fin de ETA. No fue mérito suyo, sino fruto de un conjunto de circunstancias que han favorecido en ese mundo una reflexión –¡ojalá que irreversible!- hacia la inutilidad de la violencia. El 11-S cambió la actitud política de todos los gobiernos del mundo hacia el terrorismo. El 11-M arrastró a ETA a un conglomerado terrorista ajeno a sus orígenes y reivindicaciones, contaminando hasta la exageración y el odio masivo, su historia y su causa. El IRA, auténtico espejo en el que siempre se miraron, abandonó la violencia hace ya varios años y hace solo unos meses, entregó las armas. La organización operativa y política de los terroristas había sufrido una acción represiva desde la ruptura de la tregua en 2000, que le obligó a replegarse y a buscar salidas para todo su entramado socio-político. Es este contexto el que probablemente movió a ETA-Batasuna a diseñar un proceso hacia el fin de la violencia que se presentó en Anoeta (noviembre 2004) y que a lo largo de todo 2005 ha venido desarrollando un guión más o menos previsible: Fin de los atentados mortales, violencia contenida y hasta cierto punto controlada y búsqueda compleja de un aflojamiento legal de su entramado político y electoral.

Zapatero pudo quedarse quieto y mirar para otro lado cuando este conjunto de circunstancias se hicieron explícitas. Pero su enorme ambición de paz le ha llevado a un terreno tan peligroso como esperanzador. Solo que nadie le ayuda y quien menos lo hace es su oposición que , empeñada en que se estrelle, ha decidido poner el máximo de obstáculos en los recodos de este camino hacia la paz.

TERCERO: UNA POLÍTICA DE FUERTE CONTENIDO SOCIAL

Un suelo económico favorable, está permitiendo a Rodríguez Zapatero, dotar a su acción de gobierno de un importante impulso social. Para corroborarlo basta un dato: No ha habido en los treinta años de gobiernos democráticos, un presupuesto con tantos avances redistributivos: Mejora de Pensiones mínimas, becas, salario mínimo interprofesional, viviendas sociales, permiso de paternidad, etc, configuran, junto a la próxima regulación de la dependencia, una decisiva influencia en la creación de un cuarto pilar del Estado del Bienestar. Todo ello, no se olvide, en un marco macroeconómico de fuerte creación de empleo (casi un millón de nuevos empleos en un año) y de fuerte descenso del paro, hasta cotas desconocidas en los últimos treinta años.

CUARTO: LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Todo ello viene haciéndose en un contexto político de fuerte impulso democrático. Zapatero es un convencido del poder de los ciudadanos y hay en todas sus propuestas un empeño intencionado en fortalecer la capacidad de decisión de una ciudadanía informada y madura a través de una democracia fortalecida en sus instituciones y en sus reglas. Detrás del talante hay una fe ciega en el diálogo que el presidente practica con todos hasta la extenuación (por ejemplo, con todos los presidentes autonómicos o con las víctimas del terrorismo o con los portadores de cualquier pancarta). Su empeño en llevar a Las Cortes el debate del Plan Ibarretxe fue una muestra de su respeto a las reglas y de su confianza en el Parlamento. Su radical apuesta para la igualdad de géneros, su concepción moderna de las relaciones de familia y su firmeza en reconocer esos derechos a los homosexuales, su mirada mas laica hacia la sociedad española del siglo XXI y el pulso que ha ganado a la Iglesia Española en la Educación, son todas ellas expresiones de un socialismo de los ciudadanos, de una profunda creencia en las virtudes republicanas de una democracia moderna y laica.

Son todos estos cambios los que más han alterado a una derecha conservadora y antigua, que ha visto temblar su firmamento simbológico: la familia tradicional y paternalista, una patria esencialista, una Iglesia preponderante y una España excluyente. Lo grave es que el PP se ha apuntado a todas estas causas sin comprender que hay una sociedad española más moderna, más laica, más tolerante, más joven también, impregnada de nuevos valores sociales que está generacionalmente más próxima a lo que puede representar el gobierno y el proyecto de Rodríguez Zapatero. Lo peor es que se nota demasiado que el PP se ha apuntado al bombardeo y se suma a todas las pancartas, un poco como dice el proverbio chino: “Reina un gran desorden bajo los cielos; la situación es excelente”.

Expansion, 08/02/2006

Toda la verdad sobre el Estatut

Casi nadie conoce a fondo el Estatut. Es normal. Leerse casi doscientos treinta artículos de un farragoso texto legal es un suplicio de muy pocos. Pero admitida la mayor, acéptese en consecuencia la imposibilidad de tener una opinión formada, teniendo en cuenta además que la controversia jurídica sobre muchos de los artículos exige conocer jurisprudencia constitucional y Derecho administrativo en considerables proporciones. Sin embargo, es mi trabajo y eso me permite tener una opinión. Es, desde luego, una opinión subjetiva, pero también lo es fundada, es decir, estudiada y razonada, y creo mi deber contársela a ustedes, ahora que las negociaciones han terminado y nos disponemos a formalizar su tramitación parlamentaria. Lo haré, contestando a algunas preguntas esenciales que nos ayudarán a clarificar tan enrevesado asunto.

¿Por qué se plantea esta reforma?

Desde hace ya varios años la mayoría de los partidos catalanes vienen planteando en sus programas electorales la necesidad de abordar la reforma del Estatut. Existe en Cataluña un amplio sentimiento de agravio autonómico y sobre todo de maltrato económico que se acentúa en los últimos años del Gobierno Aznar (2000-2004). El tripartito se forma con este compromiso y el Parlament de Cataluña estuvo elaborando el proyecto de reforma desde mediados de 2004 hasta septiembre de 2005, con la participación de todos los partidos, incluido el PP, aunque no llegó a votar el texto final.

La Comunidad Valenciana había aprobado con anterioridad su propia reforma y en poco tiempo lo harán Canarias, Andalucía, Baleares, Aragón, etcétera. Las reformas autonómicas no son pues un invento de Maragall o una presión de los nacionalistas. Es una necesidad técnica y política de nuestra agenda autonómica.

¿Era constitucional el proyecto?

Varios de sus artículos vulneraban claramente la Constitución. Su preámbulo era de una inspiración nacionalista absoluta. Su articulado recogía la definición de 'nación' (incompatible con el art.2 de la Constitución); sustentaba el autogobierno en sus derechos históricos (incompatible con el fundamento constitucional del autogobierno). Había preceptos inconstitucionales en la regulación de las competencias, en las relaciones bilaterales con el Gobierno del Estado, en la acción exterior, en las relaciones con la UE, en la regulación de la Justicia autonómica y en bastantes disposiciones transitorias o adicionales. Además, proponía un modelo de relación financiera con el Estado que se parecía mucho al Concierto Económico vasco y navarro.

¿Es constitucional el texto acordado?

Creemos que sí. La negociación de estos dos meses ha ido dirigida a corregir estos excesos, que, en opinión de la mayoría de los expertos, podían eludirse con correcciones de redacción, enmiendas de supresión o adición. Conviene precisar que la técnica utilizada no ha sido la de suprimir las disposiciones, como pretendía el PP, sino adecuar los artículos del Estatut a la Constitución española y a la jurisprudencia constitucional. La base han sido las enmiendas socialistas que, presentadas el 27 de diciembre pasado, afectaban a más de cien artículos del proyecto.

¿Es solidario el modelo económico pactado?

Para empezar hay que decir que el modelo es generalizable a todas las comunidades y, de hecho, lo será cuando se acuerde así en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Estado se ha negado a un modelo de financiación semejante al Concierto Económico vasco y navarro (recaudación plena de todos los impuestos y pago de un cupo al Estado por las funciones no transferidas) porque no sería generalizable y porque destruye la Hacienda estatal. Se han pactado unas mejoras de la autonomía financiera de la comunidad (aumentando la participación en los impuestos concertados: IRPF, IVA e impuestos especiales) y se han comprometido inversiones estatales que equilibren la inversión pública del Estado a las de otras comunidades (acercándose al peso del PIB catalán en la economía española).

No hay discriminación porque todas las comunidades autónomas accederán al mismo sistema económico. No hay ruptura de solidaridad porque los mecanismos y los fondos de nivelación y de compensación quedan en manos del Estado. El acuerdo económico con Cataluña, verdadero corazón de la negociación, es bueno para Cataluña, bueno para el resto de las comunidades autónomas y razonable para el Estado, que estaba obligado a dar un nuevo paso en la reformulación financiera de nuestras autonomías.

¿Qué gana Cataluña?

Cataluña ha reformulado su Estatuto de autonomía. Ha incluido, por ejemplo, en su título I una amplia descripción de derechos, deberes y principios rectores, definiendo así un modelo de país avanzado social y políticamente, con garantías de bienestar al conjunto de su ciudadanía.

Aumenta su autogobierno al incorporar algunas nuevas competencias (inmigración, nuevas tecnologías, puertos de interés general y justicia, entre otras) y al definir las funciones del Estado y de la comunidad autónoma en cada una de las materias. También mejora su autogobierno al delimitar las potenciales invasiones del Estado en las competencias autonómicas. El nuevo Estatuto formaliza una relación bilateral de Cataluña con el Estado en el marco de las relaciones multilaterales de éste con las comunidades autónomas. Igualmente se regulan facultades autonómicas en relación con la Unión Europea y con la acción exterior. Por último, Cataluña ha mejorado su sistema de financiación, sin perjuicio del resto de comunidades, ni del interés general de España.

En resumen, el nuevo Estatuto de Cataluña es un texto jurídico muy completo, una especie de norma institucional básica que define los grandes parámetros de su autogobierno y de los principios políticos que rigen su convivencia pública.

¿Qué ha ganado España?

El acuerdo ya es en sí mismo un éxito porque la retirada del Estatut habría representado una gravísima quiebra en el delicado mundo de relaciones entre Cataluña y el conjunto de España. El encaje institucional de Cataluña se consolida para varias generaciones, sobre un modelo jurídico-político plenamente constitucional. Se discutirá si tal o cual precepto bordea o no los límites de nuestra Carta Magna, pero nadie podrá discutir que Cataluña es una comunidad autónoma española que configura su autogobierno con arreglo al Título VIII de nuestra Constitución.

El modelo de autogobierno de Cataluña es profundamente respetuoso con la identidad catalana, con sus hechos diferenciales (lengua, cultura, historia, etcétera) y con sus singularidades políticas e institucionales. Se ha aceptado el término 'nación' en el Preámbulo como una afirmación del Parlament, meramente descriptiva, con cita inmediata al artículo 2 de la Constitución, definiéndose como 'nacionalidad' en el art.1 tal como la definió el Estatuto de 1979. Es impecable. Se han delimitado los efectos singulares de los derechos históricos y, respecto al catalán, el Estatuto se ha limitado a trasponer la Ley de Normalización del Catalán de 1998, ley, por cierto, no recurrida en su día por el Gobierno del PP.

¿Es éste el modelo de autogobierno para Euskadi?

La reforma del Estatuto vasco se parecerá mucho al Estatuto catalán, aunque diferirá en aspectos esenciales. Por ejemplo la financiación. También serán diferentes el preámbulo y otros capítulos propios de nuestra historia y de nuestra singularidad. Desde el punto de vista del nivel de autogobierno, el techo definido en Cataluña está muy cerca del máximo que puede permitirse un Estado que funcione. Las próximas reformas: Andalucía, Canarias, etcétera, con variantes y singularidades propias (el Guadalquivir en Andalucía, la insularidad archipielágica en las islas) se aproximará mucho a esta descripción competencial del autogobierno. Euskadi también. Dicho quede como referencia para quienes quieran aprovechar otras mesas en la discusión de nuestro modelo de autogobierno.

¿Hay razones para la alarma sobre la unidad de España?

El Estatut es un importante avance en el autogobierno, pero no rompe nada. Consolida un modelo territorial que se diseñó y se ha desarrollado con éxito en estos veinticinco años y favorece esa gran tarea histórica que iniciamos con la Constitución de 1978 para forjar un Estado integrador de su diversidad, una España, tantas veces dividida por sus territorios o sus ideologías, que se forja y se aglutina desde su pluralidad de pueblos y de proyectos políticos

Algunos se quejan de que los nacionalismos ganan siempre, se blindan, dicen otros y nunca renuncian a sus mitos identitarios y a sus pretensiones. Quiero creer que la reforma del Estatut de Cataluña no es una concesión a los nacionalistas sino a un 90% largo de catalanes que quieren más autogobierno y mejor financiación dentro de España, sintiéndose a la vez catalanes y españoles. Sinceramente, pienso que España está blindada por su realidad histórica, política, social, económica, mediática y legal y por su incuestionable voluntad de ser y que cada día que pasa estamos haciendo más y mejor la única España posible. Estoy convencido de que la dialéctica democrática con los nacionalismos periféricos la van a ganar los ciudadanos del siglo XXI, mucho menos esencialistas y excluyentes que los del siglo pasado, mucho menos nacionalistas en suma, porque la sociedad a la que vamos será mestiza y gozará de pluralidad de identidades. Confieso que no sé cómo será España en 2050, aunque creo que no se diferenciará mucho de lo que es hoy en su modelo territorial. Tampoco sé si seguirá habiendo nacionalistas vascos y catalanes y cuál será su fuerza electoral. Lo que sí sé es cómo estaríamos si nuestra política fuera la del Aznar de 2000 a 2004 y la de Rajoy recogiendo firmas contra el Estatuto catalán. Simplemente, creo que habríamos conseguido no poder vivir juntos.

El Correo, 5/2/2006