Entrevista Hora25 13/09/2013

Contra la corrupción.

La política española está bloqueada en el peor momento de su historia democrática

No podemos esperar más. Un paquete de reformas legales profundas, severas, urgentes, actualizadas, deben ser aprobadas en las Cortes en el combate contra la más dañina de nuestras termitas antidemocráticas: la corrupción. Todos coincidimos en que, entre las causas de la desafección ciudadana con la política y con los partidos, la peor sin duda, la más corrosiva, es la corrupción.

Instituciones, partidos políticos, representantes públicos, estamos siendo arrastrados al barro del desprecio ciudadano por una serie de escándalos que, en plena crisis, en el fragor del desempleo, los recortes, los sacrificios, resultan más insoportables todavía, alimentando una preocupante deriva antipolítica y, en consecuencia, antidemocrática, en un país cuya historia y tradición cultural son extraordinariamente sensibles a este tema.

Llevamos meses asistiendo a este peligroso clima sin que hasta la fecha el sistema político, es decir, el arco parlamentario, haya actuado de manera inmediata y contundente. En el debate del estado de la nación en febrero de este año, se aprobaron una serie de resoluciones, mandatos que todavía no se han materializado. A veces, la política es desesperadamente lenta y el Parlamento, más todavía. Para colmo, en el camino se ha interpuesto la causa Gürtel-Bárcenas, que ha roto cualquier expectativa de acuerdo con el Gobierno en una materia en la que la ejemplaridad es condición necesaria de credibilidad. Puestas así las cosas, resulta imprescindible tomar iniciativas. La nuestra es muy clara: crear una subcomisión parlamentaria, poner sobre la mesa las propuestas de todos los grupos políticos, llevar a la sociedad a ese debate parlamentario, acordar las reformas legales y presentarlas a aprobación de las Cortes como proposiciones de ley, suscritas por la mayoría o todos los partidos de la Cámara. En consecuencia, aprobarlas y ponerlas en marcha en los primeros meses del año 2014.

El Gobierno ha anunciado que presentará sus proyectos de ley a la vuelta del verano. Bienvenidos sean, pero las iniciativas de reformas legales contra la corrupción ya han sido presentadas también por los partidos políticos de la Cámara. Además, reformas que afectan al funcionamiento de nuestras instituciones: Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Código Penal, partidos políticos, etcétera, no deben ser aprobados a iniciativa de un Gobierno o de un partido, sino promovidas por el conjunto de ellos mediante proposiciones de ley. Lo mismo cabe decir respecto a leyes que afectan a ámbitos competenciales compartidos con CC AA y Ayuntamientos, como son la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Bases de Régimen Local. Por otra parte, no está el Gobierno en condiciones de liderar estas reformas. Su actitud en el caso Gürtel-Bárcenas le inhabilita para liderar esta iniciativa reformista. Su mayoría parlamentaria ya no es mayoría social y, mucho menos, en este tema. Por otra parte, una tramitación parlamentaria consensuada desde su origen puede dar un amplio juego a la participación ciudadana, en un debate en el que debemos escuchar en sede parlamentaria las múltiples voces que desde la universidad y el asociacionismo cívico se vienen manifestando y al tiempo tener en cuenta el amplio abanico propositivo anticorrupción que esos mismos foros han realizado.

Con un método como el que proponemos conseguiríamos, además, dos cosas importantes: por una parte, pondríamos el foco del debate en el Parlamento, en las propuestas, en las soluciones, en vez de estar pendientes de las portadas periodísticas o de las tertulias. Recuperar la iniciativa, devolver a las instituciones, especialmente al Parlamento, su papel principal en estos temas y colocar a los partidos políticos ante su principal responsabilidad es capital en estos momentos y en este tema. Por otra, además de una respuesta consensuada y urgente del sistema político a la corrupción en España, lo que conseguiríamos con este procedimiento es superar el bloqueo político que sufre actualmente la política española. Desgraciadamente, este asunto es como una pared que se ha intercalado en las relaciones parlamentarias desde febrero de este año, cuando este periódico publicó los papeles de Bárcenas. A un lado, todos los partidos de la oposición exigiendo responsabilidades al presidente y a su partido y al otro, su grupo parlamentario empeñado en negar las evidencias, cerrado al debate y a las iniciativas parlamentarias y defendiendo una mayoría absoluta que ha dejado de ser mayoría social. La política española está bloqueada en el peor momento de su historia democrática y este es el único camino para avanzar.

Las reformas en nuestra democracia no deben parar ahí. Ha llegado el momento de sacudir nuestro entramado institucional-democrático para hacer frente a la desafección democrática y antipolítica. Son reformas más complejas y más controvertidas: la ley electoral, el sistema parlamentario, la participación ciudadana, la sociedad de la información y su impacto en la democracia, etcétera. Son tareas pendientes para una segunda reflexión en la segunda parte de esta legislatura. Pero antes, ahora mismo, debemos ofrecer al país, todos juntos, sin protagonismos partidistas, sin oportunismos, sin más tiempo que perder, una respuesta común, integral, resolutiva, definitiva, contra este tumor mortal que es la corrupción, que en un país como el nuestro puede destruir las bases de nuestra convivencia y de nuestro progreso.

Publicado en El País, 4/09/2013

Tiempo de descuento.

Para que se recuperen las posibilidades de grandes acuerdos el PP y el presidente del Gobierno deben ofrecer al país otra respuesta y asumir responsabilidades.

El desenlace de la comparecencia del presidente Rajoy en el Pleno del primero de agosto deja la política española sometida a un bloqueo que parece irresoluble a medio plazo. El PSOE ha formalizado la exigencia de dimisión del presidente y éste ha dicho que no lo hará. Las relaciones entre el Gobierno y oposición se han roto. Las posibilidades de grandes acuerdos para sacar al país de la crisis han desparecido. Lo peor, es que todo esto ocurre en uno de los peores momentos de España, si no el peor desde 1978.

Nuestra crisis económica y de empleo tiene retos pendientes que exigirán esfuerzos colectivos de alta intensidad y durante bastantes años. El problema de Cataluña y su proyecto independentista requerirán política de altísimo nivel y la renovación de viejos y delicados consensos. La crisis democrática española y la desafección ciudadana con la política y los partidos, reclamarán impulsos de regeneración que abarcarán a casi todas las instituciones y que deberían contar con los máximos apoyos en el arco parlamentario. Y la pregunta que surge de inmediato, es cómo y quién hace todo esto, en este escenario diabólico que se ha creado con el escándalo Gürtel/ Bárcenas. ¿Puede seguir España bajo estos parámetros, todo el resto de la legislatura? ¿Puede gobernar Rajoy todos estos retos en su situación?

Rajoy no dimitirá si la investigación judicial no depara novedades. Puede resistir amarrado a una versión que culpa a una sólo persona, – su tesorero– de todos los múltiples delitos que se investigan. Como si fuese creíble que durante más de veinte años la financiación irregular de un partido, la evasión del dinero a paraísos fiscales y a cuentas opacas, los pagos masivos y continuos de sobresueldos, etc., pudieran haber sido solo cosa de, un tesorero infiel. Quizás resista, amparado en los tiempos judiciales, en la prescripción penal o en pactos secretos con los imputados que le salven de mayores implicaciones judiciales. Pero su deslegitimación personal, su debilidad política y las dudas internas de su partido, le perseguirán quiera o no hasta el final de la legislatura.

Su mayoría absoluta, hace ya tiempo que no es mayoría social y el temor a una derrota electoral futura atenuará sus afanes reformistas. Será pues un final de legislatura devaluado, sin pulso, sin acuerdos, bajo un clima político tenso y sometido a las pulsiones informativas de tribunales y portadas periodísticas. Desgraciadamente, no es lo que España necesita. De la gravísima crisis económica y social y el paro masivo, no nos sacarán unos pocos indicios de recuperación veraniega. El conflicto catalán se agravará después de la próxima Diada y el descredito institucional, la desafección política y la desvertebración social españolas, se acentuarán en ese clima.

¿Qué responsabilidad tenemos quienes ejercemos la oposición en este estado cosas y en este escenario pesimista? Mucho me temo que nuestros deseos de otro clima político, incluso de pactos políticos en los grandes temas (regeneración democrática, política autonómica, reforma constitucional, Europa, pacto de rentas, etc.) no puedan hacerse realidad.

Para que se recuperen esas posibilidades el PP y el presidente del Gobierno deben ofrecer al país otra respuesta y asumir las responsabilidades. Decir la verdad, ofrecer una versión creíble y congruente con lo que ya está verificado en la investigación judicial, establecer responsabilidades personales y políticas, desbloquear el Parlamento a las iniciativas de la oposición y aceptar una investigación política en sede parlamentaria y cambiar las leyes necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Mientras no se abra este camino, la política española estará bloqueada, atravesada por este conflicto principal, colapsada por un tumor cuya terapia es una intervención quirúrgica que el partido del Gobierno se niega a aceptar hoy. ¿Deberíamos actuar de otra manera? ¿Suavizar quizás, nuestras críticas y evitar el drama de la dimisión o de la ruptura de acuerdos con el presidente y su Gobierno? Honradamente, no podíamos ni podemos hacerlo. Incumpliríamos gravemente nuestra responsabilidad política como expresión de la oposición parlamentaria y como representantes de una ciudadanía indignada. Seriamos identificados injustamente con el PP y los graves delitos que se investigan como si tuviéramos parecidas responsabilidades en nuestra actuación partidaria. Haríamos un grave daño a las instituciones democráticas – especialmente al Parlamento– deteriorando, aún más, el descredito que ya sufren.

No es un argumento, lo reconozco, pero no dejo de pensar en lo que estaría haciendo el PP si el escandalo se hubiera producido en nuestras filas. Recordando las campañas del PP contra Felipe González y Rodriguez Zapatero, la tecnología de la comunicación empleada, los apoyos mediáticos recibidos y la falta de escrúpulos utilizados aquellos años, me reafirmo en que estamos haciendo lo mínimo que debemos hacer. Mirar para otro lado, atenuar la importancia y la gravedad de los hechos, o simplemente obviar las responsabilidades políticas de estos hechos fuera de la esfera del presidente del Gobierno y presidente del PP hubiera sido un enjuague injustificable e imperdonable. ¿Qué queda entonces? Queda un país con un sistema político bloqueado, un Gobierno desautorizado y deslegitimado, sin fuerza, amenazado, débil, temeroso ante una segunda parte de Legislatura que cada vez se va a parecer más a esos partidos en los que no se juega nada. Tiempo de descuento, se dice en el argot deportivo y también político. Es demasiado tiempo para nada. Es demasiado grave para como estamos.

Publicado en Diario Vasco, 1/09/2013