18 de noviembre de 2007

Tres buenas medidas

Una empresa multinacional española de matriz vasca, Iberdrola, y sus sindicatos han adoptado dos medidas que merecen elogio público. La primera y más importante, a mi juicio, ha sido implantar la jornada de trabajo continuada, de 7.30 a 15.30, para los 9.000 empleados del grupo en España. Desconozco los términos exactos del convenio colectivo que introduce esta medida y las contrapartidas laborales que la acompañan, algo consustancial, por otra parte, a toda negociación sindical. Pero, más allá de otras valoraciones internas del convenio, el hecho de que una de las grandes compañías españolas cierre a las tres y media y permita así a sus empleados disponer de la tarde para su uso personal me parece una decisión extraordinariamente positiva en muchos aspectos.

En primer lugar, porque la jornada continuada constituye la principal medida para fomentar la conciliación personal de vida y trabajo. Junto a la flexibilidad de 24 minutos para la entrada y salida -algo corta en mi opinión-, la jornada continuada es el gran instrumento que permite a los empleados atender sus aspiraciones individuales de vida personal y familiar. Es un clamor social que el cuidado y la atención a nuestros hijos se ha reducido y deteriorado desde que la mujer trabaja en el mercado (siempre ha trabajado fuera de él, ¿y mucho!) y desde que las jornadas laborales se han extendido como un nuevo 'tsunami' maldito. En las grandes ciudades, cientos de miles de matrimonios y parejas jóvenes, obligados a vivir fuera de la ciudad por el precio de la vivienda, pasan fuera de casa doce o catorce horas y llegan al hogar rendidos y con los niños dormidos.

De manera que llegar a casa a las cinco de la tarde, recoger a los niños, vivir con ellos, ayudarles y educarles, hacer compras, estudiar, divertirse, etcétera, es algo que muy pocos pueden hacer en este país, asaltado últimamente por una especie de estajanovismo laboral y sometido a una competitividad feroz en todo y para casi todo. Por eso, tiene más mérito la medida adoptada, en un contexto de prolongación generalizada de las jornadas laborales, una fiebre que se contagia desde las auditorías a los gabinetes de abogados, desde los bancos a las empresas de publicidad o a los despachos de arquitectura. La jornada de ocho horas, cinco días, parece ya cosa del pasado.

La medida ayuda además a modificar nuestros hábitos laborales en lo que a horarios se refiere. Desde hace muchos años, diversos expertos -incluso algún programa electoral ya caducado- vienen preconizando la necesidad de adaptar nuestro horario laboral a la jornada europea: de ocho o nueve de la mañana a cuatro o cinco de la tarde. A las seis no trabaja nadie en Europa. Numerosos estudios han razonado la enorme improductividad española de esas tres horas que transcurren entre las dos y las cinco, en las que nuestras oficinas almuerzan exageradamente o sestean, obligándonos a prolongar nuestro trabajo hasta las ocho o las nueve de la noche. Cuando una empresa tan importante adopta la jornada continuada, está impactando en miles de clientes y proveedores que deberán adaptarse y aprender, ¿ojalá!, de tan saludable como productivo horario de trabajo.

Por último, la medida es positiva porque se inscribe en un conjunto de mejoras, para la conciliación personal de trabajo y familia, también incorporadas al convenio colectivo que comentamos. Así, el derecho a la reducción de jornada por guarda legal de un menor se amplía hasta los 10 años desde los ocho actuales. Además, se aumenta a tres años el periodo máximo de excedencia por cuidado de familiares con reserva de puesto y se reconoce el derecho a percibir el 100% del salario fijo durante la suspensión del contrato por paternidad. Otra medida importante es que la madre o el padre que lo deseen podrán acogerse a la jornada reducida de cinco horas, sin reducción de salario, hasta que el hijo cumpla un año.

Otro de los acuerdos en la buena dirección y que merece destacarse también procede del convenio colectivo que han firmado trabajadores y empresa. Se trata de la posibilidad de adquirir acciones -hasta 12.000 euros- con una parte de la retribución ligada a resultados. Esta medida destaca en un doble aspecto: porque incorpora la participación de los trabajadores al capital de la empresa, objetivo moderno y vanguardista de un sindicalismo del siglo XXI, y porque lo hace sin establecer categorías internas, es decir, extendiendo tal posibilidad al conjunto de la plantilla y no sólo a los empleados del 'staff' directivo. Las viejas reivindicaciones del Derecho del Trabajo: seguridad laboral, no movilidad funcional o geográfica, condiciones garantistas del empleo y de su ejercicio, son cuestionadas cada día por la enorme flexibilidad y fluidez de la prestación laboral. El trabajo del siglo XXI es tan flexible como los mercados, tan fluido como la sociedad, como diría Zygmunt Bauman. La agenda sindical tiene que modernizarse y adaptarse a nuevas banderas y reivindicaciones, consecuentes con las nuevas características sociales: la formación profesional continua, ejercida como un derecho personal a desarrollar el currículum individual que aumenta la empleabilidad de los trabajadores; la conciliación personal y familiar del trabajo o la participación en beneficios y capital de la empresa son tres de esas nuevas y vanguardistas banderas que enriquecen la vieja relación capital-trabajo. Pues bien, esta empresa y su representación sindical han dado un importante paso en esta última materia, no sólo estableciendo una sugerente fórmula de salarios -muy parcialmente- ligada a resultados, sino generalizando la compra de acciones de la empresa a toda la plantilla con esos salarios.

Por último, Iberdrola ha sacado a Bolsa 'Renovables', una división de la empresa dedicada a la producción de energía eléctrica con fuentes renovables: aire, sol, etcétera. Sin duda habrá importantes razones financieras y de otro tipo para segregar el negocio energético en el plano de la producción eléctrica y hacerlo además creando una empresa específica que aglutine toda la producción 'verde'. Pero lo que interesa destacar aquí es que se trata de una oferta al mercado financiero con carácter netamente ecológico. Es decir, se ofrece al inversor -y no olvidemos que en España hay más de diez millones de españoles que se mueven en los mercados financieros, aunque lo hagan indirectamente- una oportunidad de adjetivar sus inversiones con el componente ecológico, y discriminar así otras inversiones en empresas o en proyectos que no tienen ese carácter.

España es uno de los países en los que la inversión socialmente responsable (ISR) tiene menos éxito. Sólo un 0,4% de los fondos de inversión financiera que se mueven en los mercados de valores tienen carácter ético-solidario-ecológico o responsable. Y no creo que sea porque los españoles seamos menos solidarios ni menos ecologistas que los británicos, por ejemplo, cuya cifra de inversión responsable es del 25%. Lo que ocurre es que la oferta de ISR en nuestro país es poco conocida y las entidades que gestionan nuestros ahorros no nos ofrecen productos con estas características. Pues bien, la oferta de inversión 'verde' de esta empresa favorecerá esta toma de conciencia. Por cierto que lo que verdaderamente va a revolucionar el mercado de valores español es la salida a Bolsa del 10% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que el año que viene será de 60.000 millones de euros. Es decir, que 6.000 millones de ese fondo, el 10% -un billón de las antiguas pesetas- saldrán al mercado libre, pero ¿ojo! sus gestores vendrán obligados por ley a invertirlos en Fondos Socialmente Responsables. Espero que esta medida arrastre verdaderamente a gran parte del ahorro del país a esa cultura de la Inversión Socialmente Responsable.

Tres medidas progresistas y vanguardistas adoptadas por los sindicatos y una empresa que merecen elogio público, porque van en buena dirección. ( El Correo, 18/11/2007)

22 de octubre de 2007

Razones ocultas.

Está probado que el lehendakari y su partido han faltado a la palabra dada. La famosa consulta se anunció condicionada a dos exigencias democráticas previas: la ausencia de violencia y el acuerdo político sobre el que se solicitaría la aprobación o ratificación del electorado vasco. Presionado por sus socios o por sus propios cálculos y obsesiones, el lehendakari ha prescindido absolutamente de estos mínimos democráticos y se ha pasado por el arco del triunfo sus propios compromisos, que figuraban en el acuerdo de coalición del tripartito y en el discurso de investidura en los siguientes términos: «Es, por tanto, una legislatura para el diálogo y la negociación. Una legislatura para el acuerdo. Y, también, una legislatura para decidir. ( ) Para llevar a cabo este compromiso, el Gobierno vasco solicitará al Parlamento vasco autorización para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado (acuerdo de coalición PNV-EA-IU 2005)». En términos casi idénticos se pronunció solemnemente el lehendakari en su discurso de investidura en junio de 2005: «A este respecto, deseo manifestar formalmente en esta Cámara mi compromiso como lehendakari de que si alcanzamos un acuerdo para la normalización política y la convivencia, solicitaré autorización al Parlamento vasco para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el acuerdo político alcanzado».

¿Qué ha llevado al lehendakari a este incumplimiento? ¿Cuáles son las razones últimas y ocultas que explican este zapatazo al tablero de la política vasca que ha hecho saltar por los aires nada menos que al líder de su partido? Más allá de las explicaciones oficiales y de la retórica argumental esgrimida por el lehendakari y sus seguidores, presumo que hay un verdadero juego de intereses personales y partidistas en esta iniciativa. De entrada, el lehendakari quiere recuperar el protagonismo que no ha tenido en el proceso de paz. Conviene recordar que este arrinconamiento del lehendakari lo establecieron ETA y Batasuna y que, por el contrario, el PSE-EE y el Gobierno de España le han tenido siempre como interlocutor necesario a lo largo de estos años. Pero ha llevado mal su ausencia del núcleo del proceso y en cuanto éste ha sido aniquilado por ETA, ha saltado a la arena con inusitada precipitación y sobre todo con enorme desacierto.

Su propuesta ha caído en un campo minado por las bombas de ETA y la represión policial, judicial y política al entramado de la banda. Es una iniciativa, por ello, inoportuna, pero además inútil y equivocada. Se dice, «no podemos esperar a que ETA abandone la violencia, ETA no puede marcar la agenda de la política vasca. Tenemos que tomar la iniciativa». De acuerdo. Pero ¿qué iniciativa? ¿La que pretende hacer inútil la violencia de ETA a cambio de asumir la defensa y negociación política de sus objetivos? Igual que en Lizarra. ¿No habría sido más razonable, después de lo visto y vivido en este frustrado proceso, decir a ETA que, mientras no abandone la violencia, los nacionalistas renuncian a defender sus postulados? ¿No es hora ya de decir alto y claro desde las formaciones nacionalistas que sólo cuando callen las armas para siempre será el momento de debatir y negociar el marco político que reclaman? Esa iniciativa sí ayudaría -en mi opinión- a la paz. La del lehendakari le puede perjudicar gravemente porque puede acabar siendo utilizada por el victimismo etarra como argumento retroalimentador de su violencia.

En segundo lugar, el lehendakari ha resuelto el duelo personal con Imaz imponiéndose como candidato del PNV en las próximas elecciones. Para nadie es un secreto que la gravedad de las diferencias políticas entre ambos ha llevado a muchos a reclamar otro liderazgo institucional y era relativamente frecuente oír el deseo de que Ibarretxe agotara su mandato con esta legislatura. Con su iniciativa del 28 de septiembre, el lehendakari ha marcado la agenda de la política vasca para el próximo año y ha establecido -ordeno y mando- quién la va a protagonizar. De paso ha abortado de raíz cualquier especulación sobre su retirada, colocándose como candidato obligado de unas elecciones diseñadas en sus contenidos y desenlace con un año de antelación.

Junto a ése, el otro gran objetivo de su plan es presentarse a esas elecciones adelantadas al otoño de 2008, como Cristo entre dos ladrones: ETA, que no cesa en la violencia, y el Gobierno de España, que no le permite llevar a cabo su consulta al pueblo. Ubicado en ese cómodo espacio de las mejores intenciones, apelando a una especie de derecho prepolítico e incuestionable a que los vascos decidan por sí solos y transmitiendo a los ciudadanos una confianza sobrenatural en su fórmula taumatúrgica para resolver no sólo el terrorismo sino el mismísimo conflicto vasco, Ibarretxe pretende ganar las elecciones que perdió hace dos años, en mayo de 2005. Su propósito electoral es tan evidente como inconfesable y por eso debe ser denunciado. Ganar las elecciones y repetir el tripartito con EA e IU para seguir en el poder es el verdadero propósito de ese consejo político tan peculiar que integran Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo, y para ello quieren pescar en los caladeros de los partidos frontera (izquierda abertzale y PSE) obligados a colocarse en los extremos del escenario por la hábil operación a la que asistimos.

Ibarretxe sabe de sobra que a ETA le importa un pito su consulta y que estamos precisamente al comienzo de una nueva etapa de terror, iniciada con el cese del alto el fuego de junio de este año, y constatada por los atentados y extorsiones que padecemos. Sabe también que previsiblemente la ofensiva terrorista se prolongará, y que transcurrirán algunos años hasta que podamos intentar de nuevo su disolución. Sabe, por último, que los planes de ETA y Batasuna no van a estallar por las contradicciones en las que quiere situarles el lehendakari con su consulta y con su reivindicación autodeterminista. Ellos ya han demostrado que tienen su propia agenda, su propia dialéctica con el Gobierno de España y que resuelven sus tensiones internas dándole unos votos favorables para hacer viable la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco y reservando otros para sus reivindicaciones clásicas a favor de territorialidad, independencia, exigencias legales, etcétera. De manera que sabe muy bien el lehendakari que una de las condiciones que se autoimpuso para la consulta no se va a cumplir. No va a haber ausencia de violencia.

Tampoco va a haber acuerdo político previo. No lo hay en Euskadi, entre las fuerzas políticas vascas, más divididas que nunca, que ya es decir. No lo va a haber con el Gobierno de España porque no lo hay en Euskadi y porque no conozco ningún país que incluya en su ordenamiento jurídico los mecanismos de su partición. No lo puede haber sobre su viejo plan, el que fue rechazado por las Cortes porque su rechazo parlamentario lo anuló legalmente y porque fue derrotado después en las urnas en mayo de 2005. Y si lo que pretende es una negociación con el Gobierno de una especie de pacto político sobre la autodeterminación, tal cosa no cabe por esos cauces extraparlamentarios. Y, además, no tiene apoyo político para ello, porque no hay un mandato expreso, con una propuesta concreta del Parlamento vasco para esa negociación.

Pero, en fin, el lehendakari sabe todo esto y mucho más. Va a tener al país un año sumido en una especie de confusión inenarrable. En una división política y social creciente. En una inestabilidad profundamente inconveniente para la economía, para nuestra imagen exterior; paralizando grandes proyectos y decisiones que determinan el futuro. Va a ser mucho peor que un año perdido. Tenía razón Patxi López al reclamar elecciones autonómicas ya. Personalmente creo que lo mejor sería hacerlas en marzo de 2008 junto a las generales y salir con ellas de este atolladero absurdo y sectario.
(El Correo, 22/10/2007) 

10 de octubre de 2007

Resistir.

Del atentado de ayer de Bilbao, sólo cabe hacer una interpretación política: ETA quiere situarnos de nuevo en el viejo círculo de la tragedia terrorista. Su mensaje el 7 de junio, cuando declaró el cese del alto el fuego, fue determinante y sus acciones posteriores, concluyentes. Si no hubiera sido por la eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado francés y español, podríamos haber tenido ya seis atentados con bombas, todos ellos de gravedad incuestionable. Lograron hacerlo en Durango y en Zarautz, y ayer en Bilbao. No cabe especular sobre las intenciones de ETA. Sus actos y sus palabras son los atentados terroristas y probablemente nos llevan a un periodo prolongado en el que la tragedia de la muerte y del terror rondará nuestras vidas.

Se especula, sin embargo, sobre la dimensión de sus atentados, ¿quieren matar? ¿Seleccionarán a sus víctimas entre los representantes políticos? ¿Lo han querido hacer con Gabriel Ginés, intentando matarle a él o al concejal del PSE al que protegía? Yo tengo pocas dudas sobre este enésimo debate que algunos bienintencionados sostienen respecto a los límites personales que ETA podría haberse trazado para este nuevo periodo. Clara y rotundamente afirmo que ETA quiere provocar la muerte de sus enemigos sean estos policías, políticos, empresarios, jueces, periodistas

Seguramente nos encaminamos a una estrategia terrorista más limitada por las dificultades operativas por las que atraviesa la banda, pero no por sus intenciones. Quiero creer también que ETA evitará atentados masivos pero no eludirá la agresión directa utilizando los medios con menos riesgos para sus comandos. A ETA le basta con mantener un nivel de acciones terroristas que le permita levantar acta de su existencia y de su permanencia. «Son la expresión del conflicto», les gusta decir a ellos, «el tumor maligno de nuestro cuerpo social», me gusta decir a mí. De manera que, nada nuevo bajo el sol. Ahora toca mantenerse firmes, reclamar unidad democrática y lealtad institucional, al PP y al Gobierno vasco, respectivamente. Y aplicar la ley bajo el principio democrático de que la represión del entramado de la violencia incluye sus estructuras políticas porque hace ya algún tiempo que dijimos que con violencia no cabe la política en nuestra democracia.

Por cierto, acertamos entonces y acertaremos ahora. (El Correo, 10/10/2007)