La aprobación en las Juntas Generales de Gipuzkoa de una moción en la que se aboga por que el nuevo estatuto recoja el llamado 'derecho a decidir' coloca las negociaciones para la renovación del Estatuto de Gernika en un terreno muy difícil para el PSE. Andueza ya lo viene advirtiendo, pero desde el PNV se le recuerda el pacto firmado con el PSOE para la investidura de Sánchez. ¿Hay contradicciones entre las posiciones tradicionalmente defendidas por los socialistas vascos y el compromiso de legislatura que asumió el PSOE con los jeltzales? Buena pregunta.
Los socialistas vascos nos hemos opuesto siempre al llamado derecho a la autodeterminación, que consideramos una grave quiebra del consenso autonomista, una vía a la independencia y una perturbadora fractura de la sociedad vasca. El derecho a decidir, por muy abstracta que sea su definición, pretende en el final de su desarrollo una hipotética consulta para conformar una Euskadi independiente.
La pretensión independentista está muy amortiguada, esa es la verdad. Ni siquiera Bildu la formula abiertamente, después de que la paz –¡trece extraordinarios años ya con ella!– relajara esas aspiraciones en el conjunto de la sociedad. Mucho menos el PNV, que necesita desmarcarse de su gran oponente nacionalista pero sin renunciar a una confusa soberanía, propia de su ideario sentimental nacionalista.
Por eso, lo que el PNV exigió al PSOE y así consta en el acuerdo es «aprobar tanto en Euskadi como con el Estado el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la disposición adicional primera de la Constitución (la que reconoce los derechos históricos). «El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos». No hay mayor compromiso, pero tampoco menos.
Se vislumbra en esas dos frases esenciales del acuerdo una concreta apuesta del PNV por un estatuto de naturaleza confederal. No tanto por el reconocimiento nacional de Euskadi (algo perfectamente simbólico), como por la «bilateralidad» como sistema de garantías a las competencias vascas y por la «foralidad» de su autogobierno, que habrá que acordar empleando las potencialidades de los derechos históricos.
Si la negociación del nuevo estatus gira en torno al reconocimiento del derecho a decidir por exigencia de Bildu, o por deseo de la mayoría nacionalista, como se ha hecho en Gipuzkoa, no creo que sea posible el acuerdo con el PSE.
La «bilateralidad», unida al reconocimiento nacional, puede significar varias cosas. Dos de ellas, entre otras muchas, me parecen inasumibles para un Estado moderno de naturaleza federal: El establecimiento de un sistema judicial al margen del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad para declarar «no aplicable» en la Comunidad Autónoma Vasca determinadas legislaciones, planes o disposiciones estatales, en virtud de la competencia propia. Por muy histórica que pueda ser la fórmula del «se acata, pero no se cumple», eso no cabe en un Estado digno de tal nombre.
Por otra parte, me pregunto, como lo hace la doctrina desde siempre, qué nuevas actualizaciones necesitan nuestros derechos históricos. ¿Es razonable seguir con esa oscura apelación –por muy constitucional que sea, y lo es– que nos remite a un modelo del Antiguo Régimen muy poco compatible con un Estado moderno del siglo XXI? ¿Hay alguna competencia del modelo competencial multinivel en el que vivimos o alguna relación con la Europa del siglo XXI que puedan desprenderse de aquel tracto histórico?
No será fácil para el PSE encontrar un acuerdo con el nacionalismo vasco sobre una renovación de nuestro Estatuto si los parámetros planteados van en esas direcciones. Perderemos así la ocasión de encontrarnos todos los partidos, incluido, claro está, Bildu, en una negociación para una renovación moderna de nuestro Estatuto y de nuestro autogobierno, en una concepción federal de nuestro modelo territorial, mejorando y ampliando nuestras competencias, consolidando la singularidad de nuestro modelo financiero, reconociendo en nuestra Constitución nuestros hechos diferenciales, avanzando en nuestro reconocimiento europeo y superando incluso la trágica historia de la violencia, con un relato consensuado del pasado. Somos muchos los vascos que creemos en el autogobierno, pero también queremos un Estado español moderno y federal en una Europa del mismo signo.
Una revisión de este calado exigirá una reforma constitucional previa para incorporar a ella nuestros avances federales que hoy no son posibles. La fórmula sería paralela y los vascos votaríamos en sendos y simultáneos referendos nuestro Estatuto y la reforma constitucional. Estaríamos así dando un salto gigantesco de legitimación social y política a nuestras dos leyes fundamentales y otorgando un clima de estabilidad y consenso para las próximas generaciones que no participaron en los acuerdos de la Transición. Una pena que no lo hagamos así.
Publicado en El Correo, 01/10/2024