La vejez, en tu casa.

Uno de los ámbitos sociales más necesitados de políticas públicas específicas es el tratamiento de los problemas de la población mayor; es decir, el cuidado y acompañamiento de nuestros mayores. Residencias, centros de día, atención domiciliaria, acceso a servicios sanitarios, acompañamiento a personas solas, etcétera, son algunos de los múltiples servicios que demandan nuestros mayores y que se irán incrementando progresivamente dada nuestra demografía.

Es una evidencia que las pensiones no llegan para los altos costes de estos servicios. El deseo mayoritario de vivir la vejez en tu propia casa requiere contratar a personas que solo pueden costearse con cantidades muy superiores a las pensiones percibidas por la mayoría. Pues bien, con toda naturalidad estamos asistiendo a esta situación sin poder utilizar el valor de la vivienda en la que habitan las personas mayores, privándoles de unos niveles de suficiencia económica y de calidad vital en los últimos años de su vida, para que, finalmente, sus hijos hereden una propiedad que, en muchos casos, no necesitan.

¿No sería más justo que ese valor, fruto del ahorro y del esfuerzo de toda una vida, lo disfruten nuestros mayores por sí mismos? El producto financiero para ello está inventado: se llama hipoteca inversa y consiste en que el propietario perciba mensualmente una cantidad de dinero hasta su fallecimiento, a través de un préstamo hipotecario. Los herederos tienen, después, el derecho a pagar la deuda generada para mantener la propiedad o recibir la diferencia entre lo adeudado y el valor de la vivienda.

¿Por qué no funciona este producto? En gran parte porque los intereses de la hipoteca son muy altos y, sobre todo, porque los bancos no quieren quedarse con las viviendas, cosa que ocurre con frecuencia, por desacuerdos entre los herederos. La otra alternativa, la venta de la nuda propiedad con derecho de usufructo para el propietario vendedor, es un mal negocio para los mayores porque los precios de compra en función de la expectativa de vida del propietario son bajísimos y acaban siendo un fraude para ellos y para los herederos.

En un reciente encuentro con el gobernador del Banco de España le planteé esta cuestión, que afecta a millones de españoles, y le pregunté si no sería razonable que el sistema bancario asumiera esa posibilidad. La respuesta, como ya esperaba, es que no resulta aconsejable -mucho menos después de la crisis inmobiliaria y financiera pasada (2008-2014)- cargar los balances bancarios de patrimonio inmobiliario. Sin embargo, nadie cuestiona la importancia social de esta posibilidad.

En Euskadi, según Eustat, hay 662.000 mayores de 60 años. De ellos, 436.000 son pensionistas. Pues bien, 308.000 son propietarios de una vivienda y 78.000 lo son de dos o más. Es decir, el 58% de nuestros mayores de 60 años son propietarios y podrían poner el valor de su vivienda al servicio del confort en su vejez. (Nótese que estas cifras responden a propiedades en la comunidad autónoma vasca, y no incluyen por tanto las que puedan constar en otros catastros fuera de ella).

Poner el valor de estas propiedades al servicio de una vejez confortable, en tu propia casa, bien cuidado, atendido, incluso acompañado, o para la atención a personas dependientes, o simplemente para contribuir de manera justa con el coste de servicios públicos que deben ser pagados por quienes tienen recursos, para que los disfruten quienes no los tienen, es una cuestión capital .Estamos hablando de un pilar social que no tiene soporte financiero en cotizaciones previas y nuestros impuestos no dan para todo.

De manera que este tema adquiere categoría de urgencia social y debemos encontrar una vía para que sea resuelto. Me pregunto si nuestros bancos no deberían estudiar en profundidad su contribución a la cuestión. Cabría por ejemplo que crearan un departamento de gestión inmobiliaria con el que hacer frente a las eventualidades de una amplia concesión de hipotecas inversas a los mayores que las soliciten. Obviamente no estamos hablando de un producto financiero que genere pérdidas; hablamos de un negocio que produce beneficios, además de contribuir a una obra social extraordinaria.

Publicado en El Correo, 20/04/2023

Por qué las empresas pueden (y deben) hacer más por los derechos humanos.

El impacto de las empresas sobre bienes públicos esenciales es cada día mayor. Ocurre, por ejemplo, con la dignidad humana –en cualquier país y circunstancia–, evitando la esclavitud, la explotación o el maltrato de quienes participan en la larga cadena de contratación por parte de las grandes multinacionales; un valor social, por otra parte, compartido por toda la humanidad. La contribución de las empresas a reducir su huella de carbono, sus emisiones y a luchar en todos los planos de su producción contra el cambio climático es otro bien público compartido por todos.

¿Por qué las empresas son llamadas a estas grandes causas? Porque sus impactos en estas materias son enormes y porque la ecuación que las relaciona con la sociedad es intensa y genera exigencias recíprocas. De la misma manera que exigen marcos regulatorios favorables para la inversión, la estabilidad política o la protección frente a la crisis (como los ERTE en la pandemia o el salvamento financiero a los bancos en caso de quiebra), la sociedad tiene demandas hacia sus comportamientos fiscales, sociales o medioambientales.

Esta cultura de la responsabilidad social de las empresas (recogida en el concepto de RSE), viene ejerciéndose en diferentes grados e intensidad desde que a principios de este siglo las innovaciones conceptuales y filosóficas de la compañía para con su entorno y sus impactos se fueron formalizando y regulando. En concreto, la Directiva Europea 2014/9 –traspasada a legislación española por la Ley 11/2018– establece la obligación de la información no financiera para las grandes empresas europeas. Así, las empresas europeas informan anualmente de sus actuaciones preventivas y sus resultados a través de los parámetros EGS (criterios medioambientales, sociales y de gobernanza).

Desde que estas actuaciones se iniciaron a principios de este siglo, se observó la enorme laguna que ofrecía el examen de esos mismos parámetros en su cadena de valor o de suministro cuando la empresa estaba instalada o se proveía en países con muy bajo nivel de exigencia legal en estos temas.

Los sucesivos escándalos públicos, y notoriamente la catástrofe de Rana Plaza en Bangladesh, con el fallecimiento de más de 1.000 trabajadores, provocaron una fuerte reclamación social para que esta cultura de la responsabilidad social empresarial se trasladara a los proveedores de las grandes empresas multinacionales.

Un primer intento de regulación de estas circunstancias tuvo lugar cuando se presentó en el Comité de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas un proyecto de tratado internacional que vinculara a todos los países del mundo con estas exigencias. A día de hoy, la negociación de este difícil tratado internacional está en vía muerta.

Naciones Unidas, por su parte, encargó a John Ruggie, jurista de Harvard, una respuesta a esta problemática, estableciendo tres principios: el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de respetarlos por parte de las empresas y la exigencia de remediar los daños producidos ,en caso de vulneración de este código universal.

De esta concepción jurídica se derivaron leyes nacionales que establecían principios protectores de los derechos humanos frente al esclavismo, el trabajo infantil, la explotación laboral, la prohibición de importación de productos específicos por razones medioambientales o por tratarse de países en conflicto, así como un largo etcétera. Reino Unido, Holanda, Alemania y otros han regulado esta situaciones, si bien Francia tiene una legislación más ambiciosa, exigiendo a las empresas que operan internacionalmente planes de previsión y protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Casi todos los países europeos tienen a su vez planes nacionales con los que establecen pautas de comportamiento –bastante etéreas y siempre voluntarias– a las empresas multinacionales sobre el plano de los derechos humanos y el medio ambiente.

Finalmente, en la actualidad, la Unión Europea está tramitando una directiva que pretende establecer una regulación obligatoria para las empresas multinacionales europeas, exigiendo el cumplimiento en toda su cadena de valor de los derechos humanos y las normativas medioambientales internacionales. Nadie en el mundo está haciendo nada semejante. La OCDE está muy lejos de llegar a una norma parecida. Europa será muy pronto un líder mundial en estas exigencias.

En un reciente debate sobre este tema, el representante de una gran compañía de comercio española nos decía que ellos tenían 25.000 proveedores en todo el mundo y habían establecido un modelo de «chequeo» al cumplimiento de los derechos humanos y el medio ambiente a todos ellos. Gran tarea, sin duda, y posiblemente imperfecta, pero en todo caso meritoria. ¿Se imaginan lo que significa que esos miles de productores –desde aquellos de carácter textil a los agrícolas– en más de cincuenta países del mundo sean escrutados sobre sus métodos de trabajo y sobre la sostenibilidad de sus productos? Este es un camino lento y complejo, pero también lleno de esperanza. No se trata sólo de exigir: también es preciso colaborar, como lo hace por ejemplo CSR Europa, que coopera con el sector del automóvil para incorporar esta cultura a toda su cadena de valor, a las baterías eléctricas o al transporte de mercancías.

En definitiva, habrá una ley europea que exija a las grandes empresas «la debida diligencia» en esta materia; es decir, el examen y control del cumplimiento de los derechos humanos (toda la legislación universal en esta materia, incluyendo convenios internacionales de la OIT y otros) y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia climática y los marcos europeos al respecto, como el pacto verde europeo. No obstante, junto a la ley europea y su posterior traslación nacional, debe haber un marco colaborativo con el mundo empresarial sobre la forma y el proceso en los que se plasma y se implementan estos compromisos. Y en eso, los sindicatos tienen mucho que decir.

Ramón Jauregui es presidente de la Fundación Euroamérica.

Publicado en ethic.es

Une nouvelle impulsion donnée aux relations UE-AL

Amérique latine a disparu du radar de la politique extérieure européenne depuis le début de ce siècle. L’éloignement (l’Atlantique) et l’absence de tradition historique et culturelle dans la majorité des pays composant l’Europe avant l’élargissement de la Communauté européenne à l’Espagne et au Portugal en 1986, expliquent la quasi-inexistence de relation jusqu’aux années 1990. Qui plus est la politique extérieure européenne n’était pas alors ce qu’elle est aujourd’hui. On sait bien que ce cheminement était et est toujours pavé d’obstacles nombreux et que le voisinage européen ne facilite pas les regards distants et les préoccupations aussi éloignées.

 Au milieu des années 1990, deux éléments ont émergé de façon associée. L’Espagne et le Portugal, bien aidés par la France, l’Italie et l’Allemagne, ont ouvert la voie d’une relation politique et économique aux potentialités fortes. En vérité cette équation a été au départ triangulaire parce que rien ne pouvait se faire là-bas sans les États-Unis. Pratiquement tous les conflits et processus politiques étaient sous influence directe du grand patron nord-américain dans son arrière-cour. La succession des dictatures militaires, des guérillas insurrectionnelles, les processus de consolidation démocratique, supposaient son inévitable concours. 

Parallèlement, la grave situation macro-économique de la majorité des pays, l’intervention du Fonds monétaire international afin d’y remédier, ont été à l’origine d’une vague de privatisations de la majorité des entreprises publiques assurant les services essentiels de leurs pays respectifs. Les grandes entreprises espagnoles ont emporté de façon correcte les appels d’offres publics de privatisation : banque, téléphonie, énergie, travaux publics, etc. Cette présence économique espagnole a été la porte d’entrée pour d’autres grandes firmes européennes et internationales (dans les minerais et l’agro-industrie notamment) sur des marchés nécessitant une gamme étendue de produits et services. 

Ce sont là les deux piliers, politiques et économiques, sur lesquels a commencé à se construire une relation stratégique UE-AL, développée à partir du premier sommet l’ayant formalisée à Rio, au Brésil, en 1999. Les années suivantes ont été celles d’une croissance économique durable, pratiquement dans tous les pays de la région, ayant généré une extraordinaire modernisation : les infrastructures technologiques et de communications ont particulièrement progressé. Tout comme les infrastructures matérielles, routes, ports, aéroports... Les services publics des grandes villes ont été bonifiés, les mouvements d’argent et financiers ont été « bancarisés », une culture d’assurances est apparue. On a ainsi vu émerger une nouvelle classe moyenne, et plus de 80 millions de personnes sont en Amérique latine sorties de la pauvreté. 

L’Europe, pendant cette période de prospérité économique, de 2000 à 2014, a été un partenaire fondamental de l’Amérique latine. Les accords de libre commerce et les investissements ont beaucoup aidé. L’Europe a signé des accords avec le Mexique, le Chili, la Communauté andine, l’Amérique centrale et négocié, pendant vingt ans, un accord avec le Mercosur, qui de façon regrettable n’a toujours pas été ratifié. 

L’Amérique latine aujourd’hui traverse une période de crises simultanées. Il y a eu d’abord la crise des matières premières en 2014, qui a sérieusement affecté les revenus des pays qui en dépendaient. Ensuite est venue la Covid qui a frappé l’Amérique latine plus que toutes les autres régions du monde, avec 30 % des décès pour 19 % de la population, génératrice d’un court-circuit économique notable. Les pronostics actuels de croissance pour les prochaines années sont bas, alors que sans croissance notable on ne peut pas faire beaucoup pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. 

Ces dernières années, les relations entre UE et AL se sont refroidies. L’Europe a perdu du poids politique et économique en Amérique latine. On peut avancer quelques réponses pour l’expliquer. En particulier les suivantes : 

A) La grave crise politique vénézuélienne a fracturé le sous-continent. 2014 a vu la création du Groupe de Lima intégré par les pays décidés à isoler le Venezuela dans toutes les enceintes internationales, ce qui a provoqué la suspension du sommet UE-AL de 2017, qui devait se tenir au Salvador. Il n’a pas été réactualisé. Il y avait une exigence de la majorité des Latino-Américains que l’Europe n’a pu qu’accepter. 

B) L’Amérique latine a connu une période politique de grande volatilité démocratique, avec une grande instabilité dans plusieurs pays, le Venezuela, le Nicaragua, la Bolivie, le Pérou, le Salvador, des explosions sociales puissantes, expression d’un mécontentement profond à l’égard des services publics de l’État au Chili, au Pérou, en Équateur, en Colombie, en Argentine. Ces tensions internes et les processus électoraux qui les ont accompagnés ont constitué un obstacle important ayant affecté

le cadre global de relations politiques, gravement altéré par ces conflits.

 C) De son côté, l’Europe est passée par des situations intérieures et de voisinage graves au point de faciliter l’oubli de l’Amérique latine. L’Est européen, la Méditerranée, l’Afrique et l’Asie ont accaparé pendant des années de polycrise européenne, sa politique extérieure. Cette dévaluation latino-américaine a été accentuée naturellement, pour les Européens, par la crise des réfugiés de 2015, celle du Brexit en 2016, les tensions économiques et la crise de l’euro en 2010-2014, et enfin par les conflits russo-ukrainiens. 

D) Enfin, mais ce n’est pas le moins important, les entreprises européennes sont des investisseurs moins intéressés par l’Amérique latine qu’il y a vingt ans. Une instabilité politique excessive, trop d’insécurité juridique, une communication limitée avec quelques-uns des gouvernements latino-américains, l’attractivité d’autres marchés dans le monde (États-Unis et Asie, essentiellement), ont réduit notre présence économique en AL. Nous sommes toujours le premier investisseur mais la Chine a fait une percée énorme dans la majorité des pays d’AL. Elle est déjà le premier partenaire commercial et sa présence économique et technologique avance dans quasiment toute la région. La Chine a multiplié par dix ses investissements en AL depuis le début du siècle et, rien que depuis 2020, augmenté de 40 % la valeur totale de son commerce avec l’Amérique latine. 

Bien mesurer l’importance stratégique de la présence économique chinoise dans la région suppose la prise en compte de sa puissance technologique (celle parmi d’autres des réseaux 5G), de son contrôle du marché des grandes infrastructures régionales (ports, aéroports, énergie, etc.), et de son énorme capacité d’achat qui lui permet de capter de façon monopolistique le marché des matières premières. Il serait intéressant de débattre de la qualité environnementale et sociale des entreprises chinoises comparée à celle de leurs homologues européennes, en ce qui concerne leur impact sur l’économie durable des pays latino-américains. Mais ce n’est pas l’objet du sujet d’aujourd’hui. Il convient simplement de noter les énormes dépendances, qui ne sont pas qu’économiques, liées à ces monopoles, et que l’Europe a besoin du partenariat de l’Amérique latine pour réaliser beaucoup de ses aspirations internationales : multilatéralisme régulé, transition accélérée vers la décarbonisation, défense universelle des droits humains et de la dignité de l’être humain, digitalisation démocratique, respectueuse des droits inaliénables des citoyens. 

Cette situation a incité l’Europe à s’orienter vers une politique extérieure plus affirmative, mieux planifiée, avec une meilleure approche de l’Amérique latine. Pourquoi ? 

1. Parce que nous sommes humainement très proches. Plus de six millions de Latino-Américains vivent en Europe (et de façon croissante), un chiffre pratiquement similaire d’Européens vivent en Amérique latine. Tous dans un environnement familial qui doit être pris en considération. Notre histoire commune, nos langues et cultures, si présentes en particulier dans la littérature et au cinéma, forment « l’humus » d’une convergence de valeurs et d’aspirations politiques et sociales tout aussi partagées. C’est pour cette raison que l’on dit que l’Amérique latine est la région du monde la plus euro-compatible, et l’inverse est tout aussi vrai. 

2. Parce que nous avons d’énormes intérêts économiques en Amérique latine. Plusieurs milliers d’entreprises européennes y sont implantées. 55 % des investissements étrangers en Amérique latine sont européens et nous sommes le troisième partenaire commercial de la région. L’Amérique latine a un énorme potentiel concernant l’écologie et la transition énergétique : les plus grandes réserves de lithium, l’ensemble forestier le plus grand du monde, la plus grande réserve d’énergie verte du monde, 40 % des réserves d’eau. Les objectifs économiques stratégiques du XXe siècle, quels qu’ils soient, et plus particulièrement la lutte contre le changement climatique, la digitalisation, supposent une alliance de l’Amérique latine et de l’Europe. 

3. L’Amérique latine défend une vision très voisine de l’européenne basée sur une conception pluraliste de la communauté internationale, valorisant les normes de dialogue, de coopération, et de résolution pacifique des différends. Le monde qui s’annonce sera plus fragmenté et multipolaire, moins globalisé économiquement, avec sans doute un bloc unissant Chine et Russie, face à ce qu’ils appellent le monde occidental. Mais là n’est pas la clef du conflit, dans la mesure où il s’agit en fait de défendre un ordre international basé sur des normes. Peu importe alors les latitudes géographiques, mais « le monde dans lequel nous voulons vivre, et comment nous entendons y vivre ensemble ». Le propos est de Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne. Le commentaire est des plus pertinents pour décrire le monde de demain et situer nos défis et la nécessité d’une alliance avec l’Amérique latine, incontournable pour l’Europe. Cette alliance renforcera notre place dans le monde, elle facilitera l’intégration de l’Amérique latine, son influence dans les cercles directeurs globaux et les organisations financières internationales. 

4. L’Europe est de loin le premier donateur coopérant avec l’Amérique latine. L’Union européenne a programmé un engagement de 3 400 millions d’euros pour la période 2021-2027 pour coopérer avec l’Amérique latine. La majorité des pays européens finance de plus d’ambitieux programmes de coopération dans la région latino-américaine. Il convient de signaler le lancement par l’Union européenne du programme « Global Gateway », qui prétend mobiliser 300 milliards d’euros d’investissements dans le monde entier. Les projets d’écologie durable, d’infrastructures physiques et digitales en Amérique latine, peuvent bénéficier de ce plan ambitieux. Devraient serait plus judicieux. 

Toutes choses interférant avec cette sorte de compromis voulu par le Haut représentant et vice-président de la Commission, Josep Borrell, pour donner une impulsion nouvelle aux relations UE-CELAC, consolidant l’engagement stratégique de l’Union européenne avec l’Amérique latine. C’est ce à quoi travaille la présidence espagnole du Conseil européen du second semestre 2023. Il y a déjà un acquis important : la célébration du Sommet UE-CELAC, suspendu en 2017, qui doit se tenir en juillet 2023 à Bruxelles, conformément à un accord adopté à l’occasion d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne avec l’ensemble de leurs homologues latino-américains, célébrée le 27 octobre 2022 à Buenos Aires. L’Espagne prépare avec attention sa présidence afin de piloter cette impulsion nouvelle destinée à faire de l’alliance stratégique Europe-Amérique latine un pilier fondamental de la politique extérieure européenne. 

Ramón JÁUREGUI* Traduit de l’espagnol par Jean-Jacques Kourliandsky 

* Ramón Jáuregui : président de la Fondation Euroamérica. 

Ancien ministre (2010-2011), 

ancien député espagnol (2002-2009), 

ancien député européen (2009-2010/2014-2019), 

ancien président de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (2015-2019), 

ancien vice-président du gouvernement basque (1987-1991).

UN NUEVO IMPULSO A LAS RELACIONES UE-AL 

América Latina no estuvo en el radar de la política exterior europea hasta principios de este siglo. La lejanía (el Atlántico) y la falta de una tradición histórica y cultural con la mayoría de los países europeos que componían Europa hasta la entrada de España y Portugal (1986) en la Comunidad Europea, explican una relación casi inexistente hasta bien entrados los noventa del siglo pasado. Por otra parte, la política exterior europea no era lo que es ahora. Bien sabemos que ese camino ha estado y está todavía empedrado por múltiples obstáculos y la conflictiva vecindad europea tampoco facilitaba miradas tan lejanas y preocupaciones tan distantes. 

A mediados de los noventa se produjeron dos hechos encadenados. España y Portugal, ayudados, eso sí, por Francia, Italia y Alemania, abrieron la puerta a una relación política y económica llena de potencialidades. Es verdad que esa ecuación fue al principio triangular porque nada podía hacerse allí sin contar con los Estados Unidos. Casi todos los conflictos y procesos políticos pasaban por la influencia directa del gran patrón norteamericano en su patio trasero y la sucesión de dictaduras militares, guerrillas insurreccionales y procesos de consolidación democrática, reclamaban contar con su concurso. 

Paralelamente, la grave situación macroeconómica de la mayoría de los países y la intervención del Fondo Monetario Internacional en su saneamiento, provocó una oleada de privatizaciones de la mayoría de las empresas públicas que prestaban servicios esenciales en sus respectivos países. Las grandes empresas españolas ganaron, en buena lid, los concursos públicos de esas privatizaciones: banca, telefonía, energía, obra pública, etcétera y la presencia económica española fue puerta de entrada a otras grandes firmas europeas e internacionales (como la extracción de minerales, la agroindustria y otros), en unos mercados necesitados de una amplia gama de productos y servicios. 

Es sobre esa doble base, política y económica que comienza a construirse una relación estratégica UE-AL que se desarrolla a partir de la primera cumbre que formalizó el comienzo de la alianza estratégica UECELAC en Río, Brasil, en 1999. Los siguientes años mostraron crecimientos económicos sostenidos en prácticamente todos los países de la región, lo que a su vez produjo una extraordinaria modernización: sus infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones avanzaron considerablemente. También lo hicieron sus infraestructuras físicas, en carreteras, puertos, aeropuertos... Se mejoraron los servicios públicos en las grandes ciudades, se bancarizaron los movimientos dinerarios y financieros y se introdujo la cultura del aseguramiento. Nacieron así nuevas clases medias y salieron de la pobreza más de 80 millones de personas en toda América Latina. 

Europa ha sido un socio fundamental de América Latina durante los mejores años económicos que vivió la región entre los años 2000-2014 y eso nos convirtió en el primer inversor en el conjunto de América Latina. Los acuerdos de libre comercio e inversión ayudaron mucho. Europa firmó acuerdos con México, Chile, Comunidad Andina, Centroamérica y negoció durante 20 años un acuerdo con Mercosur que desgraciadamente no llegó a aprobarse todavía. 

Hoy América Latina vive un periodo de crisis acumuladas. Primero fue la crisis de los precios de las materias primas (2014) lo que perturbó seriamente los ingresos de países muy dependientes de ellas. Luego llegó la Covid que castigó a América Latina más que a ninguna otra región en el mundo (30 % de las muertes en el mundo para una población que no representa más allá del 10 % de los habitantes del planeta) y provocó un colapso económico notable en toda la región. Hoy los pronósticos de crecimiento son bajos para los próximos años y sin crecimientos notables la lucha contra la desigualdad y la pobreza no avanzan. 

Los últimos años, las relaciones UE-AL se han enfriado y Europa está perdiendo peso político y económico en América Latina. Algunas de las razones que lo explican podrían ser las siguientes: 

• a) La grave crisis política venezolana fracturó al subcontinente. En 2014 se creó el grupo de Lima en el que se integraron países decididos a vetar a Venezuela en todo organismo internacional y esto provocó la suspensión de la cumbre UE-CELAC prevista para 2017 en San Salvador. No se ha vuelto a reanudar. Fue una petición- exigencia de la mayoría de países latinoamericanos, que Europa no tuvo más remedio que aceptar. 

• b) La política democrática en América Latina ha vivido unos años de alta volatilidad. Gran inestabilidad en varios países: Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, El Salvador…Estallidos sociales muy profundos, expresión de un descontento social muy serio con los Servicios Públicos del Estado: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina…Esta tensión interna y los procesos electorales consecuentes han sido un obstáculo importante para un marco global de relaciones políticas, gravemente alterado por los conflictos políticos producidos.

• c) Europa, a su vez, ha vivido también situaciones internas o de vecindad suficientemente graves como para hacer fácil el olvido de América Latina. El Este de Europa, el Mediterráneo y África y Asia, concentraron durante los años de la poli-crisis europea su política exterior. Añádase la crisis de los refugiados (2015), la del Brexit (2016), las tensiones económicas de la crisis del euro (2010- 2014) y finalmente los conflictos con Rusia en Ucrania, hicieron muy fácil y casi obligada esta devaluación latinoamericana a ojos europeos. 

• d) Por último y no por eso menos importante, las empresas europeas han ido perdiendo el interés inversor y comercial que despertó América Latina a principios de siglo. Demasiada inestabilidad política, demasiada inseguridad jurídica, poco entendimiento con algunos gobiernos latinoamericanos y la atracción de otros mercados en el mundo (Estados Unidos y Asia principalmente), han ido reduciendo nuestra presencia económica en AL. Seguimos siendo el primer inversor, pero China ha entrado con enormes fuerzas en la mayoría de los países de AL. Ya son el primer socio comercial y avanzan en su presencia económica y tecnológica en casi toda la región. China ha multiplicado por diez sus inversiones en América Latina en este siglo y sólo desde 2020 ha aumentado el valor total de su comercio con América Latina en un 40 %. 

Para dimensionar la importancia estratégica de la presencia económica de China en la región debemos tener en cuenta que su potencia tecnológica (en redes 5G y otras), su dominio en las grandes infraestructuras de la región (puertos, aeropuertos, energía, etcétera) y su enorme capacidad de compra, tienden al control monopolístico de sus materias primas y de sus mercados. Sería interesante el debate sobre la calidad medioambiental y socio laboral del empresariado chino en comparación con las empresas europeas respecto a los impactos empresariales en la sostenibilidad de esos países, pero es un análisis que no cabe aquí. Tomemos nota simplemente de las enormes dependencias, no solo económicas, que generan estos monopolios y no olvidemos que Europa necesita de América Latina como socio en muchas de sus aspiraciones internacionales: desde un multilateralismo ordenado, a una transición acelerada a la descarbonización, desde una defensa Universal de los Derechos Humanos y de la dignidad del ser humano, a una digitalización democrática en la que los ciudadanos sean titulares de derechos inalienables. 

Esta situación está provocando que Europa se esté planteando una política exterior más asertiva, mejor planificada y con mayores pretensiones sobre América Latina. ¿Por qué?

•  1º Porque somos una comunidad humana enormemente próxima. Más de seis millones de latinoamericanos viven en Europa (y creciendo) y casi los mismos europeos de origen viven en América Latina. Todos ellos configuran un universo familiar que debemos atender. Nuestra historia común, nuestras lenguas y nuestra cultura, tan presentes en la literatura y en el cine especialmente, son el “humus” sobre el que convergen valores y aspiraciones de vida política y social también comunes. Se dice por eso que América Latina es la región del mundo más eurocompatible y podríamos decirlo también al revés. 

• 2º Porque tenemos enormes intereses económicos en América Latina. Miles de empresas europeas están implantadas allí. El 55 % de las inversiones extranjeras en América Latina son europeas y somos el tercer socio comercial de la región. América Latina tiene una potencia enorme en el campo ecológico y en la transición energética. Las mayores reservas de litio, la masa forestal más grande del mundo, la mayor capacidad energética verde del mundo, el 40 % de las reservas de agua... cualquiera de los objetivos económicos estratégicos del siglo XXI, especialmente la lucha contra el cambio climático y la digitalización, necesitan de América Latina como aliado para los europeos. 

• 3º América Latina promueve una visión muy similar a la europea… “basada en una concepción pluralista de la comunidad internacional, asentada en normas de diálogo, cooperación y resolución pacífica de las disputas… El mundo que viene será más fragmentado y multipolar, con un paso atrás en la globalización económica y seguramente con un bloque que unirá a China y Rusia frente a lo que ellos llaman el mundo occidental. Pero esta no es la clave del conflicto, pues se trata justamente de defender un orden internacional basado en normas y para eso no importa la latitud geográfica sino el mundo en el que queremos vivir y cómo queremos relacionarnos”. Son palabras de Josep Borrell, el Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea. No pueden ser más acertadas para describir el mundo que viene y para situar en él nuestros retos y la necesidad de una alianza con América Latina, imprescindible para Europa. Esa alianza nos hace más fuertes en el mundo y a América Latina le facilita su propia integración y su influencia sobre las grandes mesas de la gobernanza global y de las organizaciones financieras internacionales. 

• 4º Europa es, con mucha diferencia, el primer cooperante en América Latina. La Unión Europea ha presupuestado 3.400 millones de euros en cooperación para el periodo 2021-2027 en América Latina y la mayoría de los países europeos sostienen, además, programas de cooperación muy cuantiosos para la región latinoamericana. A señalar que la Unión Europea ha lanzado “Global Gateway”, que pretende movilizar 3000.000 millones de euros en inversiones en todo el mundo. Los programas ecológicos sostenibles y las infraestructuras físicas y digitales en América Latina, pueden beneficiarse de este ambicioso plan. Deberían, podríamos añadir. 

Todo ello está influyendo en esa especie de compromiso del Alto Representante y vicepresidente de la Comisión Josep Borrell para dar un nuevo impulso a las relaciones UE-CELAC, reforzando el compromiso estratégico de la Unión Europea con América Latina. En esto se trabaja, con vistas a la presidencia española del Consejo Europeo del segundo semestre de 2023. El que parece ya un gran logro será la celebración de la Cumbre UE-CELAC, suspendida en 2017 y que está previsto celebrar en julio de 2023 en Bruselas. Ese fue ya el acuerdo adoptado en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y cancilleres de toda América Latina celebrada el pasado 27 de octubre en Buenos Aires. España prepara con esmero su presidencia para pilotar este nuevo impulso y para hacer de la alianza estratégica Europa-América Latina un pilar fundamental de la política exterior europea. 

Ramón Jáuregui, presidente de la Fundacion Euroamérica

Publicado en Nouveaux Espaces Latinos, Abril 2023