Hay una creciente presión para que sustituyamos la antigua Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o corporativa (RSC) por el genérico y fácil término de la Sostenibilidad. Es una tendencia universal y en parte, responde a las exigencias de la simplicidad y a la superación de los acrónimos, muchas veces confusos y olvidadizos. Me parece bien. No debemos hacer de esto una batalla. El nominalismo de la cosa no es el tema. Pero Sostenible es un término muy amplio, quiere decir muchas cosas y la interpretación ciudadana de la sostenibilidad también es muy plural y muy confusa. La mayor parte de las veces que se utiliza necesita un complemento directo para indicar el tema al que se refiere.
Así, la sostenibilidad económica o financiera hace referencia a ambos conceptos y, ciertamente, tiene muy poco que ver con la Responsabilidad Social de la Empresa. Mayoritariamente se relaciona la sostenibilidad con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, Pero también se utiliza -aunque menos- para referirse a la gobernanza o a la política social de las compañías. De hecho, las siglas ESG combinan los criterios medioambientales (E), sociales (S) y de gobernanza (G). A ello se referían María Prandi y Pía Navarro en estas mismas páginas reclamando que: “la transición digital y verde debe incluir una dimensión social y ésta debe ser justa, basándose en el respeto a los Derechos Humanos”.
Pues bien, esta visión amplia, universal y holística de la sostenibilidad debe incorporar la fiscalidad de las empresas como uno de los planos fundamentales de su análisis y de su reporte. Hace ya mucho tiempo que venimos insistiendo en que la responsabilidad fiscal de las empresas es un aspecto neurálgico de su compromiso social, hasta el punto de que bien puede afirmarse que no hay sostenibilidad sin transparencia y ética fiscal.
Las razones de esta exigencia son evidentes. El impuesto de sociedades, es decir, el que grava los beneficios de las empresas, está en caída libre, en plena escalada de los gastos públicos, no solo por las ayudas al mundo empresarial (ERTE’S) por la pandemia, sino por la creciente demanda social de servicios públicos de calidad (principalmente de Sanidad). De manera que la paradoja está servida: todo el mundo demanda al Estado políticas de apoyo a las empresas, políticas de estímulo a economías estancadas, apoyos de supervivencia a sectores económicos claves, desde el turismo al automóvil, etcétera, y el fortalecimiento de sus servicios públicos del Estado del Bienestar, pero pocos piensan en los ingresos públicos de la Hacienda golpeada por el bajo consumo y la caída de ingresos. La alarma se acrecienta al comprobar que la fiscalidad de las empresas se escapa de las Haciendas nacionales como consecuencia de la globalización y por los efectos de la economía digital.
Lo cierto es que el ingreso fiscal por sociedades se ha reducido a la mitad en estos últimos veinte años en la mayoría de los países europeos. A ello ha contribuido una constante reducción del tipo nominal del impuesto (del 32% al 21% en estas dos décadas) y una reducción del impuesto pagado por las multinacionales cuyo tipo real no llega el 15% en casi ningún caso, como consecuencia de sus hábiles manejos de las normativas nacionales y de su capacidad para acogerse a desgravaciones múltiples y para trasladar a normativas más favorables los diferentes ítems de sus cuentas. En el caso de las grandes compañías tecnológicas y de las miles de compañías de servicios de intermediación en la red de Internet, esas habilidades son mayores al aprovecharse de mercados locales, sin presencia física o con redes muy residuales.
De manera que, en los últimos años, hemos asistido atónitos a sucesivos escándalos que han generado creciente alarma y enfado social. Lux-leaks, los Papeles de Panamá, football leaks, los Papeles del Paraíso… etcétera, como titulares de un iceberg mucho más profundo y voluminoso. En la mayoría de estos casos, el escándalo procede de actitudes delictivas, es decir, de la evasión fiscal pura y dura hacia paraísos fiscales o jurisdicciones fiscales no cooperativas. Pero en el ámbito de la empresa lo frecuente es la elusión fiscal, legalmente no perseguible, pero éticamente censurable. De eso hablamos cuando exigimos responsabilidad fiscal. Hablamos de no utilizar la Planificación Fiscal Abusiva (PFA), también llamada, eufemísticamente, ingeniería fiscal.
Nuestras Haciendas nacionales utilizan leyes e instrumentos del siglo pasado y se enfrentan a fenómenos del siglo XXI: Globalización y Tecnología Digital. La combinación de ambas circunstancias permite a las empresas elegir la localización del domicilio social, recurrir a la interacción de las disposiciones nacionales y a las redes de convenios fiscales para buscar la NO imposición o su máxima reducción mediante la erosión de las bases imponibles. Esa es la PFA, o la ingeniería fiscal, que proporcionan grandes bufetes y consultoras a las multinacionales. Los datos que ha publicado el Parlamento Europeo son elocuentes: el Fondo Monetario Internacional estima que las pérdidas a escala mundial por el traslado de beneficios (BEPS) y la erosión de las bases imponibles asciende a 600.000 millones de dólares cada año. El 40% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a paraísos fiscales. Las multinacionales pagan un 30% menos del Impuesto de Sociedades que sus competidoras.
Intermon Oxfam ha publicado recientemente un informe: “Una nueva Fiscalidad para que nadie quede atrás”. En él, se proponen medidas interesantes en relación con esta problemática y en reclamación de una fiscalidad justa y suficiente. Es un tema de una gran importancia en todos los países en los que el Estado del Bienestar está sufriendo restricciones presupuestarias por el aumento de los gastos y la caída de ingresos, pero lo es particularmente en nuestro país, donde el déficit estructural de nuestras cuentas públicas y el volumen de la deuda pública acumulada limitan extraordinariamente los márgenes en materia de política social.
Hay muchas formas de acreditar que se es fiscalmente responsable. La primera es no recurrir a la PFA. La segunda es no operar en paraísos fiscales ni comerciar o utilizar empresas fantasmas (off shore). La tercera es informar “country-by-country”, es decir, presentar el reporte fiscal dentro del Informe Sostenible, poniendo en claro la contribución fiscal en cada uno de los países en los que opera. El formato Global Reporting Initiative es una buena guía para ello.
En definitiva, estamos hablando de ajustar el comportamiento fiscal de las empresas a la ética de la solidaridad, cumpliendo la primera obligación legal y moral que impone la ciudadanía. Estamos hablando de poner fin a una práctica abusiva solo posible por la descoordinación entre países y la falta de una gobernanza eficaz y justa de la globalización. Es una práctica legal, pero es insolidaria y muchas veces inmoral. Por eso, repito, la elusión fiscal No es sostenible.
Publicado en Diario Responsable, 3 /03/2021