El Gobierno necesita al PP, que no puede apostarlo todo a la caída del Gobierno.
La acción del Gobierno estos próximos meses determinará su futuro. Gobernar la crisis y la recuperación del país con los apoyos de la investidura es imposible. Lo vimos con Esquerra en la última prórroga del estado de alarma. Más difícil será comprometerles en los esfuerzos para salvar España si su objetivo es separarse de ella. La pugna en el independentismo catalán se dilucida en unas próximas elecciones, lo que añade dificultades insuperables para el pacto en y con España. Pero, aunque contáramos con ellos, no basta. La dimensión intergeneracional de los compromisos y la naturaleza territorial de los acuerdos exigirán el consenso de otras fuerzas políticas, de las comunidades autónomas y de las organizaciones sindicales y empresariales. Si la política española no es capaz de avanzar por ese camino, corremos el riesgo de ser un país marginal y empobrecido.
El panorama es pesimista. La gestión de la crisis no ha acercado posiciones interpartidarias ni interpersonales. Más bien al contrario. Es difícil atribuir responsabilidades. Las críticas al Gobierno por arrogancia o ineficiencia y las que consideran al PP incapaz de acordar nada resultan maniqueas, simples, sectarias. Esa clasificación ramplona entre buenos y malos ofende la inteligencia y no nos ayuda. El Gobierno necesita al PP y el PP no puede apostarlo todo a la caída del Gobierno. Una convocatoria electoral anticipada hunde al país.
¿Cómo salir de este callejón? Esta es una propuesta.
1. El único acuerdo actual es la comisión parlamentaria. Trabajemos sobre ella, convirtiéndola en el foro en el que se adopten las próximas medidas, para comenzar a discutir los planes socioeconómicos de la recuperación. Algunas precisiones previas.
No es una comisión de investigación. Las lecciones de esta crisis y las responsabilidades en su gestión están por determinar. Llegará ese momento y muy probablemente todos saldremos tocados. Pero esa no es la tarea de esta comisión. Tampoco es una comisión para escuchar sin decidir, llamando a expertos para eternalizarla. Oír a los representantes de los sectores económicos y sociales será necesario, pero, a continuación, decidir y acordar. No caben exigencias previas de cambios de alianzas. Hay que respetar el marco de estabilidad de los gobiernos, tanto del Estado como autonómicos.
2. El Gobierno debe ser el que haga las propuestas y ofrezca instrumentos para aplicarlas. El programa de investidura ya no sirve. La situación ha cambiado radicalmente y hay que analizar nuevas necesidades y otras prioridades. No obstante, las corrientes de fondo que surgen de la pandemia responden a las ideologías de un Gobierno sensible con los servicios públicos y la gente que menos tiene. Ello facilitará la coherencia interna del Ejecutivo.
3. No será posible un único y gran acuerdo. Son preferibles acuerdos sucesivos en función de la urgencia y la importancia de las materias. El objetivo no es un papel o una declaración abstracta. Se esperan acuerdos concretos que se materializan en decretos y leyes, tramitados con posterioridad aunque muchos de aplicación inmediata. La importancia de los acuerdos es la confianza ciudadana y la seguridad jurídica que producen.
4. Es necesario un sistema paralelo de comunicación y coordinación con las comunidades autónomas. Una vez más, la ausencia de un Senado federal es clamorosa. En su defecto, la Conferencia de Presidentes puede adquirir su verdadera dimensión para acordar con las autonomías los planes más importantes de la desescalada y la recuperación. Ubicar en el Senado una comisión de trabajo permanente entre los ministros afectados y los consejeros principales de los gobiernos autonómicos podría ser una solución útil.
5. El periodo de trabajo de la comisión debe proyectarse como mínimo hasta fin de año. Los primeros acuerdos deberían lograrse antes del verano y deben incluir las primeras cifras macroeconómicas, sin que ello represente obligatoriamente el acuerdo presupuestario para 2021. Eso sí, el Gobierno debe supeditar su cuadro macroeconómico a los acuerdos que se adopten. Las ayudas para recuperación de empresas, sectores económicos, autónomos, familias... deben establecerse en función de los acuerdos en la comisión. Coprotagonizar las ayudas facilita la corresponsabilización en los esfuerzos colectivos que tendremos que asumir. Una reforma fiscal profunda, que incremente cinco puntos de PIB en la recaudación (como en Europa) será necesaria.
Un acuerdo socioeconómico en España nos hace fuertes en Europa. Al contrario, si España no presenta un proyecto serio y consensuado de reconstrucción nuestros márgenes para obtener ayudas de Europa se estrechan peligrosamente.
Dice Ortuzar que no conviene cambiar de caballo cuando se cruza el río, sin comprender que ese caballo se ahogará por la crecida y que la crisis del virus nos obligará a cruzar el río haciendo un puente entre todos.
El panorama es pesimista. La gestión de la crisis no ha acercado posiciones interpartidarias ni interpersonales. Más bien al contrario. Es difícil atribuir responsabilidades. Las críticas al Gobierno por arrogancia o ineficiencia y las que consideran al PP incapaz de acordar nada resultan maniqueas, simples, sectarias. Esa clasificación ramplona entre buenos y malos ofende la inteligencia y no nos ayuda. El Gobierno necesita al PP y el PP no puede apostarlo todo a la caída del Gobierno. Una convocatoria electoral anticipada hunde al país.
¿Cómo salir de este callejón? Esta es una propuesta.
1. El único acuerdo actual es la comisión parlamentaria. Trabajemos sobre ella, convirtiéndola en el foro en el que se adopten las próximas medidas, para comenzar a discutir los planes socioeconómicos de la recuperación. Algunas precisiones previas.
No es una comisión de investigación. Las lecciones de esta crisis y las responsabilidades en su gestión están por determinar. Llegará ese momento y muy probablemente todos saldremos tocados. Pero esa no es la tarea de esta comisión. Tampoco es una comisión para escuchar sin decidir, llamando a expertos para eternalizarla. Oír a los representantes de los sectores económicos y sociales será necesario, pero, a continuación, decidir y acordar. No caben exigencias previas de cambios de alianzas. Hay que respetar el marco de estabilidad de los gobiernos, tanto del Estado como autonómicos.
2. El Gobierno debe ser el que haga las propuestas y ofrezca instrumentos para aplicarlas. El programa de investidura ya no sirve. La situación ha cambiado radicalmente y hay que analizar nuevas necesidades y otras prioridades. No obstante, las corrientes de fondo que surgen de la pandemia responden a las ideologías de un Gobierno sensible con los servicios públicos y la gente que menos tiene. Ello facilitará la coherencia interna del Ejecutivo.
3. No será posible un único y gran acuerdo. Son preferibles acuerdos sucesivos en función de la urgencia y la importancia de las materias. El objetivo no es un papel o una declaración abstracta. Se esperan acuerdos concretos que se materializan en decretos y leyes, tramitados con posterioridad aunque muchos de aplicación inmediata. La importancia de los acuerdos es la confianza ciudadana y la seguridad jurídica que producen.
4. Es necesario un sistema paralelo de comunicación y coordinación con las comunidades autónomas. Una vez más, la ausencia de un Senado federal es clamorosa. En su defecto, la Conferencia de Presidentes puede adquirir su verdadera dimensión para acordar con las autonomías los planes más importantes de la desescalada y la recuperación. Ubicar en el Senado una comisión de trabajo permanente entre los ministros afectados y los consejeros principales de los gobiernos autonómicos podría ser una solución útil.
5. El periodo de trabajo de la comisión debe proyectarse como mínimo hasta fin de año. Los primeros acuerdos deberían lograrse antes del verano y deben incluir las primeras cifras macroeconómicas, sin que ello represente obligatoriamente el acuerdo presupuestario para 2021. Eso sí, el Gobierno debe supeditar su cuadro macroeconómico a los acuerdos que se adopten. Las ayudas para recuperación de empresas, sectores económicos, autónomos, familias... deben establecerse en función de los acuerdos en la comisión. Coprotagonizar las ayudas facilita la corresponsabilización en los esfuerzos colectivos que tendremos que asumir. Una reforma fiscal profunda, que incremente cinco puntos de PIB en la recaudación (como en Europa) será necesaria.
Un acuerdo socioeconómico en España nos hace fuertes en Europa. Al contrario, si España no presenta un proyecto serio y consensuado de reconstrucción nuestros márgenes para obtener ayudas de Europa se estrechan peligrosamente.
Dice Ortuzar que no conviene cambiar de caballo cuando se cruza el río, sin comprender que ese caballo se ahogará por la crecida y que la crisis del virus nos obligará a cruzar el río haciendo un puente entre todos.
Publicado en EL Correo, 10/05/2020