¿Cómo es posible que tantos consejos de administración o consejeros individualmente o consejeros delegados utilicen métodos delictivos para resolver sus conflictos societarios? ¿Cómo es que nadie, ni la comisión de auditoría o el resto del consejo, advirtieran contra estas actuaciones tan sospechosas?
¿Cómo es posible que tantos consejos de administración o consejeros individualmente o consejeros delegados utilicen métodos delictivos para resolver sus conflictos societarios? ¿Cómo es que nadie, ni la comisión de auditoría o el resto del consejo, advirtieran contra estas actuaciones tan sospechosas?
Los casos BBVA e Iberdrola ilustran que esta pregunta no es retórica. Es una pregunta púbica, dirigida a todo el IBEX, porque cada vez es más evidente que muchas empresas cayeron en la trampa de una mafia organizada en torno a la búsqueda de secretos inconfesables (públicos y privados) y al comercio chantajista que se organizaba en torno a ellos. ¿Cómo pudieron fiarse de personajes tan abyectos y de prácticas tan despreciables? ¿Cómo cayeron en la tentación de destruir a sus adversarios a través de métodos tan faltos de ética como cercanos al delito del Código Penal?
Siento verdadera tristeza por el grave quebranto que sufren las marcas de dos compañías españolas líderes en el mundo entero en sus respectivos sectores como consecuencia de las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia Nacional. Es penoso que un banco que ha adquirido un enorme prestigio internacional por su expansión y por su apuesta avanzada por la tecnología en el sector financiero esté hoy en boca de todo el mundo por unas actuaciones de su cúpula directiva que, como mínimo, son presuntamente delictivas. Sus competidores en España y en todo el mundo se frotan las manos al observar el enorme daño reputacional producido a su competencia.
En la misma línea, una compañía española que ha hecho los mejores 10 años del sector eléctrico en todo el mundo, que se ha convertido en una de las cinco grandes compañías del mundo en el sector, que ha asombrado al mundo por su valiente apuesta por las renovables y que ha encumbrado a su CEO a los más altos niveles de prestigio internacional, está hoy en el ojo del huracán de unas investigaciones penales por las mismas y presuntas prácticas delictivas.
Dicen los medios que conocen estas investigaciones que la trama corrupta y chantajista afectó a muchas empresas del IBEX 35. Que nombres muy conocidos y firmas muy reputadas estaban en el radar del policía y su empresa porque de una u otra forma, directa o indirectamente, utilizaron sus servicios. Estos rumores deben ser tomados con prudencia, desde luego, pero es muy grave que haya podido ocurrir esto en nuestro país.
Hasta la CNMV se ha visto obligada esta misma semana a lanzar una seria advertencia a los consejeros de las empresas “que deben informar de las irregularidades que les afecten”. La CNMV se muestra especialmente preocupada como entidad supervisora del mercado de valores español porque “este tipo de situaciones pueden comprometer la imagen y reputación de nuestro mercado de valores” y anuncia su decisión de revisar y reforzar las recomendaciones sobre estos aspectos en el Código de Buen Gobierno de las sociedades. La Comisión Nacional de Valores se hace así eco de un conjunto de irregularidades también ligadas a la corrupción que han afectado a firmas españolas en nuestro país y en otros, especialmente en Latinoamérica, que deterioran enormemente la imagen reputacional de las grandes compañías españolas. “Los órganos de gobierno de las empresas deben establecer políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y demás prácticas irregulares”. El consejo, las comisiones de auditoría, los consejeros independientes y otros consejeros externos están especialmente llamados a extremar el rigor en la vigilancia de estas prácticas y son por tanto el centro de esta nueva apelación a la transparencia.
En el fondo, estas prácticas tiran por tierra mucho del buen trabajo y del enorme esfuerzo que estas mismas compañías realizan para prestigiar sus marcas, porque ponen en evidencia, de manera trágica, que la transparencia, la ética y el bienhacer forman parte esencial de un proyecto empresarial. Algunos han descubierto ahora que la responsabilidad penal afecta también a las compañías.
Hace ya bastante tiempo que sabíamos esto. Que las empresas están en el espejo público del quehacer social. Que son como invernaderos, son de cristal, y todos las miramos, las evaluamos y las criticamos. Hace ya algunos años que venimos advirtiendo que la responsabilidad social de las empresas es integral y que no basta con gastar más o menos en marketing social o en compliance o en publicidad. Que lo importante no es que nos digan qué hacen con los beneficios, sino cómo los obtienen. Que no basta con hacer memorias de RSC -a veces subcontratadas- para aparentar lo que no se es. Que no nos vamos a conformar con informaciones difusas o abstractas sobre ODS o determinadas acciones sociales. No. Queremos que la responsabilidad social forme parte de una estrategia integral de las compañías que incluya la ética en los negocios, la transparencia informativa, la sostenibilidad en todas sus manifestaciones, el diálogo con sus stakeholders, la evaluación de sus impactos…
Qué pena que empresas que hacen y que han hecho cosas buenas en estos planos paguen tan grave y peligrosamente por actuar con tales personajes, con tanta falta de ética empresarial y con tanto riesgo penal. Espero que todos aprendan las poderosas y concluyentes lecciones que se extraen de estos tristes hechos.
¿Cómo es posible que tantos consejos de administración o consejeros individualmente o consejeros delegados utilicen métodos delictivos para resolver sus conflictos societarios? ¿Cómo es que nadie, ni la comisión de auditoría o el resto del consejo, advirtieran contra estas actuaciones tan sospechosas?
Los casos BBVA e Iberdrola ilustran que esta pregunta no es retórica. Es una pregunta púbica, dirigida a todo el IBEX, porque cada vez es más evidente que muchas empresas cayeron en la trampa de una mafia organizada en torno a la búsqueda de secretos inconfesables (públicos y privados) y al comercio chantajista que se organizaba en torno a ellos. ¿Cómo pudieron fiarse de personajes tan abyectos y de prácticas tan despreciables? ¿Cómo cayeron en la tentación de destruir a sus adversarios a través de métodos tan faltos de ética como cercanos al delito del Código Penal?
Siento verdadera tristeza por el grave quebranto que sufren las marcas de dos compañías españolas líderes en el mundo entero en sus respectivos sectores como consecuencia de las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia Nacional. Es penoso que un banco que ha adquirido un enorme prestigio internacional por su expansión y por su apuesta avanzada por la tecnología en el sector financiero esté hoy en boca de todo el mundo por unas actuaciones de su cúpula directiva que, como mínimo, son presuntamente delictivas. Sus competidores en España y en todo el mundo se frotan las manos al observar el enorme daño reputacional producido a su competencia.
En la misma línea, una compañía española que ha hecho los mejores 10 años del sector eléctrico en todo el mundo, que se ha convertido en una de las cinco grandes compañías del mundo en el sector, que ha asombrado al mundo por su valiente apuesta por las renovables y que ha encumbrado a su CEO a los más altos niveles de prestigio internacional, está hoy en el ojo del huracán de unas investigaciones penales por las mismas y presuntas prácticas delictivas.
Dicen los medios que conocen estas investigaciones que la trama corrupta y chantajista afectó a muchas empresas del IBEX 35. Que nombres muy conocidos y firmas muy reputadas estaban en el radar del policía y su empresa porque de una u otra forma, directa o indirectamente, utilizaron sus servicios. Estos rumores deben ser tomados con prudencia, desde luego, pero es muy grave que haya podido ocurrir esto en nuestro país.
Hasta la CNMV se ha visto obligada esta misma semana a lanzar una seria advertencia a los consejeros de las empresas “que deben informar de las irregularidades que les afecten”. La CNMV se muestra especialmente preocupada como entidad supervisora del mercado de valores español porque “este tipo de situaciones pueden comprometer la imagen y reputación de nuestro mercado de valores” y anuncia su decisión de revisar y reforzar las recomendaciones sobre estos aspectos en el Código de Buen Gobierno de las sociedades. La Comisión Nacional de Valores se hace así eco de un conjunto de irregularidades también ligadas a la corrupción que han afectado a firmas españolas en nuestro país y en otros, especialmente en Latinoamérica, que deterioran enormemente la imagen reputacional de las grandes compañías españolas. “Los órganos de gobierno de las empresas deben establecer políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción y demás prácticas irregulares”. El consejo, las comisiones de auditoría, los consejeros independientes y otros consejeros externos están especialmente llamados a extremar el rigor en la vigilancia de estas prácticas y son por tanto el centro de esta nueva apelación a la transparencia.
En el fondo, estas prácticas tiran por tierra mucho del buen trabajo y del enorme esfuerzo que estas mismas compañías realizan para prestigiar sus marcas, porque ponen en evidencia, de manera trágica, que la transparencia, la ética y el bienhacer forman parte esencial de un proyecto empresarial. Algunos han descubierto ahora que la responsabilidad penal afecta también a las compañías.
Hace ya bastante tiempo que sabíamos esto. Que las empresas están en el espejo público del quehacer social. Que son como invernaderos, son de cristal, y todos las miramos, las evaluamos y las criticamos. Hace ya algunos años que venimos advirtiendo que la responsabilidad social de las empresas es integral y que no basta con gastar más o menos en marketing social o en compliance o en publicidad. Que lo importante no es que nos digan qué hacen con los beneficios, sino cómo los obtienen. Que no basta con hacer memorias de RSC -a veces subcontratadas- para aparentar lo que no se es. Que no nos vamos a conformar con informaciones difusas o abstractas sobre ODS o determinadas acciones sociales. No. Queremos que la responsabilidad social forme parte de una estrategia integral de las compañías que incluya la ética en los negocios, la transparencia informativa, la sostenibilidad en todas sus manifestaciones, el diálogo con sus stakeholders, la evaluación de sus impactos…
Qué pena que empresas que hacen y que han hecho cosas buenas en estos planos paguen tan grave y peligrosamente por actuar con tales personajes, con tanta falta de ética empresarial y con tanto riesgo penal. Espero que todos aprendan las poderosas y concluyentes lecciones que se extraen de estos tristes hechos.
Publicado en Diario Responsable. 1/12/2019