El blog de Ramón Jáuregui: abril 2018

25 de abril de 2018

Comisión AFCO.25/04/18. Informe Derecho Investigación PE

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 19 de abril de 1995 (95/167/CE, Euratom, CECA)

Nota de Prensa Comisión Asuntos Constitucionales. 25/04/2018.

Derecho de investigación: los eurodiputados intentan reanudar las conversaciones sobre poderes de investigación más sólidos.

Tras años de estancamiento inter-institucional, los eurodiputados de Asuntos Constitucionales aprobaron una nueva propuesta para reanudar las conversaciones sobre nuevas normas para fortalecer los poderes de investigación del Parlamento.

El texto, en forma de documento no oficial, fue respaldado por la Comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles. Servirá de base para nuevas discusiones políticas entre los diputados al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre una propuesta legislativa para reforzar los poderes de investigación del Parlamento.

El nuevo documento no oficial se basa en la propuesta legislativa original, pero incluye las modificaciones sugeridas por los servicios jurídicos de las tres instituciones de la UE, a fin de avanzar en las conversaciones.

Cita:

"El comité AFCO acordó enviar a la Comisión y al Consejo un borrador de un documento no oficial con miras a abrir negociaciones 'tripartitas' para un acuerdo sobre este importante archivo. El derecho de investigación es una herramienta clave que tienen los parlamentos en la era moderna. El PE necesita y exige esta capacidad / poder parlamentario establecido en el Tratado de Lisboa. Espero que la Comisión y el Consejo aprecien la voluntad de negociación del Parlamento, para que podamos llegar a un acuerdo antes de fin de año ", dijo el ponente Ramón Jáuregui Atondo (S & D, ES).

Próximos pasos

El objetivo de la Comisión de Asuntos Constitucionales es disponer de la nueva reglamentación para el final de esta legislatura, para que esté disponible para el próximo Parlamento Europeo después de las elecciones de 2019.

Más información:

El Parlamento Europeo ha aumentado recientemente su uso de instrumentos de investigación, es decir, comités especiales y de investigación, para investigar el lavado de dinero, la evasión de impuestos o los niveles de emisiones en el sector de la automoción.

En mayo de 2014, el Parlamento adoptó una propuesta legislativa sobre las disposiciones detalladas que rigen el ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo. Mientras que el Parlamento intenta equipar su poder de investigación con instrumentos de investigación apropiados para poder ejercer efectivamente su función de escrutinio, los diputados al Parlamento Europeo hasta ahora no han obtenido el acuerdo necesario del Consejo y la Comisión Europea.

Las otras instituciones de la UE han expresado su preocupación de que la investigación parlamentaria pueda pasar de ser una herramienta política a una herramienta cuasi judicial. En 2014, la Comisión de Asuntos Constitucionales nombró a Ramón Jáuregui Atondo (S & D, ES) para reanudar las negociaciones.

Nota de Prensa original.

Comisión AFCO.25/04/2018 Trilema de la Globalización.

Trilema de la globalización: cómo conciliar la globalización, la democracia y el bienestar: lecciones para la UE.

24 de abril de 2018

¿Cuánto cuesta realmente una camiseta de 3 euros?

Al pensar en la complejidad de la cadena de producción por la que pasa cada prenda hasta llegar a los escaparates, parece difícil creer que hoy compremos un 60% más de artículos que hace tan sólo 15 años. Este aumento del consumo tan solo puede explicarse por un descenso vertiginoso de los precios de las prendas, pero ¿son esos sus precios reales? y, si no lo son ¿quién está pagando el precio real de la ropa con que nos vestimos?

Hoy conmemoramos el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza, en la que hace cinco años murieron 1134 personas en el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh. En la fábrica se producían prendas que serían más tarde vendidas por marcas internacionales en todo el mundo; entre ellas el Corte Inglés, Mango, o Inditex. El desastre supuso para muchos un despertar: sólo ajustando cada céntimo se consiguen los precios -y los beneficios- de una industria como la de la “fast fashion”; y ajustar cada céntimo es un eufemismo que enmascara más horas extra, aguantar unos meses más antes de cambiar una escalera de incendios oxidada, o ahorrar unos días en las jornadas de formación sobre el trabajo con productos químicos peligrosos.

En efecto, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta tras la del petróleo y la que mayor número de niños trabajadores explota. ¿Son todas las empresas de la industria textil culpables de ello? Evidentemente no, pero datos agregados tan escalofriantes no pueden esconder sino verdades incómodas. Y es la responsabilidad de los poderes públicos atajar un problema de cuya solución depende la vida de millones de personas y la confianza de los consumidores europeos que quieren poder comprar artículos con la tranquilidad de que ninguno de ellos ha sido cosido con trabajo esclavo o pagado con sangre.

El año pasado el Parlamento Europeo dio un paso adelante decisivo con la aprobación de una Resolución sobre el sector de la confección (2016/2140(INI)) en que pedía a la Comisión Europea una propuesta legislativa. El Parlamento expresó una posición clara: las iniciativas de empresas que, voluntariamente, deciden actuar de forma más responsable son loables, pero insuficientes. Deben ser complementadas con una iniciativa legislativa que exija a las empresas procedimientos de obligado cumplimiento y que tenga capacidad de establecer responsabilidades para las que no los respeten en una justicia extraterritorial. La comunidad internacional está negociando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra la elaboración de una Norma internacional obligatoria que asegure el cumplimiento de los derechos humanos a través de su protección, su respeto y su reparación en todo el mundo. Esa es también nuestra exigencia.

Ha pasado un año y la Comisión no ha avanzado aún hacia la elaboración de esta legislación, pero muchos eurodiputados seguimos insistiendo en la urgencia de ello. No podemos seguir de brazos cruzados lamentándonos de que “estas sean las reglas del juego en el mundo globalizado”. La globalización es un hecho y es nuestra responsabilidad adaptar la legislación europea e internacional a este nuevo contexto. Es un derecho para los consumidores, que merecen que nadie les haga cómplices de estos hechos; para las pequeñas empresas que quieren reglas claras y una justa competencia para todos; y, sobre todo, para las víctimas, porque otro Rana Plaza no debe repetirse. Porque entre todos tenemos que evitar la explotación y la esclavitud laboral y la vulneración de las normas internaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos humanos.

Lola Sánchez Caldentey y Ramón Jáuregui son eurodiputados y coanfitriones de una exposición de las fotografías de la bangladesí Taslima Akhter que se inaugura este martes, 24 de abril, en el Parlamento Europeo. En ellas se muestra la urgencia de atajar las violaciones de derechos humanos en el sector textil.

Escrito conjuntamente para eldiario.es , 24/04/2018

25 años de la creación de OSALAN

Mensaje para el aniversario de 25 años de la creación de El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan)

22 de abril de 2018

Bottom-up diario responsable.

Diario_responsable nació de abajo-arriba, como la expresión inglesa. Lo creó un periodista relacionado con la RSE, concienciado de esa cultura empresarial y convencido de una misión expansiva de la idea, desde la sociedad civil hacia las compañías. Ese fue Jordi Jaumà.

Nadie pensó hace diez años que diario_responsable fuera a convertirse en el Decano de la prensa promotora o relacionada con la RSE. Nadie sabía siquiera si la RSE seguiría con vida, en la empresa, en las redes, en la realidad, diez años después. Nuestro amigo Jordi no sabía - y los que le acompañamos entonces tampoco - si una revista periódica de RSE podría estar presente todos los días, con información fresca y constante, durante tanto tiempo.

Y sin embargo, ahí está. Diez años después de todas esas incógnitas, diez años después de tantas esperanzas y trabajos, avances y decepciones, conquistas y exigencias en esta larga marcha por la Responsabilidad y la Sostenibilidad de las empresas en un nuevo mundo, diario_responsable se ha convertido en una información imprescindible, en una página virtual llena de vida Responsable y Sostenible, en un amigo indispensable. Enhorabuena Jordi y gracias a él y a sus colaboradores.

Ramón Jáuregui

Publicado en Diario Responsable, 22/04/2018

19 de abril de 2018

La Unión Europea espera un cambio de rumbo en el régimen cubano.

La Unión Europea espera un cambio de rumbo de la política cubana. Así lo ha dejado entrever, en declaraciones en exclusiva a euronews, Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, miembro de la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

https://es.euronews.com/embed/457584 La Unión Europea espera un cambio de rumbo en el régimen cubano | Euronews

18 de abril de 2018

Intervención Pleno 18/04/2018

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales (debate)

17 de abril de 2018

Intervención Pleno. 17/04/2018

Debate con Emmanuel Macron sobre el futuro de Europa. (Pregunta).

11 de abril de 2018

El "procés" en Europa.

Uno de los muros contra los que se ha estrellado con más estrépito el nacionalismo catalán ha sido Europa, a pesar de ser, posiblemente, el terreno que más trabajaron y en el que más confianza depositaron los estrategas del 'procés'. He repasado la hemeroteca europea de los últimos meses y la contundencia y la unanimidad de las reacciones de los líderes de los países miembros y de las instituciones comunitarias son verdaderamente notables.

“Es un asunto español que debe ser gestionado por España” (primer ministro de Holanda, Mark Rutte), “Hay una ley y una Constitución que respetar” (primer ministro de Luxemburgo, Xabier Bettel), “Nadie, tampoco el Gobierno catalán, puede saltarse la ley” (Weber, líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara), “Todos tiene el derecho a expresarse, pero no a ignorar la ley” (vicepresidente de la Comisión Europa, Frans Timmermans), “El nacionalismo es veneno” (Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea), “España es nuestro único interlocutor” (Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo), “El respeto al derecho no es una opción, es una obligación” (presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani).

Se pueden citar muchas más de Macron, Merkel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero no hace falta. Europa se mueve y se moverá en este tema bajo un doble principio jurídico y político. Primero, no corresponde a la Unión intervenir en el derecho interno español. Ese derecho, es decir, el marco del Estado democrático español, no admite censura europea. Se trata de una Constitución plenamente democrática, con un poder judicial independiente, y las resoluciones del Tribunal Supremo y del Constitucional no admiten reproches. Segundo, nadie quiere en Europa que las regiones o las naciones sin Estado europeas se desmembren de los estados europeos. De hacerlo, el fenómeno sería seguramente imitado y no es posible una Europa a 50 o 60 estados. Por tanto, si una región se independiza, no entrará en la Unión, porque alguien lo vetará y con eso basta.

Hasta aquí las posiciones políticas de los gobiernos europeos respecto a la pretensión independentista del 'procés'. Sin embargo, no conviene despreciar losdaños que está sufriendo España en el ámbito de su imagen y de su política internacional, y tampoco sería prudente desconocer los riesgos jurídicos que tienen las distintas resoluciones de los tribunales europeos (Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza) en respuesta a la euroorden.

En el primer plano hay que situar las imágenes del 1 de octubre. Soy de los que se han sentido orgullosos en las esferas internacionales en las que me muevo de la democracia española, de los valores y derechos que configuran la sociedad española, de nuestra evolución desde la transición y de nuestro Estado de derecho. Pero les confieso que no pude explicar las anomalías de aquel domingo. Muchos nos compararon con Turquía y sentí pena.

En parecidas circunstancias nos encontramos de nuevo con el encarcelamiento de tantos dirigentes nacionalistas. Con todo respeto a las decisiones judiciales, la prisión provisional me parece excesiva y cuesta explicar a los diputados italianos, ingleses, alemanes o suecos que los posibles delitos de los líderes independentistas exijan medidas tan severas. Ellos no conocen, en general, la gravedad de lo ocurrido y perciben solo los rasgos externos de un conflicto político para el que —un poco ingenuamente— piden dialogo. Como acaba de hacer el popular alemán Elmar Brok.

Nos guste o no, España está sufriendo un serio desgaste en su imagen democrática y nuestras relaciones bilaterales con el resto del mundo sufren el peaje de una solidaridad con costes: ya sea en la negociación del Brexit con el Reino Unido o en los diferentes 'rapports' de la UE, la posición española se debilita al reclamar apoyos políticos que casi nunca son gratis.

Cuesta explicar a los diputados ingleses, alemanes o suecos que los posibles delitos de los líderes independentistas exijan medidas tan severas

El otro plano está resultando incluso peor. La estrategia judicial del Tribunal Supremo no fue prudente a partir del momento de la fuga de los dirigentes nacionalistas que trasladaban a los tribunales europeos el análisis del caso. El Gobierno tiene también responsabilidades. En base al principio acusatorio, si el fiscal no hubiera calificado los hechos como rebelión, el juez tampoco lo habría podido hacer. La sentencia de la Audiencia de Alemania no cumple las previsiones y el espíritu de la euroorden. Pero era previsible. Creer que en este asunto tan mediático y con tantas presiones los tribunales europeos se iban a limitar a examinar procedimentalmente la euroorden era una ingenuidad.

En cualquier caso, urge una reconducción de la estrategia judicial en Europa. Primero planteando en la Unión, y quizá también en la Corte de Luxemburgo, si la euroorden puede ejecutarse con este tipo de resoluciones. Segundo, revisando la tipificación penal de las conductas producidas por los dirigentes nacionalistas.

No olvidemos que Europa está con España en el fondo del asunto, y no perdamos de vista que es en Europa, el espacio institucional, en el que se desarrolla una parte importante de esta batalla. Los nacionalistas saben que la pretensión independentista se estrelló con la ley, con la economía y con la fractura por la mitad de su población. Cualquiera de estos obstáculos por si solo es suficiente para frustrar su proyecto. Pero en Europa nos jugamos mucho y es necesario reconducir jurídicamente el enjuiciamiento de las conductas delictivas producidas para poder obtener una mejor comprensión europea de nuestros tribunales y de nuestra democracia.

Publicado para El Confidencial, 11/04/2018

Precisiones europeas al lehendakari.

Insistía el lehendakari en su discurso en el Aberri Eguna en pedir a la Unión Europea «que ofrezca un cauce de solución a las realidades nacionales sin Estado para que puedan consultar a la ciudadanía en un referéndum legal y pactado» y al respecto reclamaba a la UE impulsar una «directiva de claridad». La cuestión no merecería más comentario si solo se tratara de una frase de mitin, en un día tan señalado además, como lo es el Domingo de Pascua en el calendario nacionalista. Pero esa y otras consideraciones de marcado perfil peneuvista han sido plasmadas en un documento que el lehendakari ha enviado al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, se supone que en nombre del gobierno que preside. El PSE-EE ya ha mostrado sus discrepancias. Como eurodiputado me gustaría hacer las mías.

La primera precisión es competencial. Los tratados europeos son muy respetuosos de la subsidiariedad, es decir, de no atribuir a la UE lo que corresponde a las instancias territoriales: Estado, comunidades o regiones y ciudades. Curiosamente, el documento del PNV está impregnado de este principio atribuyendo, en parte, la crisis europea a la lejanía de la Unión y a la falta de participación de «regiones constitucionales» (sic) en los procesos de decisión europeos. Pues bien, respetando ese principio y esa filosofía, la Unión Europea no puede entrometerse en el Derecho interno de los Estados y alterar nada más y nada menos que el marco constitucional de sus miembros. La UE no tomará en consideración semejante vulneración al reparto competencial de sus funciones. Ningún Estado de la Unión lo aceparía.

Por otra parte, la reforma de los Tratados en el sentido de aceptar como nuevos Estados miembros a aquellas regiones europeas (o naciones sin Estado como las llaman los nacionalistas) que hayan decidido independizarse en una consulta de autodeterminación, destruye uno de los pilares de la construcción europea, puesto que esta se construyó sobre la base del acuerdo de los Estados en el Consejo, es decir, el principio intergubernamental. Ningún Estado aceptará ser privado de su capacidad de decisión en asuntos tan importantes como son la entrada o la salida del club y la composición del mismo. El automatismo de la autodeterminación y la integración en la Unión Europea no lo aceptaría nadie.

Pero más allá de las insuperables dificultades jurídicas expuestas, en la UE, políticamente hablando, no hay ninguna simpatía por los movimientos separatistas y autodeterministas de sus regiones o comunidades nacionales. Nadie quiere reactivar los volcanes identitarios de una Europa llena de pueblos con historia o de comunidades nacionales sin Estado. La desaparición del Imperio austro-húngaro desparramó minorías nacionales en los países vecinos. Gran parte del nacionalismo-populismo de Orban en Hungría se basa en sus reivindicaciones lingüísticas y nacionales para sus minorías, lo que origina graves problemas de convivencia en otros países de la Unión, como Rumania, República Checa, etc. Italia, un siglo después de su unión nacional, muestra fracturas norte-sur gravísimas. Hay regiones como el Trentino-Alto Adagio tan austriacas como italianas. Escocia, Córcega, Flandes, las regiones ultraperifericas, ciudades-Estado alemanas, nuestras nacionalidades, son volcanes en riesgo de erupción. Incorporar a la Unión ese artilugio político que es la autodeterminación es encender esos volcanes para destruir lo que tanto nos ha costado construir. Nadie lo quiere y nadie lo hará. Balcanizar Europa no es la opción de Europa.

Por último, una llamada al realismo de la Europa de hoy. Estamos viviendo una policrisis casi existencial. El fracaso ante el tema migratorio; una vecindad conflictiva con Rusia que nadie sabe cómo ni cuándo acabará; una negociación con el Reino Unido para el ‘Brexit’ de consecuencias extraordinarias; una reformulación de la gobernanza del euro llena de complejidades y de contradicciones; un Pilar Social por desarrollar. Estamos combatiendo a Donald Trump y a su proteccionismo comercial, batallando contra los paraísos fiscales, haciendo la Unión Energética, la Agenda Digital, parando la ampliación a los países de los Balcanes, que llaman a nuestra puerta, frenando el populismo antieuropeo de naciones como Polonia y Hungría. En definitiva, estamos construyendo una Europa del siglo XXI y nuestros nacionalistas nos proponen introducir un artefacto jurídico en los Tratados para implosionar la Unión desde dentro y destruirla para siempre. Así de sencillo y así de brutal.

Es evidente que se trata de una propuesta muerta, nacida más para el consumo interno que para su consideración seria, pero eso no impide que debamos ser abiertamente hostiles a sus fundamentos, desde un europeísmo que exige a nuestros nacionalismos una reformulación de su proyecto en la Europa de hoy.

Publicado en EL Correo, 11/04/2018