Leída con detenimiento, la propuesta del PNV sobre un nuevo estatus para Euskadi no resulta tan moderada, como ha sido calificada por la mayoría de columnistas y editoriales. Tiene, eso sí, concesiones estratégicas que merecen una valoración positiva, pero el modelo de país que propone y la relación que plantea a España y al marco jurídico-político del Estado, resultará muy difícil, por no decir imposible, de ser aceptado por una Constitución renovada.
Vayamos por partes. El PNV ofrece tres plataformas pragmáticas que conviene destacar. Primera: renuncian de manera clara y terminante a liderar un proyecto independentista a través de una acumulación de fuerzas nacionalistas para intentar materializarlo de manera unilateral. Dicho de manera más sencilla, rechazan la vía catalana de estos últimos años y, en consecuencia, es de suponer que rechazarán también la colaboración con Bildu en ese camino que el reaparecido Otegi parece querer recorrer. En esto, a la prudencia jeltzale se añade un inteligente cálculo que ve en la experiencia catalana, no solo el fracaso de dicha vía, sino, además, el peligro de ser superado (‘sorpasso’ nacionalista lo podríamos llamar) por su eterno rival.
Segunda: el PNV reconoce la pluralidad vasca y sobre ese factor de racionalidad sociológica construye un proceso que parte del consenso como base de elaboración del nuevo estatus. Hay aquí, en principio, un significativo giro sobre otros proyectos nacionalistas de triste recuerdo, al establecer la exigencia del acuerdo entre la pluralidad identitaria vasca como requisito previo a la reforma. Muy diferente pues de aquella mayoría nacionalista obtenida con el apoyo de la violencia e impuesta abierta y agresivamente a las otras expresiones sociopolíticas del país hace algo más de 10 años. Tercera: el PNV opera sobre la legalidad. Es decir, propone una reforma del Estatuto que nace en Euskadi, se negocia con Madrid y se ratifica por referéndum vasco (en teoría, igual que la reforma del Estatuto de Gernika).
¿Dónde están pues los problemas de la propuesta del PNV? Para empezar, el proyecto de país se sustenta en el mítico imaginario nacionalista. El razonamiento es el siguiente: «Somos un solo pueblo, tan viejo como los tiempos, radicado en dos Estados, Francia y España, y en tres ámbitos jurídicos diferentes (incluyendo la Comunidad Foral navarra). A ese pueblo vasco le corresponden derechos colectivos propios para su unificación, como nación o Estado en el futuro». Esta retórica milenarista resulta incompatible con la realidad, con el derecho internacional y con los ordenamientos jurídicos actuales, especialmente si se pretende sustentar en ese pueblo un sujeto político con derechos decisorios. Que respetemos la concepción sabiniana de pueblo vasco no equivale a que aceptemos esa formulación política para el futuro de Euskadi. Somos muchos los vascos que no estamos pensando en ese futuro Estado vasco, quimérico, inviable e imposible en la Europa de la globalización. Es más, somos mayoría los vascos conformes con el estatus autonómico actual.
Tampoco compartimos la mayoría de los ciudadanos vascos esa visión catastrofista y minimalista que hace el PNV del Estatuto de Gernika. Muy al contrario, el eterno debate sobre su desarrollo ofrece ya una visión consensuada en el país sobre una realidad incuestionable: a) nunca, en ningún momento de nuestra historia, tuvimos tanto autogobierno; b) nadie tiene más que nosotros; y c) jamás gozamos de una situación financiera tan ventajosa como la que nos ofrece el Concierto Económico vasco. No compartimos por eso una reforma estatutaria en gran parte pensada para dotar de estructuras de Estado al sistema actual (por ejemplo con una Seguridad Social propia) y con una exclusividad competencial incompatible en muchos casos con un Estado mínimamente ordenado. Será también un obstáculo insalvable pretender para Euskadi una especie de Estado asociado a España en base a la bilateralidad constitucional que, a su vez, implica reconocer el derecho de decisión de Euskadi en la Constitución española. En esto, el nuevo estatus nacionalista bebe de las fuentes del ‘plan Ibarretxe’ y propone a España un modelo confederal que ningún partido estatal aceptará. Recuperar el histórico ‘pase foral’ del antiguo régimen sobre la base de la aceptación de dos soberanías iguales, la vasca y la española, fractura la organización política del Estado. No hay ningún país en el mundo que funcione sobre esa anomalía, diseñada en el fondo para hacer posible la independencia poco a poco.
Por último, no es tampoco menor el problema que planteará la celebración de un referéndum en el País Vasco antes de enviar la reforma del Estatuto al Congreso. Democráticamente no es fácil cuestionar ese paso, pero la consecuencia es la imposibilidad de negociar después la constitucionalidad de la propuesta. Porque, ¿quién será capaz de modificar o reducir o cuestionar siquiera un texto avalado previamente por la ciudadanía vasca? Anular así la preceptiva negociación en el poder legislativo del Estado de una reforma estatutaria impone de facto la soberanía vasca a la del conjunto del Estado al que pertenecemos. Se supone que para llevar a cabo todo este proceso hará falta previamente cambiar la Constitución española y ahí el PNV es muy claro. Solo le interesa de esa reforma el reconocimiento de la soberanía propia del ‘pueblo vasco’ y, en consecuencia, el reconocimiento de su derecho a decidir. Sin eso, la Constitución española no le interesa al PNV. ¿Creen ustedes que es este un proyecto moderado?
Publicado en el Correo, 27/03/2016