Fórum Europa Tribuna Euskadi con José Antonio Pastor.

Presentación de la Conferencia de José Antonio Pastor en Fórum Europa Tribuna Euskadi.

30 Septiembre 2013. Hotel Ercilla. Bilbao.

Primero un nuevo acuerdo, después, la consulta.

A Cataluña, con respeto y con afecto.

Me sumo a las  terceras vías Me sumo a los que piensan que las dos estrategias que tenemos sobre la mesa, conducen al desastre: la consulta a la independencia y el rechazo al enconamiento y a la retroalimentación victimista de los extremos del péndulo antiespañol y anti catalán. Un horror. Pero digo, con intención, terceras vías, porque en ese espacio un poco ambiguo y poco conocido, se esconden fórmulas o estrategias diferentes, que conviene clarificar.

Vayamos por partes. ¿Por qué no es posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica jurídica  aplastante: Porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que extenderla a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora, que le condene a su demolición. ¿Hace falta más? No,no es posible un proceso de esa naturaleza en la España europea de hoy. ¿Son posibles otro tipo de consultas? Sí, claramente, sí. El Parlamento español puede aprobar otro tipo de consultas, pero todos sabemos que, a estas alturas del camino, no se trata de trasladar al pueblo de Cataluña una o varias preguntas disimuladas o sugerentes de negociaciones futuras. Seamos serios, eso no lo aceptarían, ni lo demandarán así, las fuerzas políticas catalanas que apoyan el famoso Derecho a Decidir.

Partimos pues, de esta doble hipótesis. Primera: La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un Sí o un No a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, incluso los que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que apoyarla, para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas españolistas. Segunda: Es más que probable que ni el Gobierno ni el Parlamento del Estado acepten, aprueben y permitan la celebración de esa consulta. Conclusión: No hay espacios intermedios ni terceras vías  ni en el debate, ni en las estrategias sobre el Derecho a Decidir.

¿Cuál es para mí la tercera vía? Es aquella que parte de reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su status económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc. etc.

¿Cuál es en concreto nuestra propuesta? Abordemos de inmediato una negociación de todos estos problemas. Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este período de nuestra democracia pero, que necesita una modernización, importante, y una renovación de su legitimación social sustentada en un hecho incontrovertible: los menores de 53 años no pudieron votarla. También para mejorar nuestro modelo territorial avanzando en claves federales, para mejorar el autogobierno y el funcionamiento del Estado.

Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006, no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una Nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos.

El final de esta Legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.

El Derecho a Decidir cobra así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a todos los españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente.

¿Cuáles son las diferencias de estos Derechos de Decisión que se ofrecen en esta propuesta? Primero: que lo que votan los catalanes no es una opción extrema del problema (Independencia Cataluña-Sumisión a España), sino una formulación integral, medida, razonada que excluye los perfiles radicales del problema y responde a la centralidad identitaria de Cataluña. Segundo: Que ofrece al elector catalán los resultados de una negociación que la consulta autodeterminista omite. Por eso también nos oponemos a ella quienes creemos que la democracia exige dar al ciudadano una información veraz y objetiva de las consecuencias de sus decisiones. Una consulta aquí y ahora oculta los impredecibles efectos de una negociación con España y con Europa, de consecuencias incalculables para los ciudadanos de Cataluña. Tercero: Un proceso de decisión refrendataria Como el que propongo se asienta en la ley y en la estabilidad porque, ¿quién garantiza que en los meses siguientes de la consulta autodeterminista, una parte del electorado independentista, o del que se ha abstenido, no milite abiertamente en la tesis del pacto con España?

El llamado Derecho a Decidir, si Cataluña se va o se queda, esconde una grave distorsión democrática porque no permite decidir -de verdad- las enormes consecuencias de una decisión apriorística. Por eso, el Derecho a Decidir debe ser refrendatario de lo que la política, los partidos y las instituciones, negocien y acuerden. De lo contrario no es solo ilegal, es desestabilizador porque no acaba nunca, rompe la comunidad en extremos identitarios y oculta al ciudadano la complejidad de las opciones en juego y de sus consecuencias.

¿Quiere todo esto decir que un proyecto independentista no puede materializarse nunca? ¿Estamos negando, con este razonamiento, viabilidad jurídica a una aspiración democrática? Planteo en abierto estas preguntas porque quiero ser honrado con mis argumentos y porque me constan esas inquietantes preguntas en el interlocutor nacionalista de este debate. Mi respuesta -personalísima- es que, en todo caso, un proyecto independentista no puede materializarse de manera tan traumática, coyuntural y tramposa. De un día para otro, en plena crisis económica, que ha puesto el descontento de los recortes al servicio de una campaña sectaria, maniquea y antiespañola, sin explicar objetivamente las consecuencias de una ruptura tan grave, en un clima de exaltación sentimental, hábilmente manipulado en contra de nuestra historia común. No, así, no. Pero, siempre he creído, mayorías muy sólidas, ampliamente mayoritarias, socialmente muy vertebradas, instaladas en todo el territorio, reiteradas de manera sucesiva, pacíficamente expresadas y adecuadamente negociadas, deben tener siempre, acomodo y respaldo en el ordenamiento jurídico-político de un país. Eso es decidir. Eso es democracia y ley.

Publicado en La Vanguardia, 30/09/2013

                                                                    

Deciamos ayer.

Al razonar a periodistas y amigos las bondades del Acuerdo suscrito entre PNV y PSE-EE, me venían ideas y argumentos y hasta palabras, que han formado parte de mi discurso político desde hace muchos años y al que he sido fiel toda mi vida. A nadie puede sorprender pues, que me identifique tanto y tan orgullosamente con este acuerdo. De hecho, mucho de lo que hoy expreso, lo he venido diciendo desde aquel lejano marzo de 1987 en que se firmó el primer Pacto entre nacionalistas y socialistas vascos y que dio lugar al primer gobierno de una coalición que gobernó Euskadi durante 12 años y que dirigió todos esos años la política y las instituciones vascas.
 

Decíamos ayer, que aquel Pacto iba a cambiar la lucha contra el terrorismo ¡y vaya si lo cambió!, con el Pacto de Ajuria Enea y el liderazgo de Ardanza y el PNV, de una sociedad vasca movilizada contra ETA. Tan es así que, en mi opinión, aquél fue el gran punto de inflexión que dio lugar a un escenario de superación de la violencia, que nunca se habría producido de otra manera. En la larga perspectiva histórica de tantos años de dolor, sinceramente creo que el Pacto de Ajuria Enea del año 88 y los acuerdos contra el terrorismo del PSOE y el PP de 2000, resultaron fundamentales en la victoria de la democracia contra el terror.

Decíamos ayer, que la estabilidad política y los gobiernos fuertes, con amplia mayoría de apoyo parlamentario, eran condiciones necesarias para superar la crisis. Y lo decíamos, porque la Euskadi del 87 estaba reconstruyendo su tejido económico después de una durísima reconversión  industrial, que ocupó buena parte de la década de los 80.

Decíamos ayer, que la Euskadi plural, la que se expresa en un abanico identitario y cultural tan amplio, solo podría vertebrarse desde la conjunción de nacionalistas y autonomistas y que esa alianza reflejaba mejor que nada las tradiciones históricas y políticas del nacionalismo democrático y del socialismo vasco, juntos ya en el primer gobierno vasco de la República y unidos después, en la dictadura y en la clandestinidad.
 

Decíamos ayer que excluir la tentación radical  del nacionalismo independentista y del frentismo anti nacionalista, era necesario y bueno para construir una convivencia de reconocimiento y respeto mutuo en un país en el que banderas, lenguas, sentimientos, aspiraciones políticas y hasta tradiciones, podrían separarnos y enfrentarnos en los espacios más íntimos de nuestra vida, desde la familia hasta la cuadrilla, desde el trabajo, a la comunidad vecinal.

Durante 12 años, nada fáciles por cierto (1987-1998), PNV y PSE-EE, hicimos, mal que bien, todo esto y muchas más cosas. La Euskadi moderna, la que ha renovado sus infraestructuras y sus municipios, Osakidetza, la escuela vasca y la I+D+i, el nuevo Bilbao, la diversificación industrial y mil cosas más, se planificaron y se iniciaron entonces. Sin ninguna exageración y con legítimo orgullo, afirmo que aquellos años fueron muy buenos para el país y creo que los vascos guardan un buen recuerdo de ellos.

Hoy asistimos a un acuerdo que no conforma una coalición de gobierno. Ni siquiera un pacto de legislatura -aunque se parece bastante- entre los mismos protagonistas. Por cierto, un pacto en el que no hay reparto de poder, en el que no hay sillones ni salidas personales o políticas para nadie como, demasiadas veces, se han interpretado simplificadamente los pactos políticos en otras ocasiones. No, aquí hay un acuerdo político puro sin compensaciones personales o partidarias porque es, una vez más, un acuerdo de país. 
No encuentro mejores argumentos que los que tuvimos entonces, los que decíamos ayer, para defenderlo y elogiarlo. Salvadas las distancias de tiempo y de contexto, creo que las dos fuerzas políticas, centro de la pluralidad identitaria y de la moderación ideológica, han hecho lo mejor para el país. Lo más necesario y lo más urgente: dar estabilidad al gobierno, asegurar un proyecto económico y social para los próximos años y proponer al país un camino cierto y ordenado de combate a la crisis y de apoyo social a quienes lo sufren.

Hoy asistimos a una definición estratégica de la política vasca para los próximos años en torno a dos partidos llamados a configurar mayorías institucionales sólidas, evitando las tentaciones frentistas que vivimos a partir del Pacto de Estella (1998) y que en la actual composición política vasca, habría significado una alianza con Bildu, de consecuencias impredecibles.

Hoy asistimos a un acuerdo que pone también las bases de una modernización institucional del país, de una racionalización de nuestro pesado entramado institucional y de una ordenación y coordinación fiscal, que no puede esperar más y para la que, por cierto, sería conveniente contar con los otros dos partidos del arco parlamentario vasco.

Quizás al acuerdo PNV- PSE-EE, le falte una mayor  aproximación en la política post-ETA. Ha sido curioso que, en los mismos días en que se anunciaba el acuerdo, ambos partidos escenificaban sus diferencias en relación con la mesa de la pacificación del Parlamento Vasco. Éste es un tema importante de nuestra agenda política y, aunque lo fundamental -la paz- la hemos ganado y parece irreversible, el trabajo de reconstrucción sobre una historia tan trágica, con tantas heridas, incluso con tan crecientes tentaciones de olvido y, en fin, con tantas y tan delicadas tareas pendientes, es demasiado grave y difícil como para hacerlo solos o separados. Aquí, como siempre, la unidad de todos es fundamental.
(El Correo, 17 /09/ 2013)

Educación, laicidad y acuerdos con el Vaticano.

Jornada celebrada en la sede de PSOE, en Ferraz, el jueves 19 Septiembre 2013. 

Presentador: Rafael Simancas. Secretario de Formación CEF-PSOE 
Introductor y moderador: Ramón Jáuregui.Coordinador Conferencia Política PSOE 
Ponentes: Aurora Ruiz. Colectivo Lorenzo Luzuriaga. 
Carlos García de Andoin. Cristianos Socialistas. 
Guillermo Meijón. Grupo Parlamentario Socialista. 
Javier Fernández Vallina. Universidad Complutense de Madrid.

Entrevista La noche 24h 17/09/2013

Enlace a la entrevista  aqui.

Intervención Parlamentaria Pleno 17/09/2013

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.

Asunto: Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de medidas contra la corrupción política y por la regeneración democrática. ( Núm.Exp. 122/000026 )

Orador: Jáuregui Atondo, Ramón (GS)

Entrevista Hora25 13/09/2013

Contra la corrupción.

La política española está bloqueada en el peor momento de su historia democrática

No podemos esperar más. Un paquete de reformas legales profundas, severas, urgentes, actualizadas, deben ser aprobadas en las Cortes en el combate contra la más dañina de nuestras termitas antidemocráticas: la corrupción. Todos coincidimos en que, entre las causas de la desafección ciudadana con la política y con los partidos, la peor sin duda, la más corrosiva, es la corrupción.

Instituciones, partidos políticos, representantes públicos, estamos siendo arrastrados al barro del desprecio ciudadano por una serie de escándalos que, en plena crisis, en el fragor del desempleo, los recortes, los sacrificios, resultan más insoportables todavía, alimentando una preocupante deriva antipolítica y, en consecuencia, antidemocrática, en un país cuya historia y tradición cultural son extraordinariamente sensibles a este tema.

Llevamos meses asistiendo a este peligroso clima sin que hasta la fecha el sistema político, es decir, el arco parlamentario, haya actuado de manera inmediata y contundente. En el debate del estado de la nación en febrero de este año, se aprobaron una serie de resoluciones, mandatos que todavía no se han materializado. A veces, la política es desesperadamente lenta y el Parlamento, más todavía. Para colmo, en el camino se ha interpuesto la causa Gürtel-Bárcenas, que ha roto cualquier expectativa de acuerdo con el Gobierno en una materia en la que la ejemplaridad es condición necesaria de credibilidad. Puestas así las cosas, resulta imprescindible tomar iniciativas. La nuestra es muy clara: crear una subcomisión parlamentaria, poner sobre la mesa las propuestas de todos los grupos políticos, llevar a la sociedad a ese debate parlamentario, acordar las reformas legales y presentarlas a aprobación de las Cortes como proposiciones de ley, suscritas por la mayoría o todos los partidos de la Cámara. En consecuencia, aprobarlas y ponerlas en marcha en los primeros meses del año 2014.

El Gobierno ha anunciado que presentará sus proyectos de ley a la vuelta del verano. Bienvenidos sean, pero las iniciativas de reformas legales contra la corrupción ya han sido presentadas también por los partidos políticos de la Cámara. Además, reformas que afectan al funcionamiento de nuestras instituciones: Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Código Penal, partidos políticos, etcétera, no deben ser aprobados a iniciativa de un Gobierno o de un partido, sino promovidas por el conjunto de ellos mediante proposiciones de ley. Lo mismo cabe decir respecto a leyes que afectan a ámbitos competenciales compartidos con CC AA y Ayuntamientos, como son la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Bases de Régimen Local. Por otra parte, no está el Gobierno en condiciones de liderar estas reformas. Su actitud en el caso Gürtel-Bárcenas le inhabilita para liderar esta iniciativa reformista. Su mayoría parlamentaria ya no es mayoría social y, mucho menos, en este tema. Por otra parte, una tramitación parlamentaria consensuada desde su origen puede dar un amplio juego a la participación ciudadana, en un debate en el que debemos escuchar en sede parlamentaria las múltiples voces que desde la universidad y el asociacionismo cívico se vienen manifestando y al tiempo tener en cuenta el amplio abanico propositivo anticorrupción que esos mismos foros han realizado.

Con un método como el que proponemos conseguiríamos, además, dos cosas importantes: por una parte, pondríamos el foco del debate en el Parlamento, en las propuestas, en las soluciones, en vez de estar pendientes de las portadas periodísticas o de las tertulias. Recuperar la iniciativa, devolver a las instituciones, especialmente al Parlamento, su papel principal en estos temas y colocar a los partidos políticos ante su principal responsabilidad es capital en estos momentos y en este tema. Por otra, además de una respuesta consensuada y urgente del sistema político a la corrupción en España, lo que conseguiríamos con este procedimiento es superar el bloqueo político que sufre actualmente la política española. Desgraciadamente, este asunto es como una pared que se ha intercalado en las relaciones parlamentarias desde febrero de este año, cuando este periódico publicó los papeles de Bárcenas. A un lado, todos los partidos de la oposición exigiendo responsabilidades al presidente y a su partido y al otro, su grupo parlamentario empeñado en negar las evidencias, cerrado al debate y a las iniciativas parlamentarias y defendiendo una mayoría absoluta que ha dejado de ser mayoría social. La política española está bloqueada en el peor momento de su historia democrática y este es el único camino para avanzar.

Las reformas en nuestra democracia no deben parar ahí. Ha llegado el momento de sacudir nuestro entramado institucional-democrático para hacer frente a la desafección democrática y antipolítica. Son reformas más complejas y más controvertidas: la ley electoral, el sistema parlamentario, la participación ciudadana, la sociedad de la información y su impacto en la democracia, etcétera. Son tareas pendientes para una segunda reflexión en la segunda parte de esta legislatura. Pero antes, ahora mismo, debemos ofrecer al país, todos juntos, sin protagonismos partidistas, sin oportunismos, sin más tiempo que perder, una respuesta común, integral, resolutiva, definitiva, contra este tumor mortal que es la corrupción, que en un país como el nuestro puede destruir las bases de nuestra convivencia y de nuestro progreso.

Publicado en El País, 4/09/2013

Tiempo de descuento.

Para que se recuperen las posibilidades de grandes acuerdos el PP y el presidente del Gobierno deben ofrecer al país otra respuesta y asumir responsabilidades.

El desenlace de la comparecencia del presidente Rajoy en el Pleno del primero de agosto deja la política española sometida a un bloqueo que parece irresoluble a medio plazo. El PSOE ha formalizado la exigencia de dimisión del presidente y éste ha dicho que no lo hará. Las relaciones entre el Gobierno y oposición se han roto. Las posibilidades de grandes acuerdos para sacar al país de la crisis han desparecido. Lo peor, es que todo esto ocurre en uno de los peores momentos de España, si no el peor desde 1978.

Nuestra crisis económica y de empleo tiene retos pendientes que exigirán esfuerzos colectivos de alta intensidad y durante bastantes años. El problema de Cataluña y su proyecto independentista requerirán política de altísimo nivel y la renovación de viejos y delicados consensos. La crisis democrática española y la desafección ciudadana con la política y los partidos, reclamarán impulsos de regeneración que abarcarán a casi todas las instituciones y que deberían contar con los máximos apoyos en el arco parlamentario. Y la pregunta que surge de inmediato, es cómo y quién hace todo esto, en este escenario diabólico que se ha creado con el escándalo Gürtel/ Bárcenas. ¿Puede seguir España bajo estos parámetros, todo el resto de la legislatura? ¿Puede gobernar Rajoy todos estos retos en su situación?

Rajoy no dimitirá si la investigación judicial no depara novedades. Puede resistir amarrado a una versión que culpa a una sólo persona, – su tesorero– de todos los múltiples delitos que se investigan. Como si fuese creíble que durante más de veinte años la financiación irregular de un partido, la evasión del dinero a paraísos fiscales y a cuentas opacas, los pagos masivos y continuos de sobresueldos, etc., pudieran haber sido solo cosa de, un tesorero infiel. Quizás resista, amparado en los tiempos judiciales, en la prescripción penal o en pactos secretos con los imputados que le salven de mayores implicaciones judiciales. Pero su deslegitimación personal, su debilidad política y las dudas internas de su partido, le perseguirán quiera o no hasta el final de la legislatura.

Su mayoría absoluta, hace ya tiempo que no es mayoría social y el temor a una derrota electoral futura atenuará sus afanes reformistas. Será pues un final de legislatura devaluado, sin pulso, sin acuerdos, bajo un clima político tenso y sometido a las pulsiones informativas de tribunales y portadas periodísticas. Desgraciadamente, no es lo que España necesita. De la gravísima crisis económica y social y el paro masivo, no nos sacarán unos pocos indicios de recuperación veraniega. El conflicto catalán se agravará después de la próxima Diada y el descredito institucional, la desafección política y la desvertebración social españolas, se acentuarán en ese clima.

¿Qué responsabilidad tenemos quienes ejercemos la oposición en este estado cosas y en este escenario pesimista? Mucho me temo que nuestros deseos de otro clima político, incluso de pactos políticos en los grandes temas (regeneración democrática, política autonómica, reforma constitucional, Europa, pacto de rentas, etc.) no puedan hacerse realidad.

Para que se recuperen esas posibilidades el PP y el presidente del Gobierno deben ofrecer al país otra respuesta y asumir las responsabilidades. Decir la verdad, ofrecer una versión creíble y congruente con lo que ya está verificado en la investigación judicial, establecer responsabilidades personales y políticas, desbloquear el Parlamento a las iniciativas de la oposición y aceptar una investigación política en sede parlamentaria y cambiar las leyes necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Mientras no se abra este camino, la política española estará bloqueada, atravesada por este conflicto principal, colapsada por un tumor cuya terapia es una intervención quirúrgica que el partido del Gobierno se niega a aceptar hoy. ¿Deberíamos actuar de otra manera? ¿Suavizar quizás, nuestras críticas y evitar el drama de la dimisión o de la ruptura de acuerdos con el presidente y su Gobierno? Honradamente, no podíamos ni podemos hacerlo. Incumpliríamos gravemente nuestra responsabilidad política como expresión de la oposición parlamentaria y como representantes de una ciudadanía indignada. Seriamos identificados injustamente con el PP y los graves delitos que se investigan como si tuviéramos parecidas responsabilidades en nuestra actuación partidaria. Haríamos un grave daño a las instituciones democráticas – especialmente al Parlamento– deteriorando, aún más, el descredito que ya sufren.

No es un argumento, lo reconozco, pero no dejo de pensar en lo que estaría haciendo el PP si el escandalo se hubiera producido en nuestras filas. Recordando las campañas del PP contra Felipe González y Rodriguez Zapatero, la tecnología de la comunicación empleada, los apoyos mediáticos recibidos y la falta de escrúpulos utilizados aquellos años, me reafirmo en que estamos haciendo lo mínimo que debemos hacer. Mirar para otro lado, atenuar la importancia y la gravedad de los hechos, o simplemente obviar las responsabilidades políticas de estos hechos fuera de la esfera del presidente del Gobierno y presidente del PP hubiera sido un enjuague injustificable e imperdonable. ¿Qué queda entonces? Queda un país con un sistema político bloqueado, un Gobierno desautorizado y deslegitimado, sin fuerza, amenazado, débil, temeroso ante una segunda parte de Legislatura que cada vez se va a parecer más a esos partidos en los que no se juega nada. Tiempo de descuento, se dice en el argot deportivo y también político. Es demasiado tiempo para nada. Es demasiado grave para como estamos.

Publicado en Diario Vasco, 1/09/2013