La historia es conocida. La madre de un menor
condenado en el caso “Marta del Castillo”, comparece en un programa de TV para
someterse a las preguntas de los tertulianos, a cambio de dinero. Su simple
aparición y supongo que sus declaraciones, generan general indignación popular.
Un bloguero promueve en las redes sociales un boicot al programa de esa
Televisión y a las empresas anunciantes en él. En quince días, los contratos de
publicidad del programa se anulan y “La Noria”, se cae de la
parrilla.
La Televisión, gravemente perjudicada por la brusca
desaparición de un programa con millones de telespectadores y alta publicidad,
persigue judicialmente al bloguero al que acusa de coacciones y amenazas a las
empresas que se anunciaban en el programa. La “amenaza” del bloguero, era
extender por las redes sociales su criterio de que debían boicotearse en el
consumo los productos de dichas empresas. Afortunadamente, por lo que yo sé, la
Televisión y el bloguero han resuelto amistosamente su querella, de lo cual me
alegro infinito. Pero, me pregunto, ¿fue la acción del bloguero
ilegal?
Estoy seguro de que ningún tribunal de un país
democrático podría condenar al bloguero por lo que hizo. Es más, sostengo que
ejerció un Derecho de Libertad de expresión inviolable y defiendo, que las redes
sociales y toda la sociedad de la información que se está gestando con Internet,
tienen que ponerse al servicio de una ciudadanía con Derecho a premiar o
castigar a las marcas y a los logos comerciales, en función del comportamiento
de sus empresas.
Esto no era posible antes de Internet porque la
sociedad no podía ser convocada a acciones colectivas, salvo en espacios
pequeños y al llamamiento de las organizaciones clásicas: Sindicatos, Partidos,
Instituciones, medios de comunicación, etc. Pero en la nueva Sociedad de la
Información, los ciudadanos son poderosos y la red permite convocar,
sensibilizar, denunciar…y también provocar un boicot. ¿Por qué no?
Es precisamente el temor a lesionar su imagen
corporativa lo que estimula las mejores prácticas de las empresas en materia
social y medioambiental. Es el temor a perjudicar la reputación social de las
grandes marcas, lo que ha desarrollado en los últimos diez años, una nueva
cultura empresarial que somete a las empresas y a sus marcas al veredicto
ciudadano, no solo en función del precio o de la calidad de sus productos o
servicios, sino en función también de sus comportamientos ecológicos y sociales
y, de sus relaciones con la sociedad que les rodea.
Si una ONG denuncia las prácticas anti ecológicas o
inhumanas de una empresa extractora en un país lejano ¿debe ser perseguida? Si
se promueve el boicot a una gran superficie por las condiciones laborales en que
operan sus cajeras, ¿es eso un delito? Si se censura a un banquero por sus
cuentas fiscales en Suiza, ¿debe afectar eso a su banco? Si se demuestra el
incumplimiento de condiciones laborales mínimas según OIT en las
subcontrataciones de las grandes marcas europeas del textil, en el sudeste
asiático, ¿es legítimo ponerse en la puerta de sus tiendas y denunciarlo a los
clientes?
En los últimos dos años, se han producido graves
accidentes (incendios o desmoronamientos) de naves de trabajo textil en
Bangladesh. Decenas de trabajadores muertos de unas plantillas super explotadas,
trabajando para las grandes marcas españolas, francesas, suecas, italianas…, que
vemos todos los días en nuestras calles. ¿Tenemos derecho a reaccionar contra la
irresponsabilidad de esas marcas? Acabamos de conocer que una conocida marca de
supermercados, no entrega sus alimentos sobrantes al Banco de Alimentos.
¿Podemos protestar contra esa incomprensible decisión y obligarles a rectificar?
Los ciudadanos, los consumidores, los medios de comunicación, las ONG’s, los líderes de
opinión…los blogueros, todos podemos interactuar y conseguir comportamientos
ciudadanos que premien y castiguen las acciones sociales y sostenibles de las
empresas o sus irresponsabilidades,
respectivamente.
Las empresas se han hecho multinacionales. Son cada
vez más poderosas. Ni los Estados pueden con muchas de ellas. No olvidemos que
cuando hablamos de empresas en el Siglo XXI, hablamos de emporios económicos con
muchísima más influencia en sus decisiones que muchos Estados/Nación. Al
respecto conviene recordar que, 3 de las 30 entidades más importantes del mundo
son empresas internacionales, (por cierto, una de las que peores índices de
relación laboral tienen en todo el mundo, es una cadena de Supermercados
norteamericana) y, no podemos olvidar tampoco que, 30 de las 250 entidades más
importantes económicamente en el mundo, son empresas. ¿Debemos renunciar los
ciudadanos a condicionarlas, a estimularlas para que sean mejores? ¿Cabe pensar
en la sociedad de la información en la que vivimos que la red, los blogs, los
medios de comunicación, puedan permanecer ajenos a la crítica y a la
movilización social respecto a las empresas y a sus logos? Es más, si así fuera,
la RSE estaría herida de muerte y con ello, un poderoso instrumento para hacer
sociedades más dignas laboralmente hablando, más sostenibles y más
justas.
Hay límites, por supuesto. La mentira y la
difamación, la guerra comercial, el honor personal, no entran en esta
dialéctica. Pero, pretender privar a la ciudadanía, de su capacidad de respuesta
respecto a las empresas, no solo es atemporal e ingenuo. Es sobre todo,
reaccionario.
Publicado para "El Correo" 23/12/2012
Publicado para "El Correo" 23/12/2012