Hablar de fiscalidad y, más aún, renovar
los sistemas fiscales occidentales, resulta obligado en los tiempos que corren.
Las deudas soberanas de muchísimos países desarrollados se acrecientan
gravemente hasta el riesgo de default, por la acumulación de déficits
estructurales en nuestras cuentas públicas. Dicho más vulgarmente, porque somos
muchos los países que hemos consolidado un gasto público muy superior a
nuestros ingresos fiscales. El caso de España es paradigmático porque, hemos
pasado de una deuda del Estado del 37% del PIB en el 2007, a cerca del 80% en
el 2012, sin contar 4 ó 5 puntos de PIB - ojala no sean más- que nos va a
costar el saneamiento financiero.
Pero no solo. El debate fiscal se ha extendido
también por la creciente internacionalización del dinero y por la creciente evasión
fiscal hacia espacios fiscales opacos. Además, la crisis financiera
internacional ha reabierto el debate sobre la fiscalidad internacional que hace
más de 25 años puso de moda el Premio Nobel estadounidense,Tobin.
El debate fiscal ha llegado y ha
venido para quedarse. Ocupará muchas páginas y muchos años y no ha estado mal
en ese sentido el debate del Parlamento Vasco al respecto ya que, a esos
efectos, somos casi como un Estado más.
Si se analiza el sistema fiscal
español, se observan cuatro
características muy evidentes. Primera: se trata de un sistema construido hace
30 años, parcheado según coyunturas y necesitado de una revisión integral
profunda. Segunda, se ha perdido progresividad en la recaudación por el
crecimiento de la imposición indirecta y, porque la mayoría de la carga fiscal
recae ya sobre las Rentas del Trabajo
frente a las rentas del capital o, a los beneficios empresariales (el
87% de los ingresos es la suma de las rentas del trabajo y del consumo).
Tercera: nuestro sistema de ingresos es demasiado sensible con los ciclos económicos
y demasiado dependiente de algunos sectores económicos concretos. En particular
la construcción, que, representando un 10% del PIB, proporcionaba unos ingresos
fiscales cercanos al 20%. Cuarto, España
sigue manteniendo un diferencial con la presión media europea de entre 4 y 8
puntos. Es decir, tenemos un pequeño margen para subir nuestra presión fiscal y
acercarnos a la media de la U.E.
Por todo esto, proponer reformas
fiscales es imprescindible. La crisis nos ha devuelto la oportunidad de este
debate que, hasta hace pocos años, era electoralmente impopular para todos los
Partidos, especialmente para la izquierda, que es quien ha defendido siempre la
necesidad de los ingresos y la justicia de su progresividad.
¿Cuáles son las líneas de las reformas
que debemos abordar?
En primer lugar, combatir el fraude fiscal. En el ámbito
internacional esto implica luchar contra los paraísos fiscales y por la
desaparición de los espacios fiscales opacos. La evasión y la elusión fiscal (en especial a través del uso de los
paraísos fiscales), suponen un flujo anual que el Banco Mundial estima entre 1 billón y 1,5 billones de dólares.
Una cantidad que equivale al PIB de España y que no está financiando las
políticas públicas.
El
segundo objetivo debe ser la progresiva armonización de los impuestos,
especialmente el de sociedades en ámbitos supranacionales y el establecimiento
de una tasa a las transacciones financieras internacionales. Esa tasa
permitiría combatir a los instrumentos financieros más especulativos y
permitiría recaudar una cantidad cercana a los 300.000 millones de Euros
anuales para dedicarlos a desafíos globales como el hambre, o el cambio
climático.
En
España y, desde luego también en el País Vasco, la mejora de los ingresos y de
su progresividad requerirán también algunas reformas. Entre ellas serán
imprescindibles correcciones en los impuestos sobre las rentas del capital y
sobre los beneficios empresariales. Las rentas del capital deben acercarse al
tipo medio del impuesto de las rentas del trabajo y, en el impuesto de
sociedades, tenemos que asegurar un tipo medio real, muy por encima del 10 ó 15% con el que se está
gravando los beneficios de las grandes empresas en la actualidad. También será
necesario crear un gravamen para los grandes patrimonios, entendiendo que éstos
lo son cuando se supera el millón de Euros, sin contar la vivienda habitual.
Deberá
incorporarse de manera mucho más severa a nuestro sistema fiscal, una nueva
fiscalidad que ayude a desincentivar los comportamientos con externalidades
negativas: las emisiones de CO2,
el tabaco, los alcoholes, el transporte más contaminante, etc., en la
perspectiva de ayudar a una progresiva reducción de los costes extra laborales para abaratar
la contratación de empleo. Dicho de manera más sencilla, nos falta empleo y nos
sobran emisiones y la fiscalidad debe ayudar a ese reequilibrio.
Por
último, una suave reimplantación del Impuesto de Sucesiones, exceptuando la
vivienda familiar, deberá contemplarse, armonizándola para el conjunto de las
Comunidades Autónomas. No debemos olvidar que en la cultura fiscal del Siglo
XX, las herencias se consideraban “rentas no ganadas”, reproductoras de
desigualdad y, en muchos casos, generadoras de una cultura improductiva.