La presentación por el lehendakari de su proyecto político ante los consejeros y altos cargos, el pasado día 14, fue titulada en casi todos los medios de comunicación como una propuesta para «renovar el contrato social de los vascos». Este concepto tuvo en su origen (J.J. Rousseau, 1762) la pretensión de fundar las bases del pacto entre individuos para hacer posible la convivencia humana. Pero desde la Revolución Francesa hasta aquí la teoría política la ha ido llenando de contenidos adaptados a las bases sobre las que se construía la sociedad política. El lehendakari añadió que quería trabajar «para construir una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y competitiva». Creo estar seguro de sus intenciones y objetivos en torno a su idea de ciudadanía y libertad, a su proyecto de país en paz y tolerancia en su pluralidad. Pero no es menos importante el otro plano, porque intuyo que se propone replantear muchos de los parámetros sobre los que hemos construido nuestro 'modelo social' o, dicho de otra manera, pretende suscitar un debate con partidos, agentes sociales y organizaciones cívicas y sociales sobre las bases financieras de nuestro Estado del Bienestar, sobre las necesidades inversoras en competitividad y modernización del sistema productivo, eficiencia en la gestión de los servicios públicos, etcétera. Personalmente creo que se trata de un acertadísimo y oportunísimo debate, aunque es extraordinariamente difícil de manejar y concluir.
Partimos de una triple constatación:
Primera: El sistema de protección social y Estado del Bienestar vasco es bastante avanzado y notablemente mejor que el del resto de España (exceptuando Navarra): niveles de pensión más altos, sanidad pública de alto nivel, educación gratuita que avanza en la inclusión del 0-6 años y unos índices y niveles de atención a los colectivos vulnerables o discapacitados o excluidos que son propios de países europeos avanzados.
Segunda: Toda una serie de circunstancias adversas amenazan la sostenibilidad económica del sistema: Bajar impuestos y reducir el peso económico del Estado se ha convertido en una doctrina triunfadora del neoliberalismo; reducir costes fiscales y sociales del empleo es un requisito exigido por los empresarios para crear más empleo; la población envejece porque se alarga la esperanza de vida, los costes de los servicios públicos se disparan por una demanda cada vez más amplia y exigente; hay dificultades para congeniar el principio de necesidad con el de universalidad de los servicios; la gestión de estos servicios resulta encarecida por la burocracia o por el gremialismo, etcétera.
Tercera: Desde una óptica de moral social, o de justicia distributiva, las necesidades de las sociedades del bienestar, aunque sean avanzadas, distan todavía mucho de un ideal de justicia. Dicho de otro modo, las necesidades sociales de los menos favorecidos siguen siendo muchas y el Estado del Bienestar en Euskadi continúa reclamando más y mejores atenciones, sobre todo en tiempos de crisis.
Con estos mimbres, ¿cómo recomponer el cesto de nuestro 'contrato social'?
He aquí algunas recomendaciones imprescindibles para el debate que ha propuesto el lehendakari, formuladas de manera telegráfica:
1) No hay Estado del Bienestar posible sin una economía tendente al pleno empleo. La fuente del empleo no es el Estado, sino la empresa competitiva. La base de la redistribución social es el incremento de la productividad. Los esfuerzos de la izquierda política deben centrarse en ese objetivo primordial en tiempos de alto desempleo como los que vivimos.
2) Una modernización de la gestión en los servicios públicos es imprescindible. Flexibilidad, descentralización, externalización, concertación deben ser aplicadas con valentía, como lo han hecho los modelos socialdemócratas del Norte de Europa.
3) Hay que revisar la política fiscal. El debate fiscal es clave en la política socialdemócrata. Hemos perdido mucho terreno ideológico en los últimos veinte años y tenemos que regenerar la conciencia social sobre la contribución fiscal como base de Estados serios, de servicios públicos imprescindibles, de cohesión social en sociedades dignas. La dimensión internacional de la fiscalidad es otro de los temas imprescindibles de este debate.
4) Algunos servicios públicos requieren contribución del usuario. Es el caso de la formación universitaria (tasas), o de la dependencia (copago), o de las tasas extraescolares (servicios complementarios de la educación básica). Deberíamos estudiar, por ejemplo, si la contribución familiar de los vascos a la educación universitaria guarda relación con los países en los que la Universidad es de máxima calidad. ¿Es posible subir las tasas de todos mejorando las becas de quienes no tienen recursos?
5) La creciente individualización de las relaciones laborales, la debilidad sindical, la flexibilidad, la renuncia forzosa a convenios y leyes mínimas, la conversión de la relación laboral en mercantil a través de la externalización a trabajadores autónomos son sólo algunos ejemplos del deterioro del contrato laboral clásico, que perturba las bases financieras y filosóficas del sistema. La defensa del Estado del Bienestar nos reclama también una defensa moderna e inteligente del modelo laboral creado en la segunda mitad del siglo XX, que sustenta las bases económicas del sistema.
¿Pueden combinarse objetivos tan ambiciosos como contradictorios? ¿Alguien lo ha hecho o lo está haciendo? Déjenme que les añada un dato definitivo. Suecia, Dinamarca y Finlandia están entre los cinco países más productivos del mundo, que a su vez tienen los modelos de bienestar más desarrollados.
Creo entender que éstos son los temas que nos propone el lehendakari para renovar nuestro contrato social y para superar la pesadez del tema identitario y conectar al país con la modernidad y con lo necesario. Mejor diríamos, con lo urgente.
El Correo. 28/01/2010