En los días previos a la constitución del nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo el pasado 14 de julio, la gran cuestión europea era la ratificación o no por la eurocámara del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Días antes, en el Consejo Europeo de junio, los 27 países de la Unión lo habían propuesto como candidato a presidir la Comisión por un nuevo periodo de cinco años.
Quienes lo pretendían, los gobiernos de la Unión y la derecha europea, ganadora de las elecciones del siete de junio con 265 escaños de 736, mostraban, sin embargo, muy poco respeto por el nuevo Parlamento recién salido de las urnas, que todavía ni siquiera se había constituido.
Sin embargo, sus argumentos para ello no eran débiles. Se trataba de dar la máxima estabilidad al Ejecutivo europeo, con una ratificación parlamentaria que permitiría a Durao abordar la negociación de una nueva Comisión con los gobiernos europeos antes del referéndum irlandés, y acometer la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, sin olvidar la necesidad de dar continuidad a la lucha contra la crisis (Cumbre del G20,etcétera).
Pero esa búsqueda de eficacia gubernativa chocaba con la lógica democrática de un Parlamento que exigía jugar un mínimo papel en la liturgia parlamentaria previa a la elección de un presiente de Gobierno. Era y es evidente que el Parlamento Europeo no elige al presidente de la Comisión Europea, sino que, simplemente, lo ratifica por mayoría simple (por mayoría absoluta cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa). Pero no es menos cierto que sin esa ratificación parlamentaria, la propuesta del Consejo es papel mojado.
El Parlamento Europeo dijo no. Los grupos socialista, liberal, verdes, la izquierda unida, etc., se negaron a que un Parlamento convocado para que los nuevos diputados tomaran posesión, eligieran a la Mesa de la Cámara, configuraran grupos políticos, comisiones parlamentarias, etc., tuviera que producir un debate y una votación tan importante con tanta premura y sin que los grupos políticos pudieran mantener una ronda de conversaciones previas con el candidato como para poder confeccionar una decisión argumentada.
Al final se impuso la lógica y la “votación Durao” quedó pospuesta para septiembre.
Pero me temo que los problemas no han terminado. Porque si hay razones que se siguen esgrimiendo para no retrasar el nombramiento más allá de septiembre, (fundamentalmente la interinidad de la Comisión en un periodo tan sensible), también las hay en contrario, para aplazarlo.
Voces autorizadas argumentan que es más lógico esperar a que el 2 de octubre los irlandeses ratifiquen el Tratado de Lisboa y a que entre en vigor el primero de enero de 2010 (una vez superados los trámites pendientes en la República Checa y Alemania) para, entonces, proceder al nombramiento del presidente de la Comisión y del nuevo Colegio de comisarios. Además, hay problemas añadidos, como son las elecciones nacionales, nada menos que en Portugal y Alemania, que generan dudas sobre este tema a derecha e izquierda o posiciones partidistas que no conviene desvelar en campaña electoral. La cuestión ha sido resuelta, en principio y provisionalmente, incluyendo en el orden del día del próximo 14 de septiembre en Estrasburgo la posible votación de Durao. Antes, el candidato hablará con los grupos políticos y responderá a sus dudas y a sus exigencias.
Críticas
Pero más allá del procedimiento, la cuestión de fondo también es discutida en el seno de los grupos políticos europeos. La derecha le apoya, como ya se ha dicho, aunque se desconoce que harán los euroescépticos y la ultraderecha. La izquierda unida y los verdes le vetan, y no le votarán en ningún caso.
Los liberales y los socialistas dudan, ponen condiciones y esperan decidir en setiembre. Esta misma semana, el líder de los Liberales, el belga Guy Verhofstadt señalaba en Financial Times que su oposición a Durao responde a dos críticas muy serias: no haber hecho lo necesario durante la crisis financiera y haberse plegado en exceso a los Estados miembro, sin aportar a la Comisión Europea el impulso y la iniciativa política propia necesaria.
Los socialistas, a su vez, lo ven, además, demasiado vinculado a imágenes censurables (¡otra vez la foto de las Azores!) y le acusan de dirigir la Comisión desde posiciones conservadoras. Pero siendo todo ello más o menos cierto, no lo es menos que han sido los veintisiete países de la Unión los que nos proponen a un único candidato. No es menos cierto que se trata de un candidato que responde a la mayoría conservadora de los gobiernos de Europa y a la orientación política ganadora en los comicios de junio.
Es evidente también que no hay candidato alternativo y que Europa debe evitar las inestabilidades institucionales en tiempos sensibles (Referéndum irlandés, entrada en vigor del Tratado de Lisboa, crisis financiera, etcétera). Por último, a España le interesa más un presidente de la Comisión procedente del sur, amigo y vecino, que un presidente desconocido, ajeno y distante.
En fin, ésta es la cuestión. En septiembre lo resolveremos, pero no sería malo que, sea cual sea la decisión, el Parlamento Europeo lo hiciera con el máximo respaldo político.
Expansión, 26/07/2009