Rajoy acusa al PSOE de incitar el voto del miedo al PP en estas elecciones europeas. Es significativo que empiece a ver estos fantasmas quien, hace ya una semana, adelantó la victoria de su partido y el margen exacto de la misma. Parece que está perdiendo confianza y a lo mejor empieza a ser él mismo el que tiene miedo, pero de los resultados La única distorsión de estos comicios la está haciendo el PP queriendo convencer a los ciudadanos de que sirven para dar un voto de castigo al Gobierno español. Sólo buscan ganar para, al día siguiente, comenzar con la cantinela del “váyase, señor Zapatero”. Lo de Europa les importa, por decirlo elegantemente, muy poco.
Por el contrario, los socialistas estamos haciendo una campaña en positivo, subrayando la importancia objetiva de la Unión Europea, y reclamando apoyo para una mayoría europeísta y de izquierdas en la Eurocámara, que profundice en la fortaleza política y económica de la UE. Ni más ni menos.
Claro que nos preocupa la situación económica. Pero no queremos engañar a la gente ni tenemos la megalomanía de ciertos líderes del PP que aseguran que con ellos no hubiese habido crisis o que tienen la fórmula mágica para hacerla desaparecer. Simplemente mienten.
Desde el Gobierno español lanzamos a los desempleados el mensaje claro de que aseguraremos la protección social y que no les abandonaremos a su suerte. Mientras, con modestia pero con firmeza, se están inyectando fondos públicos para reactivar la economía y reflotar el empleo. La crisis es de una enorme dureza, pero creemos que los resultados irán apareciendo. No nos asusta hablar del desempleo, pero no con la simpleza y las mentiras del PP.
Los blogs de ABC.es 30/05/09
30 de mayo de 2009
28 de mayo de 2009
El tirón psicológico.
España ha protagonizado la transformación más exitosa como país individual dentro de la Unión Europea. Somos el Estado más beneficiado por las ayudas europeas, con 118.000 millones de euros en fondos de cohesión y estructurales entre 1986 y 2006, equivalente al 0,8 por ciento del PIB de la UE y a más de 10 puntos del PIB español. Pasamos de una renta per cápita del 68 por ciento en 1986, al 86 por ciento comparada con la Europa de los 15, y del 105 por ciento en relación a la UE de los 27.
Pero Europa no sólo fueron ayudas, obtenidas gracias a aquel al que el PP llamó “pedigüeño”, es decir, F. González, sino que proporcionó a nuestro país un gran espacio económico que nos benefició y reforzó nuestro dinamismo; y además nos dio un sentido de pertenencia a un espacio político-institucional y cultural.
En definitiva, Europa nos abrió al mundo: nos hizo cambiar de mentalidad, ideas, hábitos, métodos de gestión empresarial, aprendizaje tecnológico, intercambios académicos (170.000 estudiantes españoles en universidades extranjeras a través de Erasmus). Entre otros factores, que permiten concluir que EUROPA nos dio un empujón material, pero sobre todo un tirón psicológico.
Por eso, ahora queremos dar un empujón a EUROPA. Y el planteamiento de la izquierda, del PSOE, en relación a Europa, se distingue como el día y la noche del de la derecha. Nosotros queremos la elección directa del presidente, más poder político del Parlamento, más gobierno económico, más presupuesto, más política común de defensa y exterior, coordinación en materia de inmigración unida a pedagogía política contra la xenofobia y el racismo. Participe democráticamente en las elecciones, vote y compruébelo.
Los blogs de ABC.es 28/05/09
Pero Europa no sólo fueron ayudas, obtenidas gracias a aquel al que el PP llamó “pedigüeño”, es decir, F. González, sino que proporcionó a nuestro país un gran espacio económico que nos benefició y reforzó nuestro dinamismo; y además nos dio un sentido de pertenencia a un espacio político-institucional y cultural.
En definitiva, Europa nos abrió al mundo: nos hizo cambiar de mentalidad, ideas, hábitos, métodos de gestión empresarial, aprendizaje tecnológico, intercambios académicos (170.000 estudiantes españoles en universidades extranjeras a través de Erasmus). Entre otros factores, que permiten concluir que EUROPA nos dio un empujón material, pero sobre todo un tirón psicológico.
Por eso, ahora queremos dar un empujón a EUROPA. Y el planteamiento de la izquierda, del PSOE, en relación a Europa, se distingue como el día y la noche del de la derecha. Nosotros queremos la elección directa del presidente, más poder político del Parlamento, más gobierno económico, más presupuesto, más política común de defensa y exterior, coordinación en materia de inmigración unida a pedagogía política contra la xenofobia y el racismo. Participe democráticamente en las elecciones, vote y compruébelo.
Los blogs de ABC.es 28/05/09
¿Vivir sin la UE?
Me imagino el desmontaje de la Unión Europea. Que cada país volviera a su moneda nacional, que se cerrara el Parlamento Europeo, que se reforzara el nacionalismo de cada país y se disparara la xenofobia. Es imposible. Ese ‘sálvese quién pueda’, esa insolidaridad y ese proteccionismo, serían tan nefastos como irracionales y contraproducentes.
La unión hace la fuerza. De la crisis económica no se sale alejándonos de Europa, sino cohesionando aún más la UE y coordinando las medidas para afrontar la recesión. Sin un poder central federal con peso económico y político, Europa estará coja, débil y dividida. Y en ese escenario el papel de control de la Eurocámara cobra aún mayor relevancia.
Tenemos un Banco Central, una moneda única y una política monetaria. ¿Pero tenemos una política económica? No es posible tenerla sin un gobierno europeo con peso económico. Es decir, que maneje un presupuesto europeo digno de tal nombre (el actual presupuesto no llega al 1,25% del PIB), que coordine las políticas económicas de los gobiernos nacionales, que armonice la política fiscal de los países miembros, que elimine los paraísos fiscales, etc. etc.
Algunos dicen que las ideologías ya desaparecieron. Que no hay diferencias entre Derecha e Izquierda. Yo les digo que la Derecha no quiere más Europa porque no quiere más Estado. Porque no quiere combatir el fraude discal y los paraísos fiscales. Porque no quiere gobiernos fuertes con capacidad económica para intervenir en la economía. Porque no quieren leyes que regulen al mercado. Los socialistas creemos en lo público, en la política, en el Estado porque no queremos que el mercado, las empresas, el negocio, organicen y configuren la sociedad. Creemos en el mercado como marco de la economía, pero reivindicamos la política y el Estado como base de la convivencia y de la organización social.
Los Blogs de ABC.es 26/05/2009
La unión hace la fuerza. De la crisis económica no se sale alejándonos de Europa, sino cohesionando aún más la UE y coordinando las medidas para afrontar la recesión. Sin un poder central federal con peso económico y político, Europa estará coja, débil y dividida. Y en ese escenario el papel de control de la Eurocámara cobra aún mayor relevancia.
Tenemos un Banco Central, una moneda única y una política monetaria. ¿Pero tenemos una política económica? No es posible tenerla sin un gobierno europeo con peso económico. Es decir, que maneje un presupuesto europeo digno de tal nombre (el actual presupuesto no llega al 1,25% del PIB), que coordine las políticas económicas de los gobiernos nacionales, que armonice la política fiscal de los países miembros, que elimine los paraísos fiscales, etc. etc.
Algunos dicen que las ideologías ya desaparecieron. Que no hay diferencias entre Derecha e Izquierda. Yo les digo que la Derecha no quiere más Europa porque no quiere más Estado. Porque no quiere combatir el fraude discal y los paraísos fiscales. Porque no quiere gobiernos fuertes con capacidad económica para intervenir en la economía. Porque no quieren leyes que regulen al mercado. Los socialistas creemos en lo público, en la política, en el Estado porque no queremos que el mercado, las empresas, el negocio, organicen y configuren la sociedad. Creemos en el mercado como marco de la economía, pero reivindicamos la política y el Estado como base de la convivencia y de la organización social.
Los Blogs de ABC.es 26/05/2009
27 de mayo de 2009
Una Ley necesaria
La Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho, frente a su despenalización en determinados supuestos, es un paso necesario y obligado para adecuar nuestra legislación a nuestra realidad social. La oposición a este paso, es muy minoritaria y está demasiado preñada de fundamentalismos ideológicos y sobre todo religiosos. Todos los países de nuestro entorno y de nuestros parámetros culturales, lo han hecho y a España ya le tocaba hacerlo.
Primero, porque la ley actual no está garantizando el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a decidir si continúan adelante con su embarazo no deseado, sin correr riesgos legales, sin tener garantías iguales de acceso a los servicios de salud y sin tener tampoco garantías para una elección libre e informada. Segundo, porque contra lo que pudiera parecer, esta ley no debería aumentar el número de abortos en nuestro país, sino reducirlo, sobre todo en aquellos grupos de la población donde el índice de abortos es más alto: las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes. Por eso la ley no se limita a “despenalizar el aborto” sino que se enmarca en una ley con un contenido más amplio en el que se incluyen aspectos preventivos, informativos y de incremento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
No me parece despreciable tampoco el argumento de que esta ley impedirá los abusos de la anterior. Todos lo sabíamos. El tercer supuesto: “El peligro psicológico grave del embarazo para la madre”, estaba siendo utilizado como la única puerta al IVE en las clínicas privadas y podría ser objeto de abuso en embarazos demasiado maduros, es decir, en clara superación de los plazos que establecen las leyes europeas. La nueva ley elimina este supuesto y reconocerá el derecho de la mujer a la libertad y autonomía de su maternidad en el plazo en que todas las legislaciones europeas consideran legal el IVE.
¿Cuáles son los requisitos en este supuesto? Hay un protocolo de información y consulta a la mujer que lo solicita sobre prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y las condiciones previstas en la Ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. Desde la entrega de la información, si la mujer decide interrumpir el embarazo, se podrá dirigir a un centro público o acreditado.
El debate sobre la IVE en las jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, no debería confundirnos. Primero porque el núcleo de la cuestión es si se acepta una ley de plazos o no, que restrinja el IVE a partir de los tres meses sólo en algunas circunstancias médicas que lo justifiquen. Segundo porque no es discutible que en todo caso, será siempre la joven embarazada la que decida. Si está capacitada para decidir sobre cualquier otro tratamiento o intervención médica, ¿cómo no va a estarlo para decidir si quiere ser madre o no? Otra cosa es el contexto familiar o de madurez en el que esa decisión se adopte. Que los padres participen de esa decisión es tan natural como necesario. Pero en ningún caso, ni para abortar ni para lo contrario, su opinión puede ser impuesta a la joven. De ahí que resulte complejo técnicamente regular en la ley esa relación paterno filial en estos casos, y que de hacerlo, debiera ser incluida en la fase de información previa a la toma de decisión de la mujer.
Dejo para el final el anunciado recurso del PP al Tribunal constitucional y la oposición parlamentaria que se prevé a su tramitación. Me pregunto: Si están contra el aborto, ¿por qué no derogaron la Ley de 1985 cuando tuvieron mayorías absolutas para hacerlo? Conviene recordar que durante los ocho años de gobierno del PP, los abortos en España no cesaron de crecer año tras año hasta llegar a los casi ochenta mil al año. Cuando dicen que esta ley no responde a una necesidad social, ¿están aceptando que las cien mil mujeres que abortaron en España en 2008, lo sigan haciendo en clínicas privadas, con base en “el peligro psicológico para la madre”, que todos sabemos que es un portillo a peligrosos abusos y a procesos de IVE sin información ni garantías adecuadas? Hay una hipocresía en todo este debate y, aunque la iglesia española quiere convertir en delito el pecado de abortar, es la moral pública y no la católica la que legisla en España. A la Conferencia Episcopal conviene recordarle que su opinión es tan legítima como relativa entre las múltiples pulsiones informativas que alumbran este debate.
En definitiva, la ley debemos abordarla con determinación y espíritu de consenso. Es una ley que trata de resolver una situación injusta y peligrosa. Nos incorpora a las legislaciones europeas, dando a las mujeres un derecho que les corresponde cuando se enfrentan a una decisión tan difícil como indeseada al interrumpir su embarazo y les asegura en ese proceso, la información, la consulta y las mejores condiciones personales y de salud. Y por último, resuelve el problema de la inseguridad legal del personal satinarlo. Quedan meses para su debate legislativo y estoy seguro de que en él, seremos capaces de mejorar el texto y ampliar sus apoyos políticos.
El Periódico de Catalunya.26/05/2009
Primero, porque la ley actual no está garantizando el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a decidir si continúan adelante con su embarazo no deseado, sin correr riesgos legales, sin tener garantías iguales de acceso a los servicios de salud y sin tener tampoco garantías para una elección libre e informada. Segundo, porque contra lo que pudiera parecer, esta ley no debería aumentar el número de abortos en nuestro país, sino reducirlo, sobre todo en aquellos grupos de la población donde el índice de abortos es más alto: las mujeres jóvenes y las mujeres inmigrantes. Por eso la ley no se limita a “despenalizar el aborto” sino que se enmarca en una ley con un contenido más amplio en el que se incluyen aspectos preventivos, informativos y de incremento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
No me parece despreciable tampoco el argumento de que esta ley impedirá los abusos de la anterior. Todos lo sabíamos. El tercer supuesto: “El peligro psicológico grave del embarazo para la madre”, estaba siendo utilizado como la única puerta al IVE en las clínicas privadas y podría ser objeto de abuso en embarazos demasiado maduros, es decir, en clara superación de los plazos que establecen las leyes europeas. La nueva ley elimina este supuesto y reconocerá el derecho de la mujer a la libertad y autonomía de su maternidad en el plazo en que todas las legislaciones europeas consideran legal el IVE.
¿Cuáles son los requisitos en este supuesto? Hay un protocolo de información y consulta a la mujer que lo solicita sobre prestaciones, derechos y ayudas públicas a la maternidad, sobre los distintos métodos de interrupción y las condiciones previstas en la Ley y sus condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. Desde la entrega de la información, si la mujer decide interrumpir el embarazo, se podrá dirigir a un centro público o acreditado.
El debate sobre la IVE en las jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, no debería confundirnos. Primero porque el núcleo de la cuestión es si se acepta una ley de plazos o no, que restrinja el IVE a partir de los tres meses sólo en algunas circunstancias médicas que lo justifiquen. Segundo porque no es discutible que en todo caso, será siempre la joven embarazada la que decida. Si está capacitada para decidir sobre cualquier otro tratamiento o intervención médica, ¿cómo no va a estarlo para decidir si quiere ser madre o no? Otra cosa es el contexto familiar o de madurez en el que esa decisión se adopte. Que los padres participen de esa decisión es tan natural como necesario. Pero en ningún caso, ni para abortar ni para lo contrario, su opinión puede ser impuesta a la joven. De ahí que resulte complejo técnicamente regular en la ley esa relación paterno filial en estos casos, y que de hacerlo, debiera ser incluida en la fase de información previa a la toma de decisión de la mujer.
Dejo para el final el anunciado recurso del PP al Tribunal constitucional y la oposición parlamentaria que se prevé a su tramitación. Me pregunto: Si están contra el aborto, ¿por qué no derogaron la Ley de 1985 cuando tuvieron mayorías absolutas para hacerlo? Conviene recordar que durante los ocho años de gobierno del PP, los abortos en España no cesaron de crecer año tras año hasta llegar a los casi ochenta mil al año. Cuando dicen que esta ley no responde a una necesidad social, ¿están aceptando que las cien mil mujeres que abortaron en España en 2008, lo sigan haciendo en clínicas privadas, con base en “el peligro psicológico para la madre”, que todos sabemos que es un portillo a peligrosos abusos y a procesos de IVE sin información ni garantías adecuadas? Hay una hipocresía en todo este debate y, aunque la iglesia española quiere convertir en delito el pecado de abortar, es la moral pública y no la católica la que legisla en España. A la Conferencia Episcopal conviene recordarle que su opinión es tan legítima como relativa entre las múltiples pulsiones informativas que alumbran este debate.
En definitiva, la ley debemos abordarla con determinación y espíritu de consenso. Es una ley que trata de resolver una situación injusta y peligrosa. Nos incorpora a las legislaciones europeas, dando a las mujeres un derecho que les corresponde cuando se enfrentan a una decisión tan difícil como indeseada al interrumpir su embarazo y les asegura en ese proceso, la información, la consulta y las mejores condiciones personales y de salud. Y por último, resuelve el problema de la inseguridad legal del personal satinarlo. Quedan meses para su debate legislativo y estoy seguro de que en él, seremos capaces de mejorar el texto y ampliar sus apoyos políticos.
El Periódico de Catalunya.26/05/2009
25 de mayo de 2009
Entrevista "Los Desayunos de TVE" 27.05.2009
Entrevista realizada para el programa "Los Desayunos de TVE" para abordar el tema de las próximas elecciones europeas, la intención de voto y las esperanzas para una nueva Europa.
Se puede ver la entrevista completa en este vídeo.
Se puede ver la entrevista completa en este vídeo.
Votar para decidir
”Si no vota, no se queje”. Es una de las razones que utiliza la página digital del Parlamento Europeo para animar a los españoles a votar el próximo 7 de junio. La Eurocámara es la única institución de ámbito europeo que elijen por sufragio universal directo los casi 500 millones de ciudadanos que viven en los 27 países de la Unión Europea.
“Si no vota, no se queje”. Es un eslogan un poco crudo, pero muy real. Conviene recordar que fue el Parlamento Europeo, con el voto socialista junto al de otros grupos, el que evitó que saliera adelante la propuesta de las 65 horas de trabajo semanales. Por poner un ejemplo. Una iniciativa que suponía un retroceso evidente en los derechos sociales conseguidos durante décadas por los trabajadores europeos. Si uno no vota, se desentiende de lo que una institución como el Parlamento Europeo haga o no haga en esa tarea de control político.
Cada vez más, nuestros derechos se deciden en Europa, y una respuesta coordinada desde Europa a la crisis económica tendrá más eficacia que la aplicación aislada de las 27 soluciones nacionales que se le ocurran a cada país miembro. No creo que votar el 7 de junio sea una molestia, sino una forma de participar en el futuro de Europa, que nos afecta a todos directamente.
Hace sólo unos meses, los vascos votamos y cambiamos el gobierno de Euskadi. Un poco antes, los americanos votaron y eligieron a OBAMA. Con OBAMA empezó a cambiar el mundo. Votar el 7 de junio es decidir el rumbo político y económico de Europa y por tanto el de España. Nada nos impide hacerlo. Usted decide: “Si no vota, no se queje”.
Los Blogs de ABC.es 25/05/09
“Si no vota, no se queje”. Es un eslogan un poco crudo, pero muy real. Conviene recordar que fue el Parlamento Europeo, con el voto socialista junto al de otros grupos, el que evitó que saliera adelante la propuesta de las 65 horas de trabajo semanales. Por poner un ejemplo. Una iniciativa que suponía un retroceso evidente en los derechos sociales conseguidos durante décadas por los trabajadores europeos. Si uno no vota, se desentiende de lo que una institución como el Parlamento Europeo haga o no haga en esa tarea de control político.
Cada vez más, nuestros derechos se deciden en Europa, y una respuesta coordinada desde Europa a la crisis económica tendrá más eficacia que la aplicación aislada de las 27 soluciones nacionales que se le ocurran a cada país miembro. No creo que votar el 7 de junio sea una molestia, sino una forma de participar en el futuro de Europa, que nos afecta a todos directamente.
Hace sólo unos meses, los vascos votamos y cambiamos el gobierno de Euskadi. Un poco antes, los americanos votaron y eligieron a OBAMA. Con OBAMA empezó a cambiar el mundo. Votar el 7 de junio es decidir el rumbo político y económico de Europa y por tanto el de España. Nada nos impide hacerlo. Usted decide: “Si no vota, no se queje”.
Los Blogs de ABC.es 25/05/09
24 de mayo de 2009
Dos fotos para la historia
La moda actual de euroescepticismo parece más bien una pose que una posición argumentada y sólida. Se puede ser todo lo crítico que se quiera con las instituciones europeas, pero es incontestable que la integración en la UE ha sido un motor fundamental del proceso de modernización de la economía española, hoy situada entre las ocho mejores del mundo
La derecha no cree en Europa. El Partido Popular y sus actores principales en esta campaña, que están siendo Mayor Oreja y su ex jefe Aznar, contribuyeron a alimentar el euroescepticismo. En vez de apostar por la construcción de una Europa fuerte, se lanzaron en brazos de quién ya sabemos.
Dos fotos reflejan bien nuestro papel en Europa. En la primera, el entonces Presidente Felipe González firma el acta de adhesión de España a la Unión Europea. Era 1986 y con ella se inició un periodo de europeismo en España, que bien reflejan los fondos de cohesión, de ayuda de Europa a España y el liderazgo europeo de Felipe González. La otra es de 2002: Aznar en Azores dando una patada al corazón europeo que se negaba a secundar a Bush en su guerra contar Irak
Los socialistas somos europeístas convencidos, entre otros muchos motivos por razones de eficacia. Es hora de una Europa económica y políticamente fuerte, que coordine la salida de la crisis. Nuestros derechos, nuestros intereses, nuestros problemas, se discuten y resuelven desde hace años en Europa, digan lo que digan los euroescépticos o los agoreros de distintos pelajes.
Los Blogs de ABC.es 23/05/09
La derecha no cree en Europa. El Partido Popular y sus actores principales en esta campaña, que están siendo Mayor Oreja y su ex jefe Aznar, contribuyeron a alimentar el euroescepticismo. En vez de apostar por la construcción de una Europa fuerte, se lanzaron en brazos de quién ya sabemos.
Dos fotos reflejan bien nuestro papel en Europa. En la primera, el entonces Presidente Felipe González firma el acta de adhesión de España a la Unión Europea. Era 1986 y con ella se inició un periodo de europeismo en España, que bien reflejan los fondos de cohesión, de ayuda de Europa a España y el liderazgo europeo de Felipe González. La otra es de 2002: Aznar en Azores dando una patada al corazón europeo que se negaba a secundar a Bush en su guerra contar Irak
Los socialistas somos europeístas convencidos, entre otros muchos motivos por razones de eficacia. Es hora de una Europa económica y políticamente fuerte, que coordine la salida de la crisis. Nuestros derechos, nuestros intereses, nuestros problemas, se discuten y resuelven desde hace años en Europa, digan lo que digan los euroescépticos o los agoreros de distintos pelajes.
Los Blogs de ABC.es 23/05/09
21 de mayo de 2009
La Ley es la Ley
No me ha gustado la decisión del Tribunal Constitucional permitiendo la lista de Iniciativa Internacional-Solidaridad entre los Pueblos para las elecciones europeas. Pero la Ley es la Ley y de la misma manera que hemos aceptado y acatado las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional declarando ilegales múltiples listas del entorno de Batasuna, en múltiples elecciones desde que se publicó la Ley de Partidos, hay que aceptar la que se dictó el pasado jueves por nuestro máximo Tribunal.
Es muy probable que esta lista acabe siendo utilizada por Batasuna como una lista recipiente en la que depositar el voto de la izquierda abertzale, pero eso no puede llevarnos al extremo de invalidar cualquier coalición electoral o agrupación de electores por esa mera sospecha.
El derecho a la participación electoral es uno de los fundamentos de la democracia. La Ley de Partidos autoriza la suspensión o ilegalización de listas o partidos por suceder al partido ilegalizado o por conexiones personales y políticas claras con el partido ilegalizado.
Los indicios que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han esgrimido en este caso no han sido suficientes, a juicio del Tribunal, para proceder a una sanción tan grave, razonamiento que ya fue esgrimido por 5 de los miembros de la Sala 61 del Tribunal Supremo.
Un razonamiento jurídico tan importante como este, no puede ser tomado a broma ni puede ser objeto de críticas políticas oportunistas. Es muy fácil decir que se han equivocado para quedar bien ante una opinión pública molesta con la resolución judicial. Pero la grandeza de la democracia se demuestra también acatando, aceptando y respetando las resoluciones judiciales cuando no nos gustan.
Nos olvidemos, por otra parte dos aspectos que conviene incorporar a nuestra reflexión. Una resolución del TC contraria a derecho, en este caso, habría acabado siendo refutada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y éso habría sido gravísimo para la solvencia democrática de nuestro país. Por otro lado, la sentencia del TC del jueves legitima y carga de razón democrática todas las anteriores en aplicación del la Ley de Partidos.
Ahora, lo que procede es que derrotemos esa lista y simplemente que la voluntad democrática de los españoles no les permita entrar en el Parlamento Europeo. Para ello, buen sería que dejáramos de hablar de esa extraña mezcla de gente antisistema,que no cree en la democracia para no darles más cancha política.
Los blogs de ABC.es 21/05/09
Es muy probable que esta lista acabe siendo utilizada por Batasuna como una lista recipiente en la que depositar el voto de la izquierda abertzale, pero eso no puede llevarnos al extremo de invalidar cualquier coalición electoral o agrupación de electores por esa mera sospecha.
El derecho a la participación electoral es uno de los fundamentos de la democracia. La Ley de Partidos autoriza la suspensión o ilegalización de listas o partidos por suceder al partido ilegalizado o por conexiones personales y políticas claras con el partido ilegalizado.
Los indicios que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han esgrimido en este caso no han sido suficientes, a juicio del Tribunal, para proceder a una sanción tan grave, razonamiento que ya fue esgrimido por 5 de los miembros de la Sala 61 del Tribunal Supremo.
Un razonamiento jurídico tan importante como este, no puede ser tomado a broma ni puede ser objeto de críticas políticas oportunistas. Es muy fácil decir que se han equivocado para quedar bien ante una opinión pública molesta con la resolución judicial. Pero la grandeza de la democracia se demuestra también acatando, aceptando y respetando las resoluciones judiciales cuando no nos gustan.
Nos olvidemos, por otra parte dos aspectos que conviene incorporar a nuestra reflexión. Una resolución del TC contraria a derecho, en este caso, habría acabado siendo refutada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y éso habría sido gravísimo para la solvencia democrática de nuestro país. Por otro lado, la sentencia del TC del jueves legitima y carga de razón democrática todas las anteriores en aplicación del la Ley de Partidos.
Ahora, lo que procede es que derrotemos esa lista y simplemente que la voluntad democrática de los españoles no les permita entrar en el Parlamento Europeo. Para ello, buen sería que dejáramos de hablar de esa extraña mezcla de gente antisistema,que no cree en la democracia para no darles más cancha política.
Los blogs de ABC.es 21/05/09
1 de mayo de 2009
Trabajo decente
Desde la Revolución Francesa, y el nacimiento de los centros fabriles de finales del siglo XVIII, la historia de lo que luego llamaríamos movimiento obrero ha estado marcada por una constante: el progreso en la mejora de las condiciones de trabajo de quienes sólo podían ofrecer su mano de obra, su fuerza laboral. Esa historia está jalonada de luchas gloriosas, de pactos y conflictos, de batallas heroicas con victorias históricas y derrotas aleccionadoras.
Las huelgas de Chicago de finales del siglo XIX nos dejaron las ocho horas de jornada máxima, pero la derrota de los mineros ingleses frente al Gobierno de la señora Thatcher, cien años después, arrastraron a los sindicatos británicos y anunciaron la crisis del sindicalismo local frente a la economía global. La dialéctica entre capital y trabajo está en el origen y en el eje de los debates ideológicos de estos dos últimos siglos. El marxismo, las experiencias comunistas, la socialdemocracia y hasta la doctrina social de la Iglesia beben de sus fuentes y se han nutrido de las fuertes pulsiones y de los grandes antagonismos que la caracterizan.
La aparición de los sindicatos aumentó considerablemente la capacidad de negociación y favoreció la mejora progresiva de las condiciones laborales. Mirando aquí cerca, bastaría recordar la importancia de la creación de UGT en las minas del hierro vizcaíno y su influencia en las grandes conquistas laborales de hace un siglo. Desde entonces, hasta finales del siglo XX, el mundo del trabajo ha conocido una progresión evidente. Desde el nacimiento de la Seguridad Social, que protege al trabajador «desde la cuna hasta la tumba» como decía Beveridge (enfermedad, invalidez, paro, jubilación), hasta el nacimiento de una rama del Derecho (el Derecho Laboral), nacida y desarrollada bajo el principio 'pro-operario', todo en el mundo laboral ha ido progresando hacia valores de justicia y de dignidad.
¿Sigue siendo cierto este progreso hoy en día? ¿De verdad podemos afirmar que esta constante de conquistas sociales y de mejora en las condiciones de trabajo se sigue produciendo? Hace sólo unos días, la OCDE publicó un informe deprimente. El 60% de los trabajadores en el mundo carece de un marco legal que los proteja. La organización cifra en 1.800 millones el número de trabajadores que se desenvuelven en la economía informal, un nivel récord. Lejos de disminuir, el peso de los trabajadores 'en negro' crecerá hasta representar dos tercios en 2020. El informe alerta sobre las desventajas que tiene el alza del empleo sumergido. La principal es la caída de los salarios en países pobres sin red de protección social. Las mujeres, que ocupan mayoritariamente los trabajos menos cualificados, son las más afectadas por este fenómeno, así como los jóvenes y los trabajadores de mayor edad. El empleo sumergido representa tres cuartas partes del total en el África subsahariana, más de dos tercios en el sur y sureste de Asia y la mitad en Latinoamérica, Oriente Próximo y el norte de África.
No, no es sólo una imagen del mundo en desarrollo. No se trata de un fenómeno de los países emergentes. La devaluación de las condiciones del trabajo es una incesante consecuencia de la globalización económica y afecta también a nuestro mundo occidental. La externalización productiva, es decir, la producción subcontratada en todo el mundo, arrastra a la baja los marcos laborales bajo los rigores de una competencia salvaje en los costes. Europa y el mundo occidental en general que habían logrado un equilibrio entre justicia y eficiencia competitiva, ven peligrar su futuro y sus propios Estados del bienestar económico si no se rinden y aceptan los nuevos paradigmas de la economía globalizada y de la competencia planetaria. Éstos, los nuevos paradigmas del mundo laboral en concreto, son tres palabras cargadas de significados económicos que han penetrado como caballos de Troya en el delicado universo de los equilibrios laborales: flexibilidad, desregulación e individualización.
Los mercados exigen flexibilidad y las empresas trasladan este concepto -irrebatible en términos económicos y competitivos- a las relaciones laborales. Flexibilidad para entrar y salir del empleo, flexibilidad en los horarios y en las jornadas laborales, flexibilidad o movilidad laboral, profesional o geográfica. En el reino de la flexibilidad, los derechos de los trabajadores resultan un obstáculo para la competitividad. Lo mismo ocurre con la fuerte presión desregulatoria que se ejerce desde las empresas, en beneficio -dicen- del empleo. Cuanto más desregulado sea el trabajo, más empleo se crea. Ésta es la ley maldita con la que nos marcan el camino las sociedades del pleno empleo. Traducido, desregular es liberalizar la relación laboral y dejarla libre de salarios mínimos, convenios colectivos, leyes de Derecho necesario, etcétera. Por último, la individualización de las relaciones laborales es una tendencia creciente en un modelo de producción cada vez más atomizado en pequeñas empresas que, en una cadena infinita de subcontratación, han fragmentado las grandes empresas y los viejos centros fabriles. En la nueva economía 'de pymes y oficinas urbanas' la contratación se individualiza y se procura evitar la interlocución colectiva.
Es un mundo laboral devaluado. Es una quiebra crecientemente preocupante de las tendencias sobre las que habíamos construido nuestro mundo laboral a lo largo del pasado siglo que exige, a mi juicio, un replanteamiento profundo de este espacio vital que es el trabajo. Las cifras de paro que está provocando la peor crisis económica que hemos conocido en los últimos setenta años no ayudan a esta reconquista. El paro, principalmente en sectores de poca cualificación profesional, precisamente en los que la presión de la inmigración laboral es más frecuente e intensa, se convierte en una nueva palanca hacia la degradación de salarios y condiciones de trabajo en general.
Este preocupante panorama no es definitivo ni irreversible. La conciencia mundial hacia la justicia sociolaboral no para de crecer, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. En el corazón de las gentes, desde Lima hasta Bangkok, desde la Patagonia hasta el río Bravo, sigue latiendo una irresistible pulsión de dignidad y justicia en el trabajo, y el capitalismo no podrá refundarse si no es sobre estas bases elementales de relación laboral. Si la sostenibilidad es una exigencia de cualquier negocio, si la responsabilidad social de las empresas es una condición de competitividad, si los expertos y los dirigentes máximos de los grandes países están redefiniendo las reglas de los mercados financieros, si se habla incluso de la reformulación del capitalismo, la revisión de los mercados laborales hacia la dignidad laboral, el trabajo decente y la justicia social no podrá ser olvidada. No por casualidad, la OIT ha establecido como bandera de sus reivindicaciones frente a la economía global una expresión que cobra actualidad en plena crisis del empleo: el trabajo decente.
El Correo 1-05-2009
Las huelgas de Chicago de finales del siglo XIX nos dejaron las ocho horas de jornada máxima, pero la derrota de los mineros ingleses frente al Gobierno de la señora Thatcher, cien años después, arrastraron a los sindicatos británicos y anunciaron la crisis del sindicalismo local frente a la economía global. La dialéctica entre capital y trabajo está en el origen y en el eje de los debates ideológicos de estos dos últimos siglos. El marxismo, las experiencias comunistas, la socialdemocracia y hasta la doctrina social de la Iglesia beben de sus fuentes y se han nutrido de las fuertes pulsiones y de los grandes antagonismos que la caracterizan.
La aparición de los sindicatos aumentó considerablemente la capacidad de negociación y favoreció la mejora progresiva de las condiciones laborales. Mirando aquí cerca, bastaría recordar la importancia de la creación de UGT en las minas del hierro vizcaíno y su influencia en las grandes conquistas laborales de hace un siglo. Desde entonces, hasta finales del siglo XX, el mundo del trabajo ha conocido una progresión evidente. Desde el nacimiento de la Seguridad Social, que protege al trabajador «desde la cuna hasta la tumba» como decía Beveridge (enfermedad, invalidez, paro, jubilación), hasta el nacimiento de una rama del Derecho (el Derecho Laboral), nacida y desarrollada bajo el principio 'pro-operario', todo en el mundo laboral ha ido progresando hacia valores de justicia y de dignidad.
¿Sigue siendo cierto este progreso hoy en día? ¿De verdad podemos afirmar que esta constante de conquistas sociales y de mejora en las condiciones de trabajo se sigue produciendo? Hace sólo unos días, la OCDE publicó un informe deprimente. El 60% de los trabajadores en el mundo carece de un marco legal que los proteja. La organización cifra en 1.800 millones el número de trabajadores que se desenvuelven en la economía informal, un nivel récord. Lejos de disminuir, el peso de los trabajadores 'en negro' crecerá hasta representar dos tercios en 2020. El informe alerta sobre las desventajas que tiene el alza del empleo sumergido. La principal es la caída de los salarios en países pobres sin red de protección social. Las mujeres, que ocupan mayoritariamente los trabajos menos cualificados, son las más afectadas por este fenómeno, así como los jóvenes y los trabajadores de mayor edad. El empleo sumergido representa tres cuartas partes del total en el África subsahariana, más de dos tercios en el sur y sureste de Asia y la mitad en Latinoamérica, Oriente Próximo y el norte de África.
No, no es sólo una imagen del mundo en desarrollo. No se trata de un fenómeno de los países emergentes. La devaluación de las condiciones del trabajo es una incesante consecuencia de la globalización económica y afecta también a nuestro mundo occidental. La externalización productiva, es decir, la producción subcontratada en todo el mundo, arrastra a la baja los marcos laborales bajo los rigores de una competencia salvaje en los costes. Europa y el mundo occidental en general que habían logrado un equilibrio entre justicia y eficiencia competitiva, ven peligrar su futuro y sus propios Estados del bienestar económico si no se rinden y aceptan los nuevos paradigmas de la economía globalizada y de la competencia planetaria. Éstos, los nuevos paradigmas del mundo laboral en concreto, son tres palabras cargadas de significados económicos que han penetrado como caballos de Troya en el delicado universo de los equilibrios laborales: flexibilidad, desregulación e individualización.
Los mercados exigen flexibilidad y las empresas trasladan este concepto -irrebatible en términos económicos y competitivos- a las relaciones laborales. Flexibilidad para entrar y salir del empleo, flexibilidad en los horarios y en las jornadas laborales, flexibilidad o movilidad laboral, profesional o geográfica. En el reino de la flexibilidad, los derechos de los trabajadores resultan un obstáculo para la competitividad. Lo mismo ocurre con la fuerte presión desregulatoria que se ejerce desde las empresas, en beneficio -dicen- del empleo. Cuanto más desregulado sea el trabajo, más empleo se crea. Ésta es la ley maldita con la que nos marcan el camino las sociedades del pleno empleo. Traducido, desregular es liberalizar la relación laboral y dejarla libre de salarios mínimos, convenios colectivos, leyes de Derecho necesario, etcétera. Por último, la individualización de las relaciones laborales es una tendencia creciente en un modelo de producción cada vez más atomizado en pequeñas empresas que, en una cadena infinita de subcontratación, han fragmentado las grandes empresas y los viejos centros fabriles. En la nueva economía 'de pymes y oficinas urbanas' la contratación se individualiza y se procura evitar la interlocución colectiva.
Es un mundo laboral devaluado. Es una quiebra crecientemente preocupante de las tendencias sobre las que habíamos construido nuestro mundo laboral a lo largo del pasado siglo que exige, a mi juicio, un replanteamiento profundo de este espacio vital que es el trabajo. Las cifras de paro que está provocando la peor crisis económica que hemos conocido en los últimos setenta años no ayudan a esta reconquista. El paro, principalmente en sectores de poca cualificación profesional, precisamente en los que la presión de la inmigración laboral es más frecuente e intensa, se convierte en una nueva palanca hacia la degradación de salarios y condiciones de trabajo en general.
Este preocupante panorama no es definitivo ni irreversible. La conciencia mundial hacia la justicia sociolaboral no para de crecer, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. En el corazón de las gentes, desde Lima hasta Bangkok, desde la Patagonia hasta el río Bravo, sigue latiendo una irresistible pulsión de dignidad y justicia en el trabajo, y el capitalismo no podrá refundarse si no es sobre estas bases elementales de relación laboral. Si la sostenibilidad es una exigencia de cualquier negocio, si la responsabilidad social de las empresas es una condición de competitividad, si los expertos y los dirigentes máximos de los grandes países están redefiniendo las reglas de los mercados financieros, si se habla incluso de la reformulación del capitalismo, la revisión de los mercados laborales hacia la dignidad laboral, el trabajo decente y la justicia social no podrá ser olvidada. No por casualidad, la OIT ha establecido como bandera de sus reivindicaciones frente a la economía global una expresión que cobra actualidad en plena crisis del empleo: el trabajo decente.
El Correo 1-05-2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)