Batasuna y las elecciones.

Hace unos días, en vísperas del domingo electoral europeo, estábamos haciendo campaña en las calles de Vitoria. Ofrecí un clavel a una señora, junto a una bolsa con propaganda y papeletas electorales del PSOE, y la señora lo rechazó con contundencia, pero con buenas formas. «No lo quiero -me dijo-, yo no puedo votar porque me habéis ilegalizado».

Efectivamente, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 de 27 de junio ha ilegalizado los partidos y agrupaciones electorales que proceden de la antigua Batasuna y que se han ido presentando sucesivamente a las tres convocatorias electorales que se han producido desde su promulgación: las municipales y forales de 2003, las generales de 2004 y las europeas del pasado 13 de junio.

El debate jurídico y político sobre esta decisión, adoptada por la democracia de nuestro sistema institucional, el poder legislativo y confirmado reiteradamente por las más altas instancias del poder judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, no ha agotado, sin embargo, todas sus consecuencias. De una parte, porque la mayoría de los partidos nacionalistas cuestionan políticamente la ilegalización de la llamada izquierda abertzale, incluyendo al Gobierno vasco y al propio lehendakari; y de la otra, porque la resistencia de sus votantes nos muestra una anomalía democrática por la decisión consciente de un 10% aproximado del electorado de votar nulo, como expresión de su rechazo al conjunto del sistema que les ilegaliza.

No es mi propósito volver sobre las razones que explican esta situación sino argumentar respecto al futuro inmediato que se abre cuando abordemos la siguiente convocatoria electoral. Efectivamente, Batasuna se juega la última instancia de presencia política institucional que le queda, si sus candidaturas son nuevamente anuladas por los tribunales. Y desde luego, no me cabe ninguna duda de que así ocurrirá si la dirección de esa organización persiste en presentar unas listas, más o menos disfrazadas, respondiendo a la estrategia y objetivos del partido ilegalizado.

Es este escenario más que probable el que preocupa a todos y el que genera no pocas discusiones acerca de sus efectos en la próxima etapa política que se iniciará con la siguiente legislatura vasca. La izquierda abertzale angustiada ante su desaparición institucional, además de la ilegalización de su partido. PNV, EA e IU, descontentos de una ausencia que no comparten, aunque se disputen su herencia. Incluso los cálculos electorales de PSE-EE y PP no olvidan el crecimiento por absorción que experimenta principalmente el PNV al repartirse en su beneficio parte del voto ilegalizado. Y ante esto, ¿qué hacemos?

En mi opinión, está en manos de Batasuna la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, si cumple para ello las exigencias legales del sistema. Ni más ni menos que las que aceptamos todos los partidos para participar en el juego democrático. A Batasuna y a las coaliciones o agrupaciones electorales que le suceden no se les ilegaliza por sus ideas, sino por su probada y acreditada conexión con la violencia de ETA. En sentencias reiteradas, el Tribunal Constitucional (marzo y mayo de 2003 y enero de 2004) ha señalado que «las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres y deben encontrar en el poder público la primera garantía de su indemnidad». Pero, a continuación añaden: « pero a ella no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines».

Debe quedar claro pues que mientras sigan ETA y su organización política en los mismos términos que todos conocemos, la democracia española no permitirá su participación electoral. Pero, se preguntaban en su alegato ante el Tribunal los demandantes de la reciente candidatura de HZ en las europeas, ¿es ésta una inhabilitación electoral de por vida, una suerte de condición política de 'apestado' que sufrirían determinadas personas por su actividad política pasada?

En absoluto, responde el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2004 de 27 de mayo de 2004. Si quienes relacionados en el pasado con esos partidos quieren «reconstituirlos» fraudulentamente, deben contar con el riesgo cierto de que aquella vinculación pueda, junto a otros indicios, provocar la convicción judicial de su ilegalidad. Pero la sentencia añade: «Quienes, por el contrario, con esos mismos antecedentes decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo sin instrumentalizarlo al servicio de aquella maniobra defraudatoria, no habrán de tener ( ) dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores».

La sentencia de 27 de mayo va más allá y explicita qué debe hacer la candidatura cuestionada para eludir la ilegalización: « es perfectamente aceptable en una sociedad democrática que, tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa connivencia, puede esperarse de ella, si efectivamente no acepta más instrumentos que los del voto y el debate libre, una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumentos políticos (...). Con ella habría de bastar para deshacer la eficacia probatoria de indicios que, contra manifestación tan inconcusa, difícilmente podrían acreditar una realidad que así se desvirtúa».

No he oído ni leído casi nada sobre la importancia de esta sentencia y me extraña. ¿Por qué el lehendakari, al que la prohibición de HZ tanto disgustó que incluso instó a votar nulo, no pidió a esa candidatura ese pronunciamiento? ¿Por qué el consejero de Justicia, al que tanto gusta deslegitimar a tribunales y legalidad adversos a sus posiciones, no destaca esta importantísima puerta a la legalidad de Batasuna, que abre esta sentencia del Tribunal Constitucional? En definitiva, ¿por qué los dirigentes de Batasuna no se plantean hacer una declaración semejante o literal si lo desean, para poder participar en las elecciones autonómicas del año que viene, en vez de retorcerse el cerebro para intentar burlar, con un nuevo nombre y candidatos 'desconocidos', las exigencias de una ley justa y de una jurisprudencia razonable?

Muchos vascos deseamos ese paso normalizador de nuestro sistema electoral. Queremos que todos tengamos iguales derechos y que no haya tantos conciudadanos que rechacen el sistema y que retroalimentan así las subjetivas razones de su victimismo. Pero depende de ellos. Sólo de ellos. No somos los demás los que tenemos que aceptar su legalización mientras sus amigos o jefes practican el siniestro juego de la liquidación física de los adversarios. Ese tiempo acabó. Si la izquierda abertzale quiere defender su proyecto de independencia de Euskadi, de reunificación y euskaldunización, puede hacerlo como lo hacen los de EA, o los de Esquerra Republicana. Pero si no quiere condenarse a la marginación institucional y a la ilegalización de por vida, debe condenar la violencia. Es todo.

El Correo, 27 de junio de 2004.