2 de agosto de 2015

Transparencia fiscal: los informes, país por país.

El pasado miércoles 8 de julio de 2015, el pleno de la institución que representa al conjunto de los ciudadanos europeos aprobó en primera lectura la Directiva sobre Derechos de los Accionistas, la cual incluye, entre otros aspectos, la obligación de las empresas cotizadas de realizar informes desagregados país por país.

El informe, cuyo ponente ha sido el eurodiputado socialista Sergio Cofferati, ha sido duramente combatido en su trámite en comisión por los grupos popular, conservador y reformista, y liberal.

No es ésta una cuestión baladí, sino un gran avance en materia de transparencia fiscal, particularmente en el caso de los informes anuales de las grandes empresas multinacionales. Como señala la ONG Tax Justice Network, estos documentos contienen numerosos datos económicos y financieros, incluyendo "beneficios, ingresos, préstamos y número de empleados", entre otros. Sin embargo, hasta la fecha, al menos en Europa, no existe obligación de presentar esta información desagregada a nivel de país, de manera que, de acuerdo con la misma fuente, estos números se camuflan bajo epígrafes "globales o regionales".

De esta manera, los accionistas y el público en general no pueden conocer con exactitud en qué estados o jurisdicciones opera la empresa, cuántos ingresos y beneficios se realizan en cada país, y en cuál se tributa. Dicho de otro modo, el statu quo actual coadyuva a esconder de la mirada de los ciudadanos los esquemas de planificación fiscal agresiva que se articulan con la única finalidad de tributar en países distintos de donde se obtienen los beneficios.

Si las empresas multinacionales tributaran, efectivamente, donde facturan, la famosa competencia fiscal en el impuesto de sociedades perdería relevancia: el famoso tipo del 12% de Irlanda se aplicaría solamente a los beneficios que generara la compañía en ese país, y no al conjunto de su facturación global.

Aunque muchas empresas tienen filiales en varios países, una buena parte de los beneficios son trasladados a la jurisdicción que interesa (a menudo, un paraíso fiscal) mediante el abuso de los llamados "precios de transferencia". Este sistema opera con el supuesto de que la filial "compra" los productos a la matriz para su distribución, por ejemplo, en España. De esta manera, se reducen los beneficios en este país y, en consecuencia, su tributación. Este mecanismo es típicamente utilizado con fines de elusión fiscal y ha merecido la atención de la OCDE.

Este problema no se va a resolver con los informes país por país ni con el intercambio automático de información entre Estados miembros sobre las resoluciones fiscales acordadas o negociadas entre empresas y administraciones fiscales nacionales (los famosos tax rulings destapados por LuxLeaks) que ha propuesto la Comisión, pero suponen dos pasos de gigante en la transparencia fiscal, lo que permitirá descubrir más fácilmente determinados esquemas de ingeniería financiera, así como una mejor rendición de cuentas en el marco de la Responsabilidad Social de la empresa.

Sorprende, eso sí, que una parte de la derecha europea haya intentado torpedear este informe. Ahora resta una difícil negociación con el Consejo para aprobar el texto definitivo de la Directiva.

Con todo, para erradicar las malas prácticas empresariales descritas, es preciso al menos armonizar el cálculo de la base del impuesto de sociedades, para que se calculen de la misma manera los beneficios en toda la Unión, aunque difiera el tipo del gravamen en cada país. Esta armonización elimina los incentivos a recurrir al uso abusivo de los precios de transferencia, siempre que la base armonizada incluya una fórmula adecuada de consolidación y reparto; esto es, de acuerdo con el principio de tributar en proporción a la facturación en cada país.

En este sentido, la Directiva para el establecimiento de la Base Consolidada Común del Impuesto de Sociedades incluye una fórmula más compleja de reparto, aun cuando se encuentra desde hace años paralizada por los vetos nacionales en el Consejo (la Comisión acaba de anunciar la presentación de una nueva propuesta de Directiva para tratar de llegar primero a un acuerdo sobre el cálculo de la base, y dejar para más adelante la cuestión de la consolidación).

Todos los elementos reseñados (informes país por país, tributación equitativa, etc.) forman parte de los trabajos de la Comisión Especial sobre fiscalidad que se estableció en el Parlamento Europeo tras el escándalo de LuxLeaks, la cual presentará sus conclusiones a finales de año. El resultado de la votación del 8 de julio debe estimular la articulación de una ambiciosa y comprensiva estrategia europea contra el fraude y la elusión fiscal.

Publicado en Huffington Post, 31/7/2015

24 de julio de 2015

Venezuela, un futuro por hacer.

Latinoamérica vive un tiempo de cambio. Buen ejemplo de ello es la evolución de las relaciones de Cuba con el resto del mundo o los avatares del proceso de paz en Colombia. Sin embargo, de entre todos los temas que marcan la agenda latinoamericana actual, hay uno que despierta especial controversia, no pocos juicios de valor, y los consiguientes desencuentros entre ambas orillas del Atlántico. Me refiero al futuro de Venezuela.

No pretendo juzgar aquí al movimiento chavista ni al Gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo, pese a todos sus defectos, nació de la voluntad de llevar justicia social y mejores condiciones de vida al pueblo venezolano, y como socialista, no puedo dejar de simpatizar con ese objetivo.

Por su parte, el Gobierno venezolano goza de la legitimidad democrática que otorgan las urnas. No obstante, es preciso destacar algunos datos de la realidad venezolana, porque los problemas que revelan comprometen seriamente el futuro de ese país.

En primer lugar resulta preocupante el deterioro de la situación económica. El PIB cayó 4,2% puntos en 2014 y se prevé una caída de 5 puntos para 2015; la inflación alcanzaba el 68% del PIB en enero de este año y podría terminarlo en un 85%.

Con todo, estas cifras oficiales pueden ser mucho peores en la realidad. El desabastecimiento y las largas colas para conseguir productos básicos se han convertido en una triste rutina para la población. La ineficiencia del mercado de bienes y servicios impacta muy negativamente sobre el bienestar de la ciudadanía.

En segundo lugar, destacan la inseguridad y las altas cotas de criminalidad y violencia que sufren los venezolanos. En diciembre de 2014, un informe de la Organización Mundial de la Salud señalaba que Venezuela es el país latinoamericano con mayor tasa de homicidios (57,6 por cada 100.000 habitantes) y que el 90% de esos homicidios se producían con arma de fuego.

Este último dato indica que hay un elevado índice de tenencia de armas entre la población, circunstancia que desafía el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. En otro estudio, de la firma Gallup, Venezuela aparecía como el país más inseguro del mundo, según la percepción de sus propios ciudadanos.

Y según el Índice de Paz Global 2015 del Institute for Economics and Peace, el país ocupa el puesto 146 del mundo, lo cual supone un deterioro notable con respecto a 2014, cuando ocupaba la posición número 129.

A todo ello hay que añadir el clima de tensión política en el país. Todos recordamos las movilizaciones de 2014 que desembocaron en la muerte de varias decenas de personas. Desde entonces se han producido episodios intermitentes de violencia, detenciones y encarcelamientos de líderes políticos, y escaladas verbales con acusaciones cruzadas de golpismo (del oficialismo hacia la oposición) y vulneración de los derechos humanos (de la oposición al oficialismo). Todo ello denota un deterioro progresivo de la democracia en el país, especialmente alarmante en vísperas de unas elecciones.

Creo conocer bien la situación de Venezuela. En lo que va de legislatura, el Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones sobre la situación en ese país en las que he participado, y conozco bien las cuatro resoluciones aprobadas en la legislatura anterior. Me he reunido, tanto con la oposición, como con representantes del Gobierno y sectores del oficialismo.

Estuve con Felipe González antes de su reciente visita a Venezuela y hablé con él de nuevo después. Como he hablado con Roberto Requiao, mi homólogo latinoamericano en la presidencia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, quien hace poco realizó una ronda de reuniones con autoridades venezolanas en Caracas.

Con la información que me han aportado estas variadas fuentes me gustaría poner sobre la mesa una serie de mensajes que considero fundamentales de cara al futuro inmediato de Venezuela.

La primera clave de ese futuro son las elecciones ya convocadas para el 6 de diciembre de este año. Pero no basta con convocar elecciones: para ser consideradas interna e internacionalmente legítimas, las elecciones tienen que ser libres y limpias.

La mejor manera de evidenciar que lo son es que el Gobierno venezolano permita la presencia de observadores internacionales. No porque existan reservas sobre la limpieza de procesos electorales anteriores, sino porque la situación actual arroja sombras sobre los comicios de diciembre que es conveniente despejar de la forma más clara posible.

Si el Gobierno no admite la presencia de observadores, la pesada carga de la duda se instalará en la democracia venezolana. Si los admite, en cambio, los resultados que arrojen las urnas serán difícilmente contestables, la democracia y el Estado de Derecho saldrán reforzados, y los vencedores gozarán de una legitimidad sin tacha.

Esta labor de observación debería recaer en UNASUR, con presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. La UE y la OEA poseen experiencia y procedimientos de observación muy sólidos, de modo que la resolución que emitiesen proporcionaría un indiscutible marchamo de credibilidad internacional al proceso.

En éste, como en todos los casos de observación electoral, son importantes no sólo los encargados de realizarla, sino también el momento y la duración. Para que sea efectiva y creíble, la misión de observación debe empezar en septiembre, con tiempo suficiente para una verificación completa.

Una misión que llegara al país cinco o seis días antes de las elecciones sería puesta en cuestión con toda probabilidad, y su resolución carecería de la fuerza y la solvencia que Venezuela necesita en este momento.

Por último, pero no menos importante, es necesario que los representantes de todas las fuerzas políticas venezolanas tengan la oportunidad de hacer campaña libremente. Es imprescindible que, independientemente de los procesos judiciales pendientes, aquellos líderes que se encuentran actualmente encarcelados reciban la libertad condicional.

De este modo, quedaría garantizada la pluralidad de las elecciones y se eliminarían las dudas sobre la legitimidad de sus resultados.

Si el Gobierno venezolano está tan convencido como dice estar de su victoria en los comicios de diciembre, no debería tener ningún problema en satisfacer estos requisitos. Hacerlo convertiría en incuestionable su eventual victoria. No hacerlo, por el contrario, la preñaría de dudas.

16 de julio de 2015

Entrevista para #CaféPassim : UE y América Latina

Ramón Jáuregui, nacido en San Sebastián en 1948, estudió Ingeniería Mecánica y Derecho y ha desempeñado a lo largo de su amplia trayectoria numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas Vicepresidente del Gobierno Vasco, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y Ministro de la Presidencia. Desde 2014, y por segunda vez en su carrera, es diputado en el Parlamento Europeo, donde forma parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y preside la delegación europea de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

En Passim nos hemos tomado un café con él y hemos charlado de cómo ve la situación política actual en América Latina y sus relaciones con la UE.

La segunda cumbre UE-CELAC y octava cumbre UE-ALC se celebró los pasados 10 y 11 de junio en Bruselas. En que cree que se avanzó y en que se retrocedió como resultado de esta Cumbre?

Se avanzó en la puesta al día de la conexión política entre la Unión Europea y América Latina, y especialmente en la Alianza Birregional Estratégica, basada en estos tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el libre comercio. Pienso que existe una firme voluntad de hacer más cosas juntos en los ámbitos internacionales, como en la Cumbre del Cambio Climático de París, y también en la de septiembre de NNUU sobre desarrollo Post2015. Y luego se confirmaron varios acuerdos bilaterales: modernizar Chile y México, intercambiar ofertas con Mercosur para intentar alcanzar un acuerdo a finales de año después de las elecciones argentinas, impulsar el acuerdo con Ecuador, y un plan especial para América Central.

Lo que faltó fueron algunos líderes, y una intervención un poco más incisiva en los temas de mayor actualidad política de América Latina, en particular en la negociación con Cuba, el proceso de paz de Colombia y sobre todo con la crisis democrática de Venezuela. Especialmente en este último plano, creo que hubo una cesión comprensible (necesitábamos una declaración conjunta), pero innecesaria, porque el punto del 20 de la Declaración de Bruselas resultó subjetivo y parcial, recogiendo únicamente la tesis de los países del ALBA, e impidiendo a la UE expresar su preocupación por la deriva democrática de Venezuela.

A este respecto, ‚cómo cree que se desarrollarán los hechos en los próximos meses, en especial con las elecciones de diciembre?

Hay una visión un poco más optimista a raíz de que el Consejo nacional electoral de Venezuela haya decidido convocar las elecciones legislativas para el 6 de diciembre. Tengo la impresión de que el Gobierno ha decidido cumplir la ley, pero a la vez ha lanzado un reto a la oposición, pensando que el chavismo puede volver a ganar. Este pulso es bueno porque la democracia es el único desenlace de la situación política en Venezuela, siempre que las elecciones sean absolutamente limpias, y siempre que los líderes políticos que están todavía en la cárcel puedan participar en ellas, cosa que no es segura. Pero elecciones va a haber, y la oposición tiene el reto de ir unida y de alcanzar una mayoría parlamentaria, que no cambiará el poder porque el Presidente Maduro está elegido hasta el 2019. En mi opinión si la oposición gana, el chavismo estará obligado a pactar la gobernanza de Venezuela con ellos.

¿Qué hace Europa para intentar mejorar la situación política en Venezuela?

Desde Europa no hemos contemplado nunca ninguna manera de ayudar a Venezuela que no sea exigir las elecciones transparentes, justas, libres y ajustadas a la ley. Por ello por este lado estamos un poco más satisfechos, pero nos siguen preocupando tres cosas: que haya líderes políticos encarcelados, la situación de insuficiencia económica en la que vive gran parte del pueblo de Venezuela, y nos preocupa la violencia que sufre este país. Tiene un índice de violencia callejera casi equiparable a Honduras.

¿Cree que habrá alguna misión de observación electoral para garantizar que las elecciones efectivamente sean transparentes, justas, libres y ajustadas a la ley?

Va a haber una misión de observación electoral (MOE) de UNASUR, ahora hace falta que abra esa misión a la UE y a la OEA. Pero creo que la UE debiera de trabajar (y así me he dirigido a la AR/VP Federica Mogherini y al propio SEAE) para conseguir que haya una MOE de la UE a Venezuela. Es muy posible que Venezuela no lo acepte, pero tiene que decidir si acepta los observadores internacionales que son los únicos que le dan credibilidad internacional. Y la UE, junto con la OEA y la OSCE, tiene la etiqueta de ser el observador más ecuánime que existe en el mundo. Porque no conviene que quede ninguna duda de la limpieza electoral des estos comicios, y tampoco le conviene al propio Maduro.

Usted ha manifestado cierta crítica tras la II Cumbre UE-CELAC por la pérdida de influencia de España (y por consecuencia de la UE) en América Latina, llegando a decir que ‘No somos nadie‘ . ¿España está haciendo suficiente?

Pienso que España no es suficientemente activa dentro de la UE a la hora de reclamar una política de la Unión con América Latina de mayor comunicación política y económica, y el ejemplo más paradigmático de esto es Cuba. Se ha alterado el tablero en un año de una manera muy notable. Estamos a las puertas de que se abran las Embajadas de EEUU y Cuba respectivamente, y yo pienso que España está ausente de esta evolución. Y esto a pesar de que somos el país que más intereses comerciales y económicos tiene en Cuba.

¿Qué rol juega la UE en este nuevo escenario con Cuba, y qué papel ha tenido España en ello?

No hace falta recordar que desde la famosa Posición Común que abanderó Aznar en 1996, 18 países de la UE han firmado acuerdos comerciales bilaterales con Cuba, y nosotros hemos estado un poco fuera de toda esta evolución. España tiene que recuperar ese papel, somos probablemente el país más querido y con más potencial en la isla. Y creo que deberíamos articular un triángulo España-EEUU y Cuba para lo que venga, porque creo que en Cuba van a seguir cambiando las cosas aceleradamente, quiero recordar que hay una Ley de Inversión extranjera del 2014 que amplía y favorece mucho las inversiones, y con toda seguridad el acuerdo que UE y Cuba firmen quizás a finales de este año también va a concretar espacios de cooperación económica muy importantes.

Para mí el cambio político en Cuba vendrá como consecuencia de todo esto, no será una condición formal de los acuerdos, pero pienso que en cuanto se abra el espacio a la comunicación humana, cuando se abra el espacio tecnológico y entre la banda ancha, cuando lleguen las inversiones económicas que se tiene que producir… La democracia no podrá tener fronteras y avanzará irremisiblemente.

¿En qué punto está el Acuerdo entre la UE y Cuba?

Se está avanzando. Hay una mesa de discusión sobre los derechos humanos, pero no hay que esperar grandes avances formalmente en estos acuerdos, porque los cubanos no quieren cambiar su régimen político, que representa la revolución de hace 50 años, y cualquier condicionante rígido en esta materia puede ser prematuro en este momento.

Sobre los Acuerdos de paz en Colombia: ¿en qué punto están y cuál es su visión al respecto?

Están pasando un momento delicado, aunque la voluntad de todos es seguir. Mi impresión es que este año (de aquí al verano de 2016) es decisivo, y debería culminar la negociación. De lo contrario, el final de la legislatura del Presidente Santos será como una espada de Damocles, que podría echar por tierra los grandísimos avances que se han producido en estos años y los acuerdos ya formalizados en varios capítulos. Yo pienso que en este terreno tenemos que ser muy concluyentes ayudando y reforzando al Gobierno de Colombia, y pedir a Cuba una especial intervención, que ya la tiene, pues es un país muy importante no sólo porque acoja en La Habana las negociaciones sino porque tiene una capacidad de influencia enorme sobre las FARC. Y nosotros creemos que es “ahora o no se sabe cuándo”. Me aterra que este proceso no termine bien en su tiempo, y si no acaba en el periodo de Santos todo puede peligrar.

¿Cómo contribuye la UE para ayudar en esta negociación?

Los países que más están ayudando son Cuba y Noruega, por ese orden. La UE está dialogando con el gobierno colombiano en varios planos para establecer por ejemplo políticas de superación del conflicto en materia de víctimas, de reinserción social… es decir, está poniendo todo el expertiseque tiene en esta materia, y también algo de cooperación económica.

Y a nivel político, me gustaría (y en ello estoy trabajando) que en el Parlamento Europeo a finales de año pudiéramos aprobar una resolución solemne muy potente con el máximo acuerdo de todos los grupos a favor del proceso de paz en Colombia.

¿Qué le gustaría dejar como logro como Presidente de EuroLat?

Quiero que EuroLat sea algo más. Por ello estoy hablando con Roberto Requião, Co-Presidente brasileño de EuroLat, para discutir la manera para que EuroLat sirva para algo más que reunirse de vez en cuando y mostrar nuestros desacuerdos. Para mi tiene que ser una organización capaz de ofrecer reflexiones políticas comunes sobre temas que nos importan, como el combate al narcotráfico, intercambios de experiencias de política regional, cohesión social, sistemas de seguridad social… Ser capaces de promover debates y propuestas a los gobiernos en una dirección concreta, ayudar a mayor conexión entre las sociedades latinoamericana y europea, favoreciendo todo tipo de intercambios, haciendo más conexiones entre las universidades, reclamando una alianza regional más intensa entre UE-ALAT en los grandes foros internacionales, y convirtiéndonos de caja de resonancia de los grandes debates que tiene América Latina en Europa. También me gustaría ser capaces de que Europa mire a América Latina no solamente a través de los portugueses y españoles, que Alemania y otros países se involucren también en la región. Y finalmente, ser capaces de que la mirada europea no sea tan prisionera del este, del Mediterráneo y Asia y mire también hacia América Latina.

Escrito por Laura Ballarin

15 de julio de 2015

Eurodiputados Vascos hablan sobre Memoria Histórica.



 Programa especial de Boulevard desde el Parlamento Europeo, los eurodiputados vascos Izaskun Bilbao (PNV), Josu Juaristi (EH Bildu) y Ramón Jáuregui (PSOE) han hablado sobre los sucesos del 3 de Marzo, la memoria histórica y las maneras de abordar esta cuestión en otros países.

Audio completo en este enlace.


 

28 de junio de 2015

De la RSE a la economía del bien común

¿Ha agotado la RSE, todas sus posibilidades como teoría transformadora del papel de las empresas en la construcción social del Siglo XXI? Me parece una pregunta crucial en el debate ideológico que atraviesa el mundo socioeconómico después de la larga y profunda crisis económica y financiera que estamos viviendo desde 2007.
Naturalmente, esta es una pregunta ociosa, yo diría que incluso pretenciosa `para quiénes nunca vieron en la RSE -y son legión- una vocación innovadora sobre el papel y las responsabilidades sociales de la empresa en la nueva sociedad globalizada e integrada por sus stake holders. Pero también hemos sido muchos los que hemos impulsado esta nueva función social de la empresa con una ambiciosa mirada en sus potencialidades para contribuir a la sostenibilidad medioambiental, a la dignidad y justicia del trabajo y de las relaciones laborales y para hacerlas partícipes en la superación de los problemas sociales de su entorno: desempleo, exclusión, formación, etc.
Para quienes hemos sostenido esta idea como motor o impulso de una RSE integral y exigente, el desarrollo de esta teoría sobre la empresa del futuro y, sobre todo, su aplicación práctica, ha llegado a un punto muerto.
El mundo empresarial, el mediático, las escuelas de negocios y, desde luego, muchísimos ámbitos de la administración pública nacional y europea, conciben la RSE como un mero instrumento de gestión de la empresa ligado a sus crecientes espacios de interconexión con la sociedad de la comunicación, los consumidores, el medio ambiente, las crecientes demandas de información y transparencia desde los mercados financieros y la reputación corporativa en general que reclaman las marcas en el Siglo XXI.
Casi todos ellos se quedan ahí. Inclusive mucha de la investigación y de la docencia universitaria sobre esta materia, se limitan a extraer de este nuevo marco de relaciones de la empresa con sus stake holders, todo un conjunto de técnicas y de instrumentos para suavizar los impactos sociales y  medioambientales de las empresas y favorecer la reputación corporativa de las compañías, lo que ha acabado por convertir a la RSE de la mayoría de ellas, en un elemento instrumental, sectorial y colateral de la gestión empresarial.
En su origen, la RSE era solo eso. Pero muchos creíamos -y seguimos haciéndolo- que la empresa impulsada por esas nuevas realidades y exigencias de la nueva sociedad, se acabaría sumando así a los esfuerzos que los poderes públicos y la sociedad realizan a favor de una economía generadora de empleo y bienestar y de una sociedad sostenible y cohesionada. Quizás fuera ingenua esta pretensión pero, una RSE sin esa ambición se convierte en una simple técnica de gestión sin interés social.
Esta concepción “técnica” de la RSE, desprovista de una carga ideológica y filosófica sobre la función social de la empresa y el insuficiente desarrollo práctico de la idea, están en el origen de un nuevo debate que pretende trascender la RSE, superarle podríamos decir, y trasladar la idea central de la ética y de la responsabilidad en las empresas, a una dimensión más amplia: el mercado (los productos y servicios) y la economía en general, bajo la denominación de “La economía del bien común”, en expresión inglesa de sus promotores: Economy for the Common Good (ECG).
Junto a este intento de superación de la RSE, con un concepto más ambicioso y profundo, el fundamento de la idea surge de los enormes descontentos sociales que han provocado la crisis económica y la creciente exigencia social medioambiental y, concretamente de lucha contra el cambio climático. Efectivamente, muchos señalan el deterioro de los pilares del Estado del Bienestar en Europa como el preámbulo de una cierta ruptura del contrato social que legitima incluso, el sistema democrático. Unido todo ello a la crisis política de las instituciones democráticas afectadas gravemente por la corrupción, el desgaste de los partidos políticos y la imposición fáctica de los mercados financieros a las decisiones políticas, han acabado por generar una verdadera crisis sistémica.
La Economía del Bien Común recoge este descontento y lo transforma en un modelo de economía alternativo, no tanto cuestionando el mercado y sus reglas, sino introduciendo en su funcionamiento una especie de exigencia social para primar los productos, los servicios y las empresas que respondan a un modelo auditado de modelo económico que puede contribuir con éxito a la Estrategia Europa 2020, en particular:
 - Impulsando la tasa de empleo y mejorando la calidad de los puestos de trabajo existentes (la "dignidad humana" y los valores de "justicia social");
 - Fomentando la innovación social en la sociedad civil y en la empresa y las esferas políticas (valores "de participación y democracia");
 - Reduciendo las emisiones de CO2, promoviendo las energías renovables, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de energía ("sostenibilidad ecológica");
 - Disminuyendo la población en riesgo de pobreza o que sufre exclusión social ("justicia social" y "solidaridad")
La idea se refuerza en que la demanda social en torno a estas ideas está creciendo en todo el mundo y que una economía basada en estos valores, está además recogida en el espíritu y en la letra de las Constituciones democráticas, lo que la convierte en una demanda legitimada por las leyes. La concreción de la estrategia para el desarrollo de la EBC, se sustenta en un Modelo de Balance o de Memoria que evalúa los conceptos que la integran en los diferentes ámbitos antes citados, con la particularidad de que el Balance debe ser obligatorio y debe ser: 1. Universal; 2. Medible en los puntos neutrales; 3. Comparable entre compañías; 4. Comprensible para las partes interesadas, 5. Pública 6. Auditada externamente 7. Obligatoria 8. Legalmente vinculante.
A partir de aquí, lo ya sabido: Un “Label ético” certifica a los productos, a los servicios y a las empresas; una autoridad pública para otorgarlo y hacerlo homologable y cierto. Premios para sus poseedores, castigos de mercado para quienes no los posean, etc. etc., hasta llegar a crear una banca ética como modelo financiero alternativo.
¿Tiene futuro la Economía del Bien común? Debería. Pero, mucho me temo que parecidos problemas a los que ha tenido la RSE en su desarrollo, le serán aplicables. Por ejemplo:
  • La dificultad para expandir socialmente esta experiencia social y convertirla en una verdadera palanca de influencia en el consumo y, por lo tanto, en los resultados económicos de las compañías.
  • La insuficiente formación académica de los directivos en estas ideas y la falta de conciencia social en los líderes empresariales. No podemos olvidar que la mayoría de los esfuerzos de las empresas para adquirir este "label ético", representan incremento de costes económicos en  sus cuentas de resultados.
  • La dificultad de homologar el balance (Memoria) sobre conceptos relativos y abstractos, con mediaciones precisas y en sectores económicos muy diferentes.
  • Los enormes problemas que suscita la creación de un Mercado Preferencial para la “ética del Bien común”, en un mercado globalizado que cada día camina más aceleradamente hacia la liberación de proteccionismos fiscales (o éticos en este caso).
Expongo estas objeciones como una contribución sincera a un debate en el que participo constructivamente y a una idea que personalmente me agrada y suscribo. Pero, la experiencia del desarrollo de la RSE, me obliga a hacer estas precisiones para que seamos capaces de superarlas y para que trabajemos en la buena orientación.
Personalmente estoy más cerca de la Economía del Bien Común, que de aquellos que proclaman el fin de la Economía de Mercado, incluso del capitalismo mismo, pero no son capaces de ofrecernos un modelo alternativo para la economía del mundo global. Por lo menos, un modelo conocido y de éxito. Ya somos muy mayores para creer en los panfletos o en las consignas de protesta sin alternativas.
La izquierda socialdemócrata tiene la necesidad de renovar su proyecto para hacer compatible productividad y cohesión social y no está siendo fácil hacerlo, todo hay que decirlo. Pero esas aspiraciones de Igualdad en la Libertad que atraviesan nuestra historia, son más factibles con la intervención pública sobre los mercados que, con su supresión y la Economía del Bien Común, camina en esa dirección, incorporando al Mercado valores que deseamos y por los que luchamos. Bienvenidos pues y ¡A por ello!
Publicado en Diario Responsable, 28/06/2015
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Foto: SANTOS CIRILO
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