18 de marzo de 2015

"A Europa le preocupa el avance económico de China en Latinoamérica"



Panamá. 17 mar (EFE).- Uno de los copresidentes de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat), el eurodiputado socialista Ramón Jaúregui dijo hoy en Panamá que a Europa le preocupa la pérdida de influencia en Latinoamérica y el avance de China en la región.

"Nos preocupa que dejemos de ser el gran aliado económico que Europa ha sido para muchos países latinoamericanos y que otra potencia económica, China, por ejemplo, nos sustituya", apuntó el copresidente del Eurolat en el discurso de inauguración de la reunión que el organismo birregional celebra hasta mañana en Panamá.

Diputados europeos y latinoamericanos se reúnen desde hoy en el país centroamericano para redefinir sus relaciones comerciales y buscar estrategias que enfrenten problemas comunes como la corrupción, la evasión fiscal, la migración, el tráfico de drogas, la impunidad del crimen organizado y la violencia machista.

"Hemos vivido demasiado tiempo sin hacer lo que teníamos que hacer juntos (...) Nos preocupa que América Latina mire cada vez al Pacífico y que Europa mire cada vez más al Este, al norte de África y al Mediterráneo", dijo Jaúregui.

El otro copresidente del Eurolat, el salvadoreño Leonel Vásquez Búcaro, reconoció a Efe que América Latina está buscando nuevos mercados y que la presencia de China en el continente en los próximos diez años va a ser "mayor".

Según datos del Parlamento Europeo, en el año 2000, China ocupó el lugar 16 entre los destinos de las exportaciones latinoamericanas y del Caribe, y el puesto 9 como fuente de importaciones.

En la actualidad, el gigante asiático es el segundo socio comercial de América Latina y la segunda fuente de inversión extranjera directa, tan solo detrás de Estados Unidos.

"Europa hasta hace poco miraba a Latinoamérica como una productora de materias primas (...) Europa debería en estos momentos tener una estrategia distinta de cara Latinoamérica, una ofensiva mayor, un dialogo mas permanente, una conversación horizontal", añadió Vásquez Búcaro.

Eurolat fue creada en 2006 como una institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional establecida en junio de 1999 entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

El organismo, que está copresidido por el eurodiputado español Ramón Jaúregui y por el diputado latinoamericano José Leonel Vásquez, lo forman 150 diputados, 75 del Parlamento Europeo y 75 del Parlatino.

13 de marzo de 2015

¿Suben los salarios?

Una buena muestra de las divergencias económicas de la zona euro son las diferencias en los salarios entre algunos de los países de la misma zona monetaria. En Alemania y España, por ejemplo, tenemos salarios muy divergentes y quizás más a partir de las últimas noticias. Es verdad que hay millones de empleos de bajos salarios en Alemania (minijobs, por ejemplo), pero la media salarial entre nuestros dos países dista más de un 25%. La crisis en España ha reducido los salarios –sobre todo del empleo joven– en más de un 20% en estos últimos cinco años y hoy tenemos un verdadero problema de subempleo en la cuarta parte de nuestra población laboral.

Desde que la globalización productiva, impulsada por el libre comercio y la financiarización internacional, presiona a la baja las condiciones laborales del mundo occidental, el sindicalismo europeo sufre un desgaste enorme. Su lucha ha sido durante los últimos años casi resistencialista. Defender lo conseguido, no perder protagonismo sociolaboral, mantener afiliación, sostener la negociación colectiva, etc han sido y desgraciadamente son todavía sus principales objetivos. Los sindicatos son, sin embargo, organizaciones imprescindibles en un mundo laboral en constante devaluación y con evidentes dualismos internos y desigualdades crecientes. Otra cosa es que ese sindicalismo necesario se actualice y adapte a un mundo laboral nuevo, y que sea capaz de reformular sus viejas aspiraciones de dignidad y justicia a las nuevas realidades laborales de este siglo.

Pero lo cierto es que mientras todo eso ocurre, se siguen negociando las condiciones laborales y salariales de millones de personas. Mirando a España, estamos a punto de saber si nuestros sindicatos y patronal acuerdan las negociaciones retributivas para los próximos tres años, que girarán en torno al 1% anual, por lo que se va sabiendo.

Sin embargo, y paralelamente, acaba de producirse una importantísima noticia y una gran victoria sindical en Alemania como consecuencia de la negociación de la subida salarial en el sector del automóvil, entre el sindicato IG Metal y la patronal del sector metalúrgico en Baden-Würtemberg. Efectivamente, el acuerdo contempla una subida del 3,4% del salario de los trabajadores a partir del próximo 1 de abril, además de una prima única de 150 euros a cada trabajador. El acuerdo sólo afecta al Estado en el que se encuentra la gran industria automovilística, pero se aplicará también en el resto del país.

Hacía mucho tiempo que una negociación colectiva salarial no terminaba con una victoria sindical tan importante. Dos consecuencias positivas pueden extraerse de esta información. Por una parte, que mejoren los salarios en Alemania es importante porque eso aumentará el consumo en la principal economía europea, permitirá converger con las economías del sur en materia de balanzas comerciales y ofrecerá un horizonte de imitación en el resto de sectores y de países, poniendo fin a los años de devaluación salarial que estamos sufriendo.

Por otro lado, estimula la organización sindical de los trabajadores y fortalece la negociación colectiva como instrumento de fijación de las relaciones laborales.

Que los sindicatos serios –como lo es el IG Metal alemán– y la negociación colectiva recuperen prestigio y presencia no puede sino calificarse como una buena nueva en este clima de deterioro laboral y de derrotas sindicales que llevábamos sufriendo desde hace muchos años.

La estructura salarial en España merece, a la vista de todos estos precedentes, una reflexión un poco más profunda. Empecemos por los salarios bajos. Hay demasiados salarios bajos y son demasiado bajos. Seiscientos cincuenta euros de salario mínimo (junto a Portugal, el más bajo de la Eurozona) para cerca de un millón de empleados es la primera de nuestras anomalías. Una diferencia del 30% de retribución salarial entre temporales y fijos para la misma función, con cerca de cinco millones de trabajadores eventuales, es la segunda. Una diferencia de hasta el 25% de salarios entre hombres y mujeres, la tercera. Y una brecha salarial de uno a cien entre el salario más bajo y el más alto es un abanico salarial inaceptable, además de injustificado.

Por eso se está planteando en toda Europa –y el PSOE lo llevará en su programa electoral– la limitación de los salarios de los directivos, la subida del salario mínimo y una ley para asegurar las retribuciones iguales más allá del género y la edad. Hablando de edad, concretamente de jóvenes, permítanme una línea para denunciar la explotación laboral a la que se ven sometidos miles de jóvenes españoles, licenciados; trabajando en consultoría, despachos, oficinas centrales, etc., con horarios que superan las diez o doce horas diarias, ganando durante años salarios que son la mitad o la tercera parte de los que perciben sus coetáneos en París, Londres o Múnich.

En el marco de una revisión profunda de nuestro Estatuto de los Trabajadores –no lo olvidemos, una ley de hace casi cincuenta años– tiene que adaptarse a un mundo laboral y productivo totalmente distinto al de la España de finales de los años setenta del siglo pasado, los salarios y las condiciones laborales de nuestro país deberán modernizarse, y sobre todo, alcanzar más equilibrio y justicia.

Publicado en Cinco Días, marzo 2015.

10 de marzo de 2015

"La elusión fiscal es un robo a la sociedad"

NOTA DE PRENSA. Martes, 10 marzo 2015.

El eurodiputado socialista y miembro de la comisión especial contra el fraude y la evasión fiscal (Tax-Leaks) Ramón Jáuregui asegura que lo ilegítimo debe convertirse en ilegal”.

Tras la primera reunión de la comisión especial contra la evasión y el fraude fiscal, (Tax-Leaks) celebrada esta semana en Estrasburgo, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha censurado la existencia de modelos organizados por los Estados miembros que fomentan la evasión fiscal. “Prácticas que son claramente ilegítimas y deberían ser ilegales”, ha señalado.

“Investigaremos las prácticas fiscales fraudulentas y desleales de los países de la Unión así como a los auditores que se han especializado en una ingeniería fiscal antisocial. También examinaremos a los Bancos que trasiegan el dinero privado a paraísos fiscales y facilitan la evasión fiscal, además de las actuaciones fiscales de las grandes compañías que no pagan impuestos de sociedades”, ha explicado el eurodiputado socialista.

“Mejorar y aumentar la recaudación fiscal para sostener los servicios públicos y para incentivar el crecimiento económico y el empleo es una urgencia social”, ha asegurado Ramón Jáuregui, que ha calificado de “robo a la sociedad, que bancos y empresas, muchos de ellos ayudados con dinero público durante la crisis, eludan pagar impuestos a expensas de los contribuyentes honestos. No puede haber lugar para esto en Europa”.

"Igualmente, inspeccionaremos el papel de las consultorías internacionales. Determinaremos si las que asesoran a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre cómo mejorar los sistemas de impuestos, son las mismas que desarrollan modelos de evasión fiscal para empresas. Este tipo de relación infame es claramente inaceptable", ha declarado Jáuregui.

La comisión temporal preparará un informe que proporcionará un amplio paquete de medidas para una justicia fiscal más fuerte en Europa. Es una prioridad para los socialdemócratas poner fin a la evasión fiscal. A este respecto, Jáuregui ha reiterado el compromiso de los socialistas en “establecer orientaciones políticas y propuestas concretas para asegurar que las empresas coticen allá donde operan, cesar la competencia fiscal a la baja en los impuestos, mejorar la coordinación informativa entre los servicios fiscales nacionales, abortando el secreto bancario y la opacidad fiscal. Además de armonizar los impuestos en toda la zona euro y avanzar en una nueva fiscalidad, más rigurosa y en gravar los movimientos financieros”.

El mandato de la comisión especial expira en seis meses, con la posibilidad de una prórroga de medio año. La próxima reunión se celebrará el 30 de marzo.

Una iniciativa ciudadana europea más accesible.

Hace unos días celebramos en el Parlamento Europeo un interesante debate en torno a la Iniciativa Ciudadana Europea cuando están a punto de cumplirse tres años desde su entrada en vigor. Este instrumento, consagrado por el Tratado de Lisboa para reforzar la participación democrática ciudadana y acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, permite que un millón de ciudadanos de, al menos, siete de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE) soliciten la creación de un texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE.

Sin embargo, y tal como expresaron los participantes, las dificultades que plantea el cumplimiento de los requisitos fijados por el Reglamento que regula este instrumento entorpecen la consecución de su objetivo principal: la participación en la vida democrática de la Unión. Buena prueba de la complejidad de las exigencias es que de las 49 iniciativas que se han puesto en marcha desde 2012, solo tres han cumplido todos los requisitos y han alcanzado el número de firmantes requerido.

¿De qué sirve crear un instrumento innovador pero con tantos requisitos burocráticos que socavan el nivel de participación ciudadana y desalientan a los más de seis millones de ciudadanos que han apoyado con su firma una Iniciativa Ciudadana Europea? 

La Comisión Europea presentará en abril un informe sobre la aplicación del Reglamento y previsiblemente introducirá algunas propuestas para reducir las barreras administrativas y dar un empuje a este instrumento que, lamentablemente, es muy poco conocido por la ciudadanía europea.

En mi opinión estas propuestas no deberían limitarse a las cuestiones más técnicas y burocráticas (facilitar los sistemas de recogida de firmas a través de páginas web; ampliar el plazo para la recogida de las firmas; facilitar la traducción de las iniciativas ciudadanas propuestas a otras lenguas oficiales de la Unión; simplificar los requisitos que se piden a los firmantes, etc.), sino que también deberían incluirse fórmulas para mejorar el seguimiento de las iniciativas que hayan conseguido el número de firmas requerido o, en su defecto, un amplio número de firmas. Quizás no todas las iniciativas puedan desarrollarse como propuestas legislativas, pero convendría reconducirlas en otros instrumentos políticos como Recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros y Dictámenes; Comunicaciones y Libros Blancos de la Comisión, etc.

Debemos ser ambiciosos si queremos reconciliar a los ciudadanos con la Unión Europea y atajar el incremento del voto antieuropeo y de la tasa de abstención de las pasadas elecciones europeas. Solo si actuamos de forma más política y menos legalista y solo si abrimos vías de participación democrática, los ciudadanos sentirán que su voz cuenta en Europa.

8 de marzo de 2015

Tareas pendientes de Europa en América Latina.

Es bueno que la Unión Europea exija diligencia a sus socios en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, siempre y cuando sea igual de exigente consigo misma. Con respecto a América Latina, Europa no siempre es tan diligente como debiera a la hora de cumplir sus tareas pendientes, con el consiguiente deterioro de su imagen.

Un primer ejemplo de esa falta de diligencia es el retraso de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Dicho retraso se debe a que el texto del Acuerdo está aún pendiente de ratificación en diecinueve parlamentos nacionales, todos ellos de Estados miembros de la UE. Los socios latinoamericanos han hecho en este caso sus deberes antes que los europeos.

Hay otro ejemplo más preocupante por sus consecuencias sobre las personas y sobre el medio ambiente. Es el caso de las industrias extractivas europeas con presencia en América Latina, cuyos proyectos presentan a menudo una doble cara. Por un lado, generan riqueza y empleo, y ambas cosas son imprescindibles para el crecimiento y la mejora del bienestar de los países que los albergan. Por otro lado, esas industrias utilizan intensivamente recursos como el agua y la tierra, y su impacto directo sobre las comunidades -normalmente comunidades indígenas- de las zonas donde se desarrollan no es siempre tan positivo. A lo largo de los últimos meses he recibido a representantes de comunidades afectadas en distintos países latinoamericanos, que narran situaciones de desplazamientos forzosos, deterioro de los recursos naturales y otros tipos de abuso.

La UE debe ser exigente con las empresas europeas que desempeñan sus actividades en el exterior, en primer lugar porque es lo justo, y en segundo lugar, porque la buena o mala imagen que dan de sí mismas influye decisivamente en la imagen que los latinoamericanos tienen de Europa. Debemos pedirles que respeten la normativa de los países en los que se implantan, que no rebajen sus estándares laborales o medioambientales cuando salen de nuestras fronteras. Pedirles, en definitiva, que sean socialmente responsables.

A nuestros socios latinoamericanos, debemos invitarles a que nos informen de los casos en los que empresas europeas vulneren ese principio de responsabilidad. Así se lo expresé hace unos días en la Delegación para los Países Andinos del Parlamento Europeo a los embajadores de Colombia y Perú, dos de los países en los que tienen más presencia las industrias extractivas europeas. Que esa presencia se aproveche para bien será fruto de la colaboración de todos.
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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.