21 de abril de 2015

Un Ejército europeo.

Empecemos por el principio. ¿Hace falta un Ejército? Desgraciadamente, sí. El viejo dilema entre “mantequilla” y “cañones” no resiste la prueba de la realidad. Fuerzas militares europeas realizan misiones de mantenimiento de la paz, bajo mandato de Naciones Unidas, en más de 20 lugares del mundo donde hay conflictos enquistados. Trece militares españoles han muerto desde 2006 en la frontera entre Líbano e Israel en defensa de la paz. Es nuestra Armada y la de otros países europeos la que protege a los buques que llevan ayuda humanitaria a Somalia y a los pescadores europeos que faenan en esas aguas. Y la que ayudó a la población haitiana tras el terremoto de 2010. Hasta los izquierdistas griegos de Syriza se niegan a recortar su elevadísimo gasto militar (el tercero mayor de Europa en relación al PIB). Pero Rusia machaca impunemente a Ucrania y humilla a una Europa impotente, porque ni tenemos un Ejército europeo, ni estamos dispuestos a emplear tropas nacionales en un conflicto que a nosotros nos parece “lejano”. Y, sin embargo, no hay que descartar que tengamos que emplear fuerzas militares en el norte de África, sea para impedir que el Estado Islámico se haga con una base permanente, o para apoyar a un Gobierno de unidad nacional en Libia si la mediación de Naciones Unidas (dirigida por el español Bernardino León) tiene éxito.

Segunda pregunta: ¿tienen sentido los Ejércitos nacionales? En Europa, ninguno. Todas las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas, desde hace dos décadas, se encuadran en misiones europeas o internacionales. Y nuestros intereses de seguridad están protegidos por esas alianzas. No es casual que la propuesta de Juncker de crear un Ejército europeo haya suscitado tanto debate. La idea es tan vieja como el proyecto europeo, pero choca con la “soberanía militar nacional” de los grandes (Reino Unido y Francia, principalmente). Y su implementación ha sido inviable por las frecuentes contradicciones de la política exterior de los Estados miembros, cuyas “culturas estratégicas” (percepciones de amenazas) no coinciden. Sin embargo, poderosas razones de economía, eficiencia y seguridad nos impulsan en esa dirección, que ofrece además una enorme sinergia integradora para el conjunto de la Unión. A falta de un demos europeo, que no logramos en tiempos de antagonismos internos y neonacionalismos, la idea de una Unión de Defensa europea (con el objetivo de un Ejército común al final del trayecto) puede ser hoy un motor federalizante, cuando la integración está atascada en otros terrenos. La razón es clara: la seguridad europea —seriamente amenazada por el noreste y por el sur— se impondrá en los próximos meses/años como una “causa de fuerza mayor”, que sacará al continente de su letargo estratégico.

No hace falta detenerse en los beneficios económicos y en la eficacia militar que se derivarían de la Unión de la Defensa. Se han estudiado hasta la saciedad. Propuestas en este terreno hay muchas y buenas. Pero para que tengan el apoyo de la opinión pública y de los Gobiernos hay que partir de los retos defensivos y de seguridad que afrontará Europa en los próximos meses/años.

“Francia está en guerra”, dijo el primer ministro francés Manuel Valls tras los atentados de París. ¿Lo está también Europa? Porque la amenaza terrorista es común. Baste recordar el 11-M de Madrid y el reciente asesinato de europeos en Túnez. Pero no solo. Ucrania es Europa, como España era Europa en los años treinta, previos a la II Guerra Mundial. Y nos guste o no, hemos entrado en un conflicto estratégico con Rusia, por el futuro de Ucrania y del espacio europeo entre la UE y la Federación Rusa. En el sur del Mediterráneo, el Estado Islámico está a punto de consolidar una base de operaciones en Libia, un país entre el caos y la guerra civil, a menos de 200 kilómetros de las costas italianas. En el primer caso, los europeos estamos en la fase de negación de la evidencia; en el segundo, mirando para otro lado, para ver si alguien se ocupa del problema.

Impedir esa deriva exige fortaleza política (unidad) y una fuerza militar autónoma creíble, en el marco de la OTAN. De lo contrario, las decisiones sobre la seguridad y la paz en Europa se tomarán en Washington y Moscú, como durante la Guerra Fría. Por eso, la UE debe comunitarizar urgentemente su política exterior y de seguridad (que incluye la Política Común de Seguridad y Defensa), como propone reiteradamente Javier Solana. Es decir, debe abandonar la intergubernamentalidad paralizante, que exige unanimidad y deja cualquier medida a expensas de un veto nacional de cualquiera de los Estados miembros. Y debe unificar sus Fuerzas Armadas.

Juncker ha lanzado la idea del ejército común. ¿Qué pasos se deberían seguir? He aquí nuestra propuesta:

1. Una Declaración Merkel-Hollande el 9 de mayo (65° aniversario de la Declaración Schumann) que empezara diciendo: “La paz en Europa no puede salvaguardarse sin esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan”.

2. La creación, en el marco de la cooperación permanente estructurada que permite el Tratado de Lisboa, de una Academia Militar conjunta, abierta a todos los países miembros interesados, para formar oficiales de un futuro Ejército europeo.

3. La creación de un Eurogrupo de Combate, integrado por los países dispuestos, con capacidad de despliegue inmediato para acudir a misiones urgentes, como ocurrió en Malí (a donde acudieron solo los franceses) o como puede ocurrir en Libia para defender un Gobierno de unidad si las gestiones de Naciones Unidas tienen éxito.

4. Comunitarizar la política de inmigración; de entrada, como cooperación reforzada de los países Schengen. Entrañaría una política de inmigración común integral (visados, asilo, refugiados, políticas de procesamiento e integración). Y un sistema de control y policía de fronteras unificados en las entradas calientes de la UE, empezando por España, Italia, Grecia y Portugal. Un paso que exigiría otro crucial para la seguridad: una Policía Federal Europea, con competencias para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y los delitos económicos a escala transnacional.

5. Avanzar en la integración de las fuerzas navales y de guardacostas de los países del sur de Europa (Italia y España, Portugal y Grecia), coordinando y realizando actuaciones conjuntas para el control de las aguas territoriales y el salvamento de inmigrantes en el Mediterráneo.

El siglo XX nos enseñó que en nuestro continente tanto la libertad como la seguridad son indivisibles. Si somos coherentes con nuestra historia y nuestros valores, para una Europa libre y unida, mejor un Ejército que veintiocho.

Ramón Jáuregui es eurodiputado socialista y Javier de la Puerta es profesor de Política Internacional para ISA (International Studies Abroad) en Sevilla.
El País, 20 Abril 2015.

30 de marzo de 2015

Un nuevo estatuto de autonomías

"La reforma estatutaria, que aconsejan los cambios habidos en nuestra sociedad, no es tarea fácil ni urgente. Y requerirá la recuperación de consensos internos"

A diferencia del proceso catalán, lleno de ruido y de rupturas y me temo que de frustraciones futuras, los partidos vascos decidieron constituir una ponencia sobre el futuro de la autonomía vasca, llamar a expertos, escuchar a todos y hablar entre ellos para escoger el mejor camino en la definición de nuestro marco jurídico y político para los próximos decenios.

A decir verdad, no es esta una urgencia social hoy en día. Todas las encuestas muestran que este tema ocupa los últimos lugares de las preocupaciones de los vascos. Pero no es menos cierto que dos partidos, actualmente mayoritarios, el PNV y Bildu, cuestionan el actual marco, los segundos abiertamente y los primeros hacia un ‘nuevo status’ cutos perfiles no están precisamente claros.

El principal mérito del proceso abierto en el Parlamento vasco es que se busca un nuevo consenso interno. Es decir, se ha renunciado a imponer un proyecto, aunque pudiera parecer mayoritario, a costa de una fractura social interna del país, y se demanda un nuevo esfuerzo de adaptación a las opciones ajenas en la búsqueda de un mínimo común, aceptable para todos.

La pregunta que debemos hacernos en ese razonamiento es: ¿cuáles debieran ser las reformas de nuestro Estatuto y cómo llevarlas a cabo? Para empezar, conviene recordar que el Estatuto de Gernika no se ha actualizado en sus 35 años de vida, a pesar de los enormes cambios producidos en este tiempo, en todos los órdenes. Es un texto breve, de pocos artículos, en los que nos limitamos a señalar las instituciones de la autonomía, competencias y poco más, sin olvidar la calculada ambigüedad de algunas de sus disposiciones, redactadas con clara intencionalidad de admitir interpretaciones diversas y que han dado lugar a una conflictividad jurídica y política, de todos conocida.

A su vez, la Constitución Española pide a gritos una reforma puntual pero importante, tanto de su Título VIII (el Estado de las Autonomías) como de otros importantes elementos de nuestras instituciones. En mi opinión, la reforma de la Constitución es también una demanda democrática y social. Es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos en la UE, ni había internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni había desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución Española tiene que adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática.

De una reforma constitucional que configure un verdadero Senado federal, un nuevo –y clarificador– reparto competencial, incluso un reconocimiento más explícito de los hechos diferenciales, se va a deducir la oportunidad y la necesidad de renovar nuestro Estatuto de Autonomía, que bien podría obtener avances significativos en temas como los siguientes:

1º) Una nueva y amplia regulación de derechos y deberes de los vascos que, en concordancia con los Derechos Fundamentales de la Constitución, establezca y regule una carta de relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos de la Comunidad.

2º) Una nueva definición competencial, con incorporación, en su caso, de nuevas competencias, así como la clarificación jurídica de sus ámbitos y funciones.

3º) La específica competencia exclusiva en materia de organización territorial del País Vasco y en su régimen administrativo local. Un nuevo estatuto vasco deberá definir su marco institucional para clarificar la distribución competencial interna entre territorios históricos y Comunidad, evitando duplicidades, reduciendo el entramado administrativo público y resolviendo las múltiples disfunciones en la gestión pública vasca.

4º) Una determinada organización territorial de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma y de las competencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como última instancia judicial.

5º) Una definición mejor de los mecanismos de intervención en la política comunitaria de la UE, especialmente en las materias de competencia exclusiva del País Vasco y, una mayor flexibilidad de acción exterior de la Comunidad en los nuevos parámetros de la política supranacional.

6º) Garantizar la bilateralidad de las relaciones con el Gobierno del Estado en las materias propias, así como una participación común en las competencias concurrentes a través de mecanismos federales de cooperación (en el Senado principalmente).

El nuevo Estatuto deberá abordar además una importante exposición de motivos en la que cabe una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales y políticos de Euskadi. Y, por supuesto, un relato consensuado de nuestra historia reciente, que nos permita una descripción real y consensuada de la violencia sufrida y que nos proyecte a un futuro común en base a nuestros deberes para con las víctimas, a la memoria y a la verdad, a la paz para siempre y al pluralismo democrático de una convivencia renovada.

No es tarea fácil ni urgente. Estamos hablando de la próxima legislatura, unos años que coincidirán con cambios generacionales y del sistema de partidos y con un proceso de superación de las heridas que la violencia de cincuenta años nos ha dejado. Pero esa recuperación de consensos internos y de estabilidad institucional es condición necesaria para abordar los grandes retos socioeconómicos del país.

Publicado en El Correo.

18 de marzo de 2015

"A Europa le preocupa el avance económico de China en Latinoamérica"



Panamá. 17 mar (EFE).- Uno de los copresidentes de la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat), el eurodiputado socialista Ramón Jaúregui dijo hoy en Panamá que a Europa le preocupa la pérdida de influencia en Latinoamérica y el avance de China en la región.

"Nos preocupa que dejemos de ser el gran aliado económico que Europa ha sido para muchos países latinoamericanos y que otra potencia económica, China, por ejemplo, nos sustituya", apuntó el copresidente del Eurolat en el discurso de inauguración de la reunión que el organismo birregional celebra hasta mañana en Panamá.

Diputados europeos y latinoamericanos se reúnen desde hoy en el país centroamericano para redefinir sus relaciones comerciales y buscar estrategias que enfrenten problemas comunes como la corrupción, la evasión fiscal, la migración, el tráfico de drogas, la impunidad del crimen organizado y la violencia machista.

"Hemos vivido demasiado tiempo sin hacer lo que teníamos que hacer juntos (...) Nos preocupa que América Latina mire cada vez al Pacífico y que Europa mire cada vez más al Este, al norte de África y al Mediterráneo", dijo Jaúregui.

El otro copresidente del Eurolat, el salvadoreño Leonel Vásquez Búcaro, reconoció a Efe que América Latina está buscando nuevos mercados y que la presencia de China en el continente en los próximos diez años va a ser "mayor".

Según datos del Parlamento Europeo, en el año 2000, China ocupó el lugar 16 entre los destinos de las exportaciones latinoamericanas y del Caribe, y el puesto 9 como fuente de importaciones.

En la actualidad, el gigante asiático es el segundo socio comercial de América Latina y la segunda fuente de inversión extranjera directa, tan solo detrás de Estados Unidos.

"Europa hasta hace poco miraba a Latinoamérica como una productora de materias primas (...) Europa debería en estos momentos tener una estrategia distinta de cara Latinoamérica, una ofensiva mayor, un dialogo mas permanente, una conversación horizontal", añadió Vásquez Búcaro.

Eurolat fue creada en 2006 como una institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional establecida en junio de 1999 entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

El organismo, que está copresidido por el eurodiputado español Ramón Jaúregui y por el diputado latinoamericano José Leonel Vásquez, lo forman 150 diputados, 75 del Parlamento Europeo y 75 del Parlatino.

13 de marzo de 2015

¿Suben los salarios?

Una buena muestra de las divergencias económicas de la zona euro son las diferencias en los salarios entre algunos de los países de la misma zona monetaria. En Alemania y España, por ejemplo, tenemos salarios muy divergentes y quizás más a partir de las últimas noticias. Es verdad que hay millones de empleos de bajos salarios en Alemania (minijobs, por ejemplo), pero la media salarial entre nuestros dos países dista más de un 25%. La crisis en España ha reducido los salarios –sobre todo del empleo joven– en más de un 20% en estos últimos cinco años y hoy tenemos un verdadero problema de subempleo en la cuarta parte de nuestra población laboral.

Desde que la globalización productiva, impulsada por el libre comercio y la financiarización internacional, presiona a la baja las condiciones laborales del mundo occidental, el sindicalismo europeo sufre un desgaste enorme. Su lucha ha sido durante los últimos años casi resistencialista. Defender lo conseguido, no perder protagonismo sociolaboral, mantener afiliación, sostener la negociación colectiva, etc han sido y desgraciadamente son todavía sus principales objetivos. Los sindicatos son, sin embargo, organizaciones imprescindibles en un mundo laboral en constante devaluación y con evidentes dualismos internos y desigualdades crecientes. Otra cosa es que ese sindicalismo necesario se actualice y adapte a un mundo laboral nuevo, y que sea capaz de reformular sus viejas aspiraciones de dignidad y justicia a las nuevas realidades laborales de este siglo.

Pero lo cierto es que mientras todo eso ocurre, se siguen negociando las condiciones laborales y salariales de millones de personas. Mirando a España, estamos a punto de saber si nuestros sindicatos y patronal acuerdan las negociaciones retributivas para los próximos tres años, que girarán en torno al 1% anual, por lo que se va sabiendo.

Sin embargo, y paralelamente, acaba de producirse una importantísima noticia y una gran victoria sindical en Alemania como consecuencia de la negociación de la subida salarial en el sector del automóvil, entre el sindicato IG Metal y la patronal del sector metalúrgico en Baden-Würtemberg. Efectivamente, el acuerdo contempla una subida del 3,4% del salario de los trabajadores a partir del próximo 1 de abril, además de una prima única de 150 euros a cada trabajador. El acuerdo sólo afecta al Estado en el que se encuentra la gran industria automovilística, pero se aplicará también en el resto del país.

Hacía mucho tiempo que una negociación colectiva salarial no terminaba con una victoria sindical tan importante. Dos consecuencias positivas pueden extraerse de esta información. Por una parte, que mejoren los salarios en Alemania es importante porque eso aumentará el consumo en la principal economía europea, permitirá converger con las economías del sur en materia de balanzas comerciales y ofrecerá un horizonte de imitación en el resto de sectores y de países, poniendo fin a los años de devaluación salarial que estamos sufriendo.

Por otro lado, estimula la organización sindical de los trabajadores y fortalece la negociación colectiva como instrumento de fijación de las relaciones laborales.

Que los sindicatos serios –como lo es el IG Metal alemán– y la negociación colectiva recuperen prestigio y presencia no puede sino calificarse como una buena nueva en este clima de deterioro laboral y de derrotas sindicales que llevábamos sufriendo desde hace muchos años.

La estructura salarial en España merece, a la vista de todos estos precedentes, una reflexión un poco más profunda. Empecemos por los salarios bajos. Hay demasiados salarios bajos y son demasiado bajos. Seiscientos cincuenta euros de salario mínimo (junto a Portugal, el más bajo de la Eurozona) para cerca de un millón de empleados es la primera de nuestras anomalías. Una diferencia del 30% de retribución salarial entre temporales y fijos para la misma función, con cerca de cinco millones de trabajadores eventuales, es la segunda. Una diferencia de hasta el 25% de salarios entre hombres y mujeres, la tercera. Y una brecha salarial de uno a cien entre el salario más bajo y el más alto es un abanico salarial inaceptable, además de injustificado.

Por eso se está planteando en toda Europa –y el PSOE lo llevará en su programa electoral– la limitación de los salarios de los directivos, la subida del salario mínimo y una ley para asegurar las retribuciones iguales más allá del género y la edad. Hablando de edad, concretamente de jóvenes, permítanme una línea para denunciar la explotación laboral a la que se ven sometidos miles de jóvenes españoles, licenciados; trabajando en consultoría, despachos, oficinas centrales, etc., con horarios que superan las diez o doce horas diarias, ganando durante años salarios que son la mitad o la tercera parte de los que perciben sus coetáneos en París, Londres o Múnich.

En el marco de una revisión profunda de nuestro Estatuto de los Trabajadores –no lo olvidemos, una ley de hace casi cincuenta años– tiene que adaptarse a un mundo laboral y productivo totalmente distinto al de la España de finales de los años setenta del siglo pasado, los salarios y las condiciones laborales de nuestro país deberán modernizarse, y sobre todo, alcanzar más equilibrio y justicia.

Publicado en Cinco Días, marzo 2015.

10 de marzo de 2015

"La elusión fiscal es un robo a la sociedad"

NOTA DE PRENSA. Martes, 10 marzo 2015.

El eurodiputado socialista y miembro de la comisión especial contra el fraude y la evasión fiscal (Tax-Leaks) Ramón Jáuregui asegura que lo ilegítimo debe convertirse en ilegal”.

Tras la primera reunión de la comisión especial contra la evasión y el fraude fiscal, (Tax-Leaks) celebrada esta semana en Estrasburgo, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha censurado la existencia de modelos organizados por los Estados miembros que fomentan la evasión fiscal. “Prácticas que son claramente ilegítimas y deberían ser ilegales”, ha señalado.

“Investigaremos las prácticas fiscales fraudulentas y desleales de los países de la Unión así como a los auditores que se han especializado en una ingeniería fiscal antisocial. También examinaremos a los Bancos que trasiegan el dinero privado a paraísos fiscales y facilitan la evasión fiscal, además de las actuaciones fiscales de las grandes compañías que no pagan impuestos de sociedades”, ha explicado el eurodiputado socialista.

“Mejorar y aumentar la recaudación fiscal para sostener los servicios públicos y para incentivar el crecimiento económico y el empleo es una urgencia social”, ha asegurado Ramón Jáuregui, que ha calificado de “robo a la sociedad, que bancos y empresas, muchos de ellos ayudados con dinero público durante la crisis, eludan pagar impuestos a expensas de los contribuyentes honestos. No puede haber lugar para esto en Europa”.

"Igualmente, inspeccionaremos el papel de las consultorías internacionales. Determinaremos si las que asesoran a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre cómo mejorar los sistemas de impuestos, son las mismas que desarrollan modelos de evasión fiscal para empresas. Este tipo de relación infame es claramente inaceptable", ha declarado Jáuregui.

La comisión temporal preparará un informe que proporcionará un amplio paquete de medidas para una justicia fiscal más fuerte en Europa. Es una prioridad para los socialdemócratas poner fin a la evasión fiscal. A este respecto, Jáuregui ha reiterado el compromiso de los socialistas en “establecer orientaciones políticas y propuestas concretas para asegurar que las empresas coticen allá donde operan, cesar la competencia fiscal a la baja en los impuestos, mejorar la coordinación informativa entre los servicios fiscales nacionales, abortando el secreto bancario y la opacidad fiscal. Además de armonizar los impuestos en toda la zona euro y avanzar en una nueva fiscalidad, más rigurosa y en gravar los movimientos financieros”.

El mandato de la comisión especial expira en seis meses, con la posibilidad de una prórroga de medio año. La próxima reunión se celebrará el 30 de marzo.
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Foto: SANTOS CIRILO
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