Lec­tu­ras ne­ce­sa­rias de la vio­len­cia vas­ca.

Por qué otro libro sobre la violencia vasca? La propia editorial se pregunta de esta manera en la contraportada de ‘Lecturas de la violencia vasca. Un pasado presente’ del que son editores Luis Castells y Fernando Molina (Libros de la Catarata). Y se responde que «todavía no se ha escrito lo suficiente y sobre todo, no se ha aprendido lo necesario, de ese terrible pasado que no puede estar más presente».

Se me ocurren varias razones más para justificar esta iniciativa que aporta análisis y testimonios dirigidos a recordarnos, no tanto los hechos, como sus responsables, y no tanto lo que pasó como las responsabilidades colectivas sobre una tragedia demasiado larga y demasiado dolorosa. El simple hecho de llamar ‘vasca’ a la violencia que sufrimos, dice mucho del intento.

Todas las colaboraciones buscan confrontar lo que pasó con las actitudes que directa o indirectamente hicieron posible tanto horror. Desde la invención de un pasado utópico en el que basar su violencia a la construcción del relato nacional a base de matar. Desde la cómoda equidistancia ante las violencias, a la cobardía del silencio colectivo. Desde la justificación moral de una lucha, comprendida aunque se tildara de equivocada, hasta la utilización malvada de su chantaje a la democracia. Desde la justificación de los asesinatos con el ‘algo habrá hecho’, hasta la falta de piedad y de compasión con las víctimas.

Hay mucha necesidad de escribir, leer, filmar y narrar, contando la verdad sobre lo ocurrido para golpear la desmemoria y para preguntar abiertamente: ¿cómo fue posible? Pero la memoria es puñetera y volverá y nos reclamará justicia y verdad. Por eso, estas miradas inéditas sobre nuestra violencia son bienvenidas. Son necesarias. Porque la gente joven no sabe. Porque muchos olvidan. Porque circulan relatos falsarios que hay que combatir. Porque se lo debemos a las víctimas a las que maltratamos con una frialdad social, una falta de compasión humana y una cobardía colectiva que merecen ser recordadas.

Hay dos corrientes de fondo a lo largo de los nueve capítulos del libro, bastante comunes a los diferentes análisis y testimonios que nos ofrecen sus autores. El reproche moral a la violencia de ETA, la condena de su terrorismo, se hace desde esferas radicalmente vasquistas. No se trata de un discurso político partidario. No es la voz del Estado. No se corresponde con las líneas editoriales o con las múltiples condenas oficiales e institucionales. No se excluyen tampoco las censuras y condenas rotundas a los abusos policiales, a las torturas y a la violencia contraterrorista al margen de la ley.

Preguntas y autocríticas

Es el testimonio de una periodista de ETB, Ana Aizpiri, que nació en un caserío de Elgoibar y que pregunta una y otra vez, en un medio hostil, por qué mataron a su hermano. Es la autocrítica de una fonóloga y escritora vasca, miembro de Euskaltzaindia, Lourdes Oñederra, que se pregunta por qué el mundo del euskera fue tan proclive a entender y justificar el terrorismo y tan insensible con los asesinatos. Estremece recordar cómo se movilizaban contra el cierre judicial de un periódico, al tiempo que callaban cuando se asesinó a Joseba Pagaza. Un mundo que se extraña cuando un bertsolari se atreve a citar un asesinato en uno de sus versos al que ese mismo mundo le pregunta extrañado a qué viene esa cita y es criticado por ello. Es la descripción del mundo abertzale que apoya a ETA en el País Vasco francés con base en oportunismos y desconocimientos de lo que ocurre a pocos metros, con la violencia de sus protegidos. Es el testimonio de Imanol Zubero contando la génesis de Gesto por la Paz cuando jóvenes cristianos enfrentan la violencia desde la radicalidad moral de que nunca hay razones para matar al semejante.

La otra idea, muy explícita en las aportaciones de los dos historiadores y editores del libro, Luis Castells y Fernando Molina, se refiere a las conexiones entre nacionalismo y ETA o si se quiere entre violencia y relato nacionalista. Este fue siempre un tema vidrioso porque el nacionalismo ha puesto mucho empeño en desligar la causa nacionalista del terrorismo (recordemos el empeño que tenían los burukides en calificar a ETA como una organización marxista-leninista). Lo cierto es que se trata de una ecuación incuestionable porque la causa nacionalista, «un pasado inventado», en palabras de Fernando Molina, fue alfa y omega de ETA desde el principio de los tiempos. Hasta el punto de que ese fue su santo y seña en todas sus acciones y en todas sus escisiones, incluidas las de los tiempos actuales en sus juventudes. De estos capítulos surgen ideas y debates actuales: ¿es Euskadi hoy más nacionalista de lo que habría sido si no hubiera existido ETA? Es una ucronía especulativa que ya había tratado Ruiz Soroa y que ofrece opiniones tan libres como contradictorias.

Lourdes Pérez nos describe interesantes perspectivas sobre la relación de la Prensa con el terrorismo y nos recuerda la naturalidad con la que asumimos el lenguaje etarra en nuestra manera de describir las acciones violentas y la importancia del nombre de las cosas en la percepción social de las mismas. Luis Rodríguez Aizpiolea repasa sus propias crónicas de los años ochenta para justificar su optimista pronóstico sobre el final de la violencia a finales de los ochenta, una vez producido el acuerdo de Ajuria Enea y después de la ruptura de las negociaciones de Argel por parte de ETA. Un pronóstico atrevido pero acertado, porque, ciertamente, a finales de aquella década maldita, se pusieron las bases de un proceso que nos traería la paz. Es verdad que, desgraciadamente, veinte años más tarde.

Nueve artículos de máximo interés también a efectos de analizar aspectos poco investigados en la historia de la violencia vasca como por ejemplo el papel de la mujer en el mundo de ETA, cosa que hace desde varios diferentes planos Izaskun Sáez de la Fuente. Nueve artículos que bien podrían haber sido diez si los editores del libro hubieran incluido un capítulo sobre el final de ETA. Final que bien merece un epílogo feliz sobre la extraordinaria victoria de nuestra democracia sobre nuestra violencia vasca.

 

Publicado en El Correo, 9 Julio 2022

¿Qué es un pacto de rentas?

Deberíamos ser capaces de incluir algunas medidas fiscales en el rendimiento de capitales, en sociedades y en otras figuras impositivas, aunque solo sea como símbolo de un esfuerzo colectivo del país y como compensación a los sacrificios que se demanda al conjunto de los trabajadores.

La posibilidad de que España logre un pacto social para afrontar los próximos dos años bajo unas reglas acordadas entre Gobierno, sindicatos y empresarios, ha sido despachada con demasiada prisa y sorprendente facilidad. Bastó una reunión entre los agentes sociales para concluir que las posiciones de ambos estaban muy alejadas y para que el conjunto del país (desde el Gobierno a la opinión publica) haya arrinconado una estrategia fundamental para combatir los peligrosos riesgos que nos depara la actual geopolítica internacional y para afrontar la grave situación macroeconómica que nos rodea.

“La inflación es el impuesto de los pobres y de los pensionistas”, se decía en mis tiempos sindicales y hoy sigue siendo una gran verdad. Gran parte de la política social de este gobierno (salario mínimo, reforma laboral, pensiones, ingreso mínimo vital, etc.) queda oscurecida por los efectos de la inflación sobre los precios de la alimentación y de la energía. Las ayudas a los colectivos más afectados y las políticas de abaratamiento de la energía y de los combustibles, precisamente para luchar contra la inflación, se están planteando en un horizonte temporal muy limitado frente a las causas generales de estos desequilibrios sobrevenidos. La guerra en Ucrania será larga y los precios del gas, petróleo, materias primas y de los alimentos básicos en el mercado mundial no van a descender a corto plazo.

Nos enfrentamos, además, a un escenario de ajustes fiscales porque, aunque se haya prorrogado la suspensión del Pacto de Estabilidad europeo en el próximo año 2023, las previsiones de control del déficit desde Bruselas, se van a acentuar. Los llamados países frugales y Alemania, enormemente sensible a la inflación, presionarán para una subida de los tipos de interés en el BCE y para una mayor reducción de los déficit público nacionales. No olvidemos que el Banco Central Europeo dejará de comprar nuestra deuda y los mercados están alarmados por el endeudamiento público producido durante la pandemia. La prima de riesgo asoma de nuevo y encarece nuestras emisiones. Finalmente, una progresiva reducción de los ritmos de crecimiento económico, aunque España lo esté liderando, reducen nuestros márgenes de gasto.

En estas circunstancias sería extraordinario que nuestro país recuperara la cultura de los grandes acuerdos entre los agentes sociales que comenzaron con los Pactos de la Moncloa y fueron seguidos de sucesivos Acuerdos Nacionales a lo largo de las dos últimas décadas del pasado siglo. La España de hoy es, en parte, deudora del sentido común y de la capacidad de pacto que mostraron los agentes sociales aquellos años: desde la reconversión industrial de comienzos de los ochenta, hasta la modernización de nuestro aparato productivo en los primeros años 90 y la internacionalización de nuestras empresas al final del pasado siglo.

Algo de ese espíritu constructivo ya está ocurriendo ahora, porque los salarios reales no han repercutido la inflación de estos últimos seis meses y porque la senda de los beneficios empresariales está siendo relativamente moderada. Pero no es suficiente y no está asegurado que no ocurra lo contrario el año que viene. Al elaborar los presupuestos de 2023 estos criterios de contención de la inflación deben extenderse a los funcionarios. También deberíamos ser capaces de incluir algunas medidas fiscales en el rendimiento de capitales, en sociedades y en otras figuras impositivas, aunque solo sea como símbolo de un esfuerzo colectivo del país y como compensación a los sacrificios que se demanda al conjunto de los trabajadores. Por supuesto, el pacto de rentas debería incluir también las ayudas a los sectores más vulnerables del país en lo que bien podríamos llamar políticas pre-distributivas hacia mercados básicos: vivienda, energía, movilidad, más las ayudas temporales a la supervivencia de la pobreza extrema.

Soy consciente de las dificultades políticas que encierra este proyecto, pero también afirmo que no hay en el horizonte actual mayor ni mejor esperanza para nuestra política económica. Junto a los fondos del Next Generation, un pacto de rentas colocaría a España en la mejor disposición interna e internacional para afrontar los difíciles años económicos que vienen. Un pacto de rentas es, contra lo que piensa cierta izquierda testimonial, la política más progresista y la que evita mayores males para la población más necesitada, la de las bajas rentas y los nueve millones y medio de pensionistas, cuando la inflación nos ataca.

Tomemos como buen ejemplo de buena política la reforma laboral pactada a finales de 2021. Pues bien, esa es la senda por la que deberíamos seguir. Por eso me extraña que la búsqueda de ese gran pacto que, además de los beneficios económicos y sociales descritos, daría al gobierno una centralidad social que necesita, se haya abandonado tan rápidamente.

Es difícil desde luego, pero imposible si no se intenta.

Publicado en Eldiario.es 3 Julio 2022

La centralidad como estandarte.

No es lo mismo el centro político que la centralidad social. Un partido político de centro es lo que quiso ser Ciudadanos y no fue. Rivera lo echó a perder pactando con el PP en todas las comunidades autónomas y rechazando un gobierno con el PSOE, cuando juntos hacían la mayoría. Ocupar la centralidad social es otra cosa. Es ocupar un espacio interpartidista en los diferentes planos en los que se mueve el cuerpo social. Es referenciarse ante el electorado como un proyecto con vocación de mayoría, con la aspiración de representar posiciones de equilibrio y de pacto en los temas políticos y sociales del país. Ocupar la centralidad social exige moderar tus propias posiciones partidistas, asumir el pluralismo y buscar el pacto aunque no lo necesites. La centralidad social exige respeto a la separación de poderes y trabajar por el fortalecimiento institucional. Huir de los extremos y del bloquismo. Gobernar con la mano tendida, si estás en el Gobierno, y hacer una oposición útil si las urnas te han colocado en la oposición.

Normalmente la centralidad da mayorías políticas porque te convierte en la opción útil frente a los riesgos extremos del arco parlamentario. Representa la opción más fiable en tiempos de tormentas y de turbulencias políticas o económicas o geopolíticas, como las que vivimos ahora. Euskadi vivió tiempos de tensiones políticas internas muy graves cuando el PNV rompió el Pacto de Ajuria Enea y acordó la tregua de Estella en 1998. Durante varios años la polarización entre el plan Ibarretxe y el PP (en el poder hasta 2004) fue enorme. ¿Quién ganó? El PSE, cuya centralidad le llevó a presidir el Gobierno Vasco en 2009. Un buen ejemplo de centralidad social es la que expresan los gobiernos PNV-PSE en la Euskadi de hoy. 

Las elecciones de Andalucía han mostrado también algo de esto. El candidato popular ocupó la centralidad social de una región, siendo enormemente cuidadoso al no cuestionar los principales signos de las políticas sociales del PSOE, y reforzó su perfil identitario andaluz aprovechando la institucionalidad y la dialéctica contra el Gobierno central, tan provechosa políticamente cuando se trata de ejecutivos de distinto signo ideológico. Esa centralidad la ha capitalizado al convertirse en voto útil contra la presencia de Vox en su Gabinete, atrayendo apoyos de espacios políticos frontera, precisamente para evitarla. 

Ahora, aprovechando el viento a favor del resultado andaluz, el PP de Feijóo se nos presenta como el centro moderado y pactista y pretende ubicarse en esa centralidad social que le lleve a La Moncloa. La pregunta es si eso es posible. 

La primera condición para ello es que ese espacio no esté ocupado. La política española está polarizada y extremada en los discursos y en el debate parlamentario. No nos ayuda culparnos o culpar a los otros. Lo relevante es que la polarización y el extremismo en la cúspide de la política y de los partidos no son simétricos en la sociedad. Justo al contrario, la sociedad estima y prima los discursos y las estrategias de pacto y desea los consensos necesarios para afrontar los difíciles momentos que vivimos. Mucho más después de la guerra y de sus graves consecuencias macroeconómicas. 

¿Puede el PP ocupar ese espacio? Puede, pero no le corresponde. Su oposición al Gobierno ha sido arrasadora. Su negativa a pactar el Consejo General del Poder Judicial es anticonstitucional, casi antisistémica. Su comportamiento en Ocupar la centralidad social exige moderar posiciones partidistas y buscar el pacto aun sin necesitarlo Europa, con la pandemia y con la guerra, es todo menos leal. Es bastante incongruente con lo ocurrido durante estos tres años que pretenda ocupar ahora esa centralidad social como estandarte de su estrategia hacia La Moncloa. 

Al Gobierno le corresponde ese combate, ocupando ese espacio, evitando que el PP absorba todo el electorado de Ciudadanos y se convierta en el voto útil frente a Vox, como ha ocurrido en Andalucía.

 Tres consejos al Ejecutivo: 

1. Sobran los discursos frentistas y las múltiples agresiones entre bloques políticos. Esa estrategia se ha demostrado equivocada en las tres últimas elecciones autonómicas.
2.  Hay que insistir en un gran pacto de rentas como la mejor terapia contra la inflación y ante los riesgos de estancamiento económico. Lo que viene es duro y será largo. Es el momento de tender la mano a los empresarios y a los sindicatos y de poner a prueba la voluntad de colaboración del PP. 
3. Seguir avanzando la política social del Gobierno, que es notable y requiere profundizar en los sectores más golpeados por la inflación y los costes energéticos y alimentarios. 

No hay nada escrito todavía y hay tiempo de convertir la política social en centralidad social.

 

Publicado en El Correo y El Diario Vasco, 1 Julio 2022