29 de septiembre de 2020

Combatir la inequidad, construir la igualdad.

La alarma ciudadana ante la desigualdad social es una oportunidad para revitalizar las políticas igualitarias, y la izquierda moderna debe proponer soluciones que no están en su manual ideológico del siglo pasado. Mientras, el centro derecha no puede negarse a consensuar nuevas medidas para modernizar nuestro sistema social y evitar así la polarización política y el avance del populismo.

La desigualdad ha sido el componente sentimental e ideológico fundamental en la mayoría de los movimientos emancipatorios. Seres humanos esclavizados por otros o explotados en masa por estructuras productivas nacidas en la primera revolución industrial, encontraron caminos de salvación en la repugnancia moral que generaban, en la injusticia social que expresaban, siempre en comparación con quienes se apoderaban de sus vidas y de su trabajo. Era y es un sentimiento natural, inevitable cuando miras a tu alrededor y comparas vidas, derechos, placeres, propiedades… La desigualdad te golpea y te hace preguntarte por qué.

Todas las grandes transformaciones sociales han tenido en la igualdad su motor más poderoso, su palanca más útil, el corazón que bombeaba flujo para el coraje y el sacrificio, a veces extremo, muchas veces vital. El esclavo de las plantaciones de Alabama, Rosa Parks –la negra que no se levantó del asiento del autobús–, el obrero textil de Manchester, las primeras sufragistas, los sindicalistas… Todos se rebelaban contra la desigualdad de sus dueños, de los blancos, de las empresas que les sometían a condiciones inhumanas, de los hombres que no des dejaban votar.

Muchas de esas causas de inhumanidad han sido superadas. Cualquier tiempo pasado fue peor. Afortunadamente hemos avanzado mucho en el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos que la garantizan, y las teorías destructivas o negacionistas de esta evolución, podríamos decir, no se sostienen, cuando se comparan con el pasado las condiciones de vida y disfrute de derechos y libertades de hoy.

La igualdad socioeconómica se convirtió en el eje de las ideologías de izquierda desde finales del siglo XIX. La revolución industrial y las masas obreras, el marxismo, los sindicatos, los partidos socialistas y comunistas organizaron las grandes reivindicaciones del trabajo digno –en condiciones sociolaborales justas– y, más tarde, la organización sociopolítica que desarrollara la protección social y las políticas del bienestar. A finales del siglo pasado, después de más de tres décadas de Estado del Bienestar, máxima arquitectura institucional igualitaria, la izquierda se aquietó. El sueño de la igualdad parecía conquistado: la educación universal y gratuita hacían iguales las oportunidades ante la vida, y la sanidad universal y gratuita garantizaba la igualdad en la salud. Un sistema de Seguridad Social nos garantizaba protección «desde la cuna hasta la tumba» (Beveridge) y suficiencia ante cualquier eventualidad, y una red de servicios sociales protegía contra la exclusión, la pobreza o cualquier otra circunstancia discriminatoria.

Cayó el Muro, se globalizó el comercio –y, sobre todo, las finanzas–, atacó el neoliberalismo y se durmió la izquierda en sus laureles. De pronto, descubrimos que la desigualdad aumentaba. Piketty demostró en un texto, tan rotundo como ilegible, que los ricos lo eran cada vez más y que las diferencias se acentuaban. Nos golpeó la crisis de 2007-2014 y la pobreza aumentó. La clase media redujo sus ingresos y muchos que no lo eran y nunca lo habían sido se hicieron pobres. La globalización también se hizo productiva. Mil millones de seres humanos que nunca habían producido, se convirtieron en trabajadores y sus salarios hacían dumping al trabajo menos cualificado de Occidente.

De pronto, la desigualdad volvió a golpear nuestra conciencia. Ocupa ya el primer eslabón de las preocupaciones sociales (¡otra vez!) y los gabinetes y estudiosos del mundo entero se preguntan cómo combatirla. De pronto, descubrimos que la educación no es tan milagrosa en el camino de la igualdad, porque las condiciones sociales de origen y múltiples factores selectivos reducen extraordinariamente la estadística igualitaria. La covid-19 pone en evidencia que las condiciones de vida y de trabajo o los barrios en los que trabajamos nos hacen diferentes ante el virus. Los servicios públicos se desbordan y se rompen las redes de la protección social ante demandas masivas de supervivencia. Creíamos que la sanidad pública era extraordinaria, y lo era, pero su insuficiencia y los recortes de la crisis la han puesto en evidencia. El desempleo y la precariedad de nuestro mundo laboral mantienen en la pobreza y en los bordes de la exclusión a millones de nuestros conciudadanos, y la desigualdad social ha vuelto en sus expresiones más bruscas.

La reacción ante todo esto se enfrenta a dos fenómenos que nos bloquean. El primero es la proliferación de manifestaciones de la desigualdad que diluyen y difuminan el conflicto socioeconómico de nuestras sociedades, al situarlo en similares términos de la protesta, de la injusticia y de las soluciones. Hay desigualdad entre mujeres y hombres, entre negros y blancos, entre migrantes y autóctonos, entre jóvenes y viejos, entre dominadores de la economía digital y analfabetos, hasta en el patio de butacas y el paraíso del Real en las medidas contra la COVID.

Lo cierto es que las nuevas formas de desigualdad se fueron incorporando a nuestro mundo cuando el Estado del Bienestar había llegado a sus más altas cotas de prestaciones y la nueva sociedad europea de principios del siglo XXI reclamó nuevas leyes y nuevos derechos frente a intolerables muestras discriminatorias de un código moral antiguo y obsoleto. El matrimonio entre homosexuales, las nuevas formas de familia, la investigación con células madre, la eutanasia, el cuidado de nuestros mayores en una sociedad envejecida, el reconocimiento y la igualación social de los que sufren algún tipo de minusvalía, la xenofobia ante la inmigración, la profundización en la revolución feminista, la igualdad laboral en todas sus diferencias… Se llegó a decir que era un nuevo socialismo de la ciudadanía, queriendo dar así un nuevo y moderno sentido a la vieja aspiración igualitaria de la palabra socialismo. No fue un error: era la consecuencia lógica de una transformación social, de unas demandas ciudadanas que interpelaban a nuestra conciencia emancipatoria del ser humano y su legítima demanda de igualdad. Pero hoy esa proliferación de manifestaciones igualitarias, desde el #MeToo al #BlackLivesMatter, desde los movimientos LGTB a las plataformas anti-desahucio, ocupan redes sociales y medios de comunicación más frecuente e incesantemente que las demandas socioeconómicas de la desigualdad.

El segundo fenómeno que nos atrapa en esta lucha es la impotencia en las respuestas, la falta de una ingeniería política adecuada y consensuada frente a la desigualdad. La globalización ha estrechado los márgenes de las políticas nacionales, los endeudamientos públicos están en los límites de lo razonable, las capacidades recaudatorias de la fiscalidad nacional son pequeñas y el mercado ha arrebatado al Estado enormes espacios regulatorios. En este contexto, la izquierda política se confunde o se distrae: confusión es plantearse soluciones que no lo son y distraerse es asaltar los cielos por caminos que llevan a infierno – y ya se sabe que ese camino está empedrado de buenas intenciones–.

Yo creo que la alarma ciudadana ante la desigualdad social es una oportunidad para revitalizar las políticas igualitarias, y la izquierda moderna debe innovar y proponer soluciones que no están en su manual ideológico del siglo pasado. Creo también que el centro derecha no puede negarse a consensuar nuevas medidas para modernizar nuestro sistema social y evitar así la polarización política y el avance del populismo como consecuencia de una fractura social cada vez más evidente y peligrosa. El mundo está clamando por un nuevo capitalismo y la derecha política no puede marginarse de esa transformación.

Por ejemplo, tiene que explorar –y explotar– las potencialidades de las empresas en su batalla por la igualdad, desde el abanico salarial a la equiparación de condiciones laborales al margen de sexos, diversidad étnica o modalidad contractual. La empresa tiene una singular importancia en la creación de hábitats igualitarios, porque es el primer escalón predistributivo. Si de verdad estamos ante un nuevo steakholder capitalism, como anunció Davos hace menos de un año, ese camino –no sabemos si ilusorio, real o simplemente marketing– debe ser recorrido para asentar un espacio de mayor igualdad en el origen de las rentas por el trabajo. El Estado debe influir en ese campo, como lo ha hecho en la fijación de cuotas femeninas en los Consejos de Administración, estableciendo estímulos al achatamiento de los abanicos salariales y elevando los salarios mínimos legales. La expansión de la cultura de la Responsabilidad Social en las empresas ayudará a extender a toda la cadena de subcontratación unas condiciones mínimas de trabajo en cumplimiento de los Derechos Humanos, los Convenios de la OIT y los ODS.

Hay que revisar la fiscalidad, combatir los espacios opacos y las Administraciones fiscales no cooperativas y, sobre todo, hay que armonizar la fiscalidad de sociedades. Crear nuevas figuras al dumping medioambiental y a los consumos que favorezcan el cambio climático nos ayudará en esa lucha y en la recaudación. Lo mismo ocurre con la fiscalidad a las tecnológicas y a los movimientos financieros: la economía digital se escapa de las agencias tributarias nacionales y la caída en la recaudación en el impuesto de sociedades –a la mitad del ingreso de hace diez años– se debe también a esto.

Hay que atacar con fiscalidad específica los grandes patrimonios y fortunas, lo que Piketty llama la rentabilidad del capital, es decir, la verdad científica comprobada históricamente de que la rentabilidad del capital y los patrimonios aumenta progresivamente las diferencias. No será fácil porque ello exige acuerdos internacionales muy complejos, pero hay que ponerlo en la agenda. Otros grandes inventos de la igualdad, la seguridad social especialmente, también parecían utópicos a comienzos del siglo XX.

Hay que mejorar la gestión del Estado del Bienestar, haciéndola más eficiente y más selectiva. Hay que revisar también la manera en que gastamos el dinero público en los servicios universales –la eficiencia y evaluación de políticas y subvenciones– y, sobre todo, hay que solucionar mejor, discriminado más justamente, los destinatarios de nuestras ayudas y prestaciones. Esta última tarea no es ni fácil ni popular, pero todos los Estados del Bienestar europeos, especialmente los del sur, tenemos que revisar nuestras tasas y ayudas con carácter universal para mejorarlas para los destinatarios verdaderamente necesitados.

Por último –y no menos importante–, hay que renovar las medias que permitan reparar el ascensor social averiado en clave de igualdad de oportunidades. La educación pública exige nuevos esfuerzos en términos presupuestarios, la formación profesional tiene que mejorar, la universidad necesita un plus de calidad y la brecha de género en las enseñanzas técnicas no puede perpetuarse. La cualificación digital es imprescindible para la nueva economía, y el esfuerzo de las empresas en ella es particularmente necesario. Igualdad equivale aquí a discriminación positiva para quienes necesitan más para ser iguales.

No agoto las medidas. Me interesa más destacar la necesidad de explorar nuevas vías de combate a la inequidad y de construcción de la igualdad en todas sus manifestaciones, especialmente en el área socioeconómica, es decir, eliminando la pobreza, asegurando la igualdad de oportunidades ante la vida, protegiendo dignamente a los excluidos, modernizando nuestro sistema de protección social y avanzando en la Europa social. Se trata de poner sobre la mesa, de nuevo, el viejo debate de la igualdad, pero adaptándonos a la sociedad, a la economía y a la tecnología del siglo XXI.

Es hora de hablar de desigualdad no solo describiendo sus evidencias, sino proponiendo alternativas y soluciones. El debate es necesario, además, porque la crisis de las democracias y la reaparición de los populismos se explican también –aunque hablamos de un fenómeno multifactorial–, en base a la reaparición de este mal social.

(*) Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica.

Publicado para Ethic, 29/09/2020

23 de septiembre de 2020

Extraños Presupuestos

Sorprende la estrategia de negociación; el país no está para experimentos divisivos

La aprobación de los Presupuestos de 2021 es clave para el país, desde luego, pero también lo es para la continuidad misma del Gobierno. En buena lógica democrática, si el Ejecutivo no lo lograra, debería convocar elecciones. Así ocurre en democracias sólidas y así ha ocurrido en la nuestra.

España no puede afrontar su propia recuperación post-Covid con el Presupuesto Montoro. Necesita de esta herramienta fundamental en su política económica, aunque un 80% del gasto sea inercial y no admita retoques. Pero, además, el Presupuesto es una señal política imprescindible en Europa. Sin él, nuestro descredito ante el plan europeo de reconstrucción (Next Generation) sería fatal y los fondos destinados a España estarían en el aire. Por supuesto, un desenlace electoral antes de cumplirse el primer año de Gobierno sería catastrófico para el país y me temo que también para los partidos de la coalición.

Quizás por eso pueden comprenderse algunas cosas extrañas que acompañan los intentos para su aprobación. La primera es que llevamos un mes debatiendo con quién sin conocer el qué. No hay una sola cifra, ninguna orientación de prioridades, ningún cuadro macro sobre el que asentar el puzzle económico del país; y, sin embargo, oímos hablar a unos y otros sobre las alianzas que lo harían posible o sobre los vetos a determinados apoyos. Es totalmente inusual.
La segunda sorpresa es el método. En todo Gobierno serio, esta tarea se encomienda al Ministerio de Hacienda, que, junto al de Economía y atendiendo los borradores de los diferentes ministerios, construye los equilibrios y negocia los apoyos parlamentarios. Es más, durante la tramitación de las miles de enmiendas de los grupos que lo apoyan, esa interlocución del Gobierno se encauza y centraliza en el Ministerio de Hacienda. Pero esta semana pasada hemos asistido a sendos procesos de negociación de los dos vicepresidentes (Carmen Calvo y Pablo Iglesias) con fuerzas distintas, parece que antagónicas y excluyentes, en estrategias alternativas y no complementarias.

Tampoco parece muy razonable que las materias objeto de esas conversaciones sean completamente ajenas a las propiamente presupuestarias. El país está en una encrucijada gravísima. Los daños socioeconómicos de la pandemia son enormes. Todos los planes pactados antes de marzo han quedado viejos e inadecuados. El debate de España es el Presupuesto de 2021; la urgencia es su contenido, su orientación, sus cifras básicas, las políticas principales, los sectores económicos que hay que salvar, las mejoras en sanidad y educación… Ese es el único debate que merece atención social y debería centrar las conversaciones con los grupos de apoyo.
Pero, al parecer, se habla de otras cosas y no quiero ridiculizar ningún tema político, pero no es este el momento ni el lugar para hablar de ellas. Y aunque no soy tan ingenuo como para desconocer que en el Presupuesto se incluyen acuerdos de naturaleza política muy diversa, de lo que se está hablando con algunas fuerzas políticas me parece totalmente improcedente.
Las alarmas se encienden definitivamente al comprobar que las estrategias de negociación con unos y otros conducen a escenarios políticos muy diferentes y muy de fondo. Cuando Iglesias pretende consolidar la alianza de investidura incluyendo a Esquerra y a Bildu, además de al PNV, al Bloque Gallego y al PDeCAT o parte de él, está ofreciendo a los nacionalistas un proyecto tan enigmático como peligroso, que incluye «redefinir el Estado» en «la transición más importante en 40 años» (sic). No sabemos qué es esto; pero, conocidas las posiciones autodeterministas e independentistas de muchas de esas fuerzas, debe ponernos en guardia. Lo mismo cabe decir de su conocida censura a la Transición y a la democracia resultante, a la Constitución y a la forma de Estado. ¿Es un camino en la redefinición de todo esto lo que les ha ofrecido el señor Iglesias?
Hay algo que me parece peor. Colocar a Ciudadanos en la derecha y a la derecha en la ultraderecha es un ejercicio político insensato que nos devuelve a las dos Españas machadianas. Las democracias se están deteriorando en todo el mundo por un exceso de polarización y aquí se está buscando ese extremismo intencionadamente. El país no está para esos experimentos divisivos. Por el contrario, el pacto con Ciudadanos centra el Gobierno (no confundir centralidad social con centro político), evita rozamientos con el PNV a todas luces inconvenientes y dar protagonismo a quienes no lo merecen (como acertadamente señalaba el nuevo secretario de Juventudes Socialistas) y abre un abanico potencial de acuerdos políticos con un partido que –por fin– ha asumido su vocación de bisagra. Madrid y Castilla-León podrían ser las siguientes bazas de ese acuerdo. Si además nos ofrece razonables acuerdos socioeconómicos, ¿por qué despreciarlos?

Esta discrepancia de fondo sobre los apoyos y la orientación política de la legislatura me parece principal. Solo espero que el PSOE establezca la mayoría y la jerarquía que le corresponde en el Gobierno y en el país.

Publicado en El Correo, 23/09/2020

9 de septiembre de 2020

España federal, con MIQUEL ICETA, RAMÓN JÁUREGUI y SANDRA GUAITA.

Acto de la Escola Xavier Soto, la Fundació Rafael Campalans y el PSC, con Miquel Iceta, primer secretario del PSC, Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica y Sandra Guaita,diputada socialista en el Congreso de los Diputados.





Vía : PSCtv

Voluntariedad y Legalidad: Un nuevo paso en la Regulación de la Sostenibilidad.

La vieja dialéctica entre voluntariedad y legalidad en el camino de la Responsabilidad Social Corporativa, nos ofrece un nuevo reto a la hora de establecer, o no, obligaciones legales en las compañías para identificar, prevenir, evitar o mitigar e informar sobre violaciones o abusos de Derechos Humanos o daños medioambientales, en toda su cadena de valor.

Efectivamente, la nueva Comisión Europea (2019-2024) está evaluando la posibilidad de aprobar una Directiva de Diligencia Debida que sería la primera Ley en el mundo (después de Francia), obligando a las compañías a establecer planes de evaluación de sus impactos en materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente en las cadenas de suministro. (se entiende que hablamos de empresas globales). Los procelosos trámites de este tipo de legislación en la UE, obligan a una “evaluación inicial del impacto” y a un proceso abierto de legislación en el que la participación de sindicatos, empresarios, Comité Económico y social y sociedad civil en general, es fluida y permanente. El Parlamento Europeo se ha sumado a la iniciativa y también discute ya un informe previo en la Comisión JURI. Si todo avanza podría haber una nueva directiva a finales de 2021.

En el largo camino recorrido por la UE desde su famoso Libro Verde en 2001, ha habido muchas actuaciones de fomento de la RSE y una directiva reguladora del deber de Informar sobre sus resultados no financieros (2014) traspuesta por cierto, con gran retraso en España (2018). La Unión Europea ha sido siempre firme defensora de la voluntariedad y del consenso entre los agentes sociales en esta materia. La razón de su intervención legislativa en 2014 fue más bien regulatoria, es decir intentando poner orden y claridad en lo que respecta al proceso de transparencia y “accountability” en las empresas sobre las llamadas entonces “Memorias Sociales”

Cuando la UE legisló, lo hizo porque las prácticas “voluntarias” de las empresas se habían hecho generales, la mayoría de las grandes empresas editaban desde tiempo atrás, amplias memorias con sus resultados en los múltiples planos en los que mediamos la RSE. Se trataba entonces de fijar parámetros comunes y establecer ese requisito -que los mercados exigían ya como información necesaria- para un determinado número de compañías, en función de su dimensión o facturación.

Este es un buen ejemplo que explica que la dialéctica voluntariedad-legalidad no es tan antagónica o extrema como pudiera parecer o como creíamos al principio de esta andadura. De hecho, la práctica de la RSE fue fijando una serie de mejoras, de “excelencias” en las prácticas empresariales, que han acabado inspirando o directamente confirmando normas legales posteriores. La ley ha venido así a sancionar, a materializar conductas y prácticas que la RSE había conquistado como exigencias voluntarias de las empresas responsables. Primero la realidad y luego la ley, podríamos decir, en una forma de hacer más propia del mundo sociolaboral, en el que los consensos entre agentes sociales se transforman después en Normas o en Convenios Colectivos, de obligado cumplimiento.

Si analizamos algunas de nuestras Normas Legales, descubrimos que ese proceso ha estado presente en su elaboración. Las sucesivas reformas de los Códigos de Conducta de los Consejos de administración (tres reformas en poco más de diez años) son consecuencia de una creciente demanda de transparencia y de buen gobierno desde la sociedad (de los mercados, accionistas, analistas, etc. pero también de sociedad civil, medios de comunicación, sindicatos, ONG, etc.) La reforma del Código Penal (2012) atribuyendo responsabilidad Penal colectiva a las empresas (nunca la habían tenido hasta entonces) es también consecuencia de la cultura de la exigencia social a las compañías después de las crisis de 2008-2010, incentivada conductas poco ejemplares de algunos directivos y de algunas empresas en aquella crisis. Los planes de Compliance y la evaluación de Riesgos surgieron después de saberse que esas conductas generaban responsabilidades penales para los consejeros. La incorporación de mujeres a los Consejos ha sido objeto de sucesivas normas en diferentes países, como consecuencia de la creciente demanda de la igualdad de géneros en la empresa, en el contexto de la revolución igualitaria femenina del mundo entero. Lo mismo puede decirse de las incorporaciones a Convenios Colectivos (Norma Obligatoria) de medidas de igualdad salarial, conciliación personal y familiar, permisos de paternidad, etc.

La Posibilidad de que la UE legisle en materia de Diligencia Debida sería, al igual que los ejemplos antes dichos, consecuencia de una cultura y unas prácticas que relacionan, cada vez más, a las empresas globales con los Derechos Humanos y la sostenibilidad medioambiental. Desde hace muchos años –prácticamente desde el comienzo de la RSE- se alzan voces exigiendo a esas empresas que extiendan a su cadena de contratación en el mundo sus exigencias internas en esos ámbitos. Las subcontrataciones o las operaciones primarias (extracciones u obra civil, por ejemplo) en países sin un marco regulatorio exigente han dado lugar a demasiados escándalos laborales y medioambientales, por lo que los convenios internacionales y los Derechos Humanos se han convertido en Norma de mínimos cuya protección y respeto es imprescindible. Así surgieron los principios Ruggie desde Harvard (Prevenir, Respetar y Remediar) por encargo especifico de Naciones Unidas. Así se están aprobando Planes Nacionales de respeto a los Derechos Humanos en la mayoría de los países occidentales.

Pues bien, de toda esa cultura de exigencia, de responsabilidad de las empresas en su larga cadena de contratación, de los escándalos que todos conocemos en Bangladesh o en Nigeria o en Uganda ó en Guatemala… surgen estas demandas sociales que han configurado buenas prácticas, mejoras en la actuación empresarial en forma de planes específicos de prevención y que mañana pueden ser una Directiva europea y después una ley nacional (española en nuestro caso)

¡Ojalá que sea pronto!


Publicado en Diario Responsable.

8 de septiembre de 2020

Entrevista Radio UMH 8/09/2020

Ramón Jaúregui en «Hablamos con…» de Radio UMH, emitido el 8 de septiembre de 2020


 

7 de septiembre de 2020

+ EUROPA: Retos De Una Europa Por Hacer

El presidente de la Fundación Euroamérica participó el lunes 7 de septiembre, a las 12:30 horas, en «Foro+Europa». 

El evento fue organizado por INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo con la colaboración de la Generalitat, la Cámara de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la EUIPO. 
Un acto presentado por Juan Ignacio Moltó, Exsecretario de Estado e industria y moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN.



   


Via: InformaciónTV

Conexiones beethik: entrevista a Ramón Jáuregui.

Miembro del Parlamento Europeo (2009-2010 y 2014-2019). Co-Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat (2015-2019). Ministro de la Presidencia del Gobierno de España (2010-2011). Vicelehendakari del Gobierno Vasco (1987-1991).

Fue, durante años, una de las personas clave en el impulso a la responsabilidad social en el Congreso de los Diputados.

Actualmente es presidente de la Fundación Euroamérica.



1. ¿Qué te sugiere el concepto de ética de la responsabilidad radical?

Son dos planos de una misma actitud ante la vida en común. La “Responsabilidad Radical” me sugiere máxima exigencia hacia uno mismo -individual o colectivamente- respecto a sus actos, con relación a los demás.

«Ética» es la cualidad que impregna esos actos, esas actividades humanas que nos relacionan con los demás. Es la virtud que acompaña nuestra vida y limita nuestro egoísmo, nuestra naturaleza, orientando nuestro comportamiento hacia el bien.

Vivimos tiempos de “Responsabilidad”. La pandemia es una llamada constante a la Responsabilidad Radical y creo que ese sentido de exigencia colectiva se acentuará con las lecciones que estamos aprendiendo estos meses.

2. Durante muchos años, desde tu tarea en el Congreso, has sido una de las personas referentes en la promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE). Pero al mismo tiempo siempre te has mostrado crítico, alertando sobre sus propias contradicciones en diferentes momentos de su evolución. ¿Qué valoración haces del recorrido de la RSE durante estos años desde una perspectiva ética?

La RSE ha tenido un desarrollo notable en nuestro país, en gran parte debido al impulso público-político que le dimos creando una Comisión Parlamentaria específica.

Conectamos así con los comienzos de esa cultura empresarial en Europa (Libro Verde) y con los primeros movimientos en NNUU (Pacto Global). Desde entonces, el desarrollo teórico y político de la RSE en España no se ha detenido, especialmente en los años 2005-2011. En el ámbito de la formación, el tema adquirió enorme desarrollo: libros, cátedras, cursos…. son comunes en todas las universidades y masters. Las grandes empresas crearon departamentos específicos de RSE y con ellos nacieron los expertos. Los profesionales del sector crearon Asociaciones. Los sindicatos, las ONGs y los movimientos sociales han incorporado este nuevo instrumento a sus organizaciones. Se creó el Consejo Estatal, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible (2010) y se favoreció, desde diferentes Administraciones, la expansión de estas prácticas.

No hay que despreciar estas conquistas, aunque seamos críticos con muchas cosas. Yo lo soy.

Creo, por ejemplo, que ha faltado una política pública más exigente, más impulsora y más reguladora de la RSE. También creo que la voluntariedad es un límite objetivo a la generalización de la RSE. Muchas políticas de RSE han sido Marketing Social. Acciones sociales aisladas y a veces contradictorias con otras prácticas en la empresa. La subcontratación de la RSE a fundaciones o empresas de comunicación, me parecen la frivolización máxima de la cultura de RSE. Faltan acuerdos sectoriales para la implementación de la RSE y falta homologar las mediciones de la RSE. La expansión a las PYMES y a las cadenas de subcontratación es muy lenta.

En fin, faltan muchas cosas, pero caminamos. El vaso está medio lleno. Pongan ustedes el calificativo de optimismo o lo contrario.

3. A lo largo de casi 20 años, la RSE ha sido una apuesta voluntaria de las empresas, pero en los últimos años han crecido el número de normas aplicables, destacando entre ellas la aplicación de la Ley 11/2018 de Divulgación de la Información no Financiera y Diversidad. ¿Qué razones han impulsado estos cambios y qué valoración haces? ¿Tienen algo que ver con la ética?

Aunque la voluntariedad es un límite, lo cierto es que las leyes van recogiendo usos y prácticas responsables que la RSE ha ido conquistando. Por supuesto la transposición de la Directiva Europea (2014) sobre Información no Financiera (en España cuatro años más tarde, en 2018) ha sido una ley fundamental. Pero si observamos con atención la evolución social, descubrimos muchos avances legales fruto de esta cultura.
Las tres reformas (sucesivas) del Código de conducta corporativa, en materia de buen gobierno.
La reforma del Código penal haciendo penalmente responsables a las compañías.
Los avances en convenios colectivos en materia de igualdad de género, conciliación familiar, etcétera.
Las medidas legales en materia de igualdad laboral y de presencia de mujeres en Consejos de Administración.
La elaboración de planes de compliance.
Los Planes Nacionales de Derechos Humanos.

Y dentro de un año (así lo espero) la nueva Directiva de la Unión Europea sobre Diligencia Debida de las empresas.

Estos son, a mi juicio, algunos avances que se están produciendo en los planos de la empresa, derivados de una cultura exigente desde la sociedad, por influencia de la RSE.

4. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 que tendrá un gran impacto social y económico, especialmente en los colectivos más vulnerables. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones, la sociedad y las instituciones políticas para conseguir unas organizaciones y una sociedad más equitativa, humana y sostenible? ¿Qué papel está jugando Europa?

Europa responde a nivel Macroeconómico. El Plan de Recuperación es un avance extraordinario. La capacidad de préstamo que proporcionará la Comisión, es básica. La liquidez financiera del BCE ha sido fundamental. No pidamos a Europa lo que no puede dar y lo que nos corresponde hacer a nosotros.

Yo creo que la pandemia será un nuevo impulso a las demandas de equidad y sostenibilidad que laten en el corazón de la dignidad humana. Lo que debemos hacer es aprovechar esas corrientes sociales, esas nuevas sensibilidades ciudadanas, para fortalecer las políticas y las organizaciones que las hacen posibles. Pondré tres ejemplos:
La exigencia de una sanidad pública y universal surgida de la pandemia, debe concretarse en medidas que mejoren ese servicio público fundamental.
La atención a los desfavorecidos (sin empleo, excluidos sociales, etcétera) reclamará reformas fiscales solidarias y revisión de nuestras políticas de asistencia y servicios sociales.
La conexión entre salud y naturaleza, impulsará las ya crecientes exigencias de lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Aprovechar esta ventana de oportunidad en la ecología, será una consecuencia inteligente.


5. Imagina que tuvieras que hacer una radiografía del sistema de valores que dominan el momento actual. ¿Cómo los definirías? ¿Cuáles crees que son los valores que deberíamos impulsar para avanzar hacia una sociedad más humana y sostenible?

Cada momento histórico marca urgencias y acentúa las virtudes necesarias. Yo veo al mundo post-Covid afectado por graves desajustes y a la sociedad temerosa y preocupada por las incertidumbres del futuro. La COVID nos ha hecho mucho más vulnerables y mucho más dependientes. Más necesitados que nunca de un orden mejor, de una política mejor, de un capitalismo mejor. Más que valores, yo señalaría tres grandes espacios públicos en los que concentrar nuestros esfuerzos:
Un nuevo multilateralismo en el ámbito internacional basado en la paz, en las normas, en el comercio internacional regulado, en el diálogo y en la cooperación.
Unas democracias y Estados de Derecho fuertes y mejores. Las bases de nuestros modelos políticos democráticos están siendo atacadas por muchos frentes y de muchas maneras. Desde las redes sociales a los modelos autocráticos. Desde el enfado social, a los populismos. Creo que nos corresponde difundir y defender las virtudes ciudadanas de la democracia y la convivencia en libertad y progreso. En definitiva, hacer mejores nuestras democracias.
Un capitalismo social. Un capitalismo de los stakeholders, una empresa del Bien Común, un mundo económico que construya relaciones laborales dignas, que combata las desigualdades, que se comprometa contra el cambio climático, que defienda los Derechos Humanos. La empresa no es una isla, vive en y para la sociedad. En la medida en la que cambiemos el mundo de la empresa en esas direcciones, la sociedad resultante, será mucho más equitativa y sostenible.

A todos nos corresponde luchar por estas causas. Defender esos valores.

6. Los y las líderes políticos deberían ser ejemplo de competencias éticas como la integridad, la coherencia, la escucha y el cuidado del otro, el diálogo o la orientación a la mejora y la transformación social. ¿Qué debería cambiar en el sistema o en clase política actual para que esto fuera realmente así? ¿Y en la ciudadanía?

Si idealizamos la política y a los políticos, la decepción es segura. La clase política es una extracción de la sociedad y los sistemas políticos no son perfectos. Son humanos y responden a las exigencias de su tiempo y de su ciudadanía.

Dicho esto, siempre he creído que quienes representan a los ciudadanos y dirigen a la sociedad, tienen que cumplir algunas exigencias mínimas: ejemplaridad, decencia y ética en lo personal y suficiencia y eficiencia en lo profesional. No creo que los políticos de hoy carezcan de esas virtudes, aunque siempre hay excepciones, cómo las hubo antes.

Creo que debemos ser realistas con los sistemas políticos y exigirles los cambios que corresponden a un momento histórico de grandes disrupciones. Este es, para mí, el problema principal del momento que vivimos. La pandemia ha acentuado las tendencias que se veían ya en los años anteriores y que son fruto de las disrupciones tecnológicas, socioeconómicas y geopolíticas que se están produciendo. Rocard decía que es imposible transformar el mundo sin conocerlo. Hoy vivimos un cambio de época y la clave es aprovechar esos cambios en beneficio de la humanidad. El gran dilema es adaptarnos a estos cambios manteniendo y mejorando nuestros niveles de libertad-democracia, bienestar-igualdad y paz-cooperación.

La ciudadanía debe ser consciente de estos retos y mantener firme y valientemente estas exigencias.

7. Por último, en tres palabras, ¿qué significa para ti incorporar la ética en la toma de decisiones?

Pensar en los demás.
Actuar para la sociedad.
Incorporar el Bien Común a mis objetivos.

Entrevista para Beethik Responsabilidad Radical