No deja de ser sintomático que las movilizaciones de los pensionistas vascos (las más numerosas y persistentes de España) no hayan generado un debate interno en clave autonómica. Un pensionista de los que se manifiestan todos los lunes –y que marcha estos días hacia Madrid en la llamada ‘columna norte’– podría preguntarse si nuestra comunidad, soberana de nuestra fiscalidad y con las mejores condiciones financieras y de recursos económicos del Estado, no podría también ser llamada a la solución de sus reivindicaciones. De la misma manera, quienes atribuyen a las transferencias al País Vasco virtudes taumatúrgicas podrían reiterar su demanda de la caja propia de Seguridad Social como solución a estas demandas.
Un sospechoso silencio autonómico acompaña estas manifestaciones. Nadie se atreve a quitar razón a quienes piden mejor pensión. Muy pocos ofrecen explicaciones y números sobre el significado macroeconómico de una pensión mínima de 1.080 euros. Cada semana vemos a compañeros y amigos de otros tiempos y de otras luchas (de la reconversión de los ochenta) y pensamos: ¡cuánta razón y qué difícil solución...! Hay algunas cosas que sabemos y que debemos decir. El sistema general de la Seguridad Social genera, desde hace una década, un déficit de más de 10.000 millones de euros cada año. Entre un punto y punto y medio del PIB (17.088 millones el año pasado, el 1,42% del PIB). Aproximadamente la mitad del déficit público del Estado, que cuesta mucho reducir y que incrementa cada año una abultada deuda pública cercana al 100% de nuestra riqueza bruta anual. En consecuencia, mejorar las pensiones a costa de aumentar el déficit público español es imposible. Los mensajes de la Comisión Europea y del BCE son unánimes y reiterados: España no puede gastar más ni puede recaudar menos.
Es verdad que los cálculos regionales de la Seguridad Social son discutibles; pero, aún así, la balanza vasca de las cuentas es conocida. Los ingresos de cotizaciones en Euskadi son unos 1.200 millones menos que las pensiones que se cobran. Por otra parte, las compensaciones autonómicas a las pensiones más bajas solo podrían hacerse a través de prestaciones de asistencia social (vivienda, cuidados, etc) porque el Tribunal Constitucional ha prohibido, en doctrina reiterada, complementar las pensiones con importes económicos. Creo recordar que el Parlamento vasco ya rechazó una iniciativa en este sentido.
Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a quienes marchan hacia Madrid recordando viejas marchas de mineros, siderúrgicos, navales...? Pues la verdad; es decir, que la única solución estriba en encontrar nuevas fuentes de ingreso a una caja que nunca se equilibrará por las cotizaciones de una población laboral insuficiente para un número de pensionistas creciente. La verdad es que la relación entre cotizantes y pensionistas es hoy de 2,3, pero será inferior a 2 en poco tiempo por los efectos de una demografía adversa y el feliz alargamiento de la vida. La verdad es que tampoco encontramos solución aumentando las cotizaciones a la Seguridad Social porque gravan el coste del empleo y perjudican la creación de nuevo empleo y nuevos cotizantes. La verdad es que las fórmulas de reducción de impuestos que propone la derecha, ya sea la de aquí o la de Madrid, no generan más recursos al Estado, sino menos, como es bien fácil de entender. La verdad es que las figuras fiscales actuales están bastante al limite (renta, consumo...) y que será necesario encontrar nuevas para nutrir esta necesidad y otras.
La verdad es que, en consecuencia, si queremos hacer sostenible el sistema de la Seguridad Social, asegurar la revalorización de las pensiones al IPC y mejorar las pensiones más bajas (sinceramente, no creo que podamos mejorarlas todas) tendremos que plantearnos seriamente un debate sobre fiscalidad a la tecnología, a las finanzas y al carbono.
Hay quienes plantean cotizaciones de los robots y de determinados instrumentos de la inteligencia artificial. Es un debate pertinente y pendiente porque sabemos que un alto porcentaje del trabajo actual (el 30% aproximadamente) será destruido y no sabemos bien cuánto ni qué tipo de empleo será creado en sustitución. Es una medida que solo cabe a nivel europeo como mínimo y, en cualquier caso, es contraria a la innovación y a la competitividad. Quizás fuera más sencillo y menos lesivo a la productividad establecer una cuota del Impuesto de Sociedades destinado a financiar la Seguridad Social. Igualmente necesaria será la mal llamada ‘tasa Google’ porque, en realidad, se trataría de una fiscalidad a la facturación de las tecnológicas y plataformas de los servicios en la red de Internet, que actualmente escapan a la fiscalidad nacional. Por último, la fiscalidad a los movimientos financieros (el famoso impuesto a las transacciones financieras o ITF) y a las plusvalías de corto plazo ( las obtenidas en el trading de alta frecuencia) también podría constituir nuevas fuentes de ingreso público susceptibles de ser destinadas a las cuentas de la Seguridad Social en gran parte. De la misma manera que la tasa a los billetes de avión o a las emisiones de CO2 tienen como destino favorecer o subvencionar las políticas contra el cambio climático.
La política fiscal, en general, está en el corazón del debate político de hoy. El descontento social con la desigualdad, la alarma y el enfado contra la evasión y la elusión fiscal en todo el mundo y la posible solución a la sostenibilidad de instrumentos tan importantes como la Seguridad Social en toda Europa dependen de unas reformas que reclamarán imaginación y amplios consensos nacionales e internacionales para extender la solidaridad como virtud pública de convivencia.
Publicado en El Correo, 1/10/2019