La primera consideración es la que sitúa el problema en el ámbito estrictamente interno de la política española. Las instituciones europeas se remiten a la legalidad española y a sus marcos políticos y están y estarán con el Estado en todo caso y en todo momento. El socio del club es España y todas las autoridades e instituciones europeas van a apoyar al Gobierno de España en el manejo de la crisis. A los hechos me remito. Cada vez que Barroso o Junker, Van Rompuy o Tusk, Macron o Merkel han hablado sobre el tema, han dejado bien claro su apoyo al Gobierno del Estado, a la legalidad y tribunales españoles y han ido incluso mucho más allá anunciando que no hay sitio en Europa para las regiones desmembradas.
Un segundo plano del debate es el que se refiere a la opinión política que suscita en Bruselas el referéndum anunciado por el Gobierno de la Generalitat. Ésta es una cuestión más controvertida porque hay numerosos círculos políticos tanto en los partidos europeos como entre dirigentes, diputados, think tanks, etc. que reclaman la aceptación y regulación pactada del referéndum como solución política al problema catalán. Influye, y mucho, la celebración del referéndum escocés y ciertas tentaciones de democracia directa, presentes en bastantes movimientos políticos de los últimos tiempos. Creo que en esa pregunta primaria y simple de: ¿por qué no les dejáis votar?, que escuchamos a veces, se esconde un desconocimiento serio de las implicaciones jurídicas y políticas de la realidad española. Pero lo cierto es que este es el punto más fuerte del nacionalismo catalán en su campaña europea que a menudo sobrepasa la racionalidad y la cordura pretendiendo situar a España fuera de la democracia y el Estado de derecho.
Frente a ellos, los círculos más institucionales, de cultura política más constitucionalista, más germánica, procedente de países muy sólidos: Francia, Alemania, Italia, etc. defienden ‘la superioridad democrática’ de la ley y de las normas que regulan la convivencia política. Argumentan para ello que si la Constitución española no permite el referéndum de una parte para decidir sobre el todo, este no puede celebrarse y les basta como argumento de referencia las sentencias de los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, que en los dos últimos años, han dictado sendas y contundentes sentencias rechazando referéndums semejantes en Baviera y Véneto, respectivamente, con el simple razonamiento de que no caben en la Constitución.
Pero, más allá de la legalidad y del referéndum, la cuestión de fondo, es decir, la posibilidad de que regiones o naciones internas de los actuales estados pretendan nuevos estados europeos y se susciten movimientos independentistas rememorando la multinacionalidad europea anterior a la primera gran guerra, es algo que preocupa profundamente en esta Europa de hoy. Tanto en el Este como en el Oeste. Tanto en el Norte como en el Sur. Nadie quiere que el tema catalán, junto al escocés, sean precursores de un movimiento disgregador, despertando viejas querellas de pueblos vecinos, renovando agravios históricos irresolubles y confundiendo los grandes retos del futuro europeo con reivindicaciones localistas de corto recorrido.
Ninguna cancillería europea desea ni favorecerá la desmembración de unos de los estados de la Unión y la generación consecuente de un nuevo estado europeo llamando a la puerta del club para integrarse en la Unión. Ya somos muchos, quizás demasiados, y la gestión de esta Europa a 28 se está haciendo cada vez más compleja ante la heterogeneidad política que viene mostrando el Este frente al Oeste europeo, y la conflictividad de intereses que la crisis económica ha puesto de manifiesto entre el Norte y el Sur de Europa. Y no olvidemos que aunque Reino Unido se vaya, Ucrania y los países de las Balcanes están esperando entrar al único gran espacio político y económico en el que pueden progresar.
Ese escenario, altamente improbable, generaría además una conflictividad interna que nadie quiere, porque vendría acompañada del veto español a la entrada de un estado unilateralmente declarado e ilegalmente separado de un estado-miembro. No hace falta añadir que el veto de España, aunque suficiente por sí solo, estaría acompañado por el de la mayoría de los estados europeos, yo diría que por la totalidad de ellos, porque estas emulaciones serían peligrosas para todos.
De manera que no entra en mi cabeza la persistencia de un proyecto independentista sin futuro en Europa. La transición jurídica a la República Catalana será imposible en España, pero es inimaginable fuera de Europa. Sin moneda europea, sin presencia institucional en el mundo, sin participar de las grandes políticas europeas de comercio, investigación, etc.; sin coordinar los grandes servicios públicos en sanidad o seguridad, sin soporte financiero ni lugar en el mercado único... Es como flotar en el vacío, como una chatarra espacial, perdida en el infinito de la ingravidez, es decir, de la nada.
Condenado a perpetuidad a la exclusión del proyecto europeo, ningún país es sostenible.
Publicado para El Correo, 7 Septiembre 2017.