En Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca más Comunidad Foral de Navarra) hay tres conflictos paralelos de diferente naturaleza que es preciso distinguir para poder imaginar con realismo y, al mismo tiempo, con ambición y esperanza, la posibilidad de la paz y la reconciliación.
1. El conflicto político-institucional normalizado que surge de la reivindicación de mayor autogobierno para la Comunidad Autónoma Vasca y que se plantea entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, o entre el Parlamento de Vitoria y el Parlamento de Madrid, y que se centra, principalmente, en el desarrollo y culminación del estatuto de autonomía de Guernica, con la transferencia de las competencias pendientes. Además, en el contexto institucional del anterior existe el conflicto político-Ideológico democratizado que enfrenta en el País Vasco y Navarra a los partidos nacionalistas democráticos (PNV y EA) -que consideran insuficiente el estatuto del País Vasco y el Amejoramiento Foral de Navarra, y aspiran, una vez culminado el proceso de transferencias, a la independencia y la unificación territorial mediante el ejercicio de la autodeterminación- con los partidos no nacionalistas que consideran adecuado para la convivencia el actual marco institucional del País Vasco y Navarra.
2. El conflicto sociopolítico que enfrenta a una minoría radical de vascos del País Vasco y Navarra, agrupada en torno al llamado MLNV (ETA+HB+LAB+Jarrai+ Gestoras pro Amnistía+etcétera con el resto de partidos y fuerzas sociales democráticos, sean nacionalistas o no. Esta minoría -que no sobrepasa en cualquiera de las elecciones habidas en los últimos 17 años el 20% de los votos- rechaza global y frontalmente, desde el principio, todas las instituciones democráticas y autonómicas del Estado y del País Vasco y Navarra; y situándose fuera de ellas, aspira a lograr de forma inmediata y haciendo tabla rasa de las mismas sus objetivos de incorporar Navarra al País Vasco, ejercer la autodeterminación y alcanzar la independencia -objetivos que se extenderían también a la incorporación de Iparralde (País Vasco francés)-
3. La violencia terrorista, "el conflicto violento ", como le llaman algunos -en mi opinión, eufemística y confusamente- y que se superpone al anterior, pretendiendo ser su consecuencia directa e inevitable. En las últimas décadas ha producido cerca de 1.000 muertos, cientos de heridos y damnificados e incalculables daños económicos, políticos y morales en el País Vasco, en Navarra y en España. Esta violencia terrorista provoca una respuesta legítima por parte del Estado y la comunidad autónoma, que ha producido 600 presos de la organización terrorista ETA y decenas de muertes. Algunas han sido provocadas por tramas antiterroristas ilegales que han contribuido a agravar y perpetuar el fenómeno terrorista. Respuesta esta última que el Estado democrático y de derecho no acepta, sino que persigue y castiga, y que, por tanto, desde ningún punto de vista puede asimilarse a él.
Cualquier planteamiento de reconciliación en Euskal Herria pasa por distinguir estos tres niveles y podría sintetizarse de la siguiente manera: es preciso terminar con el tercer conflicto y lograr que el segundo, desligándose de él, se plantee en forma similar y asemejable al primero, aunque adopte sus propias formas radicales.
Esto quiere decir que en una sociedad política democrática no puede hablarse de "conflicto violento" entre los poderes del Estado -incluida la comunidad autónoma- y la violencia terrorista como si se tratara de una guerra o dos violencias equiparables. En una democracia caracterizada por elecciones libres, total libertad de expresión, organización y participación política, y plenas garantías jurídicas -incluso para los que defienden las ideas y métodos de los terroristas-, la violencia es absolutamente injustificable y nunca puede reducirse a, o invocar, causas u orígenes políticos. No constituye, en cuanto tal, un problema político, sino que es un problema en sí misma (como ha dicho Kepa Aulestia), es decir, tiene una naturaleza criminal. Y el crimen y el Estado de derecho no están en el mismo plano. No puede haber, por tanto, un conflicto entre ellos. El llamado eufemísticamente conflicto violento no admite la posibilidad de una mediación que desemboque en una reconciliación. Porque obedece no a "un conflicto de naturaleza política", sino a una "política de la violencia", unilateral, de una minoría para imponer sus propios criterios a la mayoría, algo inasumible por un Estado democrático. Este debe prevalecer en cuanto tal. De lo contrario, dejaría de ser un Estado democrático, tanto si entra en una transacción política que implique ceder a la presión del terror, como si se transforma en un Estado criminal, porque en ambos casos traicionaría sus propias reglas.
La única respuesta posible ante el fenómeno terrorista es su persecución policial, dentro de las normas del Estado de derecho, para poner a los delincuentes a disposición de la justicia. En este caso, toda reconciliación individual de los terroristas convictos pasa previamente por la justicia y la aplicación de la ley. Al margen del Estado de Derecho no hay reconciliación posible, porque sería un agravio intolerable para el resto de ciudadanos que cumplen la ley. Dicho esto, la reinserción es un derecho constitucional para todos los delincuentes que cumplen pena, y su aplicación a los terroristas que muestren de forma inequívoca su rechazo a la violencia es uno de los puntos esenciales del Pacto de Ajuria Enea. Pero dos no se reconcilian si uno no quiere. Es imposible la reconciliación y el diálogo con quienes esgrimen el extraño derecho a utilizar como argumentos el tiro en la nuca, el coche bomba, el secuestro, la amenaza y la extorsión -en un contexto democrático en el que sus otros argumentos gozan de todos los cauces de expresión.
En cuanto al segundo conflicto -éste sí de naturaleza política- podrá avanzarse en su resolución una vez que esa minoría cese en su apoyo a la violencia -cuando los terroristas se convenzan de que no hay ninguna posibilidad de diálogo político mientras sigan matando. Una vez que asuman que su proyecto avanzaría más y ganaría en legitimidad si es promovido por medios pacíficos y democráticos, estaremos en situación de iniciar un proceso de reconciliación; lo que es deseable y necesario. Como decía Ghandi: "No hay caminos para la paz; la paz es el camino". Y la paz, que es un ancho mar, está abierta a todos los horizontes -incluido el de quienes hoy creen que la violencia es un viento más fuerte sobre sus velas que el espíritu pacífico y democrático-. A partir de ahí, todo es posible.
Yo creo que la paz y la reconciliación no se producirán mientras no se den tres condiciones:
1. Un mayor debilitamiento de la organización terrorista por medio de la lucha policial. 2. La unidad sin fisuras del campo democrático en torno al espíritu y la letra del acto de Ajuria Enea -lo que implica abandonar la ilusión de una "solución nacionalista" que busque la paz mediante atajos o iniciativas aisladas que cuestionen la estabilidad del arco político-institucional y, confirmando a los terroristas la eficacia de sus métodos, quiere el actual consenso social en la Comunidad Autónoma Vasca. 3. Una movilización externa, profunda y sostenida, de contenido ético y no político, de la sociedad vasca para exigir el cese de la violencia y promover la cultura democrática de la paz y la tolerancia.
En estas condiciones, la paz legará cuando en los movimientos civiles del MLNV -HB, LAB, etcétera- triunfe a reflexión que ya se hicieron el Sinn Fein y el IRA, la OLP y el Congreso Nacional Africano, en contextos históricos en los que la violencia parecía mucho más justificada: que los métodos democráticos son más efectivos que la lucha arma da. A partir de ahí será factible un diálogo sobre medidas de reconciliación que afecten a los presos y los exiliados.
Paralelamente, sería posible iniciar un diálogo político entre los partidos vascos que, respetando la representatividad de las diferentes opciones, enfoque la ampliación del actual marco político-institucional aprovechando la culminación del estatuto, la reforma del Senado para adaptarse al Estado de las autonomías y la participación desde esta realidad en las nuevas estructuras de la Unión Europea.
Yo estoy convencido de que, en esta última fase constituyente del modelo político vasco, es posible encontrar un acomodo definitivo para todos -incluida, por fin, la izquierda abertzale- para que sin dejación de las convicciones y objetivos ideológicos máximos de cada proyecto político encontremos un cauce común en unas reglas de juego compartidas. Entonces sabremos que la violencia y el miedo como instrumentos políticos no tienen cabida entre nosotros y que podemos contemplar un futuro juntos. La reconciliación entonces será un hecho.
El País, 3/06/1995
1. El conflicto político-institucional normalizado que surge de la reivindicación de mayor autogobierno para la Comunidad Autónoma Vasca y que se plantea entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, o entre el Parlamento de Vitoria y el Parlamento de Madrid, y que se centra, principalmente, en el desarrollo y culminación del estatuto de autonomía de Guernica, con la transferencia de las competencias pendientes. Además, en el contexto institucional del anterior existe el conflicto político-Ideológico democratizado que enfrenta en el País Vasco y Navarra a los partidos nacionalistas democráticos (PNV y EA) -que consideran insuficiente el estatuto del País Vasco y el Amejoramiento Foral de Navarra, y aspiran, una vez culminado el proceso de transferencias, a la independencia y la unificación territorial mediante el ejercicio de la autodeterminación- con los partidos no nacionalistas que consideran adecuado para la convivencia el actual marco institucional del País Vasco y Navarra.
2. El conflicto sociopolítico que enfrenta a una minoría radical de vascos del País Vasco y Navarra, agrupada en torno al llamado MLNV (ETA+HB+LAB+Jarrai+ Gestoras pro Amnistía+etcétera con el resto de partidos y fuerzas sociales democráticos, sean nacionalistas o no. Esta minoría -que no sobrepasa en cualquiera de las elecciones habidas en los últimos 17 años el 20% de los votos- rechaza global y frontalmente, desde el principio, todas las instituciones democráticas y autonómicas del Estado y del País Vasco y Navarra; y situándose fuera de ellas, aspira a lograr de forma inmediata y haciendo tabla rasa de las mismas sus objetivos de incorporar Navarra al País Vasco, ejercer la autodeterminación y alcanzar la independencia -objetivos que se extenderían también a la incorporación de Iparralde (País Vasco francés)-
3. La violencia terrorista, "el conflicto violento ", como le llaman algunos -en mi opinión, eufemística y confusamente- y que se superpone al anterior, pretendiendo ser su consecuencia directa e inevitable. En las últimas décadas ha producido cerca de 1.000 muertos, cientos de heridos y damnificados e incalculables daños económicos, políticos y morales en el País Vasco, en Navarra y en España. Esta violencia terrorista provoca una respuesta legítima por parte del Estado y la comunidad autónoma, que ha producido 600 presos de la organización terrorista ETA y decenas de muertes. Algunas han sido provocadas por tramas antiterroristas ilegales que han contribuido a agravar y perpetuar el fenómeno terrorista. Respuesta esta última que el Estado democrático y de derecho no acepta, sino que persigue y castiga, y que, por tanto, desde ningún punto de vista puede asimilarse a él.
Cualquier planteamiento de reconciliación en Euskal Herria pasa por distinguir estos tres niveles y podría sintetizarse de la siguiente manera: es preciso terminar con el tercer conflicto y lograr que el segundo, desligándose de él, se plantee en forma similar y asemejable al primero, aunque adopte sus propias formas radicales.
Esto quiere decir que en una sociedad política democrática no puede hablarse de "conflicto violento" entre los poderes del Estado -incluida la comunidad autónoma- y la violencia terrorista como si se tratara de una guerra o dos violencias equiparables. En una democracia caracterizada por elecciones libres, total libertad de expresión, organización y participación política, y plenas garantías jurídicas -incluso para los que defienden las ideas y métodos de los terroristas-, la violencia es absolutamente injustificable y nunca puede reducirse a, o invocar, causas u orígenes políticos. No constituye, en cuanto tal, un problema político, sino que es un problema en sí misma (como ha dicho Kepa Aulestia), es decir, tiene una naturaleza criminal. Y el crimen y el Estado de derecho no están en el mismo plano. No puede haber, por tanto, un conflicto entre ellos. El llamado eufemísticamente conflicto violento no admite la posibilidad de una mediación que desemboque en una reconciliación. Porque obedece no a "un conflicto de naturaleza política", sino a una "política de la violencia", unilateral, de una minoría para imponer sus propios criterios a la mayoría, algo inasumible por un Estado democrático. Este debe prevalecer en cuanto tal. De lo contrario, dejaría de ser un Estado democrático, tanto si entra en una transacción política que implique ceder a la presión del terror, como si se transforma en un Estado criminal, porque en ambos casos traicionaría sus propias reglas.
La única respuesta posible ante el fenómeno terrorista es su persecución policial, dentro de las normas del Estado de derecho, para poner a los delincuentes a disposición de la justicia. En este caso, toda reconciliación individual de los terroristas convictos pasa previamente por la justicia y la aplicación de la ley. Al margen del Estado de Derecho no hay reconciliación posible, porque sería un agravio intolerable para el resto de ciudadanos que cumplen la ley. Dicho esto, la reinserción es un derecho constitucional para todos los delincuentes que cumplen pena, y su aplicación a los terroristas que muestren de forma inequívoca su rechazo a la violencia es uno de los puntos esenciales del Pacto de Ajuria Enea. Pero dos no se reconcilian si uno no quiere. Es imposible la reconciliación y el diálogo con quienes esgrimen el extraño derecho a utilizar como argumentos el tiro en la nuca, el coche bomba, el secuestro, la amenaza y la extorsión -en un contexto democrático en el que sus otros argumentos gozan de todos los cauces de expresión.
En cuanto al segundo conflicto -éste sí de naturaleza política- podrá avanzarse en su resolución una vez que esa minoría cese en su apoyo a la violencia -cuando los terroristas se convenzan de que no hay ninguna posibilidad de diálogo político mientras sigan matando. Una vez que asuman que su proyecto avanzaría más y ganaría en legitimidad si es promovido por medios pacíficos y democráticos, estaremos en situación de iniciar un proceso de reconciliación; lo que es deseable y necesario. Como decía Ghandi: "No hay caminos para la paz; la paz es el camino". Y la paz, que es un ancho mar, está abierta a todos los horizontes -incluido el de quienes hoy creen que la violencia es un viento más fuerte sobre sus velas que el espíritu pacífico y democrático-. A partir de ahí, todo es posible.
Yo creo que la paz y la reconciliación no se producirán mientras no se den tres condiciones:
1. Un mayor debilitamiento de la organización terrorista por medio de la lucha policial. 2. La unidad sin fisuras del campo democrático en torno al espíritu y la letra del acto de Ajuria Enea -lo que implica abandonar la ilusión de una "solución nacionalista" que busque la paz mediante atajos o iniciativas aisladas que cuestionen la estabilidad del arco político-institucional y, confirmando a los terroristas la eficacia de sus métodos, quiere el actual consenso social en la Comunidad Autónoma Vasca. 3. Una movilización externa, profunda y sostenida, de contenido ético y no político, de la sociedad vasca para exigir el cese de la violencia y promover la cultura democrática de la paz y la tolerancia.
En estas condiciones, la paz legará cuando en los movimientos civiles del MLNV -HB, LAB, etcétera- triunfe a reflexión que ya se hicieron el Sinn Fein y el IRA, la OLP y el Congreso Nacional Africano, en contextos históricos en los que la violencia parecía mucho más justificada: que los métodos democráticos son más efectivos que la lucha arma da. A partir de ahí será factible un diálogo sobre medidas de reconciliación que afecten a los presos y los exiliados.
Paralelamente, sería posible iniciar un diálogo político entre los partidos vascos que, respetando la representatividad de las diferentes opciones, enfoque la ampliación del actual marco político-institucional aprovechando la culminación del estatuto, la reforma del Senado para adaptarse al Estado de las autonomías y la participación desde esta realidad en las nuevas estructuras de la Unión Europea.
Yo estoy convencido de que, en esta última fase constituyente del modelo político vasco, es posible encontrar un acomodo definitivo para todos -incluida, por fin, la izquierda abertzale- para que sin dejación de las convicciones y objetivos ideológicos máximos de cada proyecto político encontremos un cauce común en unas reglas de juego compartidas. Entonces sabremos que la violencia y el miedo como instrumentos políticos no tienen cabida entre nosotros y que podemos contemplar un futuro juntos. La reconciliación entonces será un hecho.
El País, 3/06/1995