Pocos niegan ya que el cambio climático en curso es una realidad fruto de la acción humana. El consenso científico, social y político en la materia es abrumador, y con él crece la conciencia de que es necesario actuar con decisión para evitar que sus impactos alcancen dimensiones catastróficas. Sin embargo, el tiempo corre en nuestra contra: si no actuamos ya, puede que sea demasiado tarde.
Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre tenemos una oportunidad histórica. A lo largo de esa semana se celebra en París la COP21, la 21a reunión del Convenio Marco de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Participarán en ella más de 40.000 personas, desde jefes de Estado y de gobierno a expertos y representantes de la sociedad civil. La COP 21 pretende alcanzar un acuerdo universal y jurídicamente vinculante para mantener el calentamiento global por debajo del límite de 2° C en relación a los niveles preindustriales, e impulsar la transición hacia sociedades y economías bajas en carbono. El acuerdo deberá contemplar iniciativas concretas, factibles y justas en materia de reducción de emisiones causantes del efecto invernadero y adaptación y mitigación de los efectos del calentamiento global. El protocolo de actuación que finalmente sea aprobado en París entrará en vigor en 2020.
Es de esperar que Europa, paladín tradicional en materia de lucha contra el cambio climático, esté a la altura de las circunstancias. Y nosotros, como copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), esperamos además que en ese compromiso le acompañen muy de cerca América Latina y el Caribe. Se trata de una cuestión de puro pragmatismo: en la UE hay regiones, particularmente en la zona sur, muy expuestas a las consecuencias más dramáticas del cambio climático, pero la práctica totalidad de Latinoamérica padece un riesgo elevado de sufrir desastres naturales por esta causa.
En tanto que representante de los pueblos de Europa y de América Latina y Caribe, EuroLat se hizo eco de la preocupación general por el cambio climático a través una resolución aprobada en su sesión plenaria del 5 de junio de 2015. En dicha resolución, EuroLat abogaba por un acuerdo histórico, transparente y justo, que además de limitar el aumento de la temperatura en un máximo de 2° C, garantice el respeto de los derechos humanos, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y la igualdad de género en la lucha contra el cambio climático. Insistía también en la necesidad de crear instituciones y mecanismos que favorezcan la gobernanza medioambiental, a través del diseño, planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas eficientes. A este respecto, tal como se señaló en la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres (Sendai, Japón, 14 de marzo de 2015), las autoridades locales pueden y deben jugar un papel primordial, puesto que su cercanía al ciudadano les permite tomar iniciativas tanto de prevención como de socorro mucho más efectivas, sino cruciales.
La financiación de la lucha contra el cambio climático, tiene una importancia clave. De ahí que en su resolución de junio, EuroLat incluyera el tema por considerar que no puede quedar desatendido en el COP 21. Para ser capaces de responder al reto en la medida que les corresponde, los países, regiones y comunidades menos favorecidas necesitan una transferencia de recursos financieros, tecnologías, saberes y experiencias procedentes de los países desarrollados. En este terreno es preciso que exista una voluntad política clara, que no se agote en las declaraciones y manifestaciones de intenciones, sino que suponga el refuerzo de los programas y mecanismos existentes y la creación de otros adicionales.
En el objetivo de financiación a largo plazo derivado de la Cumbre de Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales, provenientes de fuentes públicas y privadas, que integrarían el Fondo Verde para el Clima. La finalidad del mismo es ayudar a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático a partir de 2020. A este respecto, EuroLat aboga por que la financiación del Fondo Verde para el Clima sea eficaz, previsible, sostenible, transparente y preste especial atención a los grupos de poblaciones y comunidades más vulnerables (indígenas, mujeres, regiones geográficamente desfavorecidas, pequeños estados insulares, etc.).
América Latina también está desarrollando iniciativas y compromisos dignos de mención Un buen ejemplo de ello es Brasil, uno de los precursores de la denominada diplomacia climática. Brasil está implementando una serie de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer el desarrollo económico y teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas y los trabajadores. Es uno de los pocos países en desarrollo comprometido a asumir una meta absoluta de reducción de emisiones (reducción del 37% de las emisiones hasta 2025 y del 43 % en 2030, siendo 2005 el año base) y que contempla acciones de adaptación, mitigación y capacitación mejor planteadas.
Por otra parte, el pasado 6 de noviembre en Quito la CEPAL presentó su posición común en esta materia. Entre los anuncios realizados se destacó la decisión de invertir entre el 1.5 y el 5 % del PBI regional en la lucha contra el cambio climático en los próximos cien años, la voluntad de establecer una Corte Internacional en Defensa de la Madre Tierra y el concepto de justicia climática que debería guiar la acción de la Corte. En ese marco y a iniciativa de Ecuador, los países latinoamericanos reafirmaron su determinación de luchar por un sistema de compensación que les resarza de los ingresos no percibidos por la no explotación de los recursos naturales disponibles, que se corresponden con emisiones netas evitadas (Iniciativa Yasuni-ITT).
América Latina y Europa deben plantear objetivos realistas pero ambiciosos en la reunión de París. Objetivos que, como señaló el secretario de Naciones Unidas Ban Ki- Moon, es vayan más allá de las divisiones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, cuando lo que está en juego es el futuro de la humanidad.
Roberto Requiao y Ramón Jáuregui son copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat)