En los días previos a la constitución del nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo el pasado 14 de julio, la gran cuestión europea era la ratificación o no por la eurocámara del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Días antes, en el Consejo Europeo de junio, los 27 países de la Unión lo habían propuesto como candidato a presidir la Comisión por un nuevo periodo de cinco años.
Quienes lo pretendían, los gobiernos de la Unión y la derecha europea, ganadora de las elecciones del siete de junio con 265 escaños de 736, mostraban, sin embargo, muy poco respeto por el nuevo Parlamento recién salido de las urnas, que todavía ni siquiera se había constituido.
Sin embargo, sus argumentos para ello no eran débiles. Se trataba de dar la máxima estabilidad al Ejecutivo europeo, con una ratificación parlamentaria que permitiría a Durao abordar la negociación de una nueva Comisión con los gobiernos europeos antes del referéndum irlandés, y acometer la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, sin olvidar la necesidad de dar continuidad a la lucha contra la crisis (Cumbre del G20,etcétera).
Pero esa búsqueda de eficacia gubernativa chocaba con la lógica democrática de un Parlamento que exigía jugar un mínimo papel en la liturgia parlamentaria previa a la elección de un presiente de Gobierno. Era y es evidente que el Parlamento Europeo no elige al presidente de la Comisión Europea, sino que, simplemente, lo ratifica por mayoría simple (por mayoría absoluta cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa). Pero no es menos cierto que sin esa ratificación parlamentaria, la propuesta del Consejo es papel mojado.
El Parlamento Europeo dijo no. Los grupos socialista, liberal, verdes, la izquierda unida, etc., se negaron a que un Parlamento convocado para que los nuevos diputados tomaran posesión, eligieran a la Mesa de la Cámara, configuraran grupos políticos, comisiones parlamentarias, etc., tuviera que producir un debate y una votación tan importante con tanta premura y sin que los grupos políticos pudieran mantener una ronda de conversaciones previas con el candidato como para poder confeccionar una decisión argumentada.
Al final se impuso la lógica y la “votación Durao” quedó pospuesta para septiembre.
Pero me temo que los problemas no han terminado. Porque si hay razones que se siguen esgrimiendo para no retrasar el nombramiento más allá de septiembre, (fundamentalmente la interinidad de la Comisión en un periodo tan sensible), también las hay en contrario, para aplazarlo.
Voces autorizadas argumentan que es más lógico esperar a que el 2 de octubre los irlandeses ratifiquen el Tratado de Lisboa y a que entre en vigor el primero de enero de 2010 (una vez superados los trámites pendientes en la República Checa y Alemania) para, entonces, proceder al nombramiento del presidente de la Comisión y del nuevo Colegio de comisarios. Además, hay problemas añadidos, como son las elecciones nacionales, nada menos que en Portugal y Alemania, que generan dudas sobre este tema a derecha e izquierda o posiciones partidistas que no conviene desvelar en campaña electoral. La cuestión ha sido resuelta, en principio y provisionalmente, incluyendo en el orden del día del próximo 14 de septiembre en Estrasburgo la posible votación de Durao. Antes, el candidato hablará con los grupos políticos y responderá a sus dudas y a sus exigencias.
Críticas
Pero más allá del procedimiento, la cuestión de fondo también es discutida en el seno de los grupos políticos europeos. La derecha le apoya, como ya se ha dicho, aunque se desconoce que harán los euroescépticos y la ultraderecha. La izquierda unida y los verdes le vetan, y no le votarán en ningún caso.
Los liberales y los socialistas dudan, ponen condiciones y esperan decidir en setiembre. Esta misma semana, el líder de los Liberales, el belga Guy Verhofstadt señalaba en Financial Times que su oposición a Durao responde a dos críticas muy serias: no haber hecho lo necesario durante la crisis financiera y haberse plegado en exceso a los Estados miembro, sin aportar a la Comisión Europea el impulso y la iniciativa política propia necesaria.
Los socialistas, a su vez, lo ven, además, demasiado vinculado a imágenes censurables (¡otra vez la foto de las Azores!) y le acusan de dirigir la Comisión desde posiciones conservadoras. Pero siendo todo ello más o menos cierto, no lo es menos que han sido los veintisiete países de la Unión los que nos proponen a un único candidato. No es menos cierto que se trata de un candidato que responde a la mayoría conservadora de los gobiernos de Europa y a la orientación política ganadora en los comicios de junio.
Es evidente también que no hay candidato alternativo y que Europa debe evitar las inestabilidades institucionales en tiempos sensibles (Referéndum irlandés, entrada en vigor del Tratado de Lisboa, crisis financiera, etcétera). Por último, a España le interesa más un presidente de la Comisión procedente del sur, amigo y vecino, que un presidente desconocido, ajeno y distante.
En fin, ésta es la cuestión. En septiembre lo resolveremos, pero no sería malo que, sea cual sea la decisión, el Parlamento Europeo lo hiciera con el máximo respaldo político.
Expansión, 26/07/2009
26 de julio de 2009
17 de julio de 2009
¿Quién dijo crisis? Una agenda para la izquierda
Los resultados de las elecciones europeas han provocado una cascada de reflexiones sobre la crisis de la izquierda. Por incomparecencia, dijeron unos; por la situación orgánica de algunos de los principales partidos socialistas, dicen otros, por el desgaste del poder en tiempos de economía adversa, lo cierto es que los electores han colocado a la socialdemocracia europea en una delicada situación que acentúa la llamada a la renovación de nuestros programas y objetivos.
Nos hemos cansado de reconocer que seguimos actuando como partidos nacionales frente a una realidad globalizada. Nuestras propuestas, además, son demasiado diferentes en cada uno de nuestros países y diluyen los perfiles ideológicos comunes o confunden a nuestros electores con alternativas contradictorias. Somos cada vez más conscientes de que nuestros viejos perfiles sociales en torno al Estado del bienestar y la sociedad laboral digna se enfrentan a una economía globalizada y a la externalización productiva y resisten muy mal los rigores de la competencia con el mundo emergente.
Vemos la irrupción de una sociedad de la información que transforma el universo cultural de las nuevas generaciones y que ofrece al mismo tiempo un caudal de oportunidades todavía desconocidas. Hemos sufrido el empuje irresistible de la ola neoconservadora de los setenta, que arrastró a la perplejidad a la izquierda con la caída del muro. Eso y mucho más lo sabemos desde hace tiempo, pero no hemos sido capaces ni aquí ni en ninguno de los núcleos de pensamiento progresista del mundo, de construir un ideario de la izquierda del Siglo XXI. Cada partido, en cada país, intentamos reformismos progresistas en los contradictorios espacios de un poder político y económico cada vez más limitado por el mercado global.
Asistí hace unos días a las primeras reuniones del grupo socialista en el nuevo Parlamento Europeo. Nada nuevo. Es verdad que estamos al comienzo de una legislatura y que no se trata de un órgano directivo de socialismo europeo, pero la internacional socialista se reunió en Montenegro los primeros días de julio sin pena ni gloria. En este contexto autocrítico que les traslado, en estos últimos días he tenido ocasión de escuchar a Felipe González y de hablar con Javier Solana. Una misma idea surgió de ambos encuentros: A pesar de todo, nunca como hoy ha habido una confluencia tan favorable de factores económicos, políticos y geoestratégicos para reivindicar y configurar una izquierda moderna y renovada a nuestro nuevo siglo.
1. Estamos ante un cambio de época, un "vierteaguas de la historia" decía González. Hay que reformular el modelo financiero del mundo; hay que decidir si tenemos una única moneda para una única economía; hay que reorganizar las instituciones internacionales; deben crearse nuestros espacios regionales supranacionales; se acabó el unílateralismo de Bush y se abre un nuevo tiempo para la cooperación internacional; un nuevo marco regulará las relaciones entre Estado y Mercado que algunos se han atrevido a calificar como "un nuevo capitalismo"; deben buscarse -urgentemente- más decisiones internacionales sobre el cambio climático; la seguridad energética ha entrado en la agenda de todo el mundo... ¿hay quién dé más? ¿No era esto por lo que veníamos luchando los progresistas desde hace años?
2. ¡Es la política, estúpido! Justamente es la política la que ha sido llamada con urgencia al quirófano de la crisis sistémica que estamos viviendo. Es la economía, los bancos, las bolsas, las empresas, los trabajadores, la sociedad entera quienes miran angustiados a sus instituciones representativas para resolver los problemas. Y al hacerlo, las instituciones se reivindican como fundamentos de una organización social, de una sociedad política. Triunfa lo público frente a la expansión egoísta de lo privado y al individualismo descreído e insolidario. Se reafirma el papel interventor y arbitral de la política sobre los intereses particulares del mercado. Es el orden democrático el que se refuerza frente a la desregulación y la intervención marginal de lo público con que se nos venía intoxicando desde hace más de veinte años. ¡Justamente lo que proclama la izquierda!
3. Profundizar la democracia como signo de la izquierda. El proyecto progresista necesita de la política. "La izquierda sólo puede ganar si hay un clima en el que las ideas jueguen un papel importante y hay un alto nivel de exigencias que se dirigen a la política", decía Daniel Innerarity en un artículo reciente. Antes, en 1990 Ronald Inglehart utilizó la expresión "postmaterial" para definir los valores que marcan las tendencias del cambio cultural de las sociedades industriales avanzadas. La primera Legislatura de Zapatero fue paradigmática de esos perfiles. La lucha por la igualdad de género, las libertades cívicas y personales, la extensión de Derechos a inmigrantes, emigrantes, mayores, etc., el matrimonio homosexual, el fortalecimiento de la autonomía individual, la diversidad cultural, la paz, el 0,7, el medio ambiente, configuran un universo de valores que refuerzan el valor de la democracia y sus poderes transformadores, al tiempo que aumenta la base social de clases medias para una política de izquierdas "postmaterialista".
4. La igualdad como estrella polar. Recogiendo de Bobbio esa expresión para definir a la izquierda, necesitamos concretarla en una sociedad en la que han cambiado sus aplicaciones. ¿La igualdad es la condición de la libertad? Quizás sea exagerado afirmar esto. Pero la libertad a la que aspiramos los progresistas se consigue promoviendo la igualdad, y eso significa tres cosas: la protección de los desiguales a través de instrumentos de discriminación positiva; el establecimiento de políticas igualitarias en materia de derechos básicos de los ciudadanos (educación, sanidad, dependencia, Seguridad Social, etc.) y la capacitación individual de los ciudadanos para acceder a la vida en igualdad.
5. Más Estado y mejor mercado. ¿Dónde queda aquella afirmación ideológica de los ochenta "El Estado es el problema, no la solución", cuando es el Estado el que asegura los depósitos de los ahorradores, inyecta liquidez para que haya créditos y circulante, nacionaliza bancos, aseguradoras y/o compañías de automóviles, estimula la demanda con políticas de inversión pública neokeynesianas, etc.?
Los socialistas no pretendemos estatalizar la economía, pero de esta formidable intervención pública y de las enseñanzas obtenidas con la crisis, se derivará -lo quieran o no las fuerzas conservadoras- una nueva ecuación entre Estado y Mercado. No hay alternativa al Mercado, a la libertad económica, al emprendimiento, al beneficio que anima a la inversión. Pero nuevas reglas y organismos públicos, más control y supervisión, más coordinación internacional, algunos límites y más exigencias públicas configurarán una economía de mercado al servicio de la sociedad y no una sociedad de mercado en la que la mano invisible pero ciega y asocial pretenda imponernos las reglas de la competencia feroz y el sálvese quien pueda.
6. Más responsabilidad de todos y para todo. La crisis ha puesto de manifiesto enormes irresponsabilidades, individuales y colectivas. No me refiero sólo a los defraudadores financieros, a los gestores de Hedge funds, a las primas tóxicas y a los incentivos objetivamente causantes de los desastres, a los ejecutivos blindados y multimillonarios, a las agencias de rating,... No, es que la irresponsabilidad ha estado en el eje de la crisis, en el núcleo del negocio financiero y en demasiados responsables públicos.
La derivada será una fuerte corriente cultural de exigencia ética y social hacia las empresas. Las empresas impactan más cada día en nuestra sociedad, en nuestros marcos sociolaborales, en nuestro medio ambiente, en nuestra realidad económica. Las empresas son demasiado importantes como para que la izquierda las desprecie como agente social. Caminamos hacia una empresa más integrada en la sociedad, más conciliada con sus stakeholders (grupos de interés), más necesitada de empatía social y todo eso transformará sus relaciones con a política. La izquierda debe abanderar esa renovación conceptual de las empresas en el Siglo XXI para hacerlas sostenibles y responsables socialmente.
7. Los problemas globales, reclaman respuestas globales. Seguimos elaborando nuestras propuestas en los estrechos límites del Estado-Nación. Todos los problemas a los que se enfrenta la política -y no digamos la izquierda- tienen dimensión supranacional. La inmigración es un fenómeno planetario, aunque las pateras nos confundan. El cambio climático afecta a la humanidad y a sus futuras generaciones. La construcción de un modelo financiero que opera en el mundo entero de manera instantánea requiere reglas comunes y organismos internacionales dotados de fuerza interventora que sólo el G-20 podrá acordar. La seguridad energética, el combate al terrorismo internacional y al crimen organizado, los acuerdos comerciales de DOHA, la cooperación internacional contra el hambre...Todo es global. La izquierda debe hacer dejación de posiciones nacionales en estos grandes temas que configuran su ideario, y debe proponer en todo el mundo una agenda progresista para todos ellos.
8. Sobran nacionalismos. A lo largo del Siglo XIX los nacionalismos de muy diferente signo armaron la idea nacional, fueron la argamasa del Estado-Nación. Cumplieron su papel en la historia, con éxito muchas veces y con excesos lamentables otras. Pero hoy son un lastre para resolver los problemas. La visión local sólo es necesaria desde la perspectiva de la subsidiariedad, pero enarbolada como marco único de actuación política, nos conduce a la melancolía y al fracaso. Hay que ceder soberanías para acordar políticas comunes. Hay que crear espacios regionales supranacionales como nuevos agentes políticos geoestratégicos. Hay que construir una cultura cosmopolita frente al papanatismo y al chauvinismo nacionalistas. Y esos son signos de una izquierda moderna y transnacional.
Son sólo enunciados de una agenda pendiente que hay que enriquecer entre todos. Pero, en el eterno debate de la renovación de la izquierda, ya es hora de pasar de las musas al teatro, es decir, del diagnóstico a las respuestas.
El País, 16/07/2009
Nos hemos cansado de reconocer que seguimos actuando como partidos nacionales frente a una realidad globalizada. Nuestras propuestas, además, son demasiado diferentes en cada uno de nuestros países y diluyen los perfiles ideológicos comunes o confunden a nuestros electores con alternativas contradictorias. Somos cada vez más conscientes de que nuestros viejos perfiles sociales en torno al Estado del bienestar y la sociedad laboral digna se enfrentan a una economía globalizada y a la externalización productiva y resisten muy mal los rigores de la competencia con el mundo emergente.
Vemos la irrupción de una sociedad de la información que transforma el universo cultural de las nuevas generaciones y que ofrece al mismo tiempo un caudal de oportunidades todavía desconocidas. Hemos sufrido el empuje irresistible de la ola neoconservadora de los setenta, que arrastró a la perplejidad a la izquierda con la caída del muro. Eso y mucho más lo sabemos desde hace tiempo, pero no hemos sido capaces ni aquí ni en ninguno de los núcleos de pensamiento progresista del mundo, de construir un ideario de la izquierda del Siglo XXI. Cada partido, en cada país, intentamos reformismos progresistas en los contradictorios espacios de un poder político y económico cada vez más limitado por el mercado global.
Asistí hace unos días a las primeras reuniones del grupo socialista en el nuevo Parlamento Europeo. Nada nuevo. Es verdad que estamos al comienzo de una legislatura y que no se trata de un órgano directivo de socialismo europeo, pero la internacional socialista se reunió en Montenegro los primeros días de julio sin pena ni gloria. En este contexto autocrítico que les traslado, en estos últimos días he tenido ocasión de escuchar a Felipe González y de hablar con Javier Solana. Una misma idea surgió de ambos encuentros: A pesar de todo, nunca como hoy ha habido una confluencia tan favorable de factores económicos, políticos y geoestratégicos para reivindicar y configurar una izquierda moderna y renovada a nuestro nuevo siglo.
1. Estamos ante un cambio de época, un "vierteaguas de la historia" decía González. Hay que reformular el modelo financiero del mundo; hay que decidir si tenemos una única moneda para una única economía; hay que reorganizar las instituciones internacionales; deben crearse nuestros espacios regionales supranacionales; se acabó el unílateralismo de Bush y se abre un nuevo tiempo para la cooperación internacional; un nuevo marco regulará las relaciones entre Estado y Mercado que algunos se han atrevido a calificar como "un nuevo capitalismo"; deben buscarse -urgentemente- más decisiones internacionales sobre el cambio climático; la seguridad energética ha entrado en la agenda de todo el mundo... ¿hay quién dé más? ¿No era esto por lo que veníamos luchando los progresistas desde hace años?
2. ¡Es la política, estúpido! Justamente es la política la que ha sido llamada con urgencia al quirófano de la crisis sistémica que estamos viviendo. Es la economía, los bancos, las bolsas, las empresas, los trabajadores, la sociedad entera quienes miran angustiados a sus instituciones representativas para resolver los problemas. Y al hacerlo, las instituciones se reivindican como fundamentos de una organización social, de una sociedad política. Triunfa lo público frente a la expansión egoísta de lo privado y al individualismo descreído e insolidario. Se reafirma el papel interventor y arbitral de la política sobre los intereses particulares del mercado. Es el orden democrático el que se refuerza frente a la desregulación y la intervención marginal de lo público con que se nos venía intoxicando desde hace más de veinte años. ¡Justamente lo que proclama la izquierda!
3. Profundizar la democracia como signo de la izquierda. El proyecto progresista necesita de la política. "La izquierda sólo puede ganar si hay un clima en el que las ideas jueguen un papel importante y hay un alto nivel de exigencias que se dirigen a la política", decía Daniel Innerarity en un artículo reciente. Antes, en 1990 Ronald Inglehart utilizó la expresión "postmaterial" para definir los valores que marcan las tendencias del cambio cultural de las sociedades industriales avanzadas. La primera Legislatura de Zapatero fue paradigmática de esos perfiles. La lucha por la igualdad de género, las libertades cívicas y personales, la extensión de Derechos a inmigrantes, emigrantes, mayores, etc., el matrimonio homosexual, el fortalecimiento de la autonomía individual, la diversidad cultural, la paz, el 0,7, el medio ambiente, configuran un universo de valores que refuerzan el valor de la democracia y sus poderes transformadores, al tiempo que aumenta la base social de clases medias para una política de izquierdas "postmaterialista".
4. La igualdad como estrella polar. Recogiendo de Bobbio esa expresión para definir a la izquierda, necesitamos concretarla en una sociedad en la que han cambiado sus aplicaciones. ¿La igualdad es la condición de la libertad? Quizás sea exagerado afirmar esto. Pero la libertad a la que aspiramos los progresistas se consigue promoviendo la igualdad, y eso significa tres cosas: la protección de los desiguales a través de instrumentos de discriminación positiva; el establecimiento de políticas igualitarias en materia de derechos básicos de los ciudadanos (educación, sanidad, dependencia, Seguridad Social, etc.) y la capacitación individual de los ciudadanos para acceder a la vida en igualdad.
5. Más Estado y mejor mercado. ¿Dónde queda aquella afirmación ideológica de los ochenta "El Estado es el problema, no la solución", cuando es el Estado el que asegura los depósitos de los ahorradores, inyecta liquidez para que haya créditos y circulante, nacionaliza bancos, aseguradoras y/o compañías de automóviles, estimula la demanda con políticas de inversión pública neokeynesianas, etc.?
Los socialistas no pretendemos estatalizar la economía, pero de esta formidable intervención pública y de las enseñanzas obtenidas con la crisis, se derivará -lo quieran o no las fuerzas conservadoras- una nueva ecuación entre Estado y Mercado. No hay alternativa al Mercado, a la libertad económica, al emprendimiento, al beneficio que anima a la inversión. Pero nuevas reglas y organismos públicos, más control y supervisión, más coordinación internacional, algunos límites y más exigencias públicas configurarán una economía de mercado al servicio de la sociedad y no una sociedad de mercado en la que la mano invisible pero ciega y asocial pretenda imponernos las reglas de la competencia feroz y el sálvese quien pueda.
6. Más responsabilidad de todos y para todo. La crisis ha puesto de manifiesto enormes irresponsabilidades, individuales y colectivas. No me refiero sólo a los defraudadores financieros, a los gestores de Hedge funds, a las primas tóxicas y a los incentivos objetivamente causantes de los desastres, a los ejecutivos blindados y multimillonarios, a las agencias de rating,... No, es que la irresponsabilidad ha estado en el eje de la crisis, en el núcleo del negocio financiero y en demasiados responsables públicos.
La derivada será una fuerte corriente cultural de exigencia ética y social hacia las empresas. Las empresas impactan más cada día en nuestra sociedad, en nuestros marcos sociolaborales, en nuestro medio ambiente, en nuestra realidad económica. Las empresas son demasiado importantes como para que la izquierda las desprecie como agente social. Caminamos hacia una empresa más integrada en la sociedad, más conciliada con sus stakeholders (grupos de interés), más necesitada de empatía social y todo eso transformará sus relaciones con a política. La izquierda debe abanderar esa renovación conceptual de las empresas en el Siglo XXI para hacerlas sostenibles y responsables socialmente.
7. Los problemas globales, reclaman respuestas globales. Seguimos elaborando nuestras propuestas en los estrechos límites del Estado-Nación. Todos los problemas a los que se enfrenta la política -y no digamos la izquierda- tienen dimensión supranacional. La inmigración es un fenómeno planetario, aunque las pateras nos confundan. El cambio climático afecta a la humanidad y a sus futuras generaciones. La construcción de un modelo financiero que opera en el mundo entero de manera instantánea requiere reglas comunes y organismos internacionales dotados de fuerza interventora que sólo el G-20 podrá acordar. La seguridad energética, el combate al terrorismo internacional y al crimen organizado, los acuerdos comerciales de DOHA, la cooperación internacional contra el hambre...Todo es global. La izquierda debe hacer dejación de posiciones nacionales en estos grandes temas que configuran su ideario, y debe proponer en todo el mundo una agenda progresista para todos ellos.
8. Sobran nacionalismos. A lo largo del Siglo XIX los nacionalismos de muy diferente signo armaron la idea nacional, fueron la argamasa del Estado-Nación. Cumplieron su papel en la historia, con éxito muchas veces y con excesos lamentables otras. Pero hoy son un lastre para resolver los problemas. La visión local sólo es necesaria desde la perspectiva de la subsidiariedad, pero enarbolada como marco único de actuación política, nos conduce a la melancolía y al fracaso. Hay que ceder soberanías para acordar políticas comunes. Hay que crear espacios regionales supranacionales como nuevos agentes políticos geoestratégicos. Hay que construir una cultura cosmopolita frente al papanatismo y al chauvinismo nacionalistas. Y esos son signos de una izquierda moderna y transnacional.
Son sólo enunciados de una agenda pendiente que hay que enriquecer entre todos. Pero, en el eterno debate de la renovación de la izquierda, ya es hora de pasar de las musas al teatro, es decir, del diagnóstico a las respuestas.
El País, 16/07/2009
12 de julio de 2009
Una sentencia relevante
Yo estuve allí. Cuando los responsables del Gobierno Aznar y de su partido nos informaron en la reunión del Pacto Antiterrorista, en febrero de 2002, de que era su intención proceder a ilegalizar a Batasuna, quienes representábamos al PSOE estábamos casi en ascuas. Acabábamos de leer, media hora antes, un teletipo de la Agencia Efe en el que el PP anunciaba esta iniciativa para dejar bien sentado quién mandaba y a quién correspondía el protagonismo político de la propuesta.
Yo estaba allí por pura casualidad. La dimisión de Nicolás Redondo en el PSE-EE en diciembre de 2001 provocó una crisis interna que me tocó gestionar como presidente de una gestora hasta el congreso de marzo de 2002, en el que fue elegido Patxi López. Como representante del partido en Euskadi, asistí a aquella reunión y recuerdo bien nuestra sorpresa. Desagradable por la deslealtad del anuncio previo del PP y perpleja por las consecuencias que no habíamos calculado y que, a priori, parecían graves.
Éste es el primer plano de las consideraciones que quiero hacerles sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que por unanimidad de sus siete magistrados ponentes, el pasado 30 de junio, ha considerado plenamente congruente la famosa Ley de Partido Políticos (LOPP 6/2002 de 27 de junio) con todos los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me refiero al plano político de la iniciativa. Yo creo que el Gobierno de Aznar acertó plenamente. Otra cosa es que lo hubiera consultado y consensuado previamente con un partido que se comportaba con la máxima lealtad y que colaboraba con el Ejecutivo sin asomo de oposición en esta materia. Pero, al margen de esto, hay que reconocer que tomaron la iniciativa cuando procedía y la tomaron acertadamente.
Durante veinte años de democracia, los demócratas implorábamos a Batasuna que participara en las instituciones y Batasuna nos despreciaba, haciendo mutis por el foro, boicoteando con sus votos y sus representantes el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento vasco y las juntas generales. Excepto los ayuntamientos, la llamada izquierda abertzale despreciaba todas las instituciones democráticas. La estrategia de la democracia consistió en reiterar una y mil veces la oferta de participación política (véase el Pacto de Ajuria Enea como paradigma de ese deseo) a Batasuna, convencidos como estábamos de que la violencia necesitaba desaguar a la política como cauce natural para su desaparición. ¿Cuánto tiempo más necesitábamos para convencernos de lo inútil de nuestro esfuerzo? Durante más de veinte años, estuvimos convencidos de que Batasuna arrastraría a ETA hacia la política, sin comprender, a pesar de las muchísimas evidencias, que era ETA la que utilizaba la política para justificar y fortalecer la violencia.
Era hora, pues, de reconocer esas evidencias y algunas otras: como, por ejemplo, que ETA seguía utilizando un universo legal o alegal de la democracia y el autogobierno vasco para nutrir su entramado humano (más de cuatrocientos detenidos de ETA procedieron de organizaciones y listas electorales de Batasuna) y para cubrir su infraestructura delictiva (locales y pisos del partido usados en sus actividades violentas). O, como por ejemplo, que toda la actividad política de ese universo estaba al servicio de la iniciativa y la estrategia que marcaba la cúpula de la banda que, con una jerarquía militarizada, la imponía de principio a fin a todo el entramado.
Cuando en enero de 2000 ETA lanza su ofensiva contra los dirigentes y militantes del PSE y PP en Euskadi, desborda todos los límites y lanza un pulso que la democracia no puede perder. Al Pacto por las Libertades de septiembre de 2000 le sucede el acuerdo político PP-PSOE (2002) para ilegalizar ese entramado antidemocrático y violento que acepta entre sus medios la liquidación física del adversario político.
Quedaba por ver la legalidad del intento. El proyecto de ley del gobierno fue ampliamente discutido y consensuado con el PSOE y recurrido al Tribunal Supremo y al Constitucional por los afectados y hasta por el Gobierno vasco de la época. Más tarde, ante el Tribunal de Estrasburgo por los partidos ilegalizados. Por fin llegó la sentencia y, sin duda, es relevante. Primero porque confirma la ley y declara que en la ilegalización de los partidos Batasuna-Herri Batasuna y Euskal Herritarrok no se ha producido vulneración alguna de los derechos a la libertad de expresión y de asociación (artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos). ¿Se imaginan ustedes la situación actual de haberse declarado lo contrario?
Pero, segundo, es relevante por la fuerza jurídica de los argumentos empleados. El Tribunal reitera que la Ley de Partidos Políticos (LOPP) no está dirigida a acabar con el debate ideológico en el País Vasco. La LOPP no considera ilegal o prohibida ninguna ideología o finalidad que se autoimpongan los partidos políticos (democracia militante). Lo que prohíbe es la utilización de determinados medios (atentar contra los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos). El propio Tribunal Europeo da validez a los argumentos de los tribunales españoles al establecer que la actividad de Batasuna-HB-EH forma parte de una estrategia común contraria a los principios democráticos constitucionales y ampara la violencia que está vinculada al entramado de ETA. El Tribunal destaca que la ley exige reiteración y gravedad en las conductas que permiten la ilegalización y constata que se producen, al considerar que los partidos políticos recurrentes entran en contradicción directa con el concepto de 'sociedad democrática'. Es así como el Tribunal Europeo halla causa legítima en la ilegalización para proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos, llegando a considerar la ilegalización «una necesidad social».
¿Quiere esto decir que acabó ya la discusión jurídico-política sobre este asunto? Desgraciadamente no. La sentencia entierra las dudas y las disensiones que suscitó la ley, pero no resuelve todas las ilegalizaciones que se adopten en su aplicación con posterioridad. Efectivamente, la ilegalización de los llamados partidos «sucesores o herederos» de Batasuna, en siglas antiguas (ANV, por ejemplo) o nuevas (Aukera Guztiak, entre otras) si fueran recurridas, deberán pasar la prueba de demostrar que efectivamente son organizaciones políticas o agrupaciones de electores que suceden fraudulentamente a HB-EH-Batasuna. Lo mismo puede decirse de todas aquellas listas municipales que, bajo distintas etiquetas de agrupaciones de electores locales, sólo pueden ser ilegalizadas si se demuestra su conexión con los partidos ilegalizados y se acredita su pretensión defraudadora de la ley. Pero los propios tribunales españoles, especialmente el Tribunal Constitucional, vienen exigiendo cada vez más requisitos procesales y probatorios para acreditar esa sucesión fraudulenta y cuando esas pruebas no existan o no se puedan aportar, la ilegalización no será posible. Aunque nos conste que son sucesores de Batasuna o que Batasuna 'ocupará' esas listas con sus votos, como acaba de suceder con Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de junio pasado.
Pero ésa es también la grandeza del sistema democrático, que reconoce que el derecho de elegir y el de ser elegido son fundamentos infranqueables de un Estado de Derecho. Salvo excepciones reguladas, como es el caso de la Ley de Partidos Políticos, que ha confirmado el máximo y último Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dando un inmenso varapalo jurídico a quienes dudaban de la calidad de nuestra democracia y avalando una decisión política que resultaba obligada y necesaria.
Para el autor, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con su sentencia, ha dado «un inmenso varapalo jurídico a quienes dudaban de la calidad de nuestra democracia» y ha avalado «una decisión política que resultaba obligada y necesaria»
Yo estaba allí por pura casualidad. La dimisión de Nicolás Redondo en el PSE-EE en diciembre de 2001 provocó una crisis interna que me tocó gestionar como presidente de una gestora hasta el congreso de marzo de 2002, en el que fue elegido Patxi López. Como representante del partido en Euskadi, asistí a aquella reunión y recuerdo bien nuestra sorpresa. Desagradable por la deslealtad del anuncio previo del PP y perpleja por las consecuencias que no habíamos calculado y que, a priori, parecían graves.
Éste es el primer plano de las consideraciones que quiero hacerles sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que por unanimidad de sus siete magistrados ponentes, el pasado 30 de junio, ha considerado plenamente congruente la famosa Ley de Partido Políticos (LOPP 6/2002 de 27 de junio) con todos los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me refiero al plano político de la iniciativa. Yo creo que el Gobierno de Aznar acertó plenamente. Otra cosa es que lo hubiera consultado y consensuado previamente con un partido que se comportaba con la máxima lealtad y que colaboraba con el Ejecutivo sin asomo de oposición en esta materia. Pero, al margen de esto, hay que reconocer que tomaron la iniciativa cuando procedía y la tomaron acertadamente.
Durante veinte años de democracia, los demócratas implorábamos a Batasuna que participara en las instituciones y Batasuna nos despreciaba, haciendo mutis por el foro, boicoteando con sus votos y sus representantes el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento vasco y las juntas generales. Excepto los ayuntamientos, la llamada izquierda abertzale despreciaba todas las instituciones democráticas. La estrategia de la democracia consistió en reiterar una y mil veces la oferta de participación política (véase el Pacto de Ajuria Enea como paradigma de ese deseo) a Batasuna, convencidos como estábamos de que la violencia necesitaba desaguar a la política como cauce natural para su desaparición. ¿Cuánto tiempo más necesitábamos para convencernos de lo inútil de nuestro esfuerzo? Durante más de veinte años, estuvimos convencidos de que Batasuna arrastraría a ETA hacia la política, sin comprender, a pesar de las muchísimas evidencias, que era ETA la que utilizaba la política para justificar y fortalecer la violencia.
Era hora, pues, de reconocer esas evidencias y algunas otras: como, por ejemplo, que ETA seguía utilizando un universo legal o alegal de la democracia y el autogobierno vasco para nutrir su entramado humano (más de cuatrocientos detenidos de ETA procedieron de organizaciones y listas electorales de Batasuna) y para cubrir su infraestructura delictiva (locales y pisos del partido usados en sus actividades violentas). O, como por ejemplo, que toda la actividad política de ese universo estaba al servicio de la iniciativa y la estrategia que marcaba la cúpula de la banda que, con una jerarquía militarizada, la imponía de principio a fin a todo el entramado.
Cuando en enero de 2000 ETA lanza su ofensiva contra los dirigentes y militantes del PSE y PP en Euskadi, desborda todos los límites y lanza un pulso que la democracia no puede perder. Al Pacto por las Libertades de septiembre de 2000 le sucede el acuerdo político PP-PSOE (2002) para ilegalizar ese entramado antidemocrático y violento que acepta entre sus medios la liquidación física del adversario político.
Quedaba por ver la legalidad del intento. El proyecto de ley del gobierno fue ampliamente discutido y consensuado con el PSOE y recurrido al Tribunal Supremo y al Constitucional por los afectados y hasta por el Gobierno vasco de la época. Más tarde, ante el Tribunal de Estrasburgo por los partidos ilegalizados. Por fin llegó la sentencia y, sin duda, es relevante. Primero porque confirma la ley y declara que en la ilegalización de los partidos Batasuna-Herri Batasuna y Euskal Herritarrok no se ha producido vulneración alguna de los derechos a la libertad de expresión y de asociación (artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos). ¿Se imaginan ustedes la situación actual de haberse declarado lo contrario?
Pero, segundo, es relevante por la fuerza jurídica de los argumentos empleados. El Tribunal reitera que la Ley de Partidos Políticos (LOPP) no está dirigida a acabar con el debate ideológico en el País Vasco. La LOPP no considera ilegal o prohibida ninguna ideología o finalidad que se autoimpongan los partidos políticos (democracia militante). Lo que prohíbe es la utilización de determinados medios (atentar contra los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos). El propio Tribunal Europeo da validez a los argumentos de los tribunales españoles al establecer que la actividad de Batasuna-HB-EH forma parte de una estrategia común contraria a los principios democráticos constitucionales y ampara la violencia que está vinculada al entramado de ETA. El Tribunal destaca que la ley exige reiteración y gravedad en las conductas que permiten la ilegalización y constata que se producen, al considerar que los partidos políticos recurrentes entran en contradicción directa con el concepto de 'sociedad democrática'. Es así como el Tribunal Europeo halla causa legítima en la ilegalización para proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos, llegando a considerar la ilegalización «una necesidad social».
¿Quiere esto decir que acabó ya la discusión jurídico-política sobre este asunto? Desgraciadamente no. La sentencia entierra las dudas y las disensiones que suscitó la ley, pero no resuelve todas las ilegalizaciones que se adopten en su aplicación con posterioridad. Efectivamente, la ilegalización de los llamados partidos «sucesores o herederos» de Batasuna, en siglas antiguas (ANV, por ejemplo) o nuevas (Aukera Guztiak, entre otras) si fueran recurridas, deberán pasar la prueba de demostrar que efectivamente son organizaciones políticas o agrupaciones de electores que suceden fraudulentamente a HB-EH-Batasuna. Lo mismo puede decirse de todas aquellas listas municipales que, bajo distintas etiquetas de agrupaciones de electores locales, sólo pueden ser ilegalizadas si se demuestra su conexión con los partidos ilegalizados y se acredita su pretensión defraudadora de la ley. Pero los propios tribunales españoles, especialmente el Tribunal Constitucional, vienen exigiendo cada vez más requisitos procesales y probatorios para acreditar esa sucesión fraudulenta y cuando esas pruebas no existan o no se puedan aportar, la ilegalización no será posible. Aunque nos conste que son sucesores de Batasuna o que Batasuna 'ocupará' esas listas con sus votos, como acaba de suceder con Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de junio pasado.
Pero ésa es también la grandeza del sistema democrático, que reconoce que el derecho de elegir y el de ser elegido son fundamentos infranqueables de un Estado de Derecho. Salvo excepciones reguladas, como es el caso de la Ley de Partidos Políticos, que ha confirmado el máximo y último Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dando un inmenso varapalo jurídico a quienes dudaban de la calidad de nuestra democracia y avalando una decisión política que resultaba obligada y necesaria.
Para el autor, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con su sentencia, ha dado «un inmenso varapalo jurídico a quienes dudaban de la calidad de nuestra democracia» y ha avalado «una decisión política que resultaba obligada y necesaria»
El Correo, 12/07/2009
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