Imaginando la reconciliación en Euskal Herria.

En Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca más Comunidad Foral de Navarra) hay tres conflictos paralelos de diferente naturaleza que es preciso distinguir para poder imaginar con realismo y, al mismo tiempo, con ambición y esperanza, la posibilidad de la paz y la reconciliación.

1. El conflicto político-institucional normalizado que surge de la reivindicación de mayor autogobierno para la Comunidad Autónoma Vasca y que se plantea entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, o entre el Parlamento de Vitoria y el Parlamento de Madrid, y que se centra, principalmente, en el desarrollo y culminación del estatuto de autonomía de Guernica, con la transferencia de las competencias pendientes. Además, en el contexto institucional del anterior existe el conflicto político-Ideológico democratizado que enfrenta en el País Vasco y Navarra a los partidos nacionalistas democráticos (PNV y EA) -que consideran insuficiente el estatuto del País Vasco y el Amejoramiento Foral de Navarra, y aspiran, una vez culminado el proceso de transferencias, a la independencia y la unificación territorial mediante el ejercicio de la autodeterminación- con los partidos no nacionalistas que consideran adecuado para la convivencia el actual marco institucional del País Vasco y Navarra.


2. El conflicto sociopolítico que enfrenta a una minoría radical de vascos del País Vasco y Navarra, agrupada en torno al llamado MLNV (ETA+HB+LAB+Jarrai+ Gestoras pro Amnistía+etcétera con el resto de partidos y fuerzas sociales democráticos, sean nacionalistas o no. Esta minoría -que no sobrepasa en cualquiera de las elecciones habidas en los últimos 17 años el 20% de los votos- rechaza global y frontalmente, desde el principio, todas las instituciones democráticas y autonómicas del Estado y del País Vasco y Navarra; y situándose fuera de ellas, aspira a lograr de forma inmediata y haciendo tabla rasa de las mismas sus objetivos de incorporar Navarra al País Vasco, ejercer la autodeterminación y alcanzar la independencia -objetivos que se extenderían también a la incorporación de Iparralde (País Vasco francés)-


3. La violencia terrorista, "el conflicto violento ", como le llaman algunos -en mi opinión, eufemística y confusamente- y que se superpone al anterior, pretendiendo ser su consecuencia directa e inevitable. En las últimas décadas ha producido cerca de 1.000 muertos, cientos de heridos y damnificados e incalculables daños económicos, políticos y morales en el País Vasco, en Navarra y en España. Esta violencia terrorista provoca una respuesta legítima por parte del Estado y la comunidad autónoma, que ha producido 600 presos de la organización terrorista ETA y decenas de muertes. Algunas han sido provocadas por tramas antiterroristas ilegales que han contribuido a agravar y perpetuar el fenómeno terrorista. Respuesta esta última que el Estado democrático y de derecho no acepta, sino que persigue y castiga, y que, por tanto, desde ningún punto de vista puede asimilarse a él.

Cualquier planteamiento de reconciliación en Euskal Herria pasa por distinguir estos tres niveles y podría sintetizarse de la siguiente manera: es preciso terminar con el tercer conflicto y lograr que el segundo, desligándose de él, se plantee en forma similar y asemejable al primero, aunque adopte sus propias formas radicales.

Esto quiere decir que en una sociedad política democrática no puede hablarse de "conflicto violento" entre los poderes del Estado -incluida la comunidad autónoma- y la violencia terrorista como si se tratara de una guerra o dos violencias equiparables. En una democracia caracterizada por elecciones libres, total libertad de expresión, organización y participación política, y plenas garantías jurídicas -incluso para los que defienden las ideas y métodos de los terroristas-, la violencia es absolutamente injustificable y nunca puede reducirse a, o invocar, causas u orígenes políticos. No constituye, en cuanto tal, un problema político, sino que es un problema en sí misma (como ha dicho Kepa Aulestia), es decir, tiene una naturaleza criminal. Y el crimen y el Estado de derecho no están en el mismo plano. No puede haber, por tanto, un conflicto entre ellos. El llamado eufemísticamente conflicto violento no admite la posibilidad de una mediación que desemboque en una reconciliación. Porque obedece no a "un conflicto de naturaleza política", sino a una "política de la violencia", unilateral, de una minoría para imponer sus propios criterios a la mayoría, algo inasumible por un Estado democrático. Este debe prevalecer en cuanto tal. De lo contrario, dejaría de ser un Estado democrático, tanto si entra en una transacción política que implique ceder a la presión del terror, como si se transforma en un Estado criminal, porque en ambos casos traicionaría sus propias reglas.

La única respuesta posible ante el fenómeno terrorista es su persecución policial, dentro de las normas del Estado de derecho, para poner a los delincuentes a disposición de la justicia. En este caso, toda reconciliación individual de los terroristas convictos pasa previamente por la justicia y la aplicación de la ley. Al margen del Estado de Derecho no hay reconciliación posible, porque sería un agravio intolerable para el resto de ciudadanos que cumplen la ley. Dicho esto, la reinserción es un derecho constitucional para todos los delincuentes que cumplen pena, y su aplicación a los terroristas que muestren de forma inequívoca su rechazo a la violencia es uno de los puntos esenciales del Pacto de Ajuria Enea. Pero dos no se reconcilian si uno no quiere. Es imposible la reconciliación y el diálogo con quienes esgrimen el extraño derecho a utilizar como argumentos el tiro en la nuca, el coche bomba, el secuestro, la amenaza y la extorsión -en un contexto democrático en el que sus otros argumentos gozan de todos los cauces de expresión.

En cuanto al segundo conflicto -éste sí de naturaleza política- podrá avanzarse en su resolución una vez que esa minoría cese en su apoyo a la violencia -cuando los terroristas se convenzan de que no hay ninguna posibilidad de diálogo político mientras sigan matando. Una vez que asuman que su proyecto avanzaría más y ganaría en legitimidad si es promovido por medios pacíficos y democráticos, estaremos en situación de iniciar un proceso de reconciliación; lo que es deseable y necesario. Como decía Ghandi: "No hay caminos para la paz; la paz es el camino". Y la paz, que es un ancho mar, está abierta a todos los horizontes -incluido el de quienes hoy creen que la violencia es un viento más fuerte sobre sus velas que el espíritu pacífico y democrático-. A partir de ahí, todo es posible.

Yo creo que la paz y la reconciliación no se producirán mientras no se den tres condiciones:

1. Un mayor debilitamiento de la organización terrorista por medio de la lucha policial. 2. La unidad sin fisuras del campo democrático en torno al espíritu y la letra del acto de Ajuria Enea -lo que implica abandonar la ilusión de una "solución nacionalista" que busque la paz mediante atajos o iniciativas aisladas que cuestionen la estabilidad del arco político-institucional y, confirmando a los terroristas la eficacia de sus métodos, quiere el actual consenso social en la Comunidad Autónoma Vasca. 3. Una movilización externa, profunda y sostenida, de contenido ético y no político, de la sociedad vasca para exigir el cese de la violencia y promover la cultura democrática de la paz y la tolerancia.

En estas condiciones, la paz legará cuando en los movimientos civiles del MLNV -HB, LAB, etcétera- triunfe a reflexión que ya se hicieron el Sinn Fein y el IRA, la OLP y el Congreso Nacional Africano, en contextos históricos en los que la violencia parecía mucho más justificada: que los métodos democráticos son más efectivos que la lucha arma da. A partir de ahí será factible un diálogo sobre medidas de reconciliación que afecten a los presos y los exiliados.

Paralelamente, sería posible iniciar un diálogo político entre los partidos vascos que, respetando la representatividad de las diferentes opciones, enfoque la ampliación del actual marco político-institucional aprovechando la culminación del estatuto, la reforma del Senado para adaptarse al Estado de las autonomías y la participación desde esta realidad en las nuevas estructuras de la Unión Europea.

Yo estoy convencido de que, en esta última fase constituyente del modelo político vasco, es posible encontrar un acomodo definitivo para todos -incluida, por fin, la izquierda abertzale- para que sin dejación de las convicciones y objetivos ideológicos máximos de cada proyecto político encontremos un cauce común en unas reglas de juego compartidas. Entonces sabremos que la violencia y el miedo como instrumentos políticos no tienen cabida entre nosotros y que podemos contemplar un futuro juntos. La reconciliación entonces será un hecho.

El País, 3/06/1995

Buscando la paz en el laberinto vasco.

El País Vasco sigue en su laberinto. Un laberinto lingüístico-cultural, sociopolítico (siete partidos con representación en el Parlamento de Vitoria) y semántico, donde se entremezclan la realidad autonómica y los deseos nacionalistas de autodeterminación e independencia. Y un laberinto de violencia al que ahora se suma el recuerdo de los GAL. Los vascos parecemos condenados a repetir, con una sensación angustiosa de déjà vu, los mismos movimientos tácticos en la política, iguales debates sobre las mismas cuestiones, parecida retórica para el mismo bloqueo ideológico, idénticos conflictos y escenas de desórdenes y furia callejera. Desde principios de año, ETA ha asesinado a Gregorio Ordóñez, la sociedad vasca ha respondido masivamente en la calle en dos ocasiones, KAS ha amenazado globalmente a la clase política y periodística vasca, y tras las macabras revelaciones en torno a los supuestos cadáveres de Lasa y Zabala, ha declarado que "hacer frente con todas las armas posibles al Estado terrorista español es, además de legítimo derecho de defensa, una obligación ética". Lo que se traduce al día siguiente en un nuevo episodio de barbarie callejera, con heridos graves por quemaduras y ataques vandálidos a casas del pueblo y batzokis. Los portavoces de la organización juvenil Jarrai "se felicitan" de todo ello y Jon Idígoras atribuye la responsabilidad "al contexto de confrontación".En medio de este laberinto de intolerancia y odio, de incomprensión y violencia, no es extraño que para algunos resulte tentador buscar la vía aparentemente más directa al borde que linda con la paz. Pero ésta lleva casi siempre a una salida falsa. Es lo que ha ocurrido con la iniciativa del PNV en la reciente conferencia de paz organizada en Bilbao por Elkarri.

De entrada, la pretensión de esta conferencia de paz y de sus organizadores de hacer abstracción, como método, del problema de la violencia y de su condena moral, para concentrarse en acercar las posiciones políticas enfrentadas, elude la cuestión principal: una de las partes que se sientan a la mesa representa políticamente a los terroristas. Lo que me recuerda que hasta en las películas del Oeste, violentas donde las haya y bien lacónicas en cuanto a diálogo, hay por lo menos una ética mínima y rudimentaria, casi de supervivencia: en las partidas de póquer, por ejemplo, el que se sienta a jugar deja el revólver en la puerta con el sheriff. En esta última reunión, sin embargo, no ha sido así: uno de los que se sentaban a la mesa tiene detrás permanentemente, como a su propia sombra, a un pistolero con la cartuchera puesta y la reputación de cientos de muertos a sus espaldas.

Esta tecnocracia de la "mediación en la pacificación de conflictos", experta en el diálogo sin juicios de valor, considera el terrorismo como un mero efecto -"expresión de violencia", según su eufemismo favorito-, poco menos que inevitable, de un conflicto político previo. Se absuelve así a los que asesinan de toda responsabilidad moral por sus actos, que se remite a una causa profunda, a "la situación de conflicto". Filosofía que coincide con el análisis de Herri Batasuna: los asesinatos y atentados son parte del paisaje sociopolítico, hay un conflicto violento que surge espontáneamente de un contencioso entre el Estado y Euskal Herria -es decir, el Pueblo Vasco en su conjunto, nada menos. Todo muy impersonal, casi científico.

Sin embargo, para la mayoría de ciudadanos -y hasta ahora, y quiero creer que todavía, para las fuerzas políticas democráticas- el terrorismo es el problema de fondo, y la causa principal que bloquea la política vasca y toda posibilidad de evolución de la situación, desde hace años. Éste es el consenso básico que sustenta el Pacto de Ajuria Enea desde enero de 1988.

Por eso, cuando los dirigentes del PNV vuelven a plantear que la violencia "tiene su origen en un conflicto político" y que hay que "repartir la razón entre las partes" del mismo, están retrocediendo a posiciones de los años setenta y primeros ochenta. Es un discurso del diálogo político como método para la paz que relativiza la exigencia de cese previo de la violencia. Conduce a justificar, indirectamente, la eficacia del terrorismo, y al desarme moral ante él. Deliberada o inadvertidamente, mezcla el conflicto histórico de carácter político" -entiéndase aspiraciones nacionalistas versus Estado- del que ellos mismos se sienten protagonistas principales, con la violencia que manipula las aspiraciones de una minoría -un problema, ante todo, entre vascos. Confusión -de niveles políticos, pero también de fines y de medios, del plano de la política y el plano de la ética- que tiene una única consecuencia con dos caras, según el punto de vista: la contaminación de los fines políticos del nacionalismo democrático por los medios violentos, o la cobertura política de la práctica terrorista mediante la homologación "democrática" de sus fines.

Pero no sólo en el método, también en el fondo, en los términos en que el PNV ha aceptado el diálogo y ha planteado su propia iniciativa, se ha caído en una peligrosa confusión. No en vano, un representante de HB en la conferencia de paz, Adolfo Araiz, aseguraba que las tesis defendidas por el PNV "coinciden plenamente con las propuestas de Herri Batasuna, pero chocan con la práctica del PNV y, sobre todo, con los fundamentos teóricos del Pacto de Ajuria Enea". Lo que no es exactamente así, porque mientras la mentalidad legalista de HB exige que el reconocimiento del derecho de autodeterminación sea nítido y se plasme en la Constitución y el Estatuto -como no podía ser de otra manera, pues más de 20 años de trayectoria sangrienta necesitan algo tangible que los justifique-, el relativismo jurídico del PNV propone algo tan ambiguo como la autodeterminación fáctica, el acceso gradual a la soberanía por la vía de los hechos. Pero el mito nacionalista de la Santísima Autodeterminación, que es como la levitación de los pueblos, es un misterio político-jurídico tan elusivo (tiene al menos tres versiones distintas, incluida la de EA, y ninguna es la verdadera) que de su plasmación concreta no sabemos nada ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por quién, ni para qué- sólo la forma apocalíptica en que ha sido revelado en algunos países de Europa del Este. Se entenderá que sobre algo tan irreal y simbólico no es posible más que una aproximación semántica que no engaña a nadie. Así, la consecuencia política inmediata de este inicio de diálogo no ha atendido a estas sutilezas teológicas y se ha resuelto de la única manera que cabía esperar: otorgando a la versión de perfil más grueso -la autodeterminación para la independencia, núcleo ideológico de ETA-HB- una nueva legitimidad que la sitúa en el centro del debate sobre la pacificación.

Excelsa confusión, pues, que equipara una reivindicación política imprecisa y minoritaria -mientras no se demuestre lo contrario- con derechos fundamentales como el derecho a la vida (así lo expresaba en sus conclusiones el presidente de los moderadores de la conferencia, el catalán Félix Martí) o con instituciones democráticas del Estado y de la comunidad autónoma vasca, con 17 años de trayectoria y avaladas por la voluntad popular mayoritaria en 22 ocasiones. (A pesar de la insistencia nacionalista en presentarla como un "derecho universalmente reconocido", la autodeterminación no está reconocida constitucionalmente por ningún Estado democrático del mundo -sólo ha tenido expresión legal en la constitución de la Unión Soviética y otros Estados comunistas, con las garantías democráticas de todos conocidas). Para continuar con el símil cinematográfico, tal y como estaba organizada esta partida de póquer, además de la sombra del pistolero, había que aceptar de entrada que las instituciones democráticas -el as de oros- valieran lo mismo que un auto determinismo de perfiles difusos, que unos convierten en el comodín inofensivo de su indefinición política, pero otros en el joker sangriento del chantaje y la amenaza.

La paz vasca necesita diálogo político sobre todo -el modelo institucional, los derechos históricos reconocidos por la Constitución y el Estatuto, los presos, el euskera. Pero no desde un punto de partida ficticio, haciendo tabla rasa de los últimos 17 años y de la voluntad democrática de los vascos, sino partiendo de esa realidad: el marco autonómico, que debemos completar y, en su caso, ampliar en la perspectiva europea (admitiendo que no es un límite rígido, sino un cauce abierto al futuro). Sin embargo, el diálogo político tiene una premisa ética mínima: el cese de la violencia terrorista. Premisa que desde el campo democrático en general exige completar las reformas emprendidas en el Ministerio de Justicia e Interior y la garantía de la aplicación estricta del Estado de Derecho. Y que para el nacionalismo democrático, en particular, implica el abandono del relativismo autodeterminista sobre el marco jurídico-político.

A este respecto, no es superfluo que el ministro Belloch repita que "sólo lo ético es político", una máxima del Kant de Por la paz perpetua, para quien "la verdadera política no puede dar un solo paso sin haber tributado previamente su vasallaje ante la moral". Especialmente si el fin perseguido no es meramente político, sino un bien moral tan fundamental como la paz verdadera.

Una paz que exige que el Estado de Derecho demuestre hoy la superioridad de su legitimidad sobre las coartadas que esgrimen los violentos, arrojando luz y justicia sobre las zonas oscuras del pasado. Una paz que, a luz de los últimos acontecimientos, no llegará a través de atajos o iniciativas partidistas. Éstas producen más desgarro y desorientación entre la mayoría social democrática de lo que allanan el camino a la reconciliación sobre bases firmes, o incentivan la reflexión hacia la sensatez entre la minoría atada a la política de la violencia. Es necesario recuperar la claridad de ideas en torno a una estrategia de pacificación a medio y largo plazo, sobre los únicos principios sólidos capaces de garantizar el consenso entre las fuerzas democráticas -los del Pacto de Ajuria Enea. Para salir del laberinto en que lleva sumida tantos años, la sociedad vasca tiene que afirmar su propia cohesión y fortaleza frente a la debilidad intrínseca -política y moral- de quienes se amparan en la violencia. Sólo puede hacerlo afirmando la primacía del derecho, reforzando el pacto de convivencia que representan sus instituciones autonómicas, y exigiendo la paz como premisa ética para cualquier diálogo político.

El País, 01/04/1995