Los desafíos de la nueva izquierda latinoamericana.

Los gobiernos progresistas en el continente, dentro de sus particularidades, se enfrentan a retos similares como son la recomposición del contrato social y la contribución a la transición democrática en Venezuela y Nicaragua, entre otros asuntos.

Se ha iniciado un nuevo ciclo de izquierda política en América Latina. Junto al triunfo de Gabriel Boric en Chile, que dio continuidad a Perú y a Bolivia, pueden sumarse este año Colombia y Brasil. Salvo Ecuador, todo el sur del continente puede estar en manos de las izquierdas políticas. Cada cual a su manera de ser izquierda.

Juzgar bajo un mismo signo ideológico expresiones políticas tan diferentes como el peronismo argentino y el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, puede inducirnos a errores de diagnóstico en la estrategia de cada uno de los partidos en sus respectivos Estados. Pasa igual cuando generalizamos América Latina, olvidando que cada país es diferente. Como suele decirse en México, es imposible entender un solo México. Pero hay algunas convergencias ideológicas para el conjunto de la región que pueden producir beneficios para los pueblos de estas naciones. Veamos.

Una primera es la apuesta por una mayor integración regional en un subcontinente en el que casi todas las experiencias anteriores han fracasado. No es un secreto decir que América Latina está más dividida que nunca y que las fracturas políticas surgidas en la última década están todavía muy presentes. Basta recordar la creación del grupo de Lima en la estrategia de presión a Nicolás Maduro (Venezuela) y las divisiones de votos en el seno de la Organización de Estados Americanos. Las divisiones afectaron tan seriamente a la CELAC que tuvo que suspender las cumbres con la Unión Europea en 2016 y así seguimos hasta el presente, poniendo en serios apuros la alianza birregional nacida en Río 20 atrás. Para colmo Brasil abandonó CELAC hace dos años.

Otras alianzas regionales, la del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), Unasur, Mercosur, etcétera, no han producido avances en la integración de sus mercados interiores. Esta es una de las graves consecuencias de las fracturas nacionales en América Latina. Su nivel de intercambio comercial no pasa del 15%, mientras que un mercado único integrado, como el que disfruta la Unión Europea, permite a sus países alcanzar cifras superiores al 50% de comercio interior.

Pues bien, la aproximación ideológica de los nuevos gobiernos en el sur de América podría permitir abordar con más realismo y menos tensiones nacionales su integración regional y dar pasos así en favor de armonizar sus ordenamientos jurídicos para hacer posible la libre competencia de sus servicios, para atraer inversiones y para desarrollar grandes infraestructuras físicas y tecnológicas comunes.

Este es el camino de la modernización y el progreso de estos países. Las sinergias que pueden producirse, las formidables ventajas de la osmosis de buenas prácticas y políticas de éxito entre Estados y el abordaje conjunto de proyectos transnacionales, aconsejan avanzar sin complejos en esta materia. Lejos deben quedar retóricas apelaciones a la soberanía nacional y a proteccionismos anacrónicos y comparativos.

En este mismo plano cabe destacar la conveniencia de que tres gobiernos con etiqueta progresista, México, Brasil y Argentina podrían coordinar sus estrategias en el G20 y en los organismos financieros internacionales con objeto de hacer fuertes sus demandas en los dos temas más urgentes del momento: el reparto de las vacunas (incluida la liberación de las patentes) y la ayuda financiera internacional que la mayoría de los países latinoamericanos necesitan en estos momentos.

En segundo lugar, los gobiernos de una izquierda moderna tienen que afrontar la recomposición del contrato social en esos países. Cada uno con sus características y circunstancias. En Chile, Colombia, Perú y Brasil hay problemáticas y demandas diferentes, pero en todos ellos sus democracias y sus instituciones reclaman un esfuerzo de consolidación de los pilares del bienestar: salud, educación y protección social. Son servicios públicos con enormes lagunas en sus prestaciones, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. La izquierda de verdad, no la de retóricas revolucionarias, tiene que fortalecer el Estado y sus niveles de protección social, y eso empieza por apostar por el crecimiento de la economía y aumentar el ingreso fiscal, lo que a su vez, exige combatir la informalidad en la economía y hacer eficaz el aparato de recaudación (la agenda tributaria, si ustedes quieren llamarla así).

En la primera década de este siglo, muchas de las políticas de izquierda fueron redistributivas sobre la base de ingresos especiales de una economía extractiva, favorecida por los altos precios de las materias primas. Hoy, la izquierda moderna, combate la desigualdad también desde políticas predistributivas: salarios mínimos, educación universal, formación profesional, movilidad, la lucha contra las brechas digitales, etcétera. Eso es lo que estamos escuchando en Chile y nos permite abrigar esperanzas socialdemócratas en esta nueva etapa. La revolución pendiente en gran parte de los países de América Latina es la revolución socialdemócrata, que basándose en la libertad y en la democracia, construye Estados de Derecho fuertes, aumenta la recaudación fiscal año a año y edifica la seguridad y la protección social sobre robustos servicios públicos de educación, sanidad y pensiones. Esa es la única forma de reestablecer y renovar el contrato social de la ciudadanía con sus instituciones y ese es el camino de empezar a recuperar la confianza en los partidos políticos, no se olvide, fundamentales en el sistema democrático.

Hay una tercera causa que también concierne a la izquierda Latinoamericana es su contribución a la transición democrática de Venezuela y Nicaragua. Es la izquierda democrática la que tiene que encabezar la denuncia contra la izquierda totalitaria. No hay socialismo posible sin libertad. La democracia no es una herramienta que pueda despreciarse por causa de la justicia social, porque no hay justicia sin libertad. La democracia no es forma, es fondo.

Por coherencia con esos principios y porque la connotación negativa de esos modelos les perjudica en su imagen y en sus expectativas políticas, los gobiernos de izquierda deben articular la presión política adecuada sobre esos regímenes, para que sendos procesos de negociación abran paso a las transiciones democráticas necesarias, es decir, a elecciones libres, de plena igualdad, en las que el pueblo elija presidente, gobierno y cámaras legislativas en pleno respeto a sus respectivas constituciones.

Publicado en EsGlobal, 17/02/2022

Creencias equivocadas

Han pasado ya varios años desde que el sistema de partidos en España cambió, especialmente en lo que se refiere al número de partidos y a la variedad de ofertas ideológicas y territoriales que se ofrecen al ciudadano. Después de la crisis 2008-2014, esto fue saludado como algo sano, necesario, enriquecedor, de un agotado bipartidismo. Algunos llegaron a proclamar la sustitución de los "viejos partidos" como una necesidad de regeneración democrática.

Me pregunto hasta qué punto teníamos razón en esa creencia. ¿Para qué ha servido el multipartidismo? Me parece legítima y conveniente esta reflexión, cuando nuevas propuestas políticas territoriales aparecen por doquier y en el contexto de un fenómeno de fragmentación política que es general en casi toda Europa.

Una de las consecuencias de esta elección respetable de los ciudadanos es la inestabilidad de los gobiernos, obligados a mayorías multipartidarias muy complejas (véanse los gobiernos del centro y norte de Europa) o a procesos de investidura dificilísimos (España). Es verdad que aumentan las ofertas electorales, pero eso no significa que se enriquezcan los proyectos políticos. Hace unos años se saludaba con alborozo que la suma del PSOE y el PP no representara más allá de un 50% de los diputados del Congreso. Me pregunto qué hemos ganado con esa disminución del bipartidismo y con una Cámara de 20 o 30 fuerzas políticas, decisorias en votaciones importantes. El mercadeo de votos con contraprestaciones locales es lesiva para la política española y me temo que estamos condenados a él por mucho tiempo.

Otra de las creencias que debiéramos examinar es la extensión de las primarias a la elección de nuestros líderes orgánicos. Lo que nació como una forma de ampliar y extender la democracia en la elección de nuestros cargos públicos está produciendo efectos contradictorios en el seno de la vida democrática interna de los partidos. Es muy difícil negar ese derecho conquistado por los militantes de un partido, pero el liderazgo obtenido con ese procedimiento debiera estar más limitado y controlado por los órganos representativos internos. El balance actual de este sistema es una pérdida de peso en los órganos deliberativos y de control en la mayoría de los partidos. Esto no es un cuestionamiento de los "aparatos" de los partidos. Estos son necesarios, sin duda, pero el edificio deliberativo de la democracia interna de los partidos debe restablecerse y fortalecerse. Es bueno para la democracia. También para el aparato. Incluso para el líder. Mi experiencia personal cuando lo era es que la incomodidad que producen los debates internos y las presiones de opinión de otros dirigentes y de otras sensibilidades era compensada con creces por el enriquecimiento político que producían y por el equilibrio interno que generaban.

También creíamos que la información era el basamento cultural del triunfo de las izquierdas. Esta fue una convicción histórica del socialismo. Ciudadanos informados, capaces de analizar los hechos y encontrar la razón de nuestra causa eran condiciones necesarias de la victoria. Recuérdese la apuesta republicana por la escuela como buen ejemplo de aquel ideal. Pues bien, en el siglo XXI hemos alcanzado el cenit de la información, la tecnología nos ha transportado a la cumbre del acceso a los datos y a la información. Es más, hemos empoderado a cada ciudadano con el derecho y los medios para ser titulares y protagonistas de la información y… el resultado lo conocemos.

Las redes son como las "chuches" de los niños, escuché decir a Luis Landero. En la misma línea leí hace unos días a un psiquiatra americano decir que las redes son como el tabaco: adictivas y perjudiciales para la salud (Daniel Lieberman). Los efectos políticos de la sociedad de la información los conocemos. La izquierda gana electores en círculos universitarios pero los pierde en espacios sociales donde antes tenía el monopolio. Las democracias están atacadas por múltiples factores, pero uno de ellos es la banalización de la información y las fake news. Accedemos a millones de artículos, informes, vídeos, podcast, medios de comunicación instantáneos, golpeando nuestras limitadas capacidades para asimilarlos y acabamos alienados por opciones extremas, en una polarización cada vez más peligrosa. Nuestra sociedad es incapaz de debatir seriamente temas importantes. Incluso resulta difícil asumir verdades incuestionables y sus consecuencias (la película No mires arriba caricaturiza bien estas dificultades con la metáfora del cambio climático). Cada vez más, buscamos la información que nos confirma en nuestras posiciones y rechazamos la que contradice nuestras ideas, extremando el terreno ideológico, lo que también condiciona y presiona a los medios a convertirse en altavoces de la polarización.

Multipartidismo, primarias y redes sociales no son cuestionables. Lo que debe ser revisado son las consecuencias de nuestras creencias equivocadas sobre ellas. Lo que procede es extraer las consecuencias políticas de los resultados producidos en estos tres importantes campos de nuestra vida política y social para corregir esos efectos y ponerlos al servicio de una convivencia mejor y de una democracia enriquecida.

Publicado en El diario.es 13/02/2022

Una propuesta constructiva.

Una comisión, tanto en el Congreso como en el Parlamento vasco, debería analizar la pandemia y sus consecuencias y extraer enseñanzas para el futuro.

Hemos pasado ya dos años de pandemia. En este tiempo ha ocurrido de todo. Hemos discutido entre comunidades y Gobierno central. Hemos acabado en los tribunales disputando la procedencia y la legalidad de las medidas preventivas contra la extensión de los contagios. Hemos visto y sufrido las carencias de nuestro sistema público de sanidad, desbordado por una catástrofe desconocida hasta hoy. Asistimos asustados a la posibilidad de que otras zoonosis nos traigan nuevos virus o que la Covid-19 mute de nuevo.

Nuestro sistema laboral se ha puesto a prueba ante el ‘shock’ de oferta que originó la aparición del virus y las bajas por enfermedad siguen provocando anomalías productivas y educativas en fábricas y colegios. Nuevas formas de teletrabajo han llegado para quedarse, aunque su regulación es compleja. La enumeración de consecuencias de la pandemia podría ser interminable. 

Me pregunto si no es suficiente como para que una comisión parlamentaria concentre la enorme cantidad de información existente y analice las consecuencias, las enseñanzas, las conclusiones para el futuro que hay que extraer para afrontar nuevas situaciones semejantes o simplemente para ordenar el mundo resultante de lo que ha sucedido. 

No hay en nuestra experiencia democrática demasiados ejemplos de este tipo de trabajo en sede parlamentaria. Recuerdo algunas de estas comisiones de información en materias horizontales sobre problemáticas transversa‐ les a ministerios y territorios, generalmente ubicadas en el Senado. Sin embargo, cada vez hay más de estas materias que sobrepasan una política sectorial concreta y demandan una aproximación de nuestros representan‐ tes públicos al margen de la disputa partidista y de la dialéctica Gobierno-oposición. En el caso que nos ocupa, las razones para su constitución son evidentes. Solo desde el punto de vista sanitario y en el contexto del reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas hay materia suficiente. No digamos si se añaden los problemas legislativos y la insuficiencia del estado de alarma como base legislativa de excepción a la vista de las sentencias del Constitucional. Pero dejemos ese plano a la competencia y a la iniciativa del Congreso de los Diputados. 

¿No hay parecidas y suficientes razones para tomar esa iniciativa en el Parlamento vasco? ¿No debería nuestra Cámara representativa abordar un trabajo de recopilación de información sobre todo lo que ha ocurrido aquí a lo largo de estos dos años, llamando a comparecer a decenas de representantes y protagonistas de la sociedad vasca, para que aporten sus experiencias y recomendaciones?

Es necesario oír a hosteleros y directores de colegio, a médicos y enfermeras, a juristas y responsables políticos, a empresarios y sindicatos, a epidemiólogos y expertos en salud pública, a directores de residencias de ancianos y de hospitales. Hay que pedir informes con conclusiones a varios departamentos del Gobierno: Educación, Salud, Economía, Trabajo... Y a otros muchos protagonistas de nuestra vida económica y social, desde Confebask a organizaciones económicas sectoriales, para que pongan en limpio recomendaciones sobre cómo afrontar situaciones semejantes en el futuro. De la misma manera, la revisión y ajuste de nuestro marco jurídico para aclarar las competencias del Ejecutivo y soportar –con amparo judicial– las medidas que son necesarias para este tipo de casos. 

No hablo de una comisión como las que se crean para investigar escándalos derivados del mal funcionamiento de las administraciones. No se trata de una comisión contra nadie, sino para analizar nuestra actuación ante esta catástrofe y estudiar las medidas a proponer a nuestro sistema político, institucional, gubernativo, judicial, etcétera que nos permitan afrontar con más certezas y acierto situaciones semejantes. 

El Parlamento vasco ha creado a lo largo de sus más de 40 años de existencia once comisiones de investigación o estudio. Dos en las dos últimas legislaturas: Hiriko y comedores escolares. Las anteriores tienen parecido origen: bebés robados, duplicidades institucionales, irregularidades en la contratación de servicios sanitarios... La pandemia y sus efectos es, con muchísima diferencia, el tema de mayor dimensión e importancia de los que nos han ocupado en nuestra experiencia como comunidad autónoma. 

A esta comisión de estudio acudirían los parlamentarios con ánimo de escuchar, aprender y analizar lo ocurrido. No se trata de investigar ninguna circunstancia oculta ni de aprovechar la iniciativa para hacer tarea partidista. Se trata de que, al final, elabore un informe con conclusiones y recomendaciones que deberían guiar un con‐ junto de actuaciones de los poderes públicos que nos permitan enfrentar otras pandemias o circunstancias catas‐ tróficas semejantes, con una organización institucional e instrumentos públicos mejores. Nada más, pero nada menos. 

Nadie mejor que el Parlamento para esta tarea.

Publicado en El Correo, 12/02/22