Recomendaciones mejora gobernanza económica y la estabilidad de la Unión.

El pasado 7 de Septiembre, la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) realizó una serie de recomendaciones y sugerencias a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la mejora del marco para la gobernanza económica y la estabilidad de la Unión, en especial en la zona del euro.

Se adjunta a continuación el documento con las sugerencias y el resultado de las votaciones.

AFCO:para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios   

Supervisión europea.

Las convulsiones económicas de los últimos tres años han impulsado una transformación de la gobernanza económica y financiera en Europa inimaginable hace sólo unos meses.

El anuncio del fin de las negociaciones del “trílogo” –Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo– el pasado 2 de septiembre, tras varios meses de tensas reuniones, sobre el “Paquete de Regulación Financiera” es, probablemente, el paso más importante que se ha tomado hasta ahora en Europa como respuesta a la crisis en el plano regulatorio.
El resultado no se aleja demasiado de las propuestas que hace un año y medio presentaba el informe del equipo de expertos liderado por el ex ministro francés de Finanzas, el “Grupo de Larosière”, y supone una apuesta clara por un sistema integrado de supervisión financiera europea, en la línea de las reformas acordadas en el G-20, que permitirá monitorear los riesgos macroeconómicos y supervisar los mercados financieros, la banca y las compañías de seguros que, desde mucho antes de la crisis, han venido operando a sus anchas por el espacio económico europeo en un marco costoso e ineficiente de múltiples normativas nacionales.
Con el acuerdo alcanzado, el Sistema Financiero Europeo será menos vulnerable y estará mejor equipado para lidiar con las cambiantes corrientes económicas globales. Por un lado, se propone la creación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), encargada de vigilar y evaluar las amenazas potenciales (macro) para la estabilidad financiera. Por otro lado, y mediante la transformación de una serie de instituciones ya existentes, se propone la creación de unas nuevas autoridades europeas de supervisión (micro): la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ).

Estas nuevas instituciones formarán, junto a la red de supervisores financieros nacionales el Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), que trabajará en estrecha relación con el JERS, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Mercado interior y proteger a los depositantes e inversores. Este marco será complementado por un grupo adjuntado al Banco Central Europeo, que se encargará de la vigilancia de otros riesgos económicos como burbujas inmobiliarias, etc. Como declaraba Michel Barnier, comisario de Mercado Interior, “hemos construido la torre de control y las pantallas con radares necesarias para identificar los riesgos”.
Las autoridades regulatorias nacionales siguen existiendo y conservan sus competencias, pero el nuevo acuerdo da a los “vigilantes europeos” poderes sobre ellas en el marco de tres escenarios acordados:
a) cuando el supervisor nacional incumpla la legislación de la UE;
b) cuando haya desacuerdo entre dos o más supervisores nacionales y
c) cuando los Estados Miembros decidan que la economía europea se encuentra en estado de emergencia.

 Digo Estados Miembros, porque el Consejo ha bloqueado una de las demandas del Parlamento Europeo, la de dar los poderes a la Comisión –y no a los Estados– para decidir cuándo se considera o no una situación de emergencia, y así activar los poderes de las Agencias de Supervisión. No obstante, es necesario destacar los importantes logros alcanzados en las negociaciones por el Parlamento Europeo, que siempre mantuvo la actitud más europeísta y ambiciosa del trío. Particularmente, la posibilidad de prohibir o restringir el acceso a ciertos productos financieros que se consideren peligrosos para la estabilidad del sistema, como las ventas al descubierto o los CDS (Credit Default Swaps) –¡que tan caros nos han salido a los países mediterráneos!–, el compromiso para que el presidente del Banco Central Europeo presida también la Junta Europea de Riesgo Sistémico –una personalidad europea que aporte independencia y autoridad moral al cargo, y que disponga de una clara identificación de responsabilidad respecto a los ciudadanos– y, finalmente, las cláusulas de defensa del consumidor y de las pequeñas y medianas empresas, las figuras a la vez más importantes y desprotegidas de nuestras economías.

En esta cruzada por recuperar las riendas de los mercados, el objetivo de las reformas debe ser el de dar coherencia y devolver la racionalidad a nuestro complejo sistema económico, para que los ciudadanos puedan tener garantías de que no tendrán que ser ellos los que respondan de la irresponsabilidad de los grandes ricos del mundo. Por eso, es importante el acuerdo logrado para coordinar la aplicación, en los estados miembros de la UE, de unos fondos de garantía y resolución –ámbito en el que España es un referente– que supondrán el establecimiento de una tasa común sobre los pasivos de las entidades financieras para constituir un fondo que asegure el dinero de los depositantes. Se ha acordado también otra tasa sobre los activos, que permitirá constituir un fondo de resolución para ayudar a la recuperación o liquidación de entidades en crisis. Pero sobre estos mecanismos las ideas son todavía muy primarias y lo que parece evidente es que, si se implantan, lo harán los Estados miembros a escala nacional, impidiendo así la creación de un embrión de fiscalidad europea que alimente directamente el presupuesto europeo.

 Es bastante incongruente que los organismos de supervisión europea recién creados no administren los fondos para combatir los riesgos que las motivan. Éste es tan solo el esqueleto de una reforma de la gobernanza económica que irá avanzando lentamente. Todavía queda mucho camino por recorrer.
Es para celebrar que Europa haya logrado superar sus diferencias en una de las negociaciones más difíciles –con particular resistencia de importantes países, como Reino Unido o la República Checa– y recortar distancias con Estados Unidos, que aprobó sus planes de reforma financiera antes de este verano. Además, este septiembre vendrá cargado de nuevas propuestas que contribuirán a delinear de forma más concreta el mapa de la nueva arquitectura económica europea: los planes de la Task Force sobre gobernanza económica, liderada por H. Van Rompuy, que especificarán las nuevas medidas de coordinación de políticas macroeconómicas y el contenido del refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o la aprobación de la Directiva de Fondos Alternativos de Inversión –Hedge Funds y Private Equities– son buenos ejemplos de ello. Para principios de 2011, el “Paquete Financiero”, que pretende superar el decalage entre un marco jurídico regulador atascado en los Estados y unos mercados financieros que no entienden de fronteras, estará en funcionamiento y, sin duda, contribuirá a ordenar los movimientos de un sector financiero que se emborrachó de sus propios excesos, llevando al sistema al borde del colapso.

 Las primeras reacciones alarmistas provenientes de “la milla cuadrada” de la City londinense, que acusan a Cameron de permitir una cesión de soberanía a los “burócratas” europeos, solo pueden interpretarse en clave positiva. Tras casi tres años de derrumbe económico internacional y con las finanzas públicas al borde del colapso, la política empieza a recuperar su terreno perdido a través de nuevas e inevitables fórmulas de gobernanza transnacional.

Expansión, 12/09/2010

Entrevista para el diario digital La información.com

¿Qué conclusión saca de todo lo que hemos vivido estos días tras el último alto al fuego anunciado por ETA?

 

El mayor acierto ha sido la unidad de todas las fuerzas políticas en la respuesta a este comunicado. Todo el sistema democrático español ha coincidido en despreciar la propuesta como algo anacrónico e insuficiente y, por tanto, incapaz de mover nada en la estrategia por el fin de la violencia.

¿Cuál cree que es la estrategia que sigue ETA?

El anuncio tiene dos novedades importantes. La primera es que es un anuncio unilateral y no responde a ningún compromiso o contacto con el Gobierno. Además, es la primera vez que el entorno político obliga a ETA a moverse. Pero la banda terrorista no ha respondido en los términos y con la intensidad que le pedía su entorno político para abrir una puerta a la legalización de Batasuna de cara a las próximas elecciones. Batasuna quiere convencernos de que éste es un primer paso cuando en realidad ETA ha respondido a su manera a esta exigencia para dejar claro quién manda. Con su postura sigue sin alcanzar los mínimos necesarios para revisar la legalización de Batasuna porque no anuncia el fin de la violencia.

Jaime Mayor Oreja afirmaba esta semana en una entrevista a lainformacion.com que el comunicado de ETA confirma las negociaciones entre el Gobierno y ETA…

Mayor Oreja está obsesionado con un hecho que sólo está en su cabeza. El Gobierno y la oposición ya han dejado claro que no piensan mover ni un ápice su postura en este proceso mientras ETA no deje las armas. Los hechos confirmarán que su denuncia es un error.

¿Cree que pese a este alto al fuego, podemos asistir a medio o largo plazo a un recrudecimiento de la violencia y a más atentados?

Nunca es descartable, pero si ETA vuelve a la violencia, se tratarán de acciones aisladas, con la única pretensión de persistir. Estamos ante un terrorismo residual en fase de terminación.

¿Le veremos pronto de vuelta a España como sustituto de Celestino Corbacho?

Mi responsabilidad en el Parlamento Europeo es suficientemente importante como para que nadie altere mi destino. Cuando en una entrevista me preguntaron si me consideraba preparado para ocupar el Ministerio de Trabajo dije que sí y eso se ha confundido con que me postulo para ese puesto. No es así.

¿Pero personalmente le gustaría dirigir ese Ministerio?

Es una cuestión que no depende de mí. Quien lo decide es el presidente Zapatero.

¿Si usted fuera ministro de Trabajo hubiera hecho una reforma laboral como la que acaba de aprobar?

Esa, o muy parecida.

¿Si fuera afiliado del PSM apoyaría a Trinidad Jiménez o a Tomás Gómez?

No es bueno para el partido extender a toda España la elección de las primarias de Madrid. Dejemos a los militantes de Madrid que voten solos.

Como político vasco y socialista, ¿cree que las negociaciones entre el PSOE y el PNV de cara a los Presupuestos llegarán a buen puerto?

Es una negociación que no es fácil, pero que hay que hacer porque el Partido Nacionalista Vasco es la única fuerza política que se ha mostrado dispuesta a hablar. Es razonable que el Gobierno busque apoyo en el PNV y Coalición Canaria porque ambos quieren que haya Presupuestos y no están en una estrategia de adelantar elecciones. Pero será una negociación complicada.

¿Hasta dónde debe llegar el PSOE a la hora de negociar las transferencias que pide el PNV para el País Vasco?

Hasta donde se produzcan acuerdos que encajen en la organización territorial del país y responder a las necesidades reformistas de España.

¿Cómo se ve desde Bruselas que España siga sumida en una fuerte crisis que otros países europeos como Alemania o Francia parecen haber superado?

España está saliendo de un periodo muy difícil tras ser atacada en los mercados, lo que creó un clima muy contrario a nuestra situación. Ahora que se ha superado, no estamos libres de sufrir de nuevo. España tiene pendiente una agenda de reformas porque la crisis ha puesto al desnudo, que tenemos serios problemas en materia de competitividad. El Gobierno tiene que poner a España en esa escena de reformas, de mayor capacidad de crear empleo y de más competitividad.

¿Cree que Zapatero repetirá como presidente en una nueva legislatura?

Estoy convencido de que sí. Pero es a él a quien le corresponde tomar esa decisión. Personalmente no contemplo otra hipótesis. Desde enero, Zapatero ha entrado en un liderazgo reformista con el que piensa continuar “cueste lo que cueste”, como dijo en el último Debate sobre el Estado de la Nación. Y se le ve cómodo y seguro en ese nuevo papel. Es consciente de que es él quien tiene que sacar adelante todas esas reformas que España tiene pendientes.

¿Qué le pasa a Europa?

La historia europea de los últimos años ha ido mostrando la insuficiencia de sus avances en casi todos los planos en que se producía. O mejor dicho, cada avance era seguido de la constatación de su insuficiencia. Así, por ejemplo, la conquista de una moneda común sin una convergencia de las economías reales de los 16 países que la adoptamos ha puesto de manifiesto la necesidad de una política económica europea, que incluya la integración de las políticas financieras y presupuestarias de la zona euro y una política fiscal común o mínimamente coordinada. La crisis ha evidenciado que las necesidades de gobernanza económica de la Unión son inaplazables e imprescindibles.

Con la ampliación al Este y al Báltico, ha pasado algo parecido. Un éxito incuestionable como es la unión política de 27 naciones y la creación de un mercado común de 500 millones de personas ha puesto sobre la mesa las dificultades de una Europa intergubernamental, incapaz de gestionar esa complejidad y ese puzle de intereses nacionales cruzados. La necesidad del "método comunitario" para gobernar la Unión se hace así cada vez más imperiosa.

Podríamos seguir con más ejemplos. A la libertad de circulación y a la supresión de las fronteras de Schengen le ha seguido una necesidad, cada día más evidente, de coordinación policial y judicial en el llamado ámbito de la libertad y la seguridad europeas. A la insuficiente coordinación de la política exterior europea, le ha seguido siempre como compañía inseparable la necesaria convergencia de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros, para dotar de coherencia a la acción exterior y para lograr ahorros económicos y eficiencias operativas. Esa dialéctica exigente de avanzar, como el pedaleo del ciclista, ha guiado en gran parte la historia de la Unión Europea y sigue hoy impulsando la mayoría de sus principales retos.

A finales de 2007, al tiempo que el Consejo Europeo resolvía con el Tratado de Lisboa el grave conflicto institucional abierto con el fracaso de la Constitución Europea, el mismo Consejo encargó a un grupo de reflexión, presidido por Felipe González, la elaboración de un informe sobre los retos y las soluciones de la Unión Europea en los próximos 20 años. El informe ha sido presentado al Consejo en junio pasado como Proyecto Europa 2030 y un espeso y sonoro silencio se ha hecho sobre él.

Esta es mi primera sorpresa: ni el Consejo, ni la Comisión, ni el Parlamento europeos han dicho una palabra sobre el contenido del informe. Ningún presidente de Gobierno, que yo sepa, se ha pronunciado y la mayor parte de la prensa europea ha omitido comentarios o valoraciones sobre el famoso informe.

Sin embargo, el diagnóstico que los sabios europeos nos ofrecen es casi dramático: envejecimiento demográfico; necesidades de una inmigración casi masiva que no sabemos ordenar ni integrar; dependencia energética; competencia a la baja que cuestiona el pleno empleo y el Estado de bienestar; desplazamiento hacia Asia de la producción, del ahorro... y de la innovación y la investigación, sin contar con las amenazas ya sufridas del terrorismo y el crimen organizado.

"Lo que vemos no es tranquilizador para la Unión y sus ciudadanos", dicen los expertos. Y nos aseguran que, de no reaccionar "juntos y desde ahora" acabaremos siendo una especie de península colateral del nuevo centro de gravedad económico del mundo que se desplaza a velocidad vertiginosa hacia Asia.

Es verdad que el documento no descubre nada que no supiéramos o intuyéramos, aunque, eso sí, sistematiza y cuantifica las razones de las alarmas. No lo es menos, que el informe establece soluciones tan conocidas como difíciles de articular: cambiar las tendencias de la I+D+i, reformar nuestro sistema universitario, reformular nuestro modelo laboral y de bienestar, etcétera.

En mi opinión, sin embargo, la importancia del informe noradica tanto en las novedades o en las soluciones, sino en la contundencia de su diagnóstico, en la rotundidad de las cifras y de los parámetros que configuran nuestras tendencias y en la seguridad con que 12 expertos, libres de toda sospecha y acreedores de toda solvencia, nos aseguran el caos a medio plazo si no reaccionamos ya.

La falta de reacción europea a este informe es ominosa y suicida. Y, desgraciadamente, no es ceguera lo que sufrimos, sino incapacidad. Francia y Alemania no se entienden para el liderazgo europeo que les corresponde y que necesitamos.

Durante el verano, la Comisión y el Consejo han desaparecido literalmente, ausentes Barroso, Van Rampuy y Ashton de toda presencia pública.

Bélgica y Holanda no pueden formar Gobierno, fracturada la primera por el separatismo flamenco y dividida la segunda en su sistema partidario, que hace depender su estabilidad de un partido islamofóbico y de su actitud ante el islam. El Eurobarómetro nos muestra que el espíritu europeo, la fe en Europa y en la necesidad de su construcción, languidece peligrosamente en los principales países que la fundaron. Viejos problemas nacionalistas asaltan la difícil convivencia de etnias en la Europa central desmembrada después de 1920 y, para ayudar, el Gobierno nacionalista húngaro promete una ley que devuelva esa nacionalidad a los más de tres millones de antiguos ciudadanos de aquel país del viejo imperio, reabriendo los conflictos interétnicos en sus países vecinos.

La extrema derecha o la derecha nacionalista se ha hecho demasiado presente en los Parlamentos europeos y para terminar, y para colmo, varios países europeos expulsan a los gitanos a Bulgaria y a Rumania. ¡Qué malo es eso de combatir a la ultraderecha asumiendo sus banderas!

Decía no hace mucho Jacques Delors, el añorado europeísta francés, que Europa, después de los bomberos (ante la crisis financiera), esperaba ahora a los arquitectos. Yo creo que los arquitectos ya nos han dibujado los planos de la Casa Europea y lo que verdaderamente necesitamos, lo que verdaderamente se echa en falta, son capataces, jefes de obra, líderes que nos pongan a trabajar en este edificio imprescindible que tenemos que construir sí o sí, para que nuestros hijos no vivan desguarnecidos o para que no se vayan a otra casa a buscar su futuro y su vida.

El País, 10/09/2010

Detrás del telón.

Detrás del telón negro del vídeo difundido por ETA el pasado domingo, hay algunas impresiones e intuiciones que, modestamente, quiero exponer en este artículo:

1. La más importante. ETA no nos anuncia el final de la violencia. Ni siquiera debemos pensar que es un primer paso para explicar otros posteriores en la dirección de la paz. Aunque tal horizonte estuviera contemplado en sus planes, la paz de ETA no parece que venga por una renuncia previa y unilateral a las armas, sino como consecuencia de un 'proceso', eufemismo en el que se ocultan la negociación paralela al final de las armas y las contrapartidas políticas y humanas que permitan un relato justificativo de su existencia y autoexplicativo de su disolución.

Es por eso que ETA utiliza una terminología ambigua, anacrónica e insuficiente. Porque, en el fondo, su voluntad es persistir hasta mejores tiempos y reclamar, como primera contrapartida a su gesto, la legalización de Batasuna.

2. ¿Por qué entonces nos anuncian un «cese de acciones ofensivas»? En gran parte para atender la demanda de sus bases políticas y hacer posible el juego de manos con el que pretenden su relegalización. Contra la opinión de algunos analistas, a ETA sí le importa que Batasuna pueda estar en ayuntamientos y diputaciones. Necesita esa infraestructura institucional de su brazo político y estaba obligada a responder a sus exigencias para intentar bordear la Ley de Partidos. Pero claro, no lo ha hecho en los términos y con la profundidad que le pedían Batasuna y EA, porque ETA quiere dejar claro quién manda y porque no comparte la misma convicción que gran parte de sus bases políticas, a saber, que la continuidad de la violencia perjudica la causa nacionalista-independentista. Por el contrario, ETA sigue ofuscada por su papel histórico de vanguardia del movimiento vasco de liberación.

3. Dicho lo cual, hay dos novedades respecto a situaciones anteriores. La primera es que se trata de una tregua no negociada con el Gobierno y que por tanto no responde a un pacto previo, ni está comprometida por actuaciones recíprocas en los meses posteriores. Ha sido un anuncio unilateral y voluntario. La segunda es que responde a una exigencia de su mundo, incluyendo en ese genérico término un amplio abanico de agentes y personalidades. Desde luego su base política, pero también parte de su misma organización (familiares, presos, etcétera), organizaciones internacionales próximas, sindicatos nacionalistas, entre otros.

En perspectiva histórica, puede decirse que es la primera vez que, en la vieja dialéctica Batasuna-ETA, la llamada izquierda abertzale ha sido capaz de impulsar y conseguir, en parte, un movimiento significativo de los terroristas. Los dirigentes de Batasuna eran conscientes desde hace años de la necesidad de caminar hacia el abandono de la violencia. Desde 2003 esta idea se acentúa con la ilegalización. La ruptura de la tregua en 2006-2007 arrastra a ese mundo hacia la marginalidad política y el desprecio social. La respuesta ha sido organizar un debate muy apoyado en las bases para que sus conclusiones no puedan ser despreciadas por ETA. Durante más de un año, Batasuna ha hecho ese trabajo y, con la ayuda de EA, ha construido una plataforma de exigencias a ETA y a la democracia española que la sitúan en el centro del escenario de los meses previos a las elecciones de mayo de 2011.

4. El problema para ellos es que van a quedarse en tierra de nadie. Muy probablemente, la ejecución de tan planificado guión acabará fallando por sus dos principales destinatarios. Al insuficiente y engañoso vídeo de ETA, las fuerzas políticas y los gobiernos han contestado con un unánime desprecio, de lo que cabe deducir que la estrategia antiterrorista no va a cambiar un ápice, incluyendo la impugnación de sus listas electorales. Es en este terreno donde van a producirse los principales debates y tensiones los próximos meses. Al respecto conviene recordar la sentencia de Estrasburgo, punto de inflexión fundamental en esta polémica. El más alto tribunal de los derechos humanos en Europa avaló, de la A a la Z, la fundamentación jurídica y política de la Ley de Partidos y aceptó la ilegalización de los partidos vinculados a la violencia. Con este vídeo, ¿hay razones para confiar en que ya no habrá más violencia de ETA? Con las actitudes que conocemos de Batasuna, su incapacidad para romper con ETA, incluso su nula voluntad de hacerlo, ¿hay razones para confiar en que, una vez legalizados, condenarán los atentados y romperán con ETA si los hubiera? Desgraciadamente la respuesta a ambas preguntas centrales es no, y por tanto, si no cambian estas circunstancias, nuestros principios democráticos contra ETA no deben alterarse. Los movimientos para obtener la legalización ya han comenzado: ruedas de prensa, manifestaciones, apelaciones internacionales, creación de plataformas, invención de partidos y siglas... ¿Qué ocurrirá entonces?

5. Es algo que ETA también ha calibrado para intentar relegitimar su causa a partir de 'la actitud inmovilista y represiva de la democracia española'. De no conseguir la legalización de Batasuna con esta tregua del vídeo, el otro objetivo del anuncio es la reunificación del entramado bajo su mando con una violencia residual, en espera de mejores tiempos. ¿Puede mantenerse así su entorno político y humano? Yo creo que no y, por tanto, viviremos nuevos episodios de una dialéctica interna que sólo puede acabar cuando Batasuna, los presos y las familias le digan a ETA: se acabó. Pero eso no ha ocurrido todavía. Los desesperados intentos de Batasuna por convencernos de que éste es un primer paso, irreversible, hacia la paz, después de una fantasmagórica verificación internacional, están condenados, porque ETA no ha dado el más mínimo margen para hacer verosímil y creíble su «cese de acciones ofensivas». En definitiva, porque no ha mostrado en absoluto su voluntad de poner fin a su trágica historia.

El Correo, 9/09/2010

Responsabilidad social, empresa y derechos humanos.

Como recordábamos en nuestro manifiesto fundacional, la empresa no es una isla. Por ello, difícilmente podrá alcanzar con éxito sus objetivos si se abstrae de su entorno social y humano; olvida que sus decisiones afectan a la comunidad en la que opera; desprecia sus impactos socio-laborales y ambientales; no promueve la dignidad en el trabajo; o no respeta el conjunto de los derechos humanos.

Éstos no sólo son los clásicos derechos civiles y políticos, relacionados con el principio de libertad, sino también los más novedosos derechos económicos, sociales y culturales –incluyendo el derecho al desarrollo y a la protección del medio ambiente–, vinculados con los principios de igualdad y solidaridad.

El máximo respeto a todos ellos es una exigencia ética, a la vez que constituye un requisito indispensable para que nuestras empresas sean bien valoradas dentro y fuera de España y se conviertan en un referente internacional.

Aun cuando concebimos la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una actitud en buena medida voluntaria, aceptamos y recomendamos la intervención pública en aquellos aspectos que favorezcan la expansión y el fomento de esta cultura en todas las dimensiones de la actividad empresarial. Los derechos humanos son uno de esos aspectos de la RSE que, como decía no hace mucho la profesora Adela Cortina, es necesario respetar con todo rigor porque “son cartas de triunfo, ante las que se debe anular cualquier otra jugada; y las empresas deben hacerlo como una obligación de justicia básica, no como una opción voluntaria”.

Sin embargo, aunque las correspondientes declaraciones y pactos internacionales sostienen que los derechos humanos son de obligado cumplimiento también para las empresas, no existe un marco normativo global que desarrolle en detalle este principio y especifique las consecuencias de su violación. Algunos países, como Estados Unidos, o entidades supra-regionales, como la Unión Europea, cuentan con regulaciones que, aun con muchas limitaciones, permiten llevar ante los tribunales locales a las empresas que cometan abusos incluso en terceros países. Pero la promoción y la defensa de los derechos humanos en el ámbito societario y mercantil descansan en gran medida sobre instrumentos de autorregulación o códigos de conducta voluntarios.

Ahora bien, la opinión pública conoce poco acerca de la adhesión de las empresas a tales sistemas voluntarios: menos aún, cómo los aplican, incluyendo si actúan de forma diferenciada según áreas geográficas; y, en definitiva, cuál es su grado real de cumplimiento. Prácticamente, los únicos estudios existentes están realizados por Naciones Unidas y por algunas organizaciones no gubernamentales o asociaciones especializadas. Con carácter general, ponen de manifiesto que, si bien la mayoría de las grandes empresas cuentan con políticas formales en relación con los derechos humanos, hay fuertes diferencias en cuanto a su contenido y graves insuficiencias. En consecuencia, no todos los derechos humanos son igualmente importantes para la generalidad de las empresas.

Mayores aún son las diferencias que se aprecian entre empresas en cuanto a la implantación efectiva de dichas políticas. Pocas firmas realizan evaluaciones de impacto; y son muy escasas las que encargan auditorías a agentes externos e independientes, o las que extienden su preocupación a las cadenas de suministro.

En suma, puede concluirse que hasta las empresas más avanzadas están más bien en una fase de “inspiración”: han comenzado a formalizar tímidamente su compromiso; sin embargo, no han establecido todavía de forma significativa planes y políticas efectivas conducentes a resultados visibles. Y huelga insistir en el desolador panorama de las numerosísimas empresas menos avanzadas en este terreno.

De obligado cumplimiento

Ante esta situación, Alternativa Responsable considera que:

1. Los derechos humanos son de obligado cumplimiento para las empresas, independientemente de su potencial repercusión en costes e ingresos.

2. Estos derechos no son un concepto vago o genérico. Son normas concretas que integran grandes pactos y acuerdos, formalizados en el seno de los organismos internacionales e interpretados en los marcos pertinentes.

3. Dado el escaso conocimiento sobre los niveles de cumplimiento de los derechos humanos por las empresas, nos parece altamente recomendable que, por un lado, éstas actúen con la máxima transparencia en ese campo; y que, por otra parte, el mundo académico incentive su preocupación y desarrolle su investigación en dicho ámbito.

4. Creemos necesario retomar algunos principios de las fallidas Normas del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios en relación con los derechos humanos. Nos parece imprescindible que la sociedad civil urja a los Estados a establecer y reforzar los marcos legales y administrativos para proteger tales derechos, con una especial preocupación por asegurar que cualquier regulación nacional o internacional al respecto sea aplicable también directamente a las empresas.

5. Además, sugerimos a todas las empresas que operan internacionalmente seguir las recomendaciones del Informe Ruggie del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pese a sus limitaciones, este Informe establece tres principios básicos y complementarios sin duda relevantes para la actuación de las empresas en cualquier lugar del mundo: a) el deber del Estado de proteger frente a los abusos en materia de derechos humanos provenientes de terceras partes, incluyendo las empresas; b) la responsabilidad de éstas en cuanto al respeto de tales derechos; y c) la necesidad de que los perjudicados dispongan de reparaciones efectivas, incluso mediante el acceso a los tribunales del país de origen de las firmas.

6. Consideramos también inaplazable que se demande a las empresas –sobre todo a las de gran dimensión– la realización de evaluaciones independientes con el fin de detectar violaciones de derechos en su cadena de valor. En el supuesto de que se hayan producido, deben articular mecanismos para corregir las desviaciones y reparar los daños causados.

7. Finalmente, recomendamos a las empresas que gestionen de modo adecuado su actuación en este terreno, e informen públicamente de sus avances al respecto, incluso por la simple razón de no perjudicar sus resultados económicos y los intereses de sus accionistas. No basta con firmar y asumir formalmente unos compromisos, sino que es preciso poner en marcha políticas, reglas y procedimientos internos y externos efectivos para asegurar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.

* Articulo conjunto de Alternativa Responsable formada por Juan José Almagro, Marta de la Cuesta, Javier Garilleti, Marcos González, Jordi Jaumà,José Ángel Moreno, José Miguel Rodríguez ,Isabel Roser y Ramón Jáuregui.

Expansión, 6/9/2010

Yo no les creo

¿Por qué ha perdido ETA su pretendido golpe de efecto? Porque la democracia ha reaccionado con unidad e inteligencia. Inteligente es rebajar la respuesta institucional hasta casi el desprecio. Lo es, también, interpretar el comunicado como un movimiento táctico de los terroristas más que como el auténtico giro estratégico que todos esperábamos. Inteligente ha sido subestimar fuera de España esta noticia para privar a ETA de su gusto por la internacionalización de su conflicto. A todo ello se ha unido la convergencia de mensajes de los líderes y de los partidos. La unidad de acción con el principal partido de la oposición en esta materia sigue siendo fundamental y está en el origen del éxito contra ETA de estos últimos años, más allá de las diferencias puntuales en algunos momentos y de las obsesiones personales de algunos. Conviene recordar que la unidad se fraguó en el Pacto Antiterrorista que el PSOE propuso a Aznar en 2000, y que la ilegalización del entramado político de Batasuna adoptada en 2002, también por acuerdo, está resultando clave en este proceso. También ha sido clave, en el estado actual de las cosas, la manera en que ETA rompió la tregua en 2006. Eso les ha provocado un descontento entre sus bases y sus presos que explica, en parte, su propuesta. Ahora lo que pretenden es evitar una ruptura interna y culpar a la democracia española de intransigencia, buscando probablemente una nueva legitimación para la violencia en el supuesto inmovilismo de la democracia española.

Esto es lo que puede estar detrás del movimiento del domingo. Porque si algo es evidente en la insuficiencia del comunicado y en la anacronía de su propuesta es su voluntad de mantenerse como una organización viva, aunque solo sea para matar. Yo no creo en la capacidad de raciocinio de ETA y no espero de una organización diezmada y descabezada la capacidad de liderazgo para gestionar su propio fin. Por eso hay que persistir en la unidad y en la firmeza.

El País, 7/09/2010

Debate a cinco sobre el alto el fuego de ETA. (Eskup. El País)

Debate sobre el alto el fuego de ETA. Desde las 17.00, Francisco Llera, responsable del Euskobarómetro, el periodista Luis R.Aizpeolea, Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y José Marco, de la AVT, debatimos en Eskup. Modera Javier Casqueiro, redactor jefe de España de EL PAíS.

Entrevista para Hora 25. 4/09/2010

Tras el paréntesis veraniego reanudamos el contacto.
De nuevo, mi blog será un pequeño reflejo de mis actividades políticas, mis artículos para la prensa y todos los temas que voy dejando plasmados en este pequeño diario cibernético.

Comenzamos con esta entrevista realizada para Hora 25.

En este enlace  podéis escuchar la entrevista integra.

¡Muchas gracias a todos los que me seguís!.