Administraciones Responsables

No es casualidad que nuestro país esté a la cabeza de Europa y del mundo en experiencias, iniciativas y cultura empresarial sostenible. Las políticas de impulso a la RSE surgidas de las Comunidades Autónomas, del diálogo social entre los sindicatos y empresarios, del foro de expertos del Ministerio de Trabajo y el libro blanco del Congreso de los diputados son, en gran parte, los causantes de la rápida e intensa expansión de esta cultura empresarial en nuestro país. Ha habido un impulso político amplio y no partidista, un discurso moderno y consensuado, una moderación inteligente y todo ello ha ido generando una enorme aceptación de las exigencias de la Responsabilidad Social corporativa como una consecuencia ineludible de la competitividad en el mercado global del siglo XXI.

Sin embargo, no se puede reclamar desde el Gobierno que las empresas se comprometan con la RSE mientras las administraciones públicas y las empresas públicas miran para otro lado. “Predicar y no dar trigo”, parafraseando el viejo refrán, está muy mal. La pregunta que procede, por ello, es: ¿Han estado las Administraciones y las empresas públicas a la altura de estos avances? Ni sí, ni no. Lo han estado algunas iniciativas y prácticas importantes y otras muchas entidades públicas siguen sin enterarse de esta importantísima reflexión. Destaquemos las primeras y dejemos a las segundas en evidencia por su mera ausencia.

Se están implantando buenas prácticas en la gestión de lo público en la Administración Central. Varias Comunidades y Ayuntamientos y desde luego, en el Ministerio de Medio Ambiente, que vienen valorando en cláusulas sociales y en criterios medioambientales las prácticas de las empresas en RSE y primándolas en las adjudicaciones públicas. La nueva Ley de Contratos del Estado incorpora también esta filosofía. El Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha el plan “Concilia”, favorecedor de la conciliación personal y laboral. Grandes empresas públicas como ADIF, RENFE, Puertos del Estado, etc., están incorporando la RSE a sus órganos directivos. Algunas empresas de la SEPI se están aproximando a esta idea, todavía en fase divulgativa interna. La Universidad de Santiago elabora, desde hace algunos años, una buena memoria de RSE y el hospital público de Granada hace lo mismo en el sector sanitario público.

Como verán, faltan muchas corporaciones públicas. Quizás por ello sea bueno recordar los compromisos que incorpora el programa electoral del PSOE en esta materia.

-Las Administraciones Públicas presentarán una Memoria Anual de RSE, donde se establecerán pautas y recomendaciones de sostenibilidad y responsabilidad para el sector público.

-Potenciar el Punto Nacional de Contacto (PNC), para que desempeñe eficazmente la función de difundir las Líneas de la OCDE entre el tejido empresarial español, proporcionando un foro de discusión y de conciliación a la aplicación de dichas Líneas Directrices.

-Integrar los enfoques de RSE y de los principios del desarrollo sostenible en los sistemas de gestión pública. Se establecerán requisitos en términos de Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público, en la ejecución de los contratos con la Administración.

PNV, anatomía de una crisis

Ibarretxe ha resuelto la crisis interna del PNV empujando su péndulo patriótico hacia las tesis de Lizarra y del Estado Libre Asociado. Su pretensión de negociar la autodeterminación hoy y la territorialidad mañana, a través de sendas consultas y referendos en 2008 y 2010, representa una formulación aún más acabada y extrema que el proyecto de reforma del Estatuto rechazado por las Cortes en febrero de 2005. Como es sabido, esto ha arrastrado a Imaz a su retirada política personal para evitar una ruptura de su partido.

¿Por qué ha perdido Imaz con el discurso de renovación del nacionalismo al siglo XXI, de pacto autonomista y de construcción plural de Euskadi? ¿Qué y quiénes están llevando al PNV a la senda de la nación étnica, hecha por y para los nacionalistas, en el horizonte de la independencia y pendiente in aetérnum de una imposible integración territorial con Navarra e Iparralde?

Interesa, y mucho, conocer las razones de un giro tan preocupante como arriesgado del nacionalismo democrático vasco, y se me ocurren tres importantes:

1. La decepción estatutaria. He escuchado miles de veces a mis interlocutores nacionalistas quejarse del desarrollo del Estatuto de Gernika. Desde la LOAPA a las Leyes de Bases, desde las materias todavía no transferidas a las limitaciones del “café para todos”. Siempre he pensado que, más allá de razones puntuales para esas quejas, el argumento es bastante oportunista y se esgrime para justificar una agenda reivindicativa que el nacionalismo, de manera consustancial a su ideario, necesita mantener en permanente agitación. La importancia y la entidad del autogobierno vasco es incuestionable, cualquiera que sea el plano en el que se le mida: respecto al pasado, respecto a otras autonomías, respecto a los modelos federales o confederales más avanzados. Y si se le añaden las inconfesables ventajas del sistema económico que disfrutamos, los motivos para la queja son más bien retóricos, o en todo caso menores. Con todo, con razón o sin ella, es lo cierto que el PNV, prácticamente desde que llegó Ibarretxe, ha abandonado la negociación estatutaria y se han concentrado en la búsqueda de un nuevo modelo de relación con España, mucho más parecido a la confederación que al modelo autonómico de nuestra Constitución.

2. La asunción de la autodeterminación. A pesar de que la autodeterminación no ha sido un postulado teórico ni ideológico del PNV -fue expresamente rechazado por sus representantes en el periodo constituyente y preautonómico-, el Partido Nacionalista incorpora esta idea a su doctrina a mediados de los años noventa y la implementa en el Pacto de Estella. En 1990 se produjo una sonora votación en el Parlamento Vasco en la que el PNV, empujado por EA, se sumó a la reivindicación de este supuesto derecho, junto a Euskadiko Ezkerra, aunque lo hiciera aludiendo a su consideración “meramente doctrinal” e interpretándolo como un “ejercicio democrático dinámico” y no centrado en una consulta. Lo cierto es que quince años más tarde, el PNV ha entrado de lleno en esa interpretación casi descolonizadora con que se argumenta el derecho y su ejercicio, en gran parte por el fuerte impacto de emulación que ha provocado en todos los nacionalismos sin Estado, la emergencia como naciones plenas y soberanas de casi quince nuevos Estados en el continenteeuropeo desde la caída del Muro. Es más, cabe decir que se han sumado a esta interpretación todos los partidos nacionalistas, incluida IU del País Vasco, aunque lo hagan bajo el eufemismo del “derecho a decidir”. Es esto tan evidente, que ETA se ha visto suplantada en esta reivindicación y necesita aferrarse a la unidad territorial (otro eufemismo que en este caso expresa la integración de Navarra en Euskadi) como última bandera que la diferencia del elenco nacionalista.

El PNV decidió ya hace tiempo incorporar a su ideario este objetivo porque quiere liderar la familia nacionalista. Una familia demasiado dividida, en cuatro y hasta cinco opciones políticas y entre las cuales, la disputa electoral sigue atravesada por el “quién es más nacionalista”. El PNV parece decidido a conservar su hegemonía en esta clave, y ha formalizado así su abandono estatutario y su propuesta soberanista.

3. Una nueva estrategia para el final de la violencia. A finales de los noventa, el PNV inició una nueva estrategia en relación con ETA. Se pasó de Ajuria Enea a Lizarra para ofrecer a ETA la gestión de sus reivindicaciones desde la política, con base en la “acumulación de fuerzas nacionalistas” y a cambio del abandono de la violencia. Lizarra fracasó, pero Ibarretxe sigue, erre que erre, con el mismo esquema. Su propuesta de septiembre de 2007 sigue pretendiendo, en el fondo y en la forma, hacer inútil la violencia porque sus objetivos son alcanzables mediante la mayoría nacionalista del Parlamento Vasco. Obsérvese que el lehendakari, en el “cuarto paso” de su última propuesta, establece que, antes del referéndum resolutivo de 2010, todas las fuerzas políticas vascas tienen que alcanzar un “acuerdo de normalización política sobre el derecho a decidir del pueblo vasco, las relaciones de territorialidad (sic) y por supuesto… otras cuestiones”. Es decir, autodeterminación y Navarra en el corazón del tortuoso camino que nos propone.

De manera que este PNV que dirigen Ibarretxe, Egibar, Gerenabarrena y otros, ha decidido pilotar el fin de ETA desde la gestión de sus reivindicaciones, basándose en las mayorías nacionalistas, por reducidas que éstas sean. Su cálculo es doble. Al PNV le permite conservar el poder y liderar el conjunto del movimiento nacionalista vasco que fundó Sabino, y al País Vasco le proporciona un banderín de enganche, “el derecho a decidir”, para una sociedad sin ETA, en la que sea posible algún día una expresión mayoritaria a favor de la independencia. De ahí la calculada estrategia de reivindicar un derecho cuyo ejercicio se traslada al momento que más convenga para mantener la llama nacionalista encendida y para alcanzar una voluntad identitaria de la comunidad vasca, hoy inexistente.

El nacionalismo vasco diseña así una salida de la violencia en clave de más nacionalismo que evite precisamente, la tesis contraria, es decir, el desinfle nacionalista de la sociedad vasca, liberada de la coacción terrorista.

A esta breve anatomía del giro nacionalista se le pueden añadir elementos personales y argumentos complementarios que no puedo desarrollar aquí, pero el núcleo de lo que pasa en el razonamiento nacionalista del conflicto vasco es éste. Caben muchas respuestas, diferentes estrategias y formas de dilucidar estas pulsiones, pero todas ellas nos conducen a un mismo escenario: las elecciones. Son los ciudadanos los que pueden y deben evaluar este giro radical.

Me consta que medio PNV no comparte los enormes riesgos de esta estrategia. Un 40% del electorado del PNV fluctúa con su voto hacia PSE y PP entre elecciones autonómicas y generales y viceversa. Las encuestas sobre sentimientos identitarios de los vascos no han variado en Euskadi desde 1980 y, por cierto, una gran mayoría de votantes del PNV se sienten tan vascos como españoles. ¿Qué tenemos que hacer? Ganarle las elecciones a este PNV. Y afirmo: ahora es más posible que nunca, si lo hacemos bien.

El País, 19/11/07

Tres buenas medidas

Una empresa multinacional española de matriz vasca, Iberdrola, y sus sindicatos han adoptado dos medidas que merecen elogio público. La primera y más importante, a mi juicio, ha sido implantar la jornada de trabajo continuada, de 7.30 a 15.30, para los 9.000 empleados del grupo en España. Desconozco los términos exactos del convenio colectivo que introduce esta medida y las contrapartidas laborales que la acompañan, algo consustancial, por otra parte, a toda negociación sindical. Pero, más allá de otras valoraciones internas del convenio, el hecho de que una de las grandes compañías españolas cierre a las tres y media y permita así a sus empleados disponer de la tarde para su uso personal me parece una decisión extraordinariamente positiva en muchos aspectos.

En primer lugar, porque la jornada continuada constituye la principal medida para fomentar la conciliación personal de vida y trabajo. Junto a la flexibilidad de 24 minutos para la entrada y salida -algo corta en mi opinión-, la jornada continuada es el gran instrumento que permite a los empleados atender sus aspiraciones individuales de vida personal y familiar. Es un clamor social que el cuidado y la atención a nuestros hijos se ha reducido y deteriorado desde que la mujer trabaja en el mercado (siempre ha trabajado fuera de él, ¿y mucho!) y desde que las jornadas laborales se han extendido como un nuevo 'tsunami' maldito. En las grandes ciudades, cientos de miles de matrimonios y parejas jóvenes, obligados a vivir fuera de la ciudad por el precio de la vivienda, pasan fuera de casa doce o catorce horas y llegan al hogar rendidos y con los niños dormidos.

De manera que llegar a casa a las cinco de la tarde, recoger a los niños, vivir con ellos, ayudarles y educarles, hacer compras, estudiar, divertirse, etcétera, es algo que muy pocos pueden hacer en este país, asaltado últimamente por una especie de estajanovismo laboral y sometido a una competitividad feroz en todo y para casi todo. Por eso, tiene más mérito la medida adoptada, en un contexto de prolongación generalizada de las jornadas laborales, una fiebre que se contagia desde las auditorías a los gabinetes de abogados, desde los bancos a las empresas de publicidad o a los despachos de arquitectura. La jornada de ocho horas, cinco días, parece ya cosa del pasado.

La medida ayuda además a modificar nuestros hábitos laborales en lo que a horarios se refiere. Desde hace muchos años, diversos expertos -incluso algún programa electoral ya caducado- vienen preconizando la necesidad de adaptar nuestro horario laboral a la jornada europea: de ocho o nueve de la mañana a cuatro o cinco de la tarde. A las seis no trabaja nadie en Europa. Numerosos estudios han razonado la enorme improductividad española de esas tres horas que transcurren entre las dos y las cinco, en las que nuestras oficinas almuerzan exageradamente o sestean, obligándonos a prolongar nuestro trabajo hasta las ocho o las nueve de la noche. Cuando una empresa tan importante adopta la jornada continuada, está impactando en miles de clientes y proveedores que deberán adaptarse y aprender, ¿ojalá!, de tan saludable como productivo horario de trabajo.

Por último, la medida es positiva porque se inscribe en un conjunto de mejoras, para la conciliación personal de trabajo y familia, también incorporadas al convenio colectivo que comentamos. Así, el derecho a la reducción de jornada por guarda legal de un menor se amplía hasta los 10 años desde los ocho actuales. Además, se aumenta a tres años el periodo máximo de excedencia por cuidado de familiares con reserva de puesto y se reconoce el derecho a percibir el 100% del salario fijo durante la suspensión del contrato por paternidad. Otra medida importante es que la madre o el padre que lo deseen podrán acogerse a la jornada reducida de cinco horas, sin reducción de salario, hasta que el hijo cumpla un año.

Otro de los acuerdos en la buena dirección y que merece destacarse también procede del convenio colectivo que han firmado trabajadores y empresa. Se trata de la posibilidad de adquirir acciones -hasta 12.000 euros- con una parte de la retribución ligada a resultados. Esta medida destaca en un doble aspecto: porque incorpora la participación de los trabajadores al capital de la empresa, objetivo moderno y vanguardista de un sindicalismo del siglo XXI, y porque lo hace sin establecer categorías internas, es decir, extendiendo tal posibilidad al conjunto de la plantilla y no sólo a los empleados del 'staff' directivo. Las viejas reivindicaciones del Derecho del Trabajo: seguridad laboral, no movilidad funcional o geográfica, condiciones garantistas del empleo y de su ejercicio, son cuestionadas cada día por la enorme flexibilidad y fluidez de la prestación laboral. El trabajo del siglo XXI es tan flexible como los mercados, tan fluido como la sociedad, como diría Zygmunt Bauman. La agenda sindical tiene que modernizarse y adaptarse a nuevas banderas y reivindicaciones, consecuentes con las nuevas características sociales: la formación profesional continua, ejercida como un derecho personal a desarrollar el currículum individual que aumenta la empleabilidad de los trabajadores; la conciliación personal y familiar del trabajo o la participación en beneficios y capital de la empresa son tres de esas nuevas y vanguardistas banderas que enriquecen la vieja relación capital-trabajo. Pues bien, esta empresa y su representación sindical han dado un importante paso en esta última materia, no sólo estableciendo una sugerente fórmula de salarios -muy parcialmente- ligada a resultados, sino generalizando la compra de acciones de la empresa a toda la plantilla con esos salarios.

Por último, Iberdrola ha sacado a Bolsa 'Renovables', una división de la empresa dedicada a la producción de energía eléctrica con fuentes renovables: aire, sol, etcétera. Sin duda habrá importantes razones financieras y de otro tipo para segregar el negocio energético en el plano de la producción eléctrica y hacerlo además creando una empresa específica que aglutine toda la producción 'verde'. Pero lo que interesa destacar aquí es que se trata de una oferta al mercado financiero con carácter netamente ecológico. Es decir, se ofrece al inversor -y no olvidemos que en España hay más de diez millones de españoles que se mueven en los mercados financieros, aunque lo hagan indirectamente- una oportunidad de adjetivar sus inversiones con el componente ecológico, y discriminar así otras inversiones en empresas o en proyectos que no tienen ese carácter.

España es uno de los países en los que la inversión socialmente responsable (ISR) tiene menos éxito. Sólo un 0,4% de los fondos de inversión financiera que se mueven en los mercados de valores tienen carácter ético-solidario-ecológico o responsable. Y no creo que sea porque los españoles seamos menos solidarios ni menos ecologistas que los británicos, por ejemplo, cuya cifra de inversión responsable es del 25%. Lo que ocurre es que la oferta de ISR en nuestro país es poco conocida y las entidades que gestionan nuestros ahorros no nos ofrecen productos con estas características. Pues bien, la oferta de inversión 'verde' de esta empresa favorecerá esta toma de conciencia. Por cierto que lo que verdaderamente va a revolucionar el mercado de valores español es la salida a Bolsa del 10% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que el año que viene será de 60.000 millones de euros. Es decir, que 6.000 millones de ese fondo, el 10% -un billón de las antiguas pesetas- saldrán al mercado libre, pero ¿ojo! sus gestores vendrán obligados por ley a invertirlos en Fondos Socialmente Responsables. Espero que esta medida arrastre verdaderamente a gran parte del ahorro del país a esa cultura de la Inversión Socialmente Responsable.

Tres medidas progresistas y vanguardistas adoptadas por los sindicatos y una empresa que merecen elogio público, porque van en buena dirección. ( El Correo, 18/11/2007)